NO SEAN MALITOS, IMPIDAMOS EL SAQUEO NACIONAL. Por Eduardo Ruilova Quezada

El ex presidente Rafael Correa Delgado, como buen neoliberal tapiñado, embaucó a los ecuatorianos argumentando la crisis económica por la caída de los precios del petróleo a nivel mundial, el terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas, el arranque del neoliberalismo con la venta, fusión y liquidación de 16 empresas entre incautadas y públicas, incluyendo sectores estratégicos (minas, petróleo) y centrales hidroeléctricas, con el subterfugio de optimizar el sector público.

Para ello vendería los canales de televisión Gamavisión, cuyo patrimonio era de 615,014 dólares y TC televisión que a la época disponía de un patrimonio aproximado de $42’324.000; la empresa aérea Tame-EP; la Cementera del Ecuador; Fabrec-EP (Fabricamos Ecuador, elaboraba ropa, calzado y uniformes para la Policía Nacional); el Banco del Pacífico, que se encuentra entre los cinco principales bancos del país y su patrimonio supera los 5.000 millones de dólares.

Mediante Decreto Ejecutivo número 1158, el ex inquilino de Carondelet dispuso con fines de una posible privatización, la fusión por absorción entre la Empresa Pública “El Telégrafo EP”, con: la Empresa Pública Televisión y Radio de Ecuador EP RTV Ecuador que lo conformaban: Agencia Andes, la Radio Pública y Ecuador TV. La nueva empresa pública pasó a denominarse “Empresa Pública de Medios Públicos de Comunicación del Ecuador-Medios Públicos EP”; la figura jurídica anotada obliga que los activos y pasivos de Diario El Telégrafo EP y de EP RTV Ecuador sean absorbidos por la nueva empresa conformada.

No descartemos la concesión vial

Las carreteras en las que se invirtieron más 8.000 millones de dólares, también quedaron pendientes de ser entregadas a manos privadas por el saqueador del Estado ecuatoriano, economista Rafael Correa Delgado, en su enlace ciudadano número 462, de febrero del 2016, anunció que las carreteras serán las primeras en ser concesionadas por un lapso de 30 años, “…para este año la adjudicación para la construcción de cinco superautopistas, que serán concesionadas mediante alianzas público-privadas. Detalló que se encuentran listos los proyectos viales Río Siete-Huaquillas, Longitud: 95 Km, Peajes/Tarifas: $3/$1.50, Fecha de adjudicación: febrero 2016; Naranjal-Río Siete, Longitud 50 Km., Peajes/Tarifas: $1/$1.50, Fecha de adjudicación: agosto 2016; Santo Domingo-Esmeraldas, Longitud 170 Km., Peajes/Tarifas: $3/$1,50, Fecha de adjudicación agosto 2016; Santo Domingo-Quevedo, Longitud 113,1 Km., Peajes/Tarifas: $3/$1.50, Fecha de adjudicación agosto 2016; Quevedo-Jujan, Longitud 113.1 Km., Peajes/Tarifas: $3/$1.50, Fecha de adjudicación: agosto 2016. Comprenden en total 554 Km de vías. La inversión privada totaliza $ 4.757 millones, con un aporte de corto plazo de $ 2.327 millones. El Estado por su parte hará una inversión inicial de $520 millones.

Ecuatorianos, este es el panorama privatizador que dejó Correa Delgado y que el continuista Lenín Moreno Garcés lo está poniendo en práctica de manera paulatina y sin contratiempo, ante el quemeimportismo, irresponsabilidad, falta de patriotismo y amor a nuestro patrimonio nacional, a nuestro país, demostrado por la mayoría de los ecuatorianos, situación que la aprovecha el gobierno nacional de mano con la burguesía comercial-financiera-empresarial nacional y extranjera, acolitado por sus secuaces: Carlos Pérez García, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el ministro de finanzas Richard Martínez y el Consejero del Presidente de la República, Santiago Cuesta Caputti, para cumplir con los acuerdos firmados con FMI a través de la Carta de Intención que en su numeral 7 dispone: “actualizar (subir o incrementar -el paréntesis es agregado mío-) las tarifas por servicios al ciudadano de entidades públicas para que refleje con mayor exactitud los costos y los mercados a los que atiende”; constata igualmente, monetarización (entiéndase concesión o venta) de “activos que permanecerán bajo propiedad pública pero cuyos derechos de concesión serán otorgados a los socios privados. Este proceso se realizará de manera absolutamente transparente, maximizando los beneficios para el Estado, asegurando que la cobertura de servicios no sea afectada y evitando pasivos contingentes en la presupuestación”.

Estos gobernantes con su Movimiento Político Alianza País (Lista 35), por feriarse 70.000 millones de dólares según el BID, por construir y reparar con abultados sobreprecios y pésima calidad: carreteras, hospitales, aeropuertos, por terraplenar El Aromo con el supuesto de construir la refinería del Pacífico; la construcción de inservibles escuelas del milenio; la adquisición de sofisticados equipos para montar una compleja red de espionaje estructurada por la Secretaría Nacional de Inteligencia, utilizada en la política represiva desatada en contra de la dirigencia social, popular e indígena; la entrega de puertos a corporaciones transnacionales; la venta de empresas públicas rentables como CNT, las hidroeléctricas, especialmente Mazar, Sopladora y Molino a través de la novísima modalidad privatizadora denominada Público-Privadas creadas e impuestas por el Banco Mundial.

Me ratificó, repugnancia de estos gobiernos porque en la historia del Ecuador jamás han existido gobernantes tan corruptos como los nombrados. Si bien, tienen en prisión al vicepresidente de la República del anterior y del actual gobierno, Jorge Glas; el doctor Galo Chiriboga, ex fiscal general de la Nación; el ex presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano; el contralor general del Estado Carlos Polit; Ricardo Patiño, Walter Solís, Alexis Mera, Ramiro González, Carlos Ochoa, Pedro Delgado, los hermanos Alvarado y otros, involucrados en casos de corrupción, secuestro, por sobornos entregados por la empresa brasileña Odebrech no han sido investigados a profundidad, tampoco vinculados a ningún proceso judicial para recuperar dineros del Estado, demostrando fehacientemente que la impunidad y el tráfico de influencias continua galopante, en lo jurídico, político y económico; el camino continúa expedito para festinarse los bienes públicos de los ecuatorianos, que a pesar de ser rentables y que aportan sustancialmente a las arcas del Estado, se empecinan en entregarlos a la empresa privada para su mayor enriquecimiento. Ejemplos:

FLOPEC-EP en la mira

El Decreto Ejecutivo número 1117 fue reformado para convertirla a la antigua FLOPEC en Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana -EP-FLOPEC-, reformaron el artículo 2 que describe:“El objeto social de la Empresa Pública Flota Estatal Petrolera Ecuatoriana -EP-FLOPEC- comprende: la transportación de hidrocarburos por vía marítima desde y hacia los puertos nacionales y extranjeros; prestación de servicios de transporte comercial, marítimo y fluvial de hidrocarburos y sus derivados; y demás actividades relacionadas. Para el cumplimiento de su objeto la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana -EP-FLOPEC-, podrá celebrara todos los actos y contratos civiles, mercantiles, laborales y de cualquier otra naturaleza que sean permitidos por las leyes ecuatorianas y que directa o indirectamente se relaciones con su objeto”.

Al artículo 2 le agregan una Disposición General: “Sexta.- Los valores que se reciban producto de la venta o disolución de la Empresa Pública Petrolera Ecuatoriana -EP-FLOPEC-, así como los excedentes que se obtengan durante su existencia pasarán a formar parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), a través del RIM (Seguro de Retiro, invalidez y Muerte) administrado por dicho Instituto”.

El artículo 4, también sufrió la misma suerte, anotando que: “El Directorio de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana -EP-FLOPEC está conformado de la siguiente manera. El Ministro de Defensa Nacional o su delegado permanente, quién lo presidirá. El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo o su delegado permanente. El Ministro de Recursos Naturales no Renovables o su delegado. El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o su delegado. El Comandante de la Fuerza Naval o su delegado”, es decir, las Fuerzas Armadas quedan en minoría en el directorio por cuanto el resto de delegados son personas civiles, militante o afines al Movimiento Alianza País, nombradas directamente por el presidente de la República, Rafael Correa Delgado.

Llama la atención que a los 7 meses de su creación, el Ejecutivo se haya dado cuenta que dicha empresa fue conformada infringiendo el artículo 162 de nuestra Constitución Política, que dice: “Las Fuerzas Armadas solo podrán participar en actividades económicas relacionadas con la defensa nacional y podrán aportar su contingente para apoyar el desarrollo nacional, de acuerdo con la ley”. Artificio jurídico que con seguridad fue realizado para vender con facilidad parte del patrimonio de las propias Fuerzas Armadas, capital que será utilizado en su recapitalización, en tanto que su infraestructura pasará a manos privadas.

Esta empresa pública tiene 52 buques de los cuales 7 son de su propiedad, 4 en sociedad y los 41 son alquilados, en su mayoría son para transportar petróleo crudo (exportación) y refinado (importación de diésel nafta, en el 2016 transportarán gas sin costo para el Estado), cifras dadas por el Gerente de EP-FLOPEC, Danilo Moreno Oleas demuestran su alta rentabilidad, en el año 2015 obtuvieron “ingresos por $ 538 millones y utilidades de $ 120 millones”, en “el año 2014 obtuvo ingresos por la suma de 437.20” millones de dólares, en el año 2016 alcanzaron los “605,20” millones de dólares

EP-FLOPEC tiene una rentabilidad privilegiada por ser la flota que transporta el petróleo ecuatoriano;  además, mantiene una alianza estratégica con la empresa ST Shopping &Transporte LTD., que le “…ha permitido transportar carga de diversos clientes desde y hacia varios puertos del mundo,  a través del uso de los buques de ambos socios. Eso permite incrementar el tiempo de ocupación de nuestros barcos, que es la forma en que generan más recursos”.

El gobierno de Rafael Correa Delgado y de Alianza País, les quita la empresa de propiedad de las FF.AA, se empecina en venderla lo más rápido posible, para con su mismo dinero de la institución militar, reembolsarle el dinero al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, en la posibilidad de evitar una seria crisis económica en dicha institución.

Petroecuador-Ep vendió sus estaciones de servicio

Como propietaria de 49 estaciones de servicio -gasolineras-, de las 217 gasolineras que son de propiedad privada pero afiliadas a la empresa estatal bajo el sistema de franquicias. El presidente Correa Delgado en el enlace número 444, del 3 de octubre del 2015, dispuso que se vendan dichas estaciones de servicio, no así, los 12 depósitos de combustibles para pesca artesanal ubicados en la costa ecuatoriana.

A Rafael Correa le pareció mal que la empresa pública venda a menor precio la gasolina súper, pese al incremento de 0,02 centavos de dólar costaba 2,02 dólares, mientras que en las gasolineras privadas, pasó a costar entre 2,25 0 2.33 dólares para equiparar los precios Petroecuador subiría 2 centavos mensuales hasta alcanzar el valor de comercialización con las privadas, los usuarios del servicio público consideraban como una tarifa competitiva, y que el Primer Mandatario la había calificado como competencia desleal entre lo público y lo privado, razón por la cual ordenó su venta.

Ya no recuerda que con la finalidad de evitar el contrabando de combustibles por las fronteras de Colombia y Perú, Petroecuador compró todas las estaciones de servicio de las referidas zonas, que limitó determinado número de galones por habitante e inclusive hablaron de colocar un chip en los vehículos con el mismo propósito; pero en aquel enlace como siempre se fue con todo al manifestar: “El Estado y la empresa pública tiene que hacer lo que debe hacer. Si algo lo puede hacer el sector privado, gracias. Y distribuir gasolina sí creo que lo puede hacer el sector privado. Así que he dado las órdenes de pensar cómo vender las gasolineras que tiene Petroecuador y la franquicia, que son más de 200 gasolineras que no son propiedad de Petroecuador, pero que utiliza esa franquicia y también venden con competencia desleal más barato que el sector privado”  

La crisis económica por la que atraviesa la empresa estatal los obligó a una reestructuración de la empresa pública, razón por la cual se detuvieron algunas obras que ejecutaban, devolvieron edificios y oficinas contratados en arrendamiento, y lo más grave y lamentable es la separación de 301 trabajadores de EP-Petroecuador, según ellos “por baja aportación laboral”.

La baja de los precios del petróleo les obligó a deshacerse de algunos activos, recurriendo a lo más fácil, a lo más simple, a lo que recomienda su supuesto enemigo financiero el FMI, echar gente al desempleo, vender sus activos, siendo el mismísimo Presidente de la República quién ordenó aquello, el 22 de julio del año 2016, a través del denominado “Plan venta de gasolineras de Petroecuador”, SIGOB 30624-23973, disposición que se cumplió luego de haber transcurrido cerca de nueve meses desde la fecha que el Presidente de la República impartiera la orden de venta, se adjudicaron a importantes grupos económicos nacionales y extranjeros tres de las 49 estaciones de servicio de propiedad de EP-Petroecuador, entre ellas:

La empresa Elot Construcciones y Servicios Cía. Ltda., cuyos socios o accionistas son: Elio Danilo Wong Lama, con capital accionario de 124.999 dólares; Julia Glenda Wong Lama, con 2 dólares en acciones y Otton Fernando Wong Lam, con una participación de $ 124.999 en acciones, cuyo capital social suma $ 250.000, se adjudicó la estación Guayaquil, ubicada en la ciudad del mismo nombre por un monto de 7’000.000 de dólares. La mencionada empresa fue constituida 11 de enero de 1990, por los ingenieros civiles Otton y Elio Wong Lama y la señora Glenda Wong Lama de Avilés, ante el Notario Público Décimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor Miguel Vernaza Requena.

La empresa Distribuidora y Comercio Automotriz (Dicomtriz) fue constituida en el año 2006 en la ciudad de Manta; es la nueva propietaria de la Estación de Servicios Amazonas, adquirida en 10’561.332,31 de dólares, cuyos accionistas son Serymarcas Holdings Lld, quién integra a otras compañías Servymarcas Group Llc Y Servymarcas Partners Llc, de los “Estados Unidos de América”, con un capital de 792 dólares; también la integra el ecuatoriano Diego Gustavo Endara Ávila, con un capital de 8 dólares, que sumados y como capital suscrito en la Superintendencia de Compañías es de 800 dólares.

La empresa Distripetrol S.A., constituida en el año 2014, es la  nueva administradora de la Estación de Servicio Ponceano obtenida en 4’200.000,00 de dólares; los accionistas de ésta compañía son: Alicia Analí Bustos Álava, con $ 9.999 de capital; Ángel Alfredo Bustos Álava, con $ 1 dólar de capital; y, la compañía ecuatoriana Grabrielse S.A., compañía que lo integran Margarita María Isaías Bucaram y José Gabriel Massuhi Isaías, con 400 dólares de capital cada uno. El capital suscrito de la compañía es de 800 dólares. Las estaciones de servicio vendidas por el gobierno de Rafael Correa Delgado, al sector privado fueron adquiridas por un valor de 21’761.332,21 de dólares.

Es necesario aclarar que Gabrielse S.A. fue constituida el 21 de septiembre del año 2010, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil doctor Piero Gastón Aycart Vicenzini, en ella constan como accionistas los señores: Harold Xavier Quizhpi  Aguilera y Jairo Washington Baque Castro; posteriormente disuelta el 3 de junio del 2014; luego reactivada el 26 de junio del año 2015, ante la Notaria Pública Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, abogada Alexandra Germán Gaybor, en la cual constan ya como accionistas (la ex liquidadora) señora Margarita María Isaías Bucarám y José Gabriel Massuh Isaías, representado por su apoderado el señor David Rojas Urzúa.

Las mencionadas “gasolineras comercializan mensualmente un promedio de 2.4 millones de galones de combustible”. Sus ventas fueron adjudicadas el 20 de enero y recién de 4 de abril de 2017 se suscribieron las respectivas escrituras públicas ante los Notarios 49, 63 y 26 del cantón Quito, con la presencia de los representantes legales de las mencionadas empresas y el Gerente de EP-Petroecuador Ingeniero y Teniente de Navío en s.p. José Luis Cortázar.

Comportamiento que demuestra una vez más, que está del lado empresarial, se deshace de empresas públicas rentables para ponerles en bandeja de plata al sector privado, ampliando ganancias que vienen en ascenso desde el inicio de su gobierno, justificando siempre con su absurdo y contradictorio discurso, que a nombre de gobernar para los pobres, paradójicamente se terminan beneficiando los ricos.

La Unión Cementera Nacional (Ucem)

Por orden del presidente la República Rafael Correa Delgado se fusionaron las compañías: Industrias Guapán S.A. y la Cemento Chimborazo C.A. para constituir la Empresa Pública Cementera Nacional, mediante escritura pública celebrada el 17 de octubre del 2013, ante el Notario Público de la ciudad de Riobamba, Raúl Dávalos Maldonado; representadas por la ingeniera Noemí Pozo Cabrera y el ingeniero Manuel Román Moreno, en su orden y conforman la “Compañía de Economía Mixta, Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M.”

Cuando Ramiro González fue ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) compró las acciones de la Fábrica Industrias Guapán, valoradas en 72’000.000 de dólares, más 12’000.000 de dólares, por utilidades del año 2012 y 5’000.000 de dólares de utilidades por el primer trimestre de 2013, en total el BIESS recibió 89’000.000 de dólares por la venta de las acciones de la Compañía de Industrias Guapán S.A.

La Unión Cementera Nacional, según la Superintendencia de Compañías está integrada por 178 socios con un capital total de 232’222.386 de dólares. Los principales accionistas son: Casaracra S.A., del cual es parte el Grupo YURA S.A.; el Consorcio Cementero del Sur S.A. que lo integran los señores Jorge Columbo Rodríguez Rodríguez y Vito Modesto Rodríguez Rodríguez; el Grupo YURA S.A. que lo conforman los mismos integrantes del Consorcio Cementero del Sur S.A., subsidiaria del Grupo Gloria,  todos de nacionalidad peruana.

Entre los socios nacionales citaremos algunos de los 178, que integran la “Compañía de Economía mixta, Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M.”: el Banco del IESS (BIESS); la Cámara de Agricultura de la Primera Zona; la Congregación Educacional del Verbo Divino en el Ecuador; la Federación Deportiva de Chimborazo; el Fideicomiso Mercantil Trabajadores Cemento Chimborazo; Filanvalores S.A., del cual es parte el Banco Central del Ecuador; Inversiones Dodo Dogosa SA, que lo componen la chilena Carolina Abboud Abud y el ucraniano Martín Alexander Huet Abboud; Investban C.A. Casa de Valores, del cual forman parte, inter unión Compañía Limitada, Investban C.A. Casa de Valores, Ramiro Esteban Crespo Fabara, Alberto Leopoldo Dorfzaun Heid y Luis Enrique Pérez Ordoñez; la Unión Cementera Nacional, UCEM S.A., que lo integran el grupo peruanao ya citado y los ecuatorianos.

Una vez constituida como empresa pública, con el visto bueno del presidente Correa, el mismo Ramiro González la privatiza, vendiendo las acciones a la cementera Yura, subsidiaria del grupo peruano “Gloria”, pretextando la necesidad de un socio estratégico que invierta 150’000.000 de dólares para ampliar la producción de cemento de 1.600 a 3.600 toneladas por día, pese a la inversión solamente alcanzarán a producir 2.400 toneladas diarias, (es decir 1.200 toneladas menos de lo acordado). La empresa mencionada invertirá 230 millones de dólares para la producción de clinker y la ampliación de la cementera; el paquete accionario queda distribuido de la siguiente manera 63,5% para el grupo Yura  y el 33,5% para la Unión Cementera Nacional.

Con la asociación de Yura como socio estratégico violan la Constitución Política del Ecuador, e incumplen la Ley Orgánica de Empresas Pública que en su Artículo 4, dice: Definiciones.- Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que correspondan al Estado. Las empresas subsidiarias son sociedades mercantiles de economía mixta creadas por la empresa pública, en las que el Estado o sus instituciones tengan la mayoría accionaria”.

Mientras que la Constitución Política del Ecuador en su artículo 315, inciso cuatro dice. “La Ley definirá la participación de las empresas públicas en empresas mixtas en las que el Estado siempre tendrá la mayoría accionaria, para la participación en la gestión de los sectores estratégicos y la prestación de servicios públicos”.

El Artículo 316 de la misma Carta Magna apunta: “El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en la ley para cada sector estratégico”. Cualquier acto en contrario es inconstitucional, en el ámbito de estricta justicia e interés nacional se debería consultar a los ecuatorianos si se debe vender o ceder las empresas públicas, mucho más si son consideradas estratégicas y pilares fundamentales para el desarrollo del país, como resultan ser las minas, el petróleo, las hidroeléctricas, pero nada de los expuesto se ha hecho por ningún organismo del Estado.

El despojo nacional dispuesto por Lenín Moreno lo iniciarán con CNT-EP

Santiago Cuesta Caputti ha expresado públicamente que concesionará CNT-EP por 20 años a cambio de $4.000 millones, suma en apariencia colosal, pero si dividimos dicha cantidad por los años a entregarse a la empresa privada veremos que alcanzaran 200 millones por utilidades, diferenciándose en apenas 50 millones de dólares con respecto a las utilidades logradas por la empresa pública; recordemos, que CNT-EP en el año 2016 facturó por ventas más de 1.000 millones de dólares y por utilidades obtuvieron 221 millones de dólares; en el 2017 obtuvo 150 millones de dólares en utilidades y por ventas más de 1.000 millones de dólares ofertando: telefonía fija y celular más o menos 500 millones y el resto la comercialización de celulares, internet y televisión por cable. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), creada mediante fusión de Andinatel y Pacifictel, a fines de octubre del 2008, su patrimonio está por encima de los 2.000 millones de dólares.

Las cantidades anotadas por el señor anti patria, fácilmente pueden ser alcanzadas por los empleados y trabajadores de la empresa pública sin necesidad de concesionarse. Llama la atención que de los 200 millones de dólares al Estado entregarán apenas el 25%, es decir 50 millones de dólares y el resto queda con los eficientes empresarios. Es decir el gobierno con las matemáticas del cangrejo (porque van para atrás), les regala 150 millones anuales a los empresarios privados.

Ganancias “inocentes”, con las quieren mostrar una apariencia de bondad y consideración a los ecuatorianos hasta que firmen los contratos o convenios, luego nos caerá con toda la fuerza el hacha de los incrementos en los costos de los servicios en teléfonos, internet, televisión por cable, porque en ellos nunca está el servicio sino en lucro, la ganancia a cualquier costo, su meta siempre es y ha sido recuperar su dinero en el menor tiempo posible, para luego “disfrutar de las ganancias explotando inmisericordemente  alos trabajadores y empleados, luego a los usuarios.

De manera cínica y descarada, el señor Cuesta Caputti ha hecho público la venta de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), pese a su rentabilidad, el camuflado  continuismo de la revolución ciudadana quieren entregarla a los trogloditas económicos nacionales o transnacionales a través de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones recurriendo a los siguientes artículos:

“Artículo 14.- Formas de Gestión. Con sujeción a lo dispuesto en la Constitución de la República, los servicios públicos de telecomunicaciones son provistos en forma directa por el Estado, a través de empresas públicas de telecomunicaciones o indirecta a través de delegación a empresas de economía mixta en las cuales el Estado tenga la mayoría accionaria o a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria.

Artículo 15.- Delegación. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, para otorgar títulos habilitantes por  delegación, considerará lo siguiente: literal b:Para el caso de empresas públicas de propiedad Estatal de los países que forman parte de la comunidad internacional, la delegación para el uso o explotación del espectro radioeléctrico o para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones podrá hacerse en forma directa en todos los casos, la delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en esta Ley y en las regulaciones que para el efecto remita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones”. El literal c: anota que “para la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, se otorgarán títulos habilitantes para la provisión de servicios públicos de telecomunicaciones y para el uso del espectro radioeléctrico asociado a dicha provisión”, el numeral 3, del mismo literal c apunta “cuando el Estado no tenga la capacidad técnica o económica”.

Para consolidar lo descrito aplicaran lo estipulado en la Ley de Modernización del Estado, artículo 43, literal ch) venta  (sinónimo de delegar).

Las hidroeléctricas

Las 8 centrales  hidroeléctricas que le costaron a los ecuatorianos, algo más de 4.720 millones de dólares, serán subastadas a menor costo, mediante la aplicación del artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica que dice: “De las empresas públicas y mixtas.- El Estado, a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, podrá autorizar a empresas públicas, Creadas al amparo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas las actividades de generación, transmisión; distribución y comercialización, importación y exportación de energía eléctrica y servicio de alumbrado público general. Para el cumplimiento de estas actividades las empresas públicas podrán celebrar todos los actos o contratos de adquisición de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios que considere necesarios…”.

El inciso tercero anota: “El Estado, a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovables, podrá autorizar las actividades de generación, transmisión, distribución; y comercialización, importación y exportación de energía eléctrica, y servicio de alumbrado público en general entre empresas estatales de los Estados de la comunidad internacional”.

Mientras que el artículo 25 de la misma ley apunta: “De las empresas privadas y de economía popular y solidaria.- El Estado, por intermedio del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable podrá delegar, de forma excepcional, a empresas de capital privado, así como a empresas  de economía popular y solidaria  la participación en las actividades del sector eléctrico..”.

Su excepcionalidad consta en el inciso tercero de la siguiente manera: “Se exceptúa de los procesos públicos de selección, mencionados en éste capítulo, el otorgamiento de concesiones, que conforme a este artículo, efectúe el Estado por intermedio del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, respecto de proyectos que dispusiere, mediante delegación a empresas estatales extranjeras o subsidiarias de estas, compañías de economía mixta o a consorcios en que dichas empresas estatales tengan participación mayoritaria”.

Declaraciones dadas por el ministro Carlos Pérez García, dice que se concesionarán las hidroeléctricas Sopladora en 800 millones y Coca Codo Sinclair en 1.500 millones de dólares. Según oficio remitido el 26 de junio del 2018 por la Secretaria Nacional de Comunicación informa que la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC-EP) y la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL-EP) “han realizado transferencias por $350 millones y $100 millones, respectivamente, al Ministerio de Finanzas, respectivamente. Estos valores no estaban generando rendimientos y por ello se transfieren al Estado mediante convenios de inversión (certificados de tesorería)”. Estas cantidades entregadas al mencionado ministerio, son las ganancias de las hidroeléctricas y que no han sido reinvertidas en planes o programas de mejoramiento en sus las mencionadas empresas públicas.

El prófugo de la justicia ecuatoriana dejó las cosas listas para la entrega a capitales privados nacionales o extranjeros de las 8 hidroeléctricas construidas en su mayoría con préstamos del Eximbank de China; de ellas, Sopladora, construida a un costo de 800 millones de dólares, genera 487 MW, ubicada entre las provincias de Morona Santiago y Azuay, que forma parte del complejo hidroeléctrico del Río Paute o Paute Integral (Mazar-Molino-Sopladora), el más grande del país.

No se descarta la posibilidad de que el gobierno ponga en venta todo el complejo hidroeléctrico Paute, ya que la represa que alimentan de agua para el funcionamiento de las turbinas de Molino y Sopladora se encuentran río arriba en Mazar; de ser así, los costos de generación se incrementaría notablemente. Además porque las empresas constructoras la china Gezhouba y la ecuatoriana Fopeca por las deudas que mantienen por obras inconclusas en obras civiles, de electromecánica y gestión ambientas que llegan a los 11,7 millones de dólares; además, porque las contratistas deberán pagar 672.192 dólares diarios por una serie de inconvenientes que aún existen en la hidroeléctrica por abandono de la obra de manera intempestiva. Existe igualmente una sanción “por 454 días de retraso que suman 305,1 millones. Este monto equivale al 45,4% del contrato inicial, que fue de 672,1 millones”.

El ex empleado de la transnacional petrolera Hallyburton y actual ministro de Energía y Recursos No Renovables considera que “la empresa privada es más eficiente en el manejo de estos proyectos”. Lamentables y desatinadas declaraciones ya que el Estado no es el ineficiente sino las personas que lo dirigen, en este caso los ministros que tiene bajo su responsabilidad el gerenciamiento de las empresas públicas. ¿Por qué el Ministro Pérez García calificado como excelente, eficiente e inteligente empleado en la compañía del ex vicepresidente de los EEUU, Dicky Chenney, en el ámbito nacional, desempeña un papel contrario, totalmente ineficiente en la conducción de las empresas estatales bajo su responsabilidad? ¿Acaso hay intereses particulares de tipo económico-empresarial sobre dichos bienes del Estado? ¿Es a propósito que los hacen fracasar para que pierdan valoración y las burguesías locales y transnacionales las adquieran a precios de gallina robada como dice nuestro pueblo?

Seguros Sucre

Es la mayor aseguradora del país, su ganancia (Prima) en el año 2017 fue de $274.63 millones y en el 2018 alcanzó los 266,9 millones de dólares; con activos que oscilan alrededor de $466,94 millones. La Revista EKOS Negocios en su número 303 de julio de 2019, informa que su actividad principal está alrededor de vehículos, lidera en seguros contra incendios y que “…tuvo la visión de apoyar el desarrollo productivo y económico de la agricultura, así nace el seguro agrícola. Esta herramienta financiera protege la inversión realizada en el cultivo, desde la siembra hasta la madurez fisiológica del mismo, indemnizando las pérdidas ocasionadas por eventos climáticos y biológicos”.

Banco del Pacífico

En la lista de empresas a concesionarse consta también el Banco del Pacífico, en el ranking financiero de la revista Ekos Negocios, número 301, de mayo del 2019, ocupa el sexto puesto de los ocho con activos superiores a 1.000 millones de dólares. Institución financiera que en el año 2017 alcanzó 70,23 millones de dólares en utilidades y en el 2018 logró $100,28 millones, tiene activos por 5.534 millones de dólares y más de 2 millones de clientes en el país, cuenta con 17.000 puntos de atención al público. No se descarta la concesión de las refinerías de Esmeraldas y la del Pacífico.

Andamiaje jurídico para apropiarse del Patrimonio Nacional

La entrega de tierras a compañías transnacionales empeñadas en la agroindustria, se encuentra estipulado en la “Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales”, artículo 20 dice: Las empresas públicas extranjeras en garantía  de la soberanía alimentaria, podrán adquirir, arrendar o tomar en usufructo, tierras rurales en el territorio nacional para proyectos de producción agraria, previa autorización de la Autoridad Agraria Nacional” (…) La inversión extranjera en materia agraria deberá procurar la generación de capacidad productiva, empleo, la incorporación de componentes nacionales y la transferencia de tecnología…); según el artículo 32, la Autoridad Agraria Nacional, es el ministerio del ramo, es decir, el ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. (MAGAP).

Aparte de las leyes y artículos descritos líneas arriba, existen otros que complementa dicho traslado a la empresa privada nacional y extranjera como el Código Orgánico de la Producción en su Artículo 100, establece: “Excepcionalidad.- En forma excepcional debidamente decretada por el Presidente de la República cuando sea necesario y adecuado para satisfacer el interés público, colectivo o general, cuando no se tenga la capacidad técnica o económica o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas, el Estado o sus instituciones podrán delegar a la iniciativa privada o a la economía popular y solidaria, la gestión de los sectores estratégicos y la provisión de los servicios públicos de electricidad, vialidad, infraestructuras portuarias o aeroportuarias, ferroviarias y otros.

Se garantizará lo dispuesto en la Constitución y se precautelará que los precios y tarifas por los servicios sean equitativos y que su control y regulación sean establecidos por la institucionalidad estatal. La modalidad de delegación podrá ser la de concesión, asociación, alianza estratégica, u otras formas contractuales de acuerdo a la ley, observando, para la selección del delegatario, los procedimientos de concurso público que determine el reglamento, salvo cuando se trate de empresas de propiedad estatal de los países que formen parte de la comunidad internacional, en cuyo caso la delegación podrá hacerse de forma directa”.

La Ley de Modernización del Estado, en su Capítulo V, sobre la desmonopolización de servicios públicos a la iniciativa privada, Artículo 41 faculta la “Delegación” y dice: “El Estado podrá delegar a empresas mixtas o privadas la prestación de servicios públicos de agua potable, riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad facilidades portuarias, aeroportuarias y ferroviarias, servicio postal u otras de naturaleza similar. La participación de las empresas mixtas o privadas se hará mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de la propiedad accionario o de cualquier otra forma contractual o ‘administrativa’ de acuerdo con la ley. (…) La exploración y explotación de los recursos no renovables cuya propiedad inalienable e imprescriptible pertenece al Estado, podrá hacerse  a través de empresas públicas, mixtas o privadas”.

El artículo 42 de la misma ley, describe sobre los “Procedimientos”, y apunta que “Los procesos de desmonopolización, privatización y  delegación  previstos  en  esta  ley  se realizarán mediante los siguientes procedimientos: a) La reestructuración administrativa y reforma financiera de aquellas entidades e instituciones de derecho público que deban permanecer como parte del Estado, incluyendo la reforma de sus directorios, cambio de su adscripción, nombre y ejercicio de competencias; y, b) La  delegación total o parcial, o la transferencia definitiva al sector privado, de la gestión que desarrollan…”

Mientras que el Artículo 43 de la misma ley dice: “Modalidades.- Los procesos a que se refiere el artículo que antecede, se llevarán  a  cabo  por  medio  de una o más de las siguientes modalidades:

1. a) Aporte total o parcial al capital de sociedades por acciones;
2. b) Arrendamiento mercantil “o negocios fiduciarios”;
3. c) Concesión de uso, de servicio público o de obra pública, licencia, permiso u otras figuras jurídicas reconocidas por el derecho administrativo;
4. ch) Venta;
5. d) Transformación,  fusión,  escisión  y liquidación de empresas estatales o mixtas; y,
6. e) Cualquier otra modalidad que mediante Decreto determine el Ejecutivo y que este amparada por la Ley ecuatoriana”.

La Constitución Política del Ecuador en su Artículo 313, dice: “El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social.

Se consideran sectores estratégicos: la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la Ley”.

En las disposiciones reformatorias ordena se reforme el Código de la Producción, en artículo 24 luego del numeral 3, se agregue lo siguiente: “Para proyectos públicos ejecutados en asociaciones público-privada: Las inversiones que se realicen en el contexto de la ejecución de proyectos públicos en la modalidad de asociación público-privada podrán obtener las exenciones al impuesto a la renta, al impuesto a la salida de divisas, a los tributos al comercio exterior y más beneficios previstos en la Ley de Régimen Tributario Interno…”.

* Estudió Sociología en la Universidad de Cuenca; realizó un curso de Educación Política en la Escuela “Julio Antonio Mella” de la Habana Cuba, ha participado en seminarios nacionales e internacionales. Sus publicaciones son: “Imperialismo, Deuda Externa y Militarismo en América Latina”; “Apuntes Sobre Democracia y Globalización”; “Gutiérrez: Edecán del Imperio”; “Entre el Consenso de Buenos Aires y el Socialismo del siglo XXI”; “La Derecha Disfrazada”; “Falsa Revolución” y “El Maridaje del Correísmo con los Grupos Económicos del Ecuador”.