La minería a gran escala tiene algo en común con la esclavitud: sus principales beneficiarios saben que se trata de actividades condenables, pero no encuentran con qué sustituirlas. O, simplemente, no tienen interés en hacerlo. Las exigencias y urgencias del capitalismo no dejan mucho espacio para los actos de conciencia.
La propuesta para realizar una consulta popular en el Azuay ha destapado la idea que varios grupos tienen de la economía. Para ellos, no se trata de una ciencia para administrar racionalmente los recursos colectivos, sino de una circunstancia para asegurar su codicia a cualquier costo.
De poco sirven las advertencias y evidencias sobre el colapso ambiental del planeta. El consumo desenfrenado sigue siendo el mejor combustible para el funcionamiento y la reproducción del sistema. Al igual que durante cinco siglos el capitalismo mundial necesitó de la mano de obra esclava para garantizar una producción agrícola rentable, hoy necesita esclavizar a la naturaleza para extraerle minerales baratos.
La ofensiva del gobierno nacional y de las empresas mineras ha sido total y en todos los frentes. Han saturado los medios de comunicación de declaraciones y remitidos; han promovido movilizaciones callejeras; han intensificado el cabildeo político; y han llevado a cabo una agresiva estrategia jurídica.
La Corte Constitucional ha sido el blanco de este último recurso. Empezaron respaldando las iniciativas de sectores promineros para solicitar consultas populares; luego presentaron los correspondientes amicus curiae; para, finalmente, presionar por la recusación del juez Ramiro Ávila por sus posiciones en defensa del derecho de los pueblos a preservar sus territorios y su medioambiente.
El debate, no obstante, es mucho más profundo que una controversia constitucional. Tiene que ver con los argumentos y fundamentos que esgrimen los defensores del extractivismo a escala global. Más que por una supuesta necesidad, por una real conveniencia. Por eso, precisamente, obvian tocar los temas de fondo.
Ni siquiera la encíclica Laudato Si llega a poner el dedo en la llaga. Es saludable que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en concordancia con la línea del Papa Francisco, haya presentado un amicus curiae a favor de la consulta del prefecto Yaku Pérez. No obstante, la defensa de los derechos ambientales se topa con una barrera infranqueable frente a los procesos de acumulación capitalista. Mientras el lucro rija la economía, la devastación continuará. La catástrofe social, cultural, ambiental y humana que provocan los proyectos megamineros en los países periféricos está por demás documentada.
La esclavitud está considerada como el pecado original de los Estados Unidos. Un pecado del que, exceptuando a los racistas y supremacistas blancos, todos siguen avergonzándose. El extractivismo también deja huellas indelebles. No esperemos la destrucción irreversible de nuestro patrimonio cultural y ambiental para avergonzarnos como sociedad.
Nota de la editora:
Hoy, 17 de septiembre de 2019, cerca de las 20:00, mediante un comunicado la Corte Constitucional informó que se negó las peticiones de consulta popular al prefecto de Azuay, Yaku Pérez; y al alcalde de Camilo Ponce Enríquez, Elías Baldor Bermeo.
En ambos casos la Corte decidió negar y archivar estos pedidos por no garantizar la libertad del elector, debido a la forma en como fueron formulados los considerandos y cuestionarios de la consulta”.
Ver dictámenes:https://t.co/tMglrcWoJChttps://t.co/4BFtYnQWEX pic.twitter.com/3KnkpOCRLD
— Corte Constitucional (@CorteConstEcu) September 18, 2019
