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30 junio 2013
Cómo entender lo público es una necesidad inaplazable para la sociedad ecuatoriana; al mismo tiempo, es una asignatura reprobada por el correísmo. Al parecer, a nadie en las esferas oficiales le interesa volver la mirada sobre un debate que lleva miles de años. Literalmente.
Jugar a la ambivalencia se ha vuelto la tónica. La designación de lo público se expande
o se contrae según las necesidades oficiales, a tal extremo que puede englobar lo que, desde la doctrina y la costumbre, se suponía territorio del Estado o del gobierno. Por eso los medio de comunicación gubernamentales acaban de ser consagrados como “públicos” por la nueva Ley de Comunicación. Ni siquiera se les asignó la condición intermedia de estatales, más cercana a las evidencias. En teoría, esto les permitiría mantener una distancia prudencial con el poder de turno, para oponerse a cualquier decisión del gobierno que afecte a los intereses del Estado. En las actuales condiciones, eso resulta impensable.
En este tira y afloja, se pasan por alto todos los aportes teóricos que puedan poner en duda los mecanismos más conservadores y antidemocráticos del poder político. O que se vuelvan incómodos para la agenda oficial. Poco importa si tales aportes provienen de pensadores contemporáneos de izquierda.
Que Cornelius Castoriadis nos recuerde que ya en la antigua Grecia la práctica política y las instituciones democráticas ignoraban la separación entre el colectivo de ciudadanos y el Estado, parece no tener la más mínima importancia. O que nos repita hasta el cansancio que quienes inventaron la democracia lo hicieron sobre la convicción de que es el pueblo, y no el Estado, la entidad política fundamental en una sociedad.
Ya entonces, la idea de lo público estuvo asociada a ese espacio denominado “ecclesia”, es decir la asamblea de ciudadanos, el lugar de la política, el ámbito donde se resuelven los asuntos que afectan a todos los miembros de la comunidad. Se contrapone al “oikos”, el hogar, el espacio de lo privado. El ágora no era sino la esfera donde convergían estos intereses contrapuestos para negociar, dialogar y comunicarse.
También Antonio Gramsci aporta lo suyo. Sostiene que el potencial de la sociedad civil radica en su capacidad para mantener la autonomía frente a lo que él designa como gobierno de los funcionarios. Para él, lo “estatal” (entre comillas) es el proyecto de autogobierno de la sociedad.
Desde esta perspectiva, los únicos medios de comunicación que pueden atribuirse su condición de públicos son aquellos clasificados como comunitarios dentro del esquema de repartición de frecuencias establecido en la mencionada Ley. Eso sí, siempre que estén en manos de organizaciones sociales autónomas frente al Estado… y sobre todo frente al gobierno.
