Por Hugo Noboa
Armar a la población civil es fácil, puede hacerse acudiendo a una segunda enmienda[1] (a la que tanto hacen referencia los grupos de ultraderecha en Latinoamérica) o emitiendo un decreto irresponsable. Lo difícil, casi imposible, es desarmar a la población civil armada. Que lo digan los mismos estadounidenses, o decenas de países en todo el mundo que han intentado el desarme, después de experimentar la tragedia de la guerra civil y otras formas de violencia extrema.
Muchos de los grupos civiles armados, terminan siendo bandas paramilitares al servicio del poder. El matrimonio Ortega-Murillo y sus secuaces no sólo reprimieron en Nicaragua los levantamientos populares de 2018 y 2019 con fuerza pública regular, lo hicieron también con bandas armadas de civiles. En las dictaduras, de Trujillo en República Dominicana y de Papa y Baby Doc (la dinastía Duvalier) en Haití, las bandas de civiles armados (tonton macoutes en Haití), alcanzaron el nivel descarado de milicias al servicio personal de los dictadores.
La delincuencia y la incapacidad del Ejecutivo en el Ecuador para cumplir con su obligación de proteger la seguridad de la población, puede parecer una buena justificación para el decreto 707. Y resulta muy conveniente que se haya emitido precisamente cuando es inminente un juicio político a Lasso (de hecho, con el 707 ya se reconciliaron con los socialcristianos). Pero, en realidad, parece haber otro objetivo más importante de fondo, facilitar la creación de grupos armados de ultraderecha para proteger el poder, que a largo plazo parece irse de sus manos.
Grupos violentos de extrema derecha están ya armados desde hace décadas en el Ecuador y América Latina. Operan ocasionalmente y subrepticiamente, a manera de entrenamiento, en lo que ellos llaman “limpieza social”, aniquilando a seres humanos de los grupos más vulnerables de la población. Son los mismos grupos que en Brasilia lideraron la toma del legislativo ante la última asunción de Lula al poder, lo hicieron al estilo de las huestes de Trump en enero del 2021 en el Capitolio. Son los mismos grupos que, primero se emborracharon con whisky, y luego salieron armados a desalojar a manifestantes de la Ruta Viva, a la altura de Cumbayá, durante el paro y levantamiento popular de junio del 2022. Ya en octubre del 2019 hubo voces de “quiteños de bien” que llamaban a sacar las armas para enfrentar a los “indios invasores”.
Seguramente a la gran burguesía oligárquica latinoamericana debe inquietarle mucho el actual espectro político del subcontinente, con gobiernos de izquierda o progresistas en varios países de la región, incluyendo los más poblados, Brasil, México, Colombia y Argentina. Siempre les molestó que la revolución cubana siga avante luego de más de sesenta años y pese a todos los bloqueos. Les inquieta que Venezuela, descontando las fuertes críticas a Maduro incluso desde la izquierda, haya podido sortear la fase más dura y se encuentre en un proceso de recuperación y consolidación en varios campos; el desconocimiento de USA a su títere Guaidó lo confirma, así como el retorno a su patria de miles de migrantes.
En este contexto hay que entender el decreto ejecutivo 707 de Lasso que convoca a armarse a los civiles, pero sólo a ciertos civiles, a los que pueden dedicar recursos para armarse y entrenarse, los que pueden cumplir con los requisitos de su decreto. Esos civiles armados, son los que garantizarían la protección del capital, porque aparentemente no tienen plena confianza de que lo harán adecuadamente la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas, sobre todo estas últimas.
Las Fuerzas Armadas, según la Constitución, no son las garantes de la seguridad interna, contribuyen a ello en situaciones muy excepcionales. Ese papel le corresponde a la Policía Nacional, a la cual saben que pueden controlar mejor.
Las fuerzas armadas han dado muestras, en el mundo, de que pueden alinearse en algunas ocasiones con los derechos e intereses populares. Oficiales ilustrados de las fuerzas armadas de diversos países lucharon junto al pueblo y derrocaron a tiranos. Los ejemplos son numerosos: Desde las escuadras de soldados zaristas que engrosaron las filas de la revolución de octubre y las unidades enteras que se pasaron con armas y bagajes a las filas del Ejército Popular de Liberación en China bajo el liderazgo de Mao Zedong. La revolución de los claveles de 1974 en Portugal, no hubiera sido posible sin el concurso de los oficiales militares de la resistencia, que de paso contribuyeron a la liberación de Angola. Las dictaduras militares progresistas de Velasco Alvarado en Perú o de Rodríguez Lara en Ecuador, para nada se parecieron a las dictaduras gorilas y genocidas del Cono Sur. Chávez construyó con paciencia las primeras bases de la revolución bolivariana con oficiales progresistas de las Fuerzas Armadas venezolanas.
En Ecuador, la revolución juliana no hubiera sido posible sin la joven oficialidad ilustrada y comprometida de la Liga Militar. Algunos oficiales militares fueron encarcelados durante el gobierno de Arosemena Monroy y la dictadura militar de Castro y sus secuaces, acusados de colaborar con la frustrada guerrilla del Toachi. Nadie puede olvidar a un asustado Febres Cordero sometido en la Base de Taura por Vargas Pazos y sus comandos de la Fuerza Aérea.
Hay razones para que la gran burguesía desconfíe de las Fuerzas Armadas y sus oficiales. Por ello debe armar a sus propios hijos y a los fanáticos ultraderechistas que los siguen a pesar de que su extracción social pueda ser proletaria o de clase media. El discurso fascista ha penetrado profundamente a través de Internet en jóvenes de todo el mundo. Hay un peligroso renacer del nazismo y una estrategia de la ultraderecha en marcha.
En la década de 1960, luego del triunfo de la revolución cubana, en toda América Latina había una gran efervescencia en la izquierda por la vía armada para la revolución. Otras guerrillas, como la de las FARC en Colombia, tenían incluso más tiempo actuando. La vía electoral para transformar la sociedad, en el marco de la democracia burguesa, se veía imposible; parecía ser entonces que la única alternativa era la lucha armada; era la época del foquismo rural y de las guerrillas urbanas. La CIA se había encargado de derrocar dos gobiernos de izquierda, el de Jacobo Árbenz en Guatemala y el de Salvador Allende en Chile; a Allende de una manera muy cruenta. Luego de ello, nadie se atrevió a intentar la vía “democrática”, al menos por un tiempo, y aquellos que pretendieron, como Maurice Bishop en Grenada, fueron aniquilados por un contingente de marines.
Los tiempos cambian. Hoy parece ser que quien convoca a la lucha armada ya no es la izquierda; ha probado que puede lograr una gran simpatía popular entre las masas empobrecidas y usar las mismas rutas de la democracia burguesa, las elecciones, para tomar el poder. A la derecha, al menos en Latinoamérica, se le vuelve cada vez más difícil asumir el poder por la vía electoral, su vía, y peor aún mantenerlo por mucho tiempo; no pueden evitar que las diferentes tendencias de izquierda y del progresismo les superen en las urnas, una y otra vez. Por ello es explicable que la burguesía explore nuevas (aunque no tan nuevas) vías armadas para la protección de sus intereses, de su gran riqueza acumulada.
Para la burguesía no basta con que las armas estén en manos de la policía o las fuerzas armadas, aun cuando ellas han demostrado casi siempre estar a su servicio. La derecha, los grandes empresarios, el gran capital, tienen el dinero suficiente para armar sus propias bandas de mercenarios, pero necesitan un marco legal que lo facilite, el decreto 707 es un anillo al dedo. Pero, ¿será que ello les alcanza para siempre, ante el crecimiento del clamor popular por pan, libertad y paz?
Muchos de los grupos civiles armados, terminan siendo bandas paramilitares al servicio del poder. El matrimonio Ortega-Murillo y sus secuaces no sólo reprimieron en Nicaragua los levantamientos populares de 2018 y 2019 con fuerza pública regular, lo hicieron también con bandas armadas de civiles. En las dictaduras, de Trujillo en República Dominicana y de Papa y Baby Doc (la dinastía Duvalier) en Haití, las bandas de civiles armados (tonton macoutes en Haití), alcanzaron el nivel descarado de milicias al servicio personal de los dictadores.
[1] La segunda enmienda del año 1789 de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, en su Art. 4 señala: “Siendo necesaria una Milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas.” A esta enmienda acuden los grupos armamentistas norteamericanos para justificar la posesión y uso de armas de fuego, muchas veces de gran calibre. Ello, a pesar de que el Congreso del país norteamericano reiteradamente ha señalado que hay límites al respecto.
El autor convenientemente se olvida de los grupos armados paramilitares en Venezuela que defienden sistematicamente al dictador Maduro y de las “guardias indigenas” y los guevaristas en Ecuador. La violencia armada solo conduce a las dictaduras de cualquier signo.