El financiamiento electoral en los Estados Unidos es relativamente transparente. Hay páginas digitales (por ejemplo, OpenSecret.org) que reportan inclusive lo que denominan “dinero oscuro”, es decir, aquellos aportes que se salen de las formas convencionales de recaudar fondos. Ahí constan las redes secretas que se estructuran alrededor de las principales candidaturas.
Nadie en ese país se sorprende de que una campaña presidencial llegue a costar mil millones de dólares. A fin de cuentas, es un país eminentemente capitalista, donde la política es parte de los negocios privados. Por eso hay grupos de defensa de los derechos democráticos que cuestionan esta forma de financiamiento electoral. Common Cause, uno de estos grupos, afirma que se trata de un mecanismo totalmente corrupto, porque permite la influencia de grupos adinerados sobre las autoridades electas e impide una competencia electoral equilibrada. En buen romance, solamente ganan los que tienen buenas chequeras y buenos padrinos.
En ese esquema juegan un papel decisivo las grandes corporaciones. Sus contribuciones son gigantescas y no tienen preferencias ideológicas. Apoyan indistintamente a demócratas o republicanos. Quizás algunas (como las petroleras, las farmacéuticas o las tabacaleras) se inclinen un poco más a favor de los republicanos. En el fondo, todas trabajan por perpetuar un sistema que les garantice una adecuada reproducción y ampliación de sus capitales.
Tres diferencias se perciben con nuestro sistema criollo de financiamiento electoral. En primer lugar, el monto de los gastos. Estamos hablando de una diferencia de cien veces para una campaña presidencial. En segundo lugar, el número de partidos. Acá en el Ecuador los aportes clandestinos tienen que distribuirse entre varias opciones, no vaya a ser que, como es frecuente, gane el menos pensado. Es un secreto a voces que los grandes grupos económicos apoyan financieramente a los más opcionados. Hacen sus diferencias de escala, pero no excluye a nadie.
La tercera diferencia se refiere a la transparencia. Difícilmente en los Estados Unidos habría un caso como el arroz verde. No es necesario. Por alienación o por indiferencia, la ciudadanía ha naturalizado las campañas electorales multimillonarias y los mecanismos irregulares de recaudación de fondos. La información está disponible en portales digitales dedicados a evidenciar estas anomalías.
Pese a estas diferencias, el sistema opera de la misma manera en ambos países. Al menos en sus aspectos esenciales. En el Ecuador, el caso arroz verde ha evidenciado dos prácticas, ambas obscenas: por un lado, el esquema de corrupción e ilegalidad en el financiamiento de las campañas electorales de Alianza País; por otro lado, la doble moral del movimiento verde-flex. Si algo ha quedado en claro es que Alianza País se comportó desde un inicio como un engranaje más dentro de la lógica de los intereses empresariales internos y externos. Cobijado por una verborrea izquierdosa, el partido de gobierno ha reproducido el itinerario trazado desde los centros de poder económico. Para ello tenía que ganar todas las elecciones posibles.
Atrás quedaron las críticas a un sistema electoral injusto. Atrás quedaron los cuestionamientos al sistema electoral del imperialismo, controlado por los intereses corporativos. La corrupción electoral terminó siendo un mal necesario para asegurarse el gobierno. La ética, la igualdad de oportunidades y la transparencia en la lucha política solamente han sido un mito.
*Master en Desarrollo Local. Director de la Fundación Donum – Cuenca. Ex dirigente de Alfaro Vive Carajo.
