Por Alberto Acosta y John Cajas Guijarro*
La prioridad de la humanidad debe ser la lucha por la vida. La pandemia mundial del coronavirus ha jaqueado al planeta. Incluso, se ha acelerado la tendencia hacia una nueva crisis financiera global (que ya se veía venir), quizá mucho más grave que la crisis de 2007-2009. Tal situación puede ir cerrando el acceso al financiamiento desde los mercados internacionales, tema complejo sobre todo para aquellos países exportadores de un petróleo cuyo precio se va acercando a mínimos históricos de un poco más de 20 dólares por barril.
Semejante contexto plantea al Ecuador un período muy difícil: los ingresos petroleros son nulos (o hasta negativos); la emisión de nueva deuda externa en los mercados internacionales es casi inviable (mucho más con un índice de riesgo país que marca más de 3.600 puntos); prácticamente carecemos de instrumentos de política monetaria y cambiaría, pues estamos atados a una moneda que se aprecia en momentos que los países vecinos viven fuertes devaluaciones de sus monedas locales; y, lo más grave, es la existencia de un sistema de salud frágil y golpeado por toda una época de “austeridad”. Estamos obligados, más que nunca, a llevar un manejo responsable y humano de los recursos del país.
En este punto, las deudas pesan. Luego del intento histórico en 2008 de auditar la deuda pública, el Ecuador pronto volvió al endeudamiento irresponsable. Al inicio se lo hizo con China y luego, incluso cuando los precios del crudo bordeaban los 100 dólares por barril, en 2014 el gobierno de entonces retomó relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para bendecir la colocación de bonos en los mercados financieros. Desde entonces, el endeudamiento externo sobre todo vía bonos creció drásticamente, en condiciones costosas en términos de tasas de interés y plazos. Para colmo, el actual gobierno no ha podido contener el endeudamiento agresivo pese a los acuerdos que alcanzó con organismos multilaterales, con el FMI a la cabeza. Acuerdos que han intentado imponer condiciones que profundizan la condición del Ecuador de mero exportador de materias primas, y abaratar agresivamente la mano de obra en compensación a la falta de política cambiaria.
Como resultado de semejante dinámica, a enero de 2020 el Ecuador registró una deuda pública externa de 41.769 millones de dólares, de los cuales: 6.057 millones corresponden al saldo de deuda con China; 11.980 millones corresponden a deuda mantenida con organismos internacionales (BID, CAF, Banco Mundial, FMI y otros); 18.857 millones corresponden a deuda en bonos cuyo vencimiento fluctúa entre 2020 y 2035; y 4.875 millones corresponden a deudas con bancos y otros acreedores menores. A esto cabe agregar 16.790 millones de deuda interna, concentrada principalmente en bonos vendidos al Banco del IESS, el BIESS. En total, la deuda pública – a enero de 2020 – asciende a 58.559 millones de dólares.
Estos saldos demuestran un problema estructural serio develado en especial desde fines de 2014: por más deuda que se adquiera, la economía ecuatoriana (y sobre todo el empleo) no ha sido capaz de superar un estancamiento de más de 5 años (2015-2020). Pero aún más urgente es la implicación inmediata de esa deuda: para marzo de 2020 el país debe pagar 1.230 millones de dólares por servicio de deuda pública (capital e intereses), distribuidos en 944,4 millones para deuda externa y 285,8 millones de deuda interna. Del pago por deuda externa destacan 325 millones correspondientes al vencimiento del saldo de los Bonos Global 2020, deuda que no impugnó oportunamente el gobierno anterior.
“Cuando un Estado se ve en la necesidad de declararse en quiebra, lo mismo que cuando un individuo se ve en tal necesidad, entonces una quiebra limpia, abierta y confesada es la medida que a la vez menos deshonra al deudor y menos perjudica al acreedor”.
Adam Smith, 1776
En momentos que el país necesita volcar todos los recursos posibles a enfrentar la crisis sanitaria del coronavirus, el pago de 1.230 millones de dólares por servicio de la deuda pública simplemente es inhumano. Ninguna obligación financiera puede estar por encima de la urgencia de salvar vidas. Por ello, consideramos que durante el tiempo que dure la crisis del coronavirus, el Ecuador debe suspender el servicio de su deuda pública. Pero no debería hacerlo de forma arbitraria (tanto pretextos a los mercados financieros para ampliar la especulación reflejada en el riesgo país). Más bien, Ecuador debe alegar una suspensión del servicio de la deuda por razones humanitarias e invitar de urgencia a otros países de la región a pronunciarse, como es el caso dramático de Argentina.
A partir de un pronunciamiento coordinado y con el mayor respaldo regional posible, se podría incluso forzar una moratoria generalizada de deuda externa, como sucedió en 1931 y 1932: el “Año Hoover”, impulsado por el presidente estadounidense Herbert Hoover (que llegó tarde, por cierto, y ya no pudo frenar lo peor de la gran recesión de los años 30). Con una moratoria en el pago y en el cobro del servicio de la deuda externa, sin sanciones de ninguna especie, sobre todo los países más vulnerables podrán enfrentar con mayores recursos la crisis del coronavirus e incluso la recesión que se nos viene encima. Tanto las grandes potencias, como los organismos multilaterales y la banca internacional, deberían entender el momento y aceptar la moratoria.
Por su parte, los organismos multilaterales como el FMI deberían facilitar recursos a los países más vulnerables. En ese punto y pensando que la crisis del coronavirus quizá dure meses, el Ecuador podría acudir a los Instrumentos de Financiación Rápida del FMI, buscando plazos y tasas de interés excepcionales. Mientras, se debería solicitar al Banco Mundial el apoyo en programas urgentes de expansión de capacidad instalada hospitalaria.
Tiempos excepcionales exigen medidas excepcionales y coordinadas de manera internacional. Si lo primordial para el gobierno ecuatoriano – y demás gobiernos latinoamericanos – es la vida humana, la moratoria y renegociación inmediata de las deudas externas es urgente. Hoy las palabras de ese gran luchador en contra de la deuda externa, fallecido prematuramente en el año 2000, Manolo Barreno, adquieren total sentido: “Pagar es morir, queremos vivir”.
*Alberto Acosta. Economista ecuatoriano. Profesor universitario. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). Candidato a la Presidencia de la República del Ecuador (2012-2013).
*John Cajas Guijarro. Economista ecuatoriano. Profesor de la Universidad Central del Ecuador. Doctorante en economía del desarrollo en FLACSO-Ecuador.
Fotografía: Referencial de Urbemixradio.
