LEY DE TIERRAS: “NADIE CREE QUE LA CONSULTA SOBRE LA LEY MODIFIQUE TEMAS ESTRUCTURALES”. Esteban Daza (OCARU)

Redacción Lalineadefuego

20 de Octubre de 2015

El miércoles 7 de octubre tuvo lugar la Mesa de Diálogo Nacional sobre Ley de Tierras en la Asamblea Nacional. Según los discursos de las autoridades públicas, aproximadamente 6.500 personas pertenecientes a las 23 provincias del país, participaron de un debate sujeto a los temas de regulación de la posesión, la propiedad, la administración y la redistribución de la tierra en defensa de la Soberanía Alimentaria durante el proceso de la Consulta Prelegislativa de Ley de Tierras.

Esteban Daza, investigador de OCARU (Observatorio del Cambio Rural) nos habla del debate promovido por su organización y el IEE (Instituto de Estudios Ecuatorianos) sobre los vacios de la propuesta ley.

¿Cuál ha sido el aporte principal para el debate por parte del Observatorio del Cambio Rural en materia de problemática agraria y Ley de Tierras?

Nuestra lectura sobre la cuestión agraria articula elementos de economía política, y el aporte de Diego Carrión a la discusión. Además, con el trabajo de Stalin Herrera hemos dado una visión de la problemática desde los movimientos sociales y evidenciado el conflicto. En la actualidad hemos integrado a nuestras reflexiones el análisis sobre las relaciones de poder que operan en el campo. Dichos aportes pueden ser consultados en tres documentos fundamentales para el equipo: La palabra en nuestra orilla; Ecuador Rural del siglo XXI; La culpa es del Wachufundio. Todos son trabajos colectivos donde han colaborado con sus comentarios Alejandra Santillana e Isabel Salcedo.

Nuestro aporte a la discusión actual sobre el tema de la Ley de Tierras, es precisamente articular a nuestras lecturas las visiones de las organizaciones sociales que disputan el sentido del campo. Por ejemplo, nosotros no hemos entrado en la discusión jurídica de los articulados ni tampoco hacemos una propuesta de Ley de Tierras, pues en un contexto de modernización capitalista de carácter conservador, las leyes son instrumentos del Estado del capital para profundizar el despojo y la explotación del campesinado, sea indígena, afro y/o montubio.

Lo que sí hemos hecho es evidenciar que es limitada la crítica al neoliberalismo que realizan los hacedores del proyecto de Ley de Tierras, algunos académicos y ONG´s; pues cambiar la Ley de Desarrollo Agrario de 1994, donde el mercado era quien “impartía justicia”, por un Estado que garantiza la gran propiedad (resultado del juego del mercado y que se erige como el actor social del agro), desplaza y niega las luchas de los movimientos sociales.

¿Cuáles son los principales elementos de lo que se denomina modernización conservadora?

Esta es una hipótesis que está en discusión, pero destacamos que existen – por lo menos desde la década del cincuenta – líneas de continuidad para el control de los recursos productivos y el disciplinamiento de los campesinos. Por ejemplo, la concentración de la tierra ha variado mínimamente en casi 60 años. Aún hay mucha tierra en pocas manos, lo que es un síntoma conservador; la diferencia con el régimen de hacienda es que el propietario ya no es el gran gamonal sino una sociedad anónima o compañía limitada, uno de los tantos mecanismos de modernización del capital.

¿Cuáles son las demandas por la tierra de las organizaciones sociales?

Si tienes líneas de continuidad en las relaciones de poder, vas a tener líneas de lucha permanente de los movimientos en el campo. La globalización ha complejizado el escenario para países, como éste, altamente dependiente del mercado internacional y cuya economía es eminentemente rentista. El ejemplo de la caída en el precio de las commodities y la crisis económica en el Ecuador es una muestra. Las organizaciones del campo y los pueblos y nacionalidades están exigiendo ante un escenario de crisis del capital en el que éste se vuelve violento –que se hace visible y con fuerza desde el 2008–, la redistribución de recursos productivos, respeto a la naturaleza y respeto a su reproducción material y simbólica de la vida (autonomía); por eso mismo, levantan la bandera de lucha por la tierra y el territorio. Además, demandan mecanismos de intercambio justos, declarar las semillas como patrimonio cultural y la garantía a los derechos consagrados a nivel internacional y nacional.

En este escenario, ¿qué propone este proyecto de Ley de Tierras que ya está en su última fase?

Manuel Chiriboga decía que era necesario que el país avancara hacia una ley antimonopolio en el agro. Si te das cuenta, quien concentra la tierra, también concentra el agua, el mercado, las semillas, los agroquímicos, el crédito productivo y el poder político. Durante la época de la hacienda, según Andrés Guerrero, el que tenía el monopolio de la tierra tenía el poder político e ideológico. En la actualidad, este aspecto no ha variado; asambleístas, autoridades de elección popular y altos funcionarios públicos son representantes del agronegocio y la agroindustria en los aparatos burocráticos.

Por lo tanto, el proyecto de Ley de Tierras hace todo lo contrario a desmonopolizar el agro y a desmontar el poder del capital; va a contracorriente de las demandas de las organizaciones del campo, pues establece “nuevos” problemas para la tierra desconociendo la problemática de la concentración. Dicen que ya no hay latifundios porque las grandes extensiones de tierra en manos de compañías limitadas o sociedades anónimas son productivas; es decir, las palmicultoras, y las bananeras son grandes extractores de renta diferencial. Algunos más osados, dicen que lo que debe hacer esta ley es, precisamente, redistribuir dicha renta. Ante esta afirmación, nosotros les preguntamos si saben cómo se extrae la renta diferencial en el agro ecuatoriano. Esta es una pregunta a la que no han respondido, lo que nos muestra que no se está cuestionando la renta como mecanismo del capitalismo para su acumulación, sino que se la mira como necesaria para generar riqueza. Aquí no hay diferencia con los discursos del desarrollo de décadas pasadas y, menos aún, con el neoliberismo.

Además, quienes se atreven a poner en discusión estos elementos, pidiendo la redistribución de las tierras y la implementación de mecanismos reales de expropiación, son tildados de querer la quiebra del aparato productivo y ser promotores de la confiscación, siendo señalados como potenciales violadores de la Constitución.

En la coyuntura actual de movilización social, ¿cómo se articulan estas demandas de las organizaciones del campo dentro de la plataforma de la Unidad?

Dichas demandas son parte de la plataforma y de los acuerdos del Colectivo de la Unidad. En las últimas marchas, a las consignas por el archivo de las enmiendas constitucionales se sumaron pancartas y consignas en contra del proyecto de Ley de Tierras y de la Ley de Aguas, así como se van sumando otros sectores descontentos con el régimen, como estudiantes, movimiento feminista, jubilados. etc. Pero hay que ser claros, las demandas agrarias no llaman la atención de los medios de comunicación y por eso no las ves posicionadas en la discusión pública. El reto es dar visibilidad y apoyar en la construcción de contenidos a estos espacios de resistencia.

También es necesario leer la coyuntura en las disputas territoriales, pues la gente que se movilizó en la sierra centro lo hizo por demandas locales muy concretas del “vivir inmediato” de sus poblaciones. Ellos quieren que se resuelvan las problemáticas en torno al agua, los títulos de propiedad y el acceso al crédito.

Entonces, ¿queda la esperanza que los contenidos de la Ley de Tierras cambien con la Consulta Prelegislativa?

Nadie cree que la consulta sobre la ley modifique temas estructurales sobre los problemas de la tierra, pues ésta no debate los temas centrales para el sector campesino. Los derechos colectivos están consagrados en la Constitución y en otros mecanismos de derechos a nivel internacional.

Este ha sido un sentir tanto de aquellas organizaciones, que son parte del frente campesino que apoya al gobierno, y de aquellas que se han mostrado contrarias a las políticas implementadas por el régimen. Por ejemplo, organizaciones que representan a la CLOC (FEI, FENACLE, FENOCIN, CNC Eloy Alfaro), entregaron un documento a la Asamblea Nacional donde destacan los siguientes nudos críticos para el debate: necesidad de una buena redistribución de tierras, poner límites al latifundio y creación de una Autoridad Agraria Plurinacional e Intercultural.

Por otro lado, la CONAIE tiene otro mecanismo que es la movilización social donde se manifiesta la necesidad del acceso a la tierra y de controlar los mercados intermediarios que oprimen al campesinado.

Últimamente se ha hablado mucho sobre una alianza público – privada, ¿cuáles serán los efectos sobre el campesinado?

Se va complicando aún más el panorama para el sector que garantiza la Soberanía Alimentaria que son esos pequeños campesinos, indígenas, afro y montubios. Los mecanismos que utilizará el Estado para la consolidación de la alianza público – privada serán, entre otros: la venta de activos, lo que muchos llaman privatizaciones; reducción del aparato estatal – lo que la Senplades llama optimización – y que implica despidos de burócratas; flexibilización laboral; y apertura comercial.

¿Cómo va a proseguir el OCARU en sus aportaciones al debate agrario?

Seguiremos con la estrategia de articular las hipótesis y debates sobre la cuestión en el campo con la comunicación ya que nos permite dar mayor visibilidad a los aportes que hacen tanto la academia como las organizaciones sociales. Por lo tanto, continuaremos con el monitoreo y seguimiento a la política pública y con el acompañamiento a las organizaciones sociales.