Por Guido Proaño Andrade*
El contenido de las medidas planteadas por el Gobierno en la denominada Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria ratifica aquello que en el manejo de los temas económicos priman los asuntos políticos y no los técnicos, pues estos últimos se definen y ejecutan para abrir los cauces que materializan las concepciones ideológico-políticas.
Las cosas están sumamente claras. El gobierno se propone una recaudación de recursos financieros a través de lo que ha denominado «contribuciones únicas y temporales» sobre los ingresos netos mensuales de las personas naturales y sobre las utilidades de las empresas. El monto a recaudar asciende a $1.418 millones, de los cuales, en números redondos, , de aquellas empresas cuyas utilidades superen el millón de dólares al año, para lo cual se tomará en cuenta el año fiscal 2018. Si miramos en porcentajes, los trabajadores y empleados del país aportarán con el 64% del total esperado, mientras que los grandes empresarios lo harán con el 36%. Esto pone en blanco y negro quiénes cargarán con el peso de la crisis.
Tomamos tres elementos referenciales de cómo se encuentra concentrada la riqueza en el país y así demostrar la absoluta injusticia que se está cometiendo:
- Para el año 2016 se hablaba de la existencia de 215 grupos económicos con un nivel de ingresos equivalente al 58,63% del Producto Interno Bruto (PIB)
- En el año 2017, el 20% de los hogares más ricos concentraba cerca del 70% del valor total de activos físicos y financieros.
- Según la Superintendencia de compañías, a diciembre de 2018 se registran 70.346 empresas, clasificadas de la siguiente manera: 39.802 microempresas, 20.296 pequeñas, 7.198 medianas, 3.050 grandes. Los activos totales de todas llega a 121.198 millones de dólares y su patrimonio a 53.368 millones, pero las grandes empresas concentran una mayor participación con el 69,5% y 68,7% respectivamente. Sin embargo, la concentración va más allá de los activos y patrimonio se refleja en las utilidades e ingresos generados, pues, “el 90,3% de las utilidades generadas en 2018 están concentradas en las grandes empresas que, en número no son más del 4%; situación similar con los ingresos que están concentrados en un 80% del total”, según Luis Tobar Pesántez, director de la Carrera de Economía de la Universidad Politécnica Salesiana, de Cuenca. Si esto no está claro, digamos entonces que las 50 empresas más grandes del Ecuador, en el 2018, obtuvieron 2.399 millones de dólares en ganancias.
Con esas premisas, por donde se le vea, la Ley de Moreno-Martínez no refleja el sentido de proporcionalidad y solidaridad que tanto pregonan. No solo por el bajo monto y porcentaje del «aporte» de los banqueros y grandes empresarios en relación a sus ganancias, también por las reformas laborales planteadas que van más allá del carácter económico urgente del proyecto, lo que hace a la ley ilegal. Ninguna de esas grandes empresas quebrará si, por ejemplo, se establece un aporte equivalente al 15 o 20% de sus utilidades.
Se intenta aprovechar esta crisis para introducir en la legislación laboral reformas promovidas desde hace meses por los grandes empresarios, que fueron uno de los motivos para el levantamiento indígena popular de octubre del año anterior.
Son reformas que buscan abaratar el costo de la fuerza de trabajo y, por lo tanto, permiten incrementar las ganancias de quienes la explotan. Las características de los contratos, de las jornadas y horarios de trabajo acaban con la estabilidad laboral y eliminan en los hechos, el salario básico. Bajo esas condiciones, los trabajadores no llegarían a cubrir ni siquiera el 50% de la canasta básica familiar, que para marzo se ubicó en $714. En el sector público las remuneraciones quedarán recortadas en un 10%. Está demás decir que las reformas también provocarán el incremento de la pobreza.
Los grandes empresarios, entre ellos los banqueros, entregarán muy poco al fisco para la crisis sanitaria y, de aprobarse la ley, contarían con mecanismos que les permite una pronta recuperación de lo que en estos días dejaron de producir y ganar y quedarían con una legislación laboral, para cuatro años, que incrementará los niveles de explotación laboral y elevará las tasas de ganancia. Si no eluden, como es práctica común, pagarían alrededor del 50% de lo que se beneficiaron con la remisión tributaria aprobada en 2018 ($987 millones).
Desde el movimiento popular y de las organizaciones políticas de izquierda se ha planteado que sí es posible obtener recursos económicos sin afectar a los sectores populares, para hacer frente a las urgentes necesidades surgidas por efecto de la pandemia. La lógica es inversa a la que el gobierno y los dueños del capital están ejecutando: de debe poner por delante la defensa de la vida del pueblo; actuar bajo el criterio de que quienes más tienen deben aportar más, en correspondencia con sus capacidades económicas; y, adoptar una actitud soberana frente a la deuda externa, declarando su moratoria hasta que el país recobre estabilidad económica.
Estas propuestas confirman lo que se dice en las primeras líneas de este texto: la orientación política define el contenido de las medidas económicas. Se defiende al capital extranjero y a las grandes fortunas o se defiende la vida de los trabajadores y el pueblo.
“Por donde se le vea, la Ley de Moreno-Martínez no refleja el sentido de proporcionalidad y solidaridad que tanto pregonan. No solo por el bajo monto y porcentaje del «aporte» de los banqueros y grandes empresarios en relación a sus ganancias, también por las reformas laborales planteadas que van más allá del carácter económico urgente del proyecto, lo que hace a la ley ilegal”.
*Analista de temas políticos, vinculado a la actividad de organizaciones populares y sociales del país.
Fotografía: Referencial de StockSnap / Pixabay.
