En su casa, la violencia era cosa de todos los días, hasta que su madre huyó. Así que desde muy pequeña Norma compartió hogar con quien resultaría su violador: su propio padre, Raúl.
Hasta los 6 años vivió con él, pero la violación de María, su prima de 12, prendió las alarmas. Solo entonces, como medida de protección, separaron a Norma de Raúl y así comenzaría su peregrinar de una casa a otra. Primero al cuidado de una prima, luego con una amiga de la familia y finalmente, con su madre.
Pero este lugar no era precisamente el sitio más seguro para una niña: fue allí donde la nueva pareja de su madre agredió sexualmente a su hermana, una niña también.
De este entorno de abusos y violencia la rescató Diego, su hermano. La sacó de esa casa y la llevó a vivir con sus abuelos paternos. Durante dos años, Norma tuvo un respiro: fue al colegio, exploró, jugó y compartió con otros niños de su edad. Hasta que la abuela murió.
Las autoridades, indiferentes, permitieron que Norma volviera a vivir con Raúl, el maltratador de su madre; el violador de su prima, María.
Todo comenzó, precisamente, a la edad a la que fue violada María. A los 12 años las noches para Norma se convirtieron en pesadilla.
Los cambios en su cuerpo comenzaron en 2013. Norma no había recibido información sobre sexualidad y solo tuvo una vez la menstruación antes de quedar embarazada. ¿Cómo explicar ese dolor agudo en el vientre? “¿Serán bichos en la barriga?”, se preguntaba. ¿Cómo entender todos estos cambios en su cuerpo?
Raúl, el abusador, la mantenía encerrada: ya no iba al colegio y la obligaba a encargarse de las labores domésticas. Un día, después de mucho rogarle, la dejó salir para encontrarse con su hermana, Ana. Ella, fue quien descubrió que era víctima de violencia sexual por parte de Raúl y que estaba embarazada.
En el caso de Norma, sufrió depresión y se enfrentó frecuentemente a ideas suicidas.
Me queri?a matar, no queri?a seguir viviendo. Me quería botar de una peña”.
A pesar de ello, no pudo acceder a un aborto legal, como lo establece la ley en su país. Sin alternativas que garantizaran sus derechos, se vio forzada a continuar el embarazo. El día en el que dio a luz, el personal de salud creyó que su miedo era terquedad y sus derechos una vez más fueron vulnerados: amenazaron con enviarla a otro hospital y uno de los doctores le recriminó: “¿Para hacerlo sí abrió las piernas, pero para tenerlo no?”.
Aunque Diego, su hermano, interpuso la denuncia por la violación contra Raúl, el procedimiento fue sumamente lento. Tomó meses ordenar la captura y Raúl huyó sin dejar rastro. Tras cuatro años de impunidad, enfermó gravemente y murió sin responder por su crimen.
La vida de Norma se transformó. Se vio forzada a asumir una maternidad para la cual no estaba preparada. Y en ella, las preguntas persisten: “A veces me da pena de cómo me pasan las cosas y me pongo a pensar por que? mi papa? me hizo esto” afirma.
La historia de Norma no es excepcional en Ecuador: cada día 7 niñas quedan embarazadas producto de violencia sexual, lo cual pone en riesgo su vida y su salud física y mental. Así lo asegura la campaña Niñas no madres.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el país, 17.448 niñas menores de 14 años sobrevivientes de violencia sexual tuvieron un parto entre 2009 y 2016.
Las niñas fueron obligadas a ser madres y sus casos de violencia sexual no fueron judializados, pese a las denuncias. Según los datos presentados por la Defensoría Pública en la discusión del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Integral Penal, en 2016, “aunque cada día se reciben 3 denuncias por violación de niñas menores de 14 años, la gran mayoría de los casos no son procesados formalmente”.
Uno de esos casos es la historia de Norma que ante la falta de protección por parte de los sistemas de salud y justicia de Ecuador, decidió buscar justicia a nivel internacional.
El pasado 29 de mayo de 2019, el testimonio de Norma, una mujer valiente que hoy trabaja como empleada doméstica, junto con otros tres casos de niñas sobrevivientes de violencia sexual en Ecuador, Guatemala y Nicaragua fueron presentados ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
El objetivo: exigir que se garantice que las menores no sean obligadas a tener hijos producto de una violación, que ocurre en el 80% de los casos, y que el Estado garantice su protección y les permita decidir sobre su cuerpo.
*Redacción La Línea de Fuego
