LOS HIJOS DE 1990. por Marc Becker

Correa se mantiene como el político más popular en el Ecuador en décadas, debido   en   no   menor   medida   a   los   positivos   programas   sociales   que   ha implementado. A su vez, la disparatada oposición carece de líderes tanto desde la izquierda como de la derecha que siquiera pudieran comenzar a acercarse el nivel de popularidad presidencial. En este sentido, Correa está posicionado para ganar las elecciones presidenciales de 2013 con poca dificultad.

Para los movimientos sociales, la potencialidad de Correa representaba un fuerte aliado porque golpeó a las enquistadas bases oligárquicas del poder, y tal vez era lo mejor que ellos podían esperar para esta coyuntura histórica. Sin embargo, como lo nota el sociólogo Jorge León, las relaciones de los movimientos sociales con Correa  ?han oscilado entre  el completo acuerdo y la extrema oposición?76. Muchos activistas continúan argumentando que Correa no era un verdadero izquierdista, y que ha traicionado aquellas promesas que le habían hecho ganar las elecciones. Una línea alternativa posicionó a Correa como parte de una izquierda urbana, blanca, que nunca tomó en cuenta los asuntos indígenas. Desde dicha perspectiva, la izquierda es tan mala como los gobiernos conservadores cuando estos se volvieron en defensa de los derechos de las comunidades marginalizadas o en lo referente a las consecuencias ecológicas del desarrollo. En respuesta, quienes apoyan a Correa acusaron a los movimientos indígenas de ser títeres, conscientes o no, de partidos locales de derecha y fuerzas externas del imperialismo. El estudioso peruano Alberto Flores Galindo advirtió de los peligros de los movimientos étnicos en su clásico texto En busca de un Inca cuando criticó las ideologías utópicas que invertían las relaciones de explotación en lugar de eliminar los sistemas de explotación en su conjunto77. Como la antropóloga Nancy Postero advierte, imaginar utopías como  una  ?visión política  para  el futuro, en vez de un infructuoso retorno a un pasado ficticio? implica ?un duro trabajo  de actores  creativos en cada era?78.

Fueran intencionales o no, muchas de las políticas de Correa trajeron una cantidad de beneficios desproporcionados para las empobrecidas áreas urbanas que formaron su base electoral, más que las comunidades indígenas rurales que en los  1990´s significaron algunos de los más fuertes retos a los gobiernos neoliberales. Los economistas Juan Ponce y Alberto Acosta cuestionan si las aparentemente positivas tendencias  económicas  son  tan  únicas  en  comparación  a  la  historia  reciente ecuatoriana o a más amplios patrones en América Latina, un punto que los datos de la  CEPAL  subrayan.  En particular,  los  muy  altos niveles de  pobreza  y  extrema pobreza en las áreas rurales, y especialmente en las comunidades indígenas, tanto como las inequidades extremas entre áreas rurales y urbanas, molestan a Ponce y Acosta. Mientras que los niveles de pobreza urbana han caído en un 17%, en las áreas rurales continúan extendiéndose en un 50%. Ambos autores cuestionan si las políticas de inversión social y los aumentos salariales son llevados adelante escondiendo problemas estructurales que mantienen a las comunidades indígenas rurales en un estado de empobrecimiento79.

Antes  del  impresionante  ascenso  de  la  izquierda  al  poder  en  la  primera década del siglo XXI, muchos estudiosos y activistas celebraron la fuerza de los movimientos sociales, particularmente aquellos que demandaban por los derechos indígenas, como un primer engranaje detrás de una expansión de justicia social y derechos democráticos. Cuando una opción electoral repentinamente se convirtió en un camino real y viable al poder, varios observadores también descartaron el importante rol de los movimientos sociales en realizar estos mismos objetivos. Entretanto, activistas de los movimientos sociales y políticos de izquierda quedaron comprometidos con aquello que el periodista Benjamin Dangl  llama  ?bailando con dinamita?80. La relación entre Correa y los movimientos sociales fue parte de una mucho  más  larga  danza  entre  diferentes  caminos  al  poder  en  los  cuales  las estrategias e ideologías se pusieron en conflicto en la medida en que más coincidían, a menudo con acusaciones en torno a lo que parecía ser una cada vez más amplia y aparentemente insalvable división. Una dificultad constante para los movimientos sociales era cómo retar a Correa desde la izquierda sin fortalecer al enemigo común hacia la derecha. Una serie de protestas, conflictos y desarrollos políticos reflejan las actuales tensiones entre movimientos sociales y el gobierno de Correa.

Minga por el  Estado Plurinacional

En la madrugada de 21 de junio de 2010, cientos de manifestantes indígenas arribaron a Quito luego de haber caminado durante once días desde el Puyo en el este amazónico. Ellos explicaban la marcha como una ?minga? por el estado plurinacional, demandando la implementación de cambios progresivos prometidos en la nueva constitución de 2008. Los manifestantes desfilaban por las calles de la capital al despuntar la luz matinal con antorchas para guiarlos en el camino, y luego se  reunieron  en  un  día  de  acciones  públicas  para  presentar  sus  demandas  al gobierno. La minga arribó en el vigésimo aniversario del masivo levantamiento de junio  de  1990  que  colocó  a  las propuestas indígenas al  frente  y  al  centro  de  la conciencia política del país. La nueva y joven generación se llamó a sí misma los ?hijos  de  1990 – porque estaban pretendiendo continuar con las demandas que les habían legado sus antepasados al llevar hacia las calles la protesta, dos décadas antes. Ahora estaban listos para asumir los roles de liderazgo y tomar gran responsabilidad en los movimientos. Los últimos veinte años habían sido un periodo de tremendas luchas y destacables avances, pero como la minga lo indicaba, los activistas aún estaban luchando para hacer oír sus voces en el ámbito público81.

En 2010 los manifestantes llevaban carteles  que  declaraban ?No se construye el presente, si no se conoce  el pasado?. Hablaban de continuar la lucha  siguiendo el camino de los años 1990s, repitiendo el viaje que sus padres y abuelos habían hecho antes  que  ellos.  ?En esa época  lucharon por  la defensa de  nuestros derechos y por nuestro reconocimiento?, dijo el presidente de la CONAIE,  Marlon Santi. ?Vimos su lucha  y ahora  la seguimos?82. En las comunidades a lo largo del camino, municipalidades, iglesias, y movimientos sociales proveyeron a los manifestantes de comida y hospedaje. En sus paradas, los participantes presentaron seminarios de historia de la resistencia indígena desde los 1990s hasta el presente, completándolos con exposiciones de fotos y videos. También organizaron asambleas para discutir propuestas para la construcción de un Ecuador plurinacional como estaba prometido en la constitución de 2008, instando al gobierno para que respete sus territorios y para incluir sus preocupaciones sobre el agua y la soberanía alimentaria que estaban en ese momento bajo consideración en la Asamblea Nacional. Su meta era la construcción de un verdadero estado plurinacional en el cual todos los sectores de la sociedad pudieran participar en los debates y en los procesos de toma de decisión política.  También  demandaban  la  limpieza  de  los  ríos  Amazónicos   que  las compañías transnacionales de petróleo, minería y madera habían contaminado.

Luego de arribar a Quito, los manifestantes se concentraron en el parque El Arbolito, el tradicional punto de encuentro para las protestas, y luego procedieron a un encuentro con los representantes de la Asamblea Nacional para discutir la legislación   propuesta.   La   Asamblea   respondió   aprobando   una  resolución  en ?reconocimiento a la contribución histórica de las comunidades, pueblos y nacionalidades en su lucha de liberación de la opresión, colonización y el neoliberalismo, hacia la construcción del estado plurinacional e intercultural de Sumak Kawsay?. La resolución declaró el 21 de  Junio  como  ?una fecha  cívica  de conmemoración, en reconociendo a los grandes aportes que ha dado el Movimiento Indígena a  lo  largo  de  estos  20 años?83. Inicialmente los manifestantes esperaban presentar a Correa sus demandas de sistema de gobierno plurinacional que garantizara la equidad para todos, el respeto a los derechos indígenas al territorio y la incorporación de sus asuntos en las propuestas de leyes de agua y soberanía alimentaria. Los líderes de la CONAIE, sin embargo, decidieron que esto no tendría sentido  y  que  incluso  sería  contraproducente  intentar  reunirse  con Correa  en  el palacio   presidencial84.   Entretanto,   el   énfasis   de   la   CONAIE   en   el   vigésimo aniversario de su histórico levantamiento de 1990 atentó contra la unidad que habían venido construyendo con otras organizaciones. La FENOCIN criticó públicamente la marcha y las demandas de remover a Correa de su cargo, en tanto la CONAIE negaba que esta hubiera sido alguna vez su intención85.

Apenas  luego  de  la  Marcha  por  la  Minga,  los  presidentes  de  Ecuador, Venezuela y Bolivia se reunieron el 24 y 25 de junio en una cumbre del ALBA en la ciudad norecuatoriana de Otavalo. Cerca de 300 delegados indígenas y afro- ecuatorianos participaron del encuentro. Cuatro comisiones discutieron los tópicos relativos a cultura, racismo, cambio climático y tratados internacionales entre los pueblos,  con  la  prioridad  de  concentrarse  en  asuntos  relativos  a  los  pueblos indígenas y afro-descendientes. David Choquehuanca, el canciller de Bolivia que popularizó el concepto de sumak kawsay, abrió la Cumbre con el panel “Análisis de la transición desde el estado colonial hacia modelos de estado plurinacionales, interculturales y multiculturales”. Alejandra Ocles, una  mujer  afro-ecuatoriana  que era ministra de la Secretaría de los Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana (SPPC), quien había organizado la reunión, se dirigió al panel acerca del ejercicio de acciones interculturales; derechos económicos, políticos y sociales contra el racismo y la discriminación; e iniciativas públicas frente al cambio climático y los derechos de la naturaleza. “La creación de un estado plurinacional e intercultural va más allá del factor étnico y este requerirá de la contribución de todos los sectores de la sociedad”, dijo. Este tipo de colaboración era necesaria para construir un mundo nuevo y mejor86.

Los  presidentes  de  izquierda  firmaron  la  ?Declaración  de  Otavalo?  para promover   los   derechos   de   los   pueblos   indígenas   y   afro-descendientes.   La Declaración prometía construir sociedades que sostengan sus derechos y protejan a la ?Madre Tierra? a través  de estrategias de desarrollo que respetaran el medioambiente. La declaración se comprometió a organizar un encuentro anual de autoridades indígenas y afro-descendientes en los marcos del ALBA como un mecanismo para construir un diálogo intercultural. Al momento de la firma, el presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo “Tenemos que deshacernos del capitalismo y proteger a la tierra,  proteger a la naturaleza?. Correa  agregó  que el principal desafío era sacar a los pueblos indígenas de siglos de pobreza y explotación. El encuentro finalizó con llamados por la unidad indígena por parte de los tres presidentes87.

Más que celebrar la atención que el acuerdo prestaba a sus intereses, la CONAIE y sus organizaciones miembros se resintieron porque no habían recibido invitación al evento. Se quejaron de que los delegados indígenas que participaron en el acuerdo eran miembros del gobierno en lugar de líderes de movimientos sociales. La CONAIE reclamó que sus posiciones no estaban representadas en el encuentro y que los organizadores nunca les consultaron acerca del contenido de las discusiones. Parecía a la CONAIE que el acuerdo era un retroceso hacia la época indigenista de mediados del siglo veinte, en que se reunían funcionarios del gobierno, líderes religiosos y académicos para organizar encuentros sobre los indios y luego se asombraban frente al interés que los pueblos indígenas mostraban en las discusiones sobre sus propias vidas.

En lugar de participar en el acuerdo gubernamental, la CONAIE organizó una Asamblea Plurinacional alternativa, en la cual sostuvieron sus propias discusiones acerca del cambio climático, la lucha contra el racismo y la discriminación, los derechos de la naturaleza y la diversidad cultural. Como en la Minga, los líderes indígenas enmarcaron este encuentro como parte del legado del levantamiento de 1990.  Tres mil  activistas marcharon en  las  calles  cantando  y  bailando  canciones tradicionales del Inti Raymi que se celebra el 24 de junio (día festivo de San Juan) en Otavalo. Coreaban que  Correa  era  un  racista  y  un  ?falso socialista?. Docenas  de policías a caballo intentaron bloquear el camino, lo que llevó al abogado Mario Melo a observar que  ?nuevamente,  como  hace  quinientos años,  las  nobles  patas  de  los caballos se levantaban para aplastar la voz de los pueblos ancestrales en su propio territorio?88.  Cuando  los  manifestantes  llegaron  a  las  puertas  del  encuentro, intentaron  ingresar  al  recinto   para   entregar  el  acuerdo  escrito   a  su  “hermano indígena” Morales,  pero  la policía  los hizo  retroceder. El embajador boliviano salió de la reunión a pedir a los manifestantes que esperen hasta el final del evento para encontrarse con el presidente pero, cansados de esperar, después de dos horas se retiraron. La carta que querían darle a Morales denunciaba al gobierno de Correa y sus intentos de destruir a la CONAIE en un esfuerzo, ellos denunciaban, por mantener a la oligarquía y a los grupos transnacionales en el poder. Los activistas querían  transmitir  a Morales  sus  preocupaciones  sobre  las  soluciones  al  cambio climático basadas en el Mercado, y su oposición a las industrias extractivas que ponían en riesgo a las comunidades indígenas. Llamaban, en vez, a una construcción de un verdadero estado plurinacional, construido en base a los principios del Sumak Kawsay que garantizara la armonía entre humanos y madre tierra89.

  Luego de las protestas en Otavalo, el gobierno amenazó con procesar a los líderes  indígenas por  sabotaje  y terrorismo. Un  informe policial  indicaba que  ?un grupo de  ciudadanos de  raza  indígena?  irrumpió las  líneas  policiales  fuera  del encuentro del ALBA ?gritando consignas que  atentan contra  la seguridad del orden público?, y que  en  el forcejeo  resultante tomaron las  esposas de  un  oficial.  Melo sostuvo que las investigaciones penales fueron motivadas políticamente porque las protestas habían atraído la atención internacional hacia el hecho de que el gobierno de Correa había excluido de las discusiones políticas a quienes estarían más directamente afectados por sus políticas. Los cargos fueron designados, notó Melo, para  ?amedrentar y desmovilizar a las organizaciones y sus líderes?90. Santi llamó a dichos   cargos   ridículos, y  optó   por  responderle  ?No hemos   actuado  de  alguna manera por  la cual  debamos ser  acusados de  nada?. El presidente de  Ecuarunari Delfín  Tenesaca  declaró:  ?Lo único que hemos hecho es demandarles respeto a los pueblos indígenas y a sus  organizaciones?91. La CONAIE y Ecuarunari declararon “que la demanda al no tener  respaldo jurídico  muestra claramente que  se trata  de  una persecución política al Movimiento Indígena en general y a los dirigentes en particular, por  el  simple   hecho   de  discrepar con  las  políticas del  gobierno”.  Le recordaron al gobierno que  la constitución reconocía el “derecho a la resistencia” cuando   los   derechos   fueran   amenazados,   y   sostuvieron   que   “es    ridículo   e inadmisible que dirigentes y luchadores sociales sean criminalizados por el simple hecho   de  pensar de  manera distinta a  los  nuevos  gobernantes  de  turnos”.  Las organizaciones indígenas argumentaron  que  los  procesos judiciales ?no  hace  otra cosa que evidenciar la bajeza de espíritu de los gobernantes y una grave amenaza para  la democracia y la paz de los y las ecuatorianas?92. Los cargos apuntaban a una profunda ruptura entre los movimientos sociales y el gobierno.

Correa respondió duro a estas críticas a su proyecto político. El presidente acusó  a  la  CONAIE  de  “separatismo” y  de  jugar  a  favor  de  la  derecha política. Justificó su accionar represivo argumentando que en los territorios de Zulia en Venezuela y la Media Luna en Bolivia, los grupos reaccionarios conspiraban contra la estabilidad de los gobiernos progresistas, y que los disidentes indígenas estaban inadvertidamente sosteniendo sus ataques. Los movimientos indígenas, y en particular la CONAIE, se habían convertido en aliados involuntarios de la derecha reaccionaria. El presidente venezolano, Hugo Chávez, criticó la protesta de manera similar, estableciendo que él no podía entender una protesta contra el gobierno de Correa y que debía tratarse de una infiltración de la CIA en las organizaciones que se definen a sí mismas como parte de la extrema izquierda. Los activistas negaron que este  fuera  el  caso,  y  los  militantes  más  políticamente  juiciosos  reconocieron  el peligroso juego de creer que ?el enemigo de mi enemigo es mi amigo?. No obstante,  la  cuestión  sí  recordó  quién  tenía  más  que  ganar  con un  presidente  débil,  y  la respuesta no era precisamente el movimiento indígena.

El gobierno indicó que estaba investigando a más de treinta líderes de movimientos sociales por cargos de terrorismo y sabotaje, no solo por las recientes protestas en Otavalo sino también por protestas previas contra la minería de oro y cobre y contra la privatización del agua. También reabrieron viejos casos que habían sido previamente archivados. Entre los numerosos activistas que enfrentaron cargos por  oposición  a  las  políticas  extractivas  del  gobierno,  siete  miembros  de  la comunidad Cochapata, en Azuay, fueron sentenciados a ocho años de prisión por sabotaje y terrorismo. En total, cerca de 200 activistas enfrentaron cargos por terrorismo, en buena parte por organizar protestas contra las políticas extractivas.

El caso más destacable fue el de los cargos que cuatro líderes indígenas –el presidente de la CONAIE Marlon Santi y el vice presidente Pepe Acacho, el presidente de Ecuarunari Delfín Tenesaca, y el presidente de la FICI Marco Guatemal— enfrentaron por liderar marchas de protesta contra la ley de aguas propuesta en abril de 2010 y el Acuerdo del ALBA en junio  de 2010. ?Este gobierno ha declarado la guerra contra  los  pueblos indígenas?,  declaró Tenesaca   mientras denunciaba los cargos como un mecanismo de control social93. Luego de pasar 17 días en prisión, el 10 de noviembre de 2011, Guatemal fue declarado inocente de los cargos. Saludando su liberación, Tenesaca declaró que el movimiento permanecería en alerta hasta que los otros 203 activistas que enfrentaban cargos fueran también sobreseídos94. El rechazo del gobierno a reconocer los derechos de los pueblos indígenas como estaban codificados en la Constitución de 2008 generó la condena de Amnistía Internacional95. Una profunda y creciente división emergió entre las políticas extractivas de Correa y los conceptos indígenas de sumak kawsay. Desde una perspectiva indígena, estos conflictos conciernen no solo a factores materiales de economías agrarias y problemas medioambientales, sino también a enfrentamientos ideológicos que amenazan a las cosmologías indígenas.

En  respuesta  a  los  cargos  penales,  Pachakutik  comenzó  a  preparar  una demanda contra  Correa  por  “etnocidio, genocidio, xenofobia y racismo”96. Reportes preliminares de una Comisión de la Verdad también mostraron un creciente número de abusos contra  los derechos humanos bajo la administración de Correa.  “En lugar de ayudar a poner sobre la mesa los puntos de diferencia sobre el manejo de los recursos naturales”,  comenta la  periodista  Jennifer   Moore,   “la  reciente  ola  de investigaciones   penales   contra   líderes   de   movimientos   sociales   como   Santi representa un  mayor afianzamiento de  estos  conflictos” 97.  Alberto Acosta sostiene que  estas  acusaciones  de  terrorismo  y  sabotaje  contra  los  activistas  son  una “tremenda vergüenza”, y que “no tienen  base en la justicia  ni en un sistema judicial democrático”98. Los activistas de los movimientos sociales negaron que fueran terroristas, y en lugar de ello argumentaron que era el gobierno de Correa el que utilizaba estrategias de las dictaduras militares fascistas, que usaban la represión para  sembrar  terror  y  paralizar  la  capacidad  de  la  gente  en  organizarse  para defender sus derechos. El resultado final de las acciones de Correa era detener a los procesos de cambio social99.

?Lo que  puede verse  son  las primeras grietas  en el Estado  Plurinacional, un edificio  que  aún  no ha sido  completamente construido?  observó el periodista Raúl Zibechi.  ?Estas  grietas   están   apareciendo porque  existe  una   potente disputa de poder. Los pueblos originarios no tienen razón para aceptar el marco del Estado Nación,  que es la base en que se edifica el Estado  Plurinacional?. Zibechi criticó tanto a Correa como a Morales por caer en el mismo tipo de tácticas de acoso que los conservadores  usaron  en  el  siglo  veinte  para  denunciar  a  los  activistas  de movimientos sociales  como  parte  de una  ?subversión internacional comunista? que era financiada por  el ?oro de Moscú?. Zibechi  argumenta que  los presidentes están equivocados en creer que los activistas indígenas estaban siendo manipulados y que las influencias en ellos provenían desde fuera del país. Tales acusaciones tienen implicancias racistas de que los activistas indígenas eran incapaces de llevar adelante una lucha propia mientras al mismo tiempo distraen la atención de los problemas reales y urgentes de las inequidades económicas y del cambio climático100. El ataque de Correa a los movimientos indígenas también llevó a un aumento de incidentes racistas, al mismo tiempo que las acciones del presidente animaron a sus seguidores a descargar sus frustraciones hacia los pueblos indígenas, quienes en las últimas dos décadas habían tan a menudo trastocado el funcionamiento de la sociedad con sus protestas sociales organizadas.

Correa vio la mayor amenaza a su gobierno y a las promesas de éxito de lo que él llamó el socialismo del siglo veintiuno, no proveniente desde la largamentedesacreditada oligarquía conservadora sino desde los activistas de los movimientos sociales a quienes él repetidamente ridiculizaba como una izquierda fundamentalista e infantil  que quería ?todo o nada?. Para Correa,  tal ?absolutismo era el mejor aliado del  statu  quo?.  Él  condena  a  “los  ambientalistas  de   izquierda” que   “quieren detenernos de extraer nuestros recursos naturales”. Ha dicho  que  quieren reducir el Ecuador a “mendigos sentados en una bolsa de oro”101. El presidente de la CONAIE, Marlon Santi, contestó que “el socialismo del siglo 21 del cual habla Rafael Correa no es socialismo, sino un engaño; una réplica de las prácticas neoliberales y clientelares de los pasados gobiernos; ni la izquierda ni el socialismo pudieron acordar en incluir a los pueblos indígenas, sino que ambos estuvieron de acuerdo en destruirlos” 102. La CONAIE  atacó  directamente a la agenda desarrollista del  presidente. “He  oído  el discurso de Rafael Correa”, dijo Santi “de que estamos sentados en una  montaña de oro y que sería estúpido no explotarla. Pero este es un pensamiento de corto plazo, pensando solo en el presente. ¿Qué ocurre con el futuro?” La oposición sostuvo que las  políticas de  Correa  difieren poco  de  sus  predecesores. “Es  un  simple  caso  de cambio  de máscara”, continuó Santi. “El socialismo del siglo 21 no es un socialismo comunitario que respeta los derechos indígenas. Es una copia del capitalismo occidental,  que  era  claramente  un  fracaso.  Es  un  nuevo  tipo  de  capitalismo  en América Latina.  Y también está probando que será un fracaso”103. En su lugar, Santi imagina un nuevo mundo construido en base al respeto de los derechos de la naturaleza.

Los notorios arrebatos cáusticos de Correa contra sus oponentes no ayudaron a la situación. En lugar de tomar seriamente las demandas indígenas, buscó culpar a otros por instigar a la disidencia. En particular, criticó a las ONG´s por generar problemas. “Vienen  estos  gringuitos con  la  panza bien  llena  a  convencer  a  los indígenas de que  no se puede extraer el petróleo, ni operar las minas” dijo Correa.

“Le  pasan plata  a los indígenas, cuando logran su objetivo se van y los indígenas quedan más pobres que antes”. En particular, él criticó a la CONAIE  por trabajar con grupos internacionales de oposición a la minería. Correa ha dicho que expulsará a cualquier  ONG  que  ayude  a  organizaciones  indígenas  en  su  lucha  contra  la extracción del recurso104. En julio de 2012, Correa continuó con sus amenazas y echó a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), incluso a pesar de que grupos pro-Correa habían también recibido fondos para el desarrollo de sus organizaciones. La crítica a las ONG´s tiene un cierto grado de legitimidad. Los movimientos sociales estaban al tanto del peligro de que las ONG´s secuestren sus agendas radicales, a menudo por medio del control de sus fuentes de financiamiento. Es la misma crítica que la CONAIE también ha sostenido y denunciado a ese tipo de ONG´s, en este sentido que en el 2006 sacó una lista de ONG´s conservadoras y de derecha que promovían el TLC dentro de las comunidades. Una crítica común es que las ONG´s estaban más preocupadas por mantener su viabilidad institucional que por realizar transformaciones sociales radicales y las soluciones que los movimientos sociales demandaban. No fue sin bases que Correa temiera que las ONG´s pudieran dirigir a los movimientos sociales en un curso conservador y entonces socavar la dirección de izquierda en la cual él intenta llevar a la revolución.

 Referéndum

El 15 de enero de 2011, en el cuarto aniversario de su presidencia, Correa propuso  un referéndum constitucional  con el  fin de  implementar reformas para profundizar su revolución ciudadana. El 7 de mayo de 2011, los votantes prácticamente aprobaron diez reformas constitucionales, judiciales, políticas y sociales. En las preliminares de la votación, más que una contienda sobre cada tema específico, varios observadores tomaron la elección como un plebiscito de los cuatro años de Correa en el poder, una prueba de su popularidad, y de sus perspectivas para  ganar  la  reelección  en  2013.  Para  Correa,  una  fuerte  racionalidad  política subyace a su decisión de llamar al referéndum. Continuando con el aumento de popularidad posterior al levantamiento policial fallido del 30 de septiembre, una contundente victoria en el referéndum reafirmaría la legitimidad presidencial y lo mantendría en el poder. Las encuestadoras inicialmente indicaban que Rafael Correa se había alejado de sus seis victorias electorales consecutivas. En lugar de ello, la estrecha victoria desafiaba el mito que se había alzado en torno a que Correa era un líder invencible de la marea rosada que estaba barriendo a lo largo de América Latina. La visibilidad del referéndum llevó las tensiones entre Correa y los movimientos sociales a la superficie105.

 El referéndum comenzó como un particular asunto en torno a la reforma del código penal para extender el periodo de detención previa al juicio para criminales con  el  objeto  de  administrar  los  asuntos  de  seguridad  pública,  pero  luego  se expandió hacia diez temas más de amplio margen de significancia. Además de las reformas constitucionales diseñadas para revisar un sistema judicial que Correa vio como corrupto e ineficiente, y la limitación para que no coincidan propietarios de los grandes medios de comunicación con el sector bancario, un segundo grupo de preguntas intentaba prohibir las apuestas, y las corridas de toros y peleas de gallos. En particular, la pregunta sobre la propiedad de los medios de comunicación estaba vinculada con la continuidad de Correa en el poder porque la prensa se mantenía firmemente en manos de la oligarquía tradicional y era sólidamente opositora al gobierno.

En tanto el referéndum del 7 de mayo se acercaba, una variedad de campañas tanto  a  favor  como  en  contra  del  mismo  protagonizaron  la  escena.  Aunque  la oligarquía se opuso a cualquier cambio que hiciera Correa, algunos de los más serios opositores provinieron desde sus ex aliados quienes habían resultado crecientemente desilusionados con el creciente autoritarismo de su gobernante. Cuatro diputados y dos  ministros  de  su  gabinete,  incluyendo  a  Alexandra  Ocles,  abandonaron  la coalición política de Correa. Estos disidentes efectuaron un posicionamiento en el cual indicaban que mientras ellos acompañaban los cambios positivos en Ecuador, Correa  ?no puede exceder  sus funciones: en el ejercicio del poder, nosotros debemos reconocer límites?.  Por  esta  razón,   ellos  se  opondrían al  referéndum106.  Alberto Acosta  organizó  un  movimiento  llamado  Montecristi  Vive  en  alianza  con  la CONAIE y el MPD para oponerse al referéndum. En la ciudad costera de Guayaquil, el ex ministro del interior Gustavo Larrea creó un movimiento paralelo llamado Iniciativa Ciudadana. Estos ex aliados criticaron el referéndum por traicionar los principios de su proyecto político, mientras Correa los atacaba como oportunistas que se habían unido a la partidocracia, y denunciaba sus acciones como una traición personal hacia su gobierno. Acosta replicó que a pesar de que apoyaba los referéndums  y  coincidía  con  algunos  de  los  temas  a  consultar,  se  oponía  a  los intentos de Correa de desdibujar las divisiones entre las tendencias del gobierno. En particular, debatía en defensa de la independencia de la Justicia. De manera similar, muchos movimientos sociales se opusieron al referéndum a pesar del hecho de que incluía algunos aspectos que deberían ser profundamente atractivos para la izquierda. Dos de las preguntas criminalizaban de la riqueza no justificada y requerían registrar a sus empleados en el Instituto de Seguridad Social, precisamente el tipo de políticas que beneficiaban a los sectores pobres y marginalizados. Al hacer el referéndum, en líneas generales la agenda de gobierno de Correa, con énfasis principalmente en políticas económicas y sociales diseñadas para beneficiar a los sectores más marginales y explotados de la sociedad, habría ganado el apoyo entusiasta de la mayoría de la población. Los opositores tanto hacia la izquierda como hacia la derecha temían que Correa estuviera utilizando las altas tasas de crecimiento del crimen como una justificación para expandir su poder ejecutivo, incluyendo el intento de llenar las cortes judiciales con sus. Ellos apuntaron que la concentración de poder en sus manos solo serviría para retroceder en la expansión de democracia directa tal como figuraba en la progresista constitución de 2008. De todos modos, la derecha clásica como Jaime Nebot del Partido Social Cristiano y Abdalá Bucaram del Partido Roldosista Ecuatoriano pese a su anunciada negativa a la consulta, no se inscribieron en el Consejo Electoral para hacer campaña y callaron durante  la  misma.  Para  los  movimientos  sociales,  el  intento  del  gobierno  para mejorar la seguridad pública significaba poco más que una criminalización del disenso, un temor que ya era una realidad para los activistas indígenas que enfrentaban cargos de sabotaje y terrorismo por oponerse a las políticas extractivas.

El interrogante que ganó la más amplia atención en el referéndum de mayo de2011 era el que buscó limitar el control de la oligarquía sobre los medios de comunicación. Mientras los conservadores arremetieron con un enérgico alegato por la libertad de prensa, luego de haber perdido el control sobre el proceso político como ocurrió en Venezuela y Bolivia, el control oligárquico de los grandes medios representaba la más fuerte y estridente arma en su batalla contra las políticas gubernamentales. Estaban sólida e incluso irresponsablemente opuestos al actual gobierno, y se convirtieron en el principal vehículo para el avance de los intereses económicos de los más ricos. Los gobiernos de la nueva izquierda en América Latina aprendieron que la implementación de sus objetivos de política requería un uso creativo  de  los  medios  para  comunicar  sus  mensajes  al  público.  Chávez,  por supuesto, tomo la delantera en Venezuela al responder en esta guerra informacional con Aló Presidente, y Correa continuó con su Enlace Sabatino. Correa fue particularmente agresivo en su uso de los medios, expandiendo drásticamente el número de medios propiedad del gobierno en un intento por emitir su mensaje. Esta expansión se alcanza gracias al significativo aumento de la inversión oficial en publicidad, desde dos millones de dólares bajo el período de gobierno anterior hasta 129 millones de dólares en 2012. En dicho proceso, Correa dejó sin oyentes a las estaciones de radio comunitarias e independientes tales como La Luna que habían jugado un rol tan central en las protestas callejeras de abril de 2005 cuando fue removido del poder Lucio Gutiérrez.

Críticos a los gobiernos populistas radicales se quejan de su decadente autoritarismo y de los aspectos represivos, aunque como nota Ellner estos críticos son demasiado exagerados107. En Ecuador, el más notorio caso fue la demanda que Correa realizó contra El Universo por difamación y  calumnias en sus editoriales contra sus acciones como presidente. Aunque el caso salpicó a la izquierda en la línea de si la libertad de expresión era igualmente defendible en estos casos, muchos en los movimientos sociales de izquierda reconocieron estas libertades individuales y liberales como un tipo de problema no estructural para la sociedad. Más que construir una alianza común en torno del tema de los desafíos que Correa alegaba contra la libertad de prensa, muchos de los izquierdistas de los movimientos sociales no tuvieron mucha paciencia con las críticas conservadoras al gobierno de Correa. Viviendo en un confortable exilio auto-impuesto en Florida, el editor de El Universo

107 Steve Ellner, “The Distinguishing Features of Latin America’s New  Left in Power?, Latin American

Perspectives 39, no. 1 (enero 2012): 96-114.

 Emilio Palacio difícilmente conquistó la venia de las comunidades marginales y los movimientos sociales organizados. En vez, estos temas solo subrayan los intereses privados de la saludable clase capitalista.

Marcha Plurinacional por la  vida, el  agua y la  dignidad

Miles  de  marchistas  indígenas  llevando  una  gigante  whipala  arribaron  a Quito el 22 de marzo de 2012 (Día Mundial del Agua) luego de dos semanas de la Marcha Plurinacional por la vida, el agua y la dignidad de los pueblos. La marcha comenzó el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el cantón de El Pangui al sur de la provincia de Zamora Chinchipe, viajando alrededor de 700 kilómetros hacia la capital. Se trataba de una marcha en oposición a los planes del gobierno de comenzar con minería a gran escala, tanto como para defender la nueva constitución contra los ataques neoliberales y presionar para que se aprueben las leyes de agua y revolución agraria. Los manifestantes sostenían que la minería agotaría y contaminaría las fuentes de agua, y que las comunidades no habían sido apropiadamente consultadas acerca de los impactos ambientales de los proyectos. El 5 de marzo, justo antes de que la marcha comenzara, Correa firmó un contrato por $1.4 billones con la Compañía China Ecuacorriente para iniciar la explotación minera a cielo abierto de cobre. El Mirador minero planeado media dos kilómetros de largo y 800 metros de profundidad, y sería el primer proyecto minero a gran escala del Ecuador. Mientras Correa calificaba al contrato como uno de los mejores alguna vez negociados, los manifestantes estaban preocupados por las consecuencias negativas a nivel ambiental que implicaba expandir la extracción de recursos. Correa indicó que los proyectos mineros ayudarían a financiar proyectos de desarrollo, incluyendo carreteras, escuelas y hospitales. “No podemos ser mendigos sentados en sacos de oro?, proclamó Correa cuando firmó el contrato108.

El gobierno de Correa organizó una contra-demostración en ambas marchas, tanto  la  del  8  como  la  del  22  de  marzo,  con  ambos  lados  dando  estimativos aproximados y confusos sobre sus respectivas marchas, argumentando que las propias eran más grandes y significativas que las otras. Correa se jactaba de que el gobierno había vencido a la protesta indígena porque su marcha era mucho más grande, y que en el pasado las marchas de la CONAIE habían sido mucho más grandes que la actual. Correa alternativamente minimizaba la marcha de la CONAIE como insignificantemente pequeña y la encuadraba como el más grande desafío a su gobierno. En lo que muchos manifestantes tomaron como una caracterización despectiva y racista, Correa denunció a la marcha como una de ?plumas y ponchos?. Cuando el gobernador de Azuay Paúl Carrasco recibió a la marcha en su provincia con una bebida simbólica para Salvador Quispe, uno de los líderes de la marcha y gobernador de Zamora Chinchipe, el periódico gubernamental El Ciudadano respondió con tonos racistas que luego de 520 años de colonización los pueblos indígenas aún eran motivados por el alcohol.

Para ser claros, la marcha de la CONAIE fue mucho más pequeña que muchas de aquellas masivas protestas de los años 1990s. Pero las promesas de Correa de movilizar cien veces más entre sus partidarios que los que movilizaba la marcha de  la CONAIE, resultó finalmente mucho menor de aquella meta. En otro sentido, la marcha de la CONAIE fue mucho más significativa porque persistió durante dos semanas en vez de reunir sus fuerzas únicamente los días 8 y 22 de marzo como lo hizo el gobierno. Incluso, el gobierno pudo movilizar sus fuerzas gracias a la infraestructura gubernamental incluyendo la provisión de buses para el transporte de sus partidarios. En tanto, la CONAIE enfrentó numerosos obstáculos, incluyendo el rechazo gubernamental de autorizar que los buses se desviaran de sus rutas asignadas para transportar a los manifestantes, controles policiales, infiltración policial en la marcha, y una fuerte propaganda ofensiva.

El  20  de  marzo,  organizaciones  pacíficas,  incluyendo  a  la  FENOCIN,  se agruparon en la Red Agraria y se presentaron ante la Asamblea Nacional con un petitorio en apoyo a su propuesta de legislación agraria que limitaría el tamaño de los latifundios con el objetivo de señalar los problemas con la distribución inequitativa de la tierra. FENOCIN se había vuelto crecientemente distante del gobierno por sus políticas agrarias y sobre el agua. FENOCIN planeaba sostener su propia demostración llamando a una revolución agraria, pero finalmente apoyó silenciosamente la marcha de la CONAIE.

El 22 de marzo, el gobierno organizó concentraciones en diferentes partes de la ciudad para oponerse a la marcha indígena, incluida la que se organizó en el parque El Arbolito, el tradicional punto de encuentro para las protestas indígenas en Quito. En el curso de un día, Correa dio discursos a sus partidarios en las plazas de la Independencia, en San Francisco y en Santo Domingo. Repitió los temas comunes: que la marcha era un fracaso, que sus partidarios habían derrotado a los golpistas y que estaban defendiendo la democracia, en tanto repetía el eslogan de la guerra civil española: No Pasarán. Correa clamó que los movimientos indígenas radicales eran aliados de la extrema derecha, de los banqueros y de la prensa corrupta. Todo su discurso implicaba que los manifestantes indígenas habían sumado sus fuerzas a grupos golpistas fascistas, si es que no estaban siendo ellos mismos los instigadores del golpe, al organizar una demostración contra el gobierno. Al homogeneizar a todos sus oponentes en vez de distinguir sus perspectivas políticas radicalmente diferentes, Correa intentaba desacreditarlos y distraer la atención de los problemas más serios.

El presidente de la CONAIE, Humberto Cholango, negó categóricamente que la marcha estuviera tratando de desestabilizar al gobierno, o que fueran aliados de la derecha política. De hecho, la CONAIE se negó a colaborar con partidos políticos conservadores que también se oponían al gobierno. ?Queremos decirle  al presidente de la República?, declaró Cholango, ?que nuestras luchas  son luchas  revolucionarias, auténticas del pueblo y no son financiadas absolutamente por ningún fascista ni ninguna empresa ya que jamás nos vamos a juntar con los sectores de la derecha ecuatoriana?109.  Más  que  desestabilizar  al  gobierno,  el  objetivo  era  forzarlo  a escuchar sus protestas contra  la minería y la defensa del derecho al agua.  ?No somos líderes de un golpe de estado, no queremos derrocar al gobierno?, reiteró  Quishpe, “pero vamos  a inundar Quito  con gente que no quiere nuestra agua contaminada”110.

Una  vez  llegados  a  Quito,  los  manifestantes  entregaron  a  la  Asamblea Nacional un petitorio que concluía diecinueve demandas. En líneas generales, estas demandas fueron agrupadas en torno de cuatro temas: (1) resistencia a la minería y defensa del agua y de la vida; (2) oposición a la represión política y a la criminalización de las luchas sociales; (3) denuncia de las tendencias autoritarias del gobierno y demanda por consulta previa antes de iniciar la extracción minera en territorios comunales; y (4) la demanda por una revolución agraria. Ante todo, sin embargo, la marcha insistía en el cumplimiento de lo estipulado en la constitución para la defensa de los derechos de la naturaleza, algo que los activistas indígenas y medioambientalistas demandaban que el gobierno había violentado en favor de las políticas de explotación minera a gran escala111.

Al  organizar  la  marcha,  la  CONAIE  intentó  recuperar  su  alguna  vez hegemónico rol de liderazgo de los movimientos de protesta social. En tanto no estuvo ni cerca de desafiar la solidez de Correa en el poder, sí asumió el importante rol que los movimientos sociales juegan en democracia: abrió el debate, colocó serios temas sobre la mesa, y presionó al gobierno a responder sobre aquellos asuntos de aquellos cuyas voces de otra manera no hubieran sido oídas. El hecho de que Correa fuera forzado a movilizar amplios recursos gubernamentales para responder a la marcha, indica que los movimientos sociales fueron capaces de articular los intereses de las poblaciones marginadas. En este sentido, CONAIE recuperó de hecho su histórico rol político alzando temas de agenda política que son importantes para el país, y en el proceso también lograron devolver la central importancia que tienen los movimientos sociales para llevar al país por encima de las políticas económicas neoliberales.

 Bailando con dinamita

En una conversación con el politólogo Jeffery Webber, el reconocido referente de  la  lucha  por  los  derechos  indígenas  Luis  Macas  señaló  la  importancia  de equilibrar la defensa de las identidades étnicas con la necesidad de profundizar los cambios  estructurales en la sociedad. ?Ninguna lucha  es aislada?, dijo Macas.  Más que  eso,  el  éxito  requiere de  ?una diversidad de  procesos sociales,  de  procesos políticos históricos?. En  particular,  llevar   adelante  estos  cambios   requiere tanto trascender las mentalidades coloniales como acabar con el modelo  capitalista. ?Si no destruimos  ambos?,  declaró  Macas,   ?alguno  de   ellos   perdurará?. Desafortunadamente, ?Correa no ha superado su mentalidad colonial?. El problema de acuerdo a Macas no era el racismo, o en todo caso el problema era mucho más profundo que la raza. Correa quería liquidar al movimiento, no porque fueran indios quienes  lo  condujeran  sino  porque  se  pusieron  en  el  camino  del  modelo  de desarrollo que él quería implementar en el Ecuador. Él fue incapaz de imaginar un modelo diferente, uno que no estuviera basado en la explotación de recursos naturales sino en la vida en armonía con el mundo que lo rodeaba. El imperialismo necesita ser destruido, argumenta Macas, pero ¿qué sentido tiene la destrucción del imperialismo si es únicamente reemplazado por un tipo similar de modelo de desarrollo geopolítico eurocéntrico y antropocéntrico que ahora surge del sur global en lugar de hacerlo desde el norte industrial, pero que aún continua enriqueciendo sólo a unos pocos en lugar de enriquecer a toda la sociedad? ?El imperialismo solo alcanzará la muerte a manos de las luchas  sociales?, declaró Macas. Pero la criminalización de las luchas sociales indica que el gobierno de Correa fue fundamentalmente más cercano a la derecha populista que a una izquierda popular112.

Algunos analistas dudaron que las divisiones en la izquierda pudieran ser fácilmente reparadas. El historiador Pablo Ospina señala cinco factores que llevan hacia la ruptura entre Correa y los movimientos sociales organizados, y ninguno de ellos podría ser fácilmente resuelto. Primero se encuentra la insistencia de Correa en basar sus planes de desarrollo en industrias extractivas. Muchas organizaciones no estaban clamando por el fin de la extracción petrolera, sino que se oponían a los nuevos planes de minería a gran escala que aparentemente contradicen lo que la constitución sostiene en torno del Sumak Kawsay. En segundo lugar, estaban estancados los planes para las nuevas políticas agrarias. El gobierno prometió implementar una revolución agraria, pero no hizo ningún progreso en esa dirección. En tercer lugar, las políticas laborales, y las actitudes de Correa que ven a los sindicatos de trabajadores como opuestas a la eficiencia, la modernización y a la meta mejorar la calidad de los servicios públicos. Cuarto, los diferentes conceptos de estado, y en particular sobre el rol de la participación social en las decisiones de política  pública.  Finalmente,  estaban las acciones hostiles de  Correa  frente  a  las movilizaciones sociales independientes. Ospina nota que la tensión no estaba dada inicialmente por las declaraciones antagonistas de Correa, sino por las consecuencias de contar con doscientos activistas de base enfrentando cargos de terrorismo y sabotaje por oponerse a las políticas extractivas del presidente. Correa parece estar decidido a destruir cualquier movimiento social organizado que pudiera potencialmente encarnar una oposición a su gobierno. Con casi la totalidad de la clásica y ortodoxa izquierda unida a varios movimientos sociales en abierta revuelta contra el gobierno de Correa, la marxista chilena Marta Harnecker arribó a Quito en agosto de 2011 y abogó por la unidad. Ella temía que estas divisiones internas solo fortalecieran y abrieran el espacio para la oligarquía conservadora, y que el proceso político que se desarrollaba en Ecuador enfrentaría el mismo final trágico que el gobierno de Salvador Allende encontró en Chile en 1973113. Un peligro constante para los movimientos sociales era que ellos consintieran que lo perfecto fuera el enemigo de lo bueno.

Emir Sader advierte a los movimientos sociales de lanzar ataques frontales hacia gobiernos amigables, y equivocar un aliado vacilante con un enemigo. A pesar de sus moderadas y contradictorias políticas, Sader sostiene que estos nuevos gobiernos son demostrablemente mejores que sus predecesores neoliberales de derecha, al menos por la razón de que han rechazado los tratados de libre comercio y por su acercamiento a políticas de redistribución social. Él urge a los movimientos sociales a reconocer los avances positivos, y a aliarse con el sector progresista de estos gobiernos con el objetivo de fortalecer a estos sectores y concentrar el ataque a la hegemonía del capital financiero. Sader denuncia una posición doctrinaria y ultra- izquierdista que infinitamente critica a los gobiernos de centro izquierda sin captar la realidad concreta. La tarea, reclama Sader, es criticar al gobierno por sus errores pero también apoyarlo en sus maniobras positivas y hacer un frente común contra la derecha. En tanto reconoce la importancia de la resistencia de base, Sader también señala la necesidad de comprometer a las estructuras de poder. Aunque estas luchas políticas son difíciles y están minadas por complejos compromisos y contradicciones, Sader reclama que si los movimientos sociales retroceden hacia lugares anónimos se aislarán y auto marginalizarán hasta la irrelevancia114.