Hay algo muy curioso en la propuesta del expresidente Uribe para sumarse al proceso de paz. De los seis puntos en discusión en La Habana, a Uribe solo le preocupan dos temas específicos (con lo cual, tácitamente, aprueba o pasa por alto los otros cuatro).
A diferencia de lo que muchos piensan, las preocupaciones del expresidente no son el punto sobre la tierra (Desarrollo Agrario Integral); ni el punto sobre desmovilización y zonas de concentración (Fin del Conflicto); ni la sustitución de cultivos y demás parafernalia (Drogas Ilícitas); y menos aún el plebiscito (Verificación y Refrendación). El plebiscito le choca sólo porque mediante él se aprobarían los dos asuntos que sí le importan.
Al descartar estos cuatro puntos, se nota que buena parte de la crítica al proceso de paz no tiene nada qué ver con las proclamas patrióticas que circulan por Twitter: toda la perorata sobre una supuesta “sustitución de la Constitución” o la entrega del Estado al “modelo castrochavista” son carreta. Uribe y sus aliados terratenientes saben que ahí no hay nada peligroso para sus intereses. Todo eso, en el fondo, o está bien o les importa un pito.
Los puntos que les preocupan, y por los cuales Uribe se uniría a los diálogos y al proceso de paz, para modificarlos, son el segundo (participación política) y sobre todo el quinto, víctimas, que en realidad lo que contiene es la Jurisdicción Especial para la Paz y el Sistema integral de Verdad, Justicia y Reparación. A este punto el expresidente lo llama “impunidad”, pero, por otras declaraciones suyas, lo que verdaderamente lo alarma del quinto tema no es que las Farc la saquen barata, sino que a otros les salga muy cara: a esa Jurisdicción Especial se pueden acoger los militares condenados por crímenes conexos al conflicto y, a partir de ahí, cabe la posibilidad de que se llame a juicio también a los civiles implicados por los militares. Este es el quid del asunto, y ahí están los verdaderos motivos del NO.
Hoy en día hay en Colombia unos dos mil militares presos. La mayoría de ellos están en la cárcel por condenas que tienen que ver con el conflicto armado, directa o indirectamente: las recompensas gigantescas que provocaron los falsos positivos se originaron en el afán de mostrar resultados contra las Farc; las alianzas con los grupos paramilitares tienen el mismo origen; las masacres que no se evitaron dependen de aquella consigna de que contra el terrorismo todo se vale. Y bien: basta que una fracción de estos militares condenados (generales, coroneles, suboficiales, soldados profesionales) quieran contar toda la verdad para que se abra una cascada compleja que descubra una trama, una telaraña, en la que pueden salir implicados muchos militares en ejercicio o en uso de buen retiro. Y con ellos, luego, un grupo conspicuo de empresas y civiles que los asesoraron y apoyaron económicamente. Esta es la esencia de la ira. ¿Qué pasaría si un militar condenado quisiera hablar para salir libre de inmediato, y así prendiera el ventilador? Pues que empezaría un efecto dominó de consecuencias impredecibles.
Y aquí voy a decir lo que mucha gente lamentará que yo diga: si el presidente Santos de verdad quiere hacer la paz con todo el país, debe ofrecerles a los militares, y a Uribe, y a los intereses y miedos que él representa, un trato que los cobije. Las penas atenuadas o conexas al conflicto deben ser para todo el mundo. Me temo que aquí seguirá la guerra si algunos militares y civiles reciben más penas y vergüenzas que la guerrilla. Si Santos define un trato especial para militares y civiles implicados en el conflicto (y sólo él tiene el poder de hacerlo), creo que hasta el CD votaría por el Sí en el plebiscito. Aquí hay cierta derecha que no descansará hasta no ver presa o muerta a la cúpula guerrillera; y cierta izquierda que no estará contenta hasta no ver preso a Uribe y a sus amigos. A esa izquierda y a esa derecha hay que desarmarlas con un perdón especial.
