Neoliberalismo en el Ecuador: el desplome del artificio

Por Lizardo Herrera*

Wendy Brown, en su libro, In the Ruins of Capitalism, sostiene que el neoliberalismo significa la destrucción de la sociedad, es decir, del vínculo social entre las personas. El neoliberalismo recurre a una ficción para llevar a cabo su proyecto de poder: la imagen de individuos que por sí solos y en todo momento son capaces de tomar decisiones racionales en favor de sus intereses individuales. El egoísmo y la codicia personal, por tanto, se convierten en los valores centrales y cualquier intervención de un organismo superior, en este caso el gobierno o más precisamente el Estado, son vistos como una intromisión que interrumpe el desenvolvimiento “natural” de los procesos dañando así el “normal” funcionamiento de la sociedad que da por sentado que velar por el interés personal es sinónimo de bienestar general. La llamada “mano invisible” se transforma en un “artículo de fe” en la medida en que se cree que si se deja negociar a los individuos por sí solos se alcanza un equilibrio que favorece el “libre” desarrollo y desempeño de la economía. En este sentido, libertad significa la libertad de los poderosos para ejercer el poder y acumular riquezas a su beneplácito, así ello implique la no libertad y hasta la esclavización de los trabajadores o, en su defecto, de todos quienes no tienen capacidad para negociar en igualdad de condiciones.

El Estado neoliberal deja de garantizar la igualdad política que, según Brown, es la forma de corregir las asimetrías no solo en el ejercicio del poder, sino también en todo proceso de negociación. La igualdad política, según la autora, es el fundamento de la democracia en la medida en que garantiza que el poder esté sujeto a reglas y exista una rendición de cuentas en función de la sociedad en su conjunto y no como la sumatoria de individuos aislados. La falta de igualdad política, en consecuencia, implica que el ejercicio del poder se da exclusivamente por y en favor de una parte: un grupo privilegiado. Este ensayo tiene por objeto demostrar que el neoliberalismo en el Ecuador actual es un proyecto antidemocrático de carácter plutocrático cuya meta es controlar el aparato de Estado para ponerlo al servicio de intereses particulares vinculados al sector financiero. En este cometido, dejaremos de lado un elemento fundamental de la reflexión de Brown: cómo la antipatía neoliberal con lo que llaman “intromisión del gobierno” viene acompañada de la emergencia de un moralismo profundamente conservador en donde la religión y la familia tradicional tienen un rol preponderante, tema fundamental, por ejemplo, en el estudio de la intervención de las iglesias evangélicas contemporáneas en la política.

Tras la pandemia de covid-19, el neoliberalismo quedó al desnudo en el Ecuador. La llamada reducción del tamaño del Estado y la desregulación de la economía ha dejado a su suerte a la gran mayoría de ecuatorianos, quienes están condenados a enfrentar la crisis sanitaria y sus secuelas económico-sociales por sí solos: sin vacunas en el corto o mediano plazo y sin ningún tipo de apoyo pues, según el mismo gobierno, no hay dinero para atender las necesidades de la población. Las élites, en cambio, han recibido toda ayuda: una importante reducción de la carga impositiva además de vacunas públicas aún antes que los médicos que combaten el virus en primera línea –el escándalo de la vacunación VIP.

Mal haríamos, sin embargo, en entender la reducción del tamaño del Estado como la desaparición del Estado, al contrario, es necesario comprender que estamos ante un proceso que debilita ciertas áreas para fortalecer otras; así, por ejemplo, el gasto en los aparatos de seguridad (policía y militares) no ha sufrido recortes, sino que ha sido fortalecido en el gobierno de Lenín Moreno Garcés. En octubre del 2019, fuimos testigos de una represión brutal que, según el Informe de la Comisión de la Verdad recientemente publicado, incurrió en crímenes de lesa humanidad dejando miles de heridos y once muertos entre los sectores indígenas y populares que se oponían a la eliminación de los subsidios a los combustibles (medida impuesta por el Fondo Monetario Internacional). De ahí que la reducción del Estado se llevó a cabo en lo que respecta a los servicios públicos y, en concreto, en los subsidios diseñados para ayudar a las clases trabajadoras o medias; mientras se potenció el aparato estatal represivo con el objeto precisamente de garantizar la tan mentada “reducción del tamaño del Estado”. 

Es de conocimiento público, asimismo, que el exministro de finanzas, Richard Martínez, privilegió el pago anticipado de la deuda externa en momentos en que resultaba indispensable destinar recursos económicos para apoyar personal sanitario encargado de afrontar la emergencia producida por la pandemia. Martínez, ahora empleado en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como autoridad estatal utilizó el dinero público para beneficiar a los tenedores de bonos (grupos o personas vinculadas al poderoso sector financiero nacional e internacional) a sabiendas que eso implicaba negar el dinero necesario para proteger la salud de la gran mayoría de ecuatorianos. En esta misma línea, la mal llamada Ley para la defensa de la Dolarización busca quitar al gobierno o poder ejecutivo –democráticamente elegido– la facultad para decidir la política económica del país. El objetivo de esta ley es dotar de autonomía al Banco Central del Ecuador (BCE), institución que administra los dineros estatales; pero se trata exclusivamente de una autonomía con respecto al poder Ejecutivo, no frente al sector financiero en vista de que los miembros del nuevo directorio del BCE, funcionarios que ocuparían el cargo por un tiempo superior al del período presidencial, provendrían básicamente de dicho sector. Si recuperamos la argumentación de Brown, es claro que el BCE dejaría de servir al interés de la sociedad ecuatoriana en su conjunto; quedaría bajo el control de un grupo de poder particular –la banca– y los miembros del nuevo directorio solo rendirían cuentas a este grupo privilegiado, no a la ciudadanía en general.

Como bien lo señala otro exministro de finanzas, Carlos de la Torre, esta propuesta significa la privatización del BCE y el sometimiento de los siguientes gobiernos a los dictados del sector financiero nacional e internacional. Los futuros presidentes, en consecuencia, estarían impedidos de desarrollar una política económica independiente y estarían incapacitados de utilizar los recursos del Estado para atender las necesidades de la mayoría de la población o invertir en proyectos productivos o de infraestructura pública. Los dineros de la reserva internacional se limitarían a servir como garantía de pago de la deuda externa. En otras palabras, el sector financiero, desde una mentalidad rentista, respaldaría sus transacciones privadas mediante el dinero público. Desde este punto de vista, es incorrecto plantear el proyecto neoliberal como la eliminación de la interferencia del Estado en la esfera económica, al contrario, el objetivo es poner las instituciones estatales (mediante una junta de notables o el nuevo directorio del BCE) bajo control de una parte privilegiada de la sociedad –la banca– para garantizar que el “desacreditado Estado” sirva al sector financiero y otros grupos vinculados al mismo.

Otra de las medidas que ideó el gobierno de Lenín Moreno para contrarrestar los impactos económicos del virus fue dar validez a los llamados “acuerdos” entre privados; esto es, el Estado abandona su papel rector de la sociedad y reconoce los “acuerdos” que las partes alcancen por sí solas, tal como plantea la fantasía neoliberal. Para ello, el exministro Martínez sentenció que la realidad había superado la legalidad. Esta medida se inscribe en un escenario de Estado de excepción, no por la suspensión de las garantías constitucionales, sino a partir de la abolición temporal del marco legal –una abolición del Estado de Derecho– en la elaboración de contratos privados. El Estado, por tanto, abandona su responsabilidad de garante de la igualdad política entre los ciudadanos, se suspende a sí mismo, permitiendo que las personas o grupos con más poder impongan sus términos a los demás, por ejemplo, reduciendo de facto los salarios de los trabajadores.

Este sui géneris estado de excepción, por un lado, permite que los grandes grupos de poder (económico y político) se constituyen en el soberano en la medida en que pueden imponer sus condiciones al resto de la población sin nadie que los regule; pero, por otro, también refleja el estado de indefensión en el que queda la mayoría de la ciudadanía, en especial los trabajadores, que no tiene más opción que aceptar las condiciones que le impone quien detenta el poder, es decir, las élites económicas. Dicho de otro modo, los “acuerdos entre privados” no son acuerdo entre personas que libremente “acuerdan” sobre algo; por el contrario, se trata de negociaciones asimétricas en donde una parte está obligada a aceptar lo que la otra le ofrece si su objetivo es evitar el desempleo o quedar en la marginalidad. El Estado, por tanto, se transforma en el garante de los privilegios de una parte reducida de la ciudadanía, la cual concentra tanto el poder económico como el político.

En definitiva, la pandemia de covid-19 no ha hecho sino poner en evidencia el régimen plutocrático que gobierna el Ecuador. Sabemos que el proyecto neoliberal supone la transferencia de riqueza desde los sectores medios y de bajos recursos hacia los más adinerados –tanto en el ámbito público como en el privado–; sin embargo, esta transferencia no se da propiamente por la retirada del Estado de la esfera económica, como repiten los ideólogos neoliberales, sino gracias al control del poder político que permite a las élites, en especial, las financieras, poner las instituciones estatales al servicio de sus intereses particulares. La vacunación VIP, la eliminación de los subsidios, los pagos anticipados de deuda externa, el proyecto de reforma del Banco Central, por un lado, muestran cómo estas élites sacan/obtienen una renta/usufructo privado de los dineros/bienes públicos; ello además de trasladar los costos de la crisis a las clases con menos poder económico y de extraer, de este modo, más y más recursos del conjunto de la sociedad para utilizarlos exclusivamente en su beneficio. Los acuerdos entre privados, por otra parte, no significan sino la suspensión temporal del marco legal vigente –un estado de excepción– en donde “la retirada del Estado” sirve para legitimar o, con mayor precisión, sancionar legalmente por parte del mismo Estado las imposiciones de quienes tienen más poder sobre los que poseen menos poder de negociación o no lo poseen en absoluto. Recuperando las tesis de Brown, podemos concluir que, en el actual escenario neoliberal, el Estado ecuatoriano se ha desentendido por completo del fomento de la igualdad política, con el propósito de permitir la concentración del poder político en los sectores más privilegiados de la sociedad, quienes, a su vez y de manera profundamente antidemocrática, no rinden cuentas a la ciudadanía en su conjunto, sino solo a sí mismos. 

Las élites, en cambio, han recibido toda ayuda: una importante reducción de la carga impositiva además de vacunas públicas aún antes que los médicos que combaten el virus en primera línea –el escándalo de la vacunación VIP

*Lizardo Herrera es Ph.D.  por la Universidad de Pittsburgh, tiene una maestría en estudios de la cultura en la Universidad Andina Simón Bolívar y una licenciatura en historia en la PUCE. Es profesor en Whittier College, California, Estados Unidos.

Fotografía: Gráfica de las protestas de octubre de 2019 / Cortesía Radio La Calle.