Ha culminado el proceso jurídico político más contradictorio de la historia reciente de nuestro país. El tres de marzo del 2013, se cumple un año de detención ilegal y arbitraria cometida por el estado a 10 personas, siete hombres y tres mujeres, todos ligados a distintas organizaciones sociales y culturales de las cuales han sido parte o dirigentes de las mismas. Unos profesionales y otros estudiantes universitarios, padres y madres de familia, empleados y trabajadores públicos. Todos interesados en el bienestar de la juventud y el pueblo, activistas sociales y defensores de los derechos económicos.
Durante este proceso tortuoso ha variado constantemente la acusación, el Ministro del Interior a pocas horas de la detención dijo que era un “delito flagrante”, la ex fiscal doctora Diana Fernández León en la audiencia de formulación de cargos acuso con el “libro segundo de los delitos en particular título I de los delitos contra la seguridad del estado”, el fiscal José Luis Jaramillo Calero en la audiencia preparatoria del llamado a juicio acuso de “actos de terrorismo” a lo que se allano el ex juez décimo de garantías penales Leonardo Tipán, con el adicional que este tristemente célebre personaje hizo la argumentación del tipo penal con la técnica de corta y pega de la página del rincón del vago y otras, algo que ya es costumbre en los funcionarios seleccionados por altos méritos y ubicados en puestos útiles. Y para concluir esta novela después de un mes y cinco días de debate, interrogatorio, contrainterrogatorio, el Tribunal Tercero de Garantías Penales, emite una sentencia acusatoria modificada denominada “tentativa de organización terrorista” imponiendo prisión de un año para los 10 de Luluncoto. Es decir se los condena por reunirse de forma pacífica y tener un pensamiento contrario al régimen.
Extraño, no. La sentencia busca emitir el siguiente mensaje: quien se opone, reúne, protesta o tiene un libro con contenido revolucionario será judicializado. Témanme, porque yo soy el elegido, con esa dimensión el presidente Correa busca intimidar e impedir el reclamo, la movilización y la propuesta a las organizaciones sociales y políticas, a sus líderes, a los colectivos juveniles que se mantienen rebeldes y discrepan con el proyecto de la revolución ciudadana.
Esta sentencia condenatoria indica que el gobierno tiene miedo que los sectores sociales y populares organizados o no, tomen conciencia que el abuso del poder es nocivo para los intereses colectivos de los más necesitados. Le preocupa que el derecho a la resistencia movilice a miles de descontentos por la aplicación inconsulta y sin la participación directa de los pueblos para proponer las reformas y leyes que dice se va a aprobar en la Asamblea. Por esta razón de forma tendenciosa quiere sentar precedentes jurídicos para amedrentar con anticipación a los hechos. El gobierno y sus funcionarios “izquierdistas” saben que el pensamiento es imposible encarcelarlo, que las ideas no mueren por decreto y pero aún bajo la diatriba y la estigmatización a los que expresan con firmeza el desacuerdo a la política gubernamental.
La sentencia emitida es injusta, ese es el sentir de los 10 de Luluncoto, de familiares, amigos y una parte significativa de la sociedad ecuatoriana; es injusta porque la fiscalía no pudo probar la autoría del delito imputado.
Los abogados defensores demostraron con mucha solvencia como el personal del ULCO manipulo, escribió frases en libretas y cuadernos encontrados para inculpar; modificaron archivos de los dispositivos de almacenamiento, forjaron pruebas. También se demostró que las boletas de allanamiento y detención no fueron emitidas en el juzgado, todo esto echó al piso la teoría del caso del fiscal. Lo justo era la absolución. Si la “gran mano” que aprieta e induce a que se violenten las normas internacionales, la constitución y la ley penal del país no hubiese estado presente en todo momento; la absolución era lo razonable en derecho.
El daño causado por el estado es inmenso, perdida de estudio, trabajo, afectación psicológica de los familiares. La estigmatización social causada por la mentira fraguada para acusar sin razón y culpa, tienen un peso en la vida de cada uno de los 10 de Luluncoto, sin embargo, les motiva que en todo el proceso se sumaron consiente y voluntariamente varias organizaciones de derechos humanos, colectivos de mujeres diversas, juveniles, artísticas, personalidades para expresar la solidaridad y gritar al mundo que no se permitirá que la violación a los derechos humanos y la libertad de pensamiento se convierta en una política de estado.
Lo que queda hacia adelante es continuar con la lucha para que no se violente nunca más los derechos de libertad, los derechos humanos y el debido proceso, para que exista en realidad una revolución que cambie definitivamente la injusticia y de libertad plena.
