29 agosto 2014
No pueden no sorprender las declaraciones presidenciales sobre un derecho del Estado ecuatoriano para decidir sobre fondos privados y transferirlos a la gestión pública. En contados días dos casos se volvieron enigmáticos.
La idea era transferir al sector público (al BIESS, Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) fondos formados por aportaciones personales de los maestros para tener un fondo propio de cesantía, un sueño de la clase trabajadora. Ahora, el presidente asume que el fondo de los maestros, que reciben un salario pagado por el Estado, es dinero del público. Sorprendente, el salario no le pertenecería al trabajador.
Antes que el país incorporara las medidas primeras del Estado de Bienestar, como fue la invención de la Seguridad Social, el trabajador independiente sufría de llegar a una vejez en condición de mendicante. La Seguridad Social le ayudó a resolver muchos problemas pero no logró garantizar un retiro apropiado para una edad en la que, además, requiere mayores ingresos personales. Tener un fondo propio suplementario al de la seguridad social, por lo mismo, fue una positiva medida de la UNE (Unión Nacional de Educadores). Este fondo, como todos los fondos de pensiones, se ha alimentado con aportes propios, personales, privados. Desde luego que se puede cuestionar, o no estar de acuerdo con el modo de gestión que miembros del partido MPD (Movimiento Popular Democrático) pueden hacer del fondo, pero eso es otro tema. Y de ser así, es algo que requiere otro tratamiento, pues es ámbito privado.
En segundo lugar, el presidente ecuatoriano ha considerado que el porcentaje de ganancias de una empresa que, según la ley, debe ser repartido a los trabajadores, es excesivo en las empresas de telecomunicaciones. Resultaría excesivo que un trabajador podría recibir entre $10.000 o el doble de dinero de suplemento salarial en un año. Consiguientemente, él concluye que se debe cortar ese porcentaje (15%) y ese monto. Pues, según su argumento, ese es dinero del pueblo que debe servir para “obras para el pueblo”.
¿Se puede sin más cortar derechos absolutamente legales y justificables como la repartición de las utilidades a los trabajadores de las empresas telefónicas? Si los beneficios de esas empresas, de donde proviene el monto de beneficios a ser distribuido a los trabajadores, es “dinero del pueblo” y se quiere cortarlo “para obras sociales”, ¿por qué no hacerlo de cualquier otra empresa? Si así es, todo es dinero del pueblo y si los salarios entregados o ganados por los empleados públicos es dinero del pueblo, pues bien todo es público nada privado.
En el caso del FCME, fuera de la clara opción gubernamental de opacar al MPD; como bien se argumenta ya, se trataría también de un cálculo circunstancial de entradas y monetarias fiscales al sector público, gracias al significativo monto de este fondo de cesantía del magisterio. Por nuestra parte subrayamos que estas medidas se las hace sin pensamiento para definir un sistema de sociedad; sin embargo, se vuelve un planteamiento que merecería debate. Considerando el funcionamiento gubernamental actual, bien podría volverse práctica imperante, a pesar de carecer de definiciones et significados otros que los fiscalistas. Sólo los hechos los definirían así como a sus límites.
En el pasado, hubieron muchas reflexiones sobre lo que fue una revolución del capital: la invención del salario. Los fisiócratas iniciaron y los economistas clásicos (Smith, Ricardo, Marx) ahondaron, como también lo hicieron los socialistas como Fourier, en definir un significado al salario. Ellos verán más allá del fenómeno del pago, al reflexionar sobre cómo se crea la riqueza en la sociedad. Se centran en que ese cambio de la materia prima en un bien, adquiere valor gracias al trabajo. Esa es la base de la riqueza, también es el valor de la propiedad, por más que algunos querían reducirla a simple forma jurídica. ¿A quién pertenece el trabajo? Para todos es el trabajador que crea valor y es el capitalista que lo expropia, o si se quiere, que capte su trabajo a cambio de un salario. Lo mínimo de propiedad que le queda al trabajador es el salario.
Pero si ahora el gobierno ecuatoriano considera que el salario es público, habríamos bruscamente saltado a un comunismo o su equivalente del cual soñaban los “utopistas” desde Platón, a T. Moro, o a tantos del XIX como Sismondi, Godin, Lafargue, o a lo que Marx retomó de aquello que Prudhon pensaba sería su Economía Social y Solidaría de “dar a cada uno según sus necesidades”. Pero Correa, ahora, retoma el sueño soviético muy diferente: que el Estado encarna el bien público y que todo puede servir para eso. Los soviéticos gerenciaban los salarios, pero no llegaron al punto de concebir que el salario seguía siendo un bien público y propiedad de nadie. El salto ecuatoriano sería que del valor que crea el trabajador, la mínima parcela devuelta en salario, sigue siendo estatal. Así, el trabajo mismo ya no es del trabajador sino del Estado. ¡Que extraño!, sería un comunismo a la ecuatoriana, sin pensamiento pues es Socialismo del XXI que camina primero para después definir una razón. Conviene registrarlo en algún sitio, mágico.
Cómo no recordar a P-J. Prudhon, para quien “la propiedad era robo” y había que desaparecerla, y a quien Marx condenaba ya que le decía que no entendía lo que el sistema de propiedad y el capitalismo significaban en diferentes sociedades, en su evolución. Le reprochaba al primero de eliminar utópicamente la propiedad sin un sistema nuevo, lo que para Marx resultaría con una “gran revolución”, y que esa idea de Prudhon erradamente se aplicaba también a “beneficios honestos”.
Anatemas contra el capitalismo o la propiedad del otro, a conveniencia según las circunstancias políticas o las necesidades fiscales, no hacen análisis ni menos búsqueda de verdad. En este caso, crean confusiones e inestabilidad, no son un proyecto político que, suma toda, se esperaría exista en un gobierno que se reclama de socialismo. Al contrario, es hora que AP defina lo que realmente podría ser, eventualmente, su proyecto al respecto, sin estar siempre preso de las circunstancias presidenciales.
