Pensando en Chile: la Constitución, un proyecto de vida en común

Por Alberto Acosta*

Resulta imposible llegar con recetas provenientes de otras realidades y otras circunstancias. Lo que si puede es compartir experiencias, nada más que eso. Experiencias, que para ser provechosas deben partir de lecturas críticas con el fin de ofrecer opciones que podrían ser analizadas en función del actual proceso constituyente en marcha.

Ese es el afán de este texto corto y comprometido, sobre todo luego de haber palpado directamente la realidad de un país como Chile, empeñado en superar la ficción de democracia que ha vivido en las últimas décadas, desde que terminó una de las dictaduras más sangrientas de la región.

¿Será posible aportar algo desde Ecuador? Podríamos decir que sí.

Algunas experiencias ecuatorianas

Habría primero que mencionar que Ecuador tiene una larga historia acumulada en el tema. A diferencia de Chile con tres constituciones y algunas reformas -1833, 1925, 1980-. Ecuador es un país con adicción a las constituciones y también a las asambleas constituyentes. Existe como República independiente desde 1830 y a la fecha registra 21 constituciones. Eso no es un logro, sino todo lo contrario: es un grave problema en tanto no se respetan las normas establecidas, que debieran ser un marco referencial para la construcción democrática de una sociedad democrática. Tan preocupante es esta inestabilidad que hoy hay fuerzas políticas en esencia conservadoras -de todos los pelambres ideológicos, incluyendo los correístas- que plantean cambiar nuevamente la Constitución del 2008, aprobada mayoritariamente por primera vez en un referéndum luego de una Asamblea Constituyente.

La inconsecuencia con la Constitución refrendada en las urnas se conjuga también con el lamentable desperdicio de la década “progresista” en Ecuador. En lo político se debió dar paso a una democracia radical, más horizontal y más participativa en todos los ámbitos y se hizo todo lo contrario: no hubo ni revolución ni ciudadanía, como rezaba la propaganda, se terminó por construir nuevamente un caudillismo puro y duro. En términos económicos, no hubo cambios en la matriz productiva, se ahondaron los extractivismos abriendo la puerta a la megaminería, ampliando la frontera petrolera, consolidando los monocultivos. Y si bien en un inicio se redujo la pobreza no se afectó para nada las lógicas que reproducen la desigualdad y la concentración de la riqueza, con lo que a la  postre durante el auge petrolero y aún más después, los principales beneficiarios fueron los grandes grupos económicos.

A pesar de que el “progresismo” ecuatoriano -tal como sucedió con los otros gobiernos “progresistas”- se llenó la boca con discursos revolucionarios y socialistas, apenas se intentó modernizar el capitalismo, dando paso, en paralelo, a la profundización de la dependencia del mercado mundial en tanto país suministrador de materias primas. Triste saldo de una década que empezó con muchas ilusiones y expectativas de cambio.

Recordemos que, en Ecuador, a la Asamblea Constituyente, que se instaló al finalizar el año 2007, se llegó como resultado de un complejo proceso de luchas y de construcción de alternativas que se inició años antes. Llegado el momento hubo que disputar esa posibilidad y cristalizarla afectando el anterior marco constitucional a través de un referéndum que autorizó la convocatoria a dicha Asamblea. A partir de esa decisión popular se realizaron las elecciones para elegir a sus miembros, en condiciones que comenzaron a establecer claros mecanismos de equidad de género -norma de cuotas que aseguren la participación equitativa de las mujeres- y mecanismos de financiamiento igualitario de la propaganda electoral -sistemas de financiamiento estatal igualitario para todas las candidaturas a través de todos los medios de comunicación-. Y su instalación tanto como su desenvolvimiento convocó a una casi permanente movilización de la sociedad, tanto en el seno de la Asamblea en Montecristi como en el resto del país. La sociedad movilizada fue en esencia la verdadera Asamblea Constituyente.

“En la medida que Rafael Correa se transformaba en el caudillo del siglo XXI, a la Constitución se le convertía en letra muerta sobre todo en aquellos aspectos que buscaban profundizar la democracia”.

Por esa razón, a contrapelo de los otros procesos constituyentes ecuatorianos, encerrados casi siempre en marcos institucionales conservadores, el proceso de los años 2007 2008 fue abierto, con una enorme participación ciudadana, sobre todo en sus primeros siete (de los ocho) meses de duración. Entre otras medidas, organizar la Asamblea en alrededor de 10 mesas constituyentes facilitó el procesamiento de los temas y abrió la oportunidad de llevar físicamente el debate a todas las provincias y a una gran cantidad de cantones del país. En este punto se puede rescatar la interesante experiencia ecuatoriana -y también se podría recuperar la colombiana de 1991- que permitió recoger y sistematizar los cientos y miles de propuestas constitucionales, desde simples artículos hasta constituciones enteras.

El saldo de la aplicación de dicha Constitución, en vigencia desde el 2008, es pobre. Muchos de sus elementos fundamentales no fueron respetados por el Gobierno que ayudó a aprobar la nueva Constitución, tampoco por el actual. En la medida que Rafael Correa se transformaba en el caudillo del siglo XXI, a la Constitución se le convertía en letra muerta sobre todo en aquellos aspectos que buscaban profundizar la democracia, cambiar estructuralmente el modelo de sociedad y de economía. En otros aspectos el caudillo hizo caso omiso porque no entendió de qué se trataba. Y otros temas, por lo demás, fueron burdamente violados o reformados en procesos abiertamente inconstitucionales.

Lamentablemente por diversas razones, que en este breve texto no cabe reseñar, el intenso proceso constituyente ecuatoriano se enfrió muy rápidamente. Los afanes de concentración de poder del entonces gobernante terminaron por impedir que el empoderamiento por parte de la sociedad continúe. Eso también explica porque la Constitución no pudo echar sus raíces de forma profunda y sostenida.

El reto, para evitar esas situaciones vividas en Ecuador, es construir un marco constitucional lo más consensuado posible, a ser alcanzado con una gran participación social, sin que se sacrifiquen los ejes fundamentales para construir una sociedad realmente democrática. El concepto que debe ser conjugado permanentemente en clave de democracia, es convivencia. Y eso solo se consigue si hay libertad, igualdad, equidad.

Desde Ecuador con Chile como horizonte

 Más allá de las potencialidades y las limitaciones de la Constitución ecuatoriana, pensando en algunas cuestiones más formales, pero sobre todo en algunas de fondo que podrían ser de interés en el proceso constituyente chileno, destaquemos algunos puntos.

Para empezar preguntémonos qué es una Constitución. Esta es ante todo un proyecto de vida en común. No se trata de normar las relaciones sociales actuales, sino de transformarlas. Vista desde esa perspectiva, la Constitución prefigura una sociedad democrática que necesariamente debe ser el resultado de un proceso democrático. Es a la vez una caja de herramientas para dicha construcción. Con sus derechos y sus deberes establece el marco referencial de las instituciones políticas para hacer realidad ese proyecto de vida en común que debe ser -al menos eso se propuso en Ecuador-,  democrático, equitativo e igualitario, potenciando todos los elementos emancipadores de una sociedad que asume directamente el papel de actor del cambio. Y esto tuvo como punto de partida en Ecuador un Estado constitucional de derechos, plurinacional e intercultural, para sintetizar el primer artículo de su carta magna.

Por cierto, por si sola, la Constitución no puede ser el motor del cambio. Luego de su aprobación habrá que cuidarla, utilizarla y mantenerla viva, introduciendo los ajustes que en el camino sean necesarios respetando siempre sus normativas y sobre todo su espíritu. La Asamblea o Convención Constituyente, entonces, no puede ser entendida solo como el proceso de creación de un nuevo marco jurídico en un período de debates preestablecido, pues ese tiempo es apenas parte de un proceso que tiene un antes y un después; por cierto, en el caso chileno ese antes ya dura varios años. Y tampoco nos engañemos, un proceso constituyente puede conducir a un camino sin salida o inclusive ser un abierto fracaso en la medida que los grupos de poder, empeñados en cambios para que no cambie nada, coopten dicho proceso; una situación que también puede darse si grupos de la sociedad, empeñados en conseguir cambios profundos, en su entendible posición radical -que podría ser miope en términos históricos- optan por marginarse de esta opción democratizadora que se abre… aquí solo cabe recordar que no hay peor lucha que la que no se hace.

“… la Presidencia de la República también debe subordinarse a la Asamblea Constituyente, que desde el inicio debe asumir los plenos poderes y elaborar para su funcionamiento un reglamento a ser aprobado de manera rápida”.

Otro punto clave. La sociedad juega un papel fundamental en el proceso constituyente.  Este no surge como resultado de alguna autorización de gobernante alguno, menos aún si ese personaje representa la vieja política. Los procesos constituyentes no necesitan que el poder constituido abra graciosamente los cauces institucionales, sino que los procesos constituyentes muchas veces están obligados a superar dichos marcos institucionales. Procesos de esta naturaleza, si se quiere hacer profundas transformaciones, deben iniciarse y consolidarse no desde su cúpula, sino  desde las bases de la sociedad, tal como está aconteciendo en Chile en la actualidad. Tengamos siempre presente que solo con la acción política popular podrán plantearse un proyecto de vida en común. Este no será nunca una dádiva de los poderosos y privilegiados.

Tampoco puede ser solo el resultado del trabajo de las personas que resulten elegidas como asambleístas. En realidad los ciudadanos y las ciudadanas son los y las constituyentes; en este punto hay que asumir con responsabilidad como esa condición de asambleístas a través de cabildos ciudadanos, movimientos sociales y partidos políticos; partidos que en Chile aparecen con una baja legitimidad. Al permitir la participación efectiva de diversas organizaciones de la sociedad civil se puede dar paso a la reconciliación de comunidades que se sienten marginadas del sistema político y que han optado, como sucede en Chile, por permanecer al margen. La discriminación positiva es una herramienta que puede contribuir a asegurar significativos niveles de equidad de género y étnicos en especial.

Un tema crucial es el relativo al mecanismo que se adopte para aprobar la Constitución. En Ecuador no se cayó en la trampa boliviana de una mayoría calificada; posibilidad que abre la puerta para que grupos minoritarios alcancen la capacidad de veto. Con la mayoría de la mitad más uno de los miembros se avanzó en la aprobación de la nueva Constitución. Además, a pesar de que el bloque oficialista controlaba 70 de los 130 curules, se buscó consolidar una mayoría mucho más amplia que convalide el proceso de aprobación participativa de cada uno de los artículos. En suma, si en Ecuador pudimos aprender de los errores bolivianos, en Chile bien se puede estudiar y sacar lecciones de las equivocaciones de los procesos constituyentes de Ecuador y de otros países de la región.

El debate configura la esencia del proceso constituyente, tanto como la participación ciudadana. Una Convención o Asamblea Constituyente, entonces, debe ser un espacio de amplio y permanente debate, permitiendo que todas las fuerzas sociales puedan expresar sus puntos de vista; en ningún caso, entonces, se puede abusar del número de asambleístas para imponer las tesis de la mayoría. Este es en esencia un ejercicio pedagógico para repolitizar la sociedad buscando profundizar en todo momento una nueva institucionalidad democrática que asegure crecientes prácticas participativas y de toma deliberativa de las decisiones. Y ese proceso de acompañamiento/aprobación demanda en paralelo la discusión abierta en la sociedad.

Esta última cuestión es fundamental. Es ampliamente aceptado que la soberanía radica en el pueblo. Por lo que su participación, a través de múltiples mecanismos, es indispensable. La enorme sintonía que existió en Ecuador, en los años 2007 y 2008, entre la Asamblea y la población se reflejó en una multiplicidad de debates y encuentros. A la postre gran parte de los textos fundamentales de la nueva Constitución surgieron de ese intenso ejercicio democrático. Y como ya lo dijimos, luego de que la Asamblea concluyó sus funciones, fue el pueblo en las urnas el que ratificó el trabajo realizado.

Un tema que resultó vital en este empeño fue la oportuna decisión de cesar al congreso nacional mientras duraba la Asamblea Constituyente. La experiencia vivida en Bolivia en aquella época y la que experimentó Ecuador los años 1997-98, con el anterior proceso constitucional/constituyente, nos enseñó que no pueden convivir el poder constituyente y el poder constituido. En ese sentido quien está en la Presidencia de la República también debe subordinarse a la Asamblea Constituyente, que desde el inicio debe asumir los plenos poderes y elaborar para su funcionamiento un reglamento a ser aprobado de manera rápida. Estos son algunos detalles que pueden marcar la diferencia, como lo es en particular el mencionado mecanismo de adoptar las decisiones al interior de la Constituyente.

Sin pretender dar lecciones, viendo la evolución de las protestas en Chile que están creando las condiciones para convocar a la largamente reclamada Asamblea Constituyente se precisa que en el referéndum aprobatorio se obtenga un resultado contundente; debe ser tan potente el éxito que incluso permita replantear algunas de las normas ya establecidas que podrían limitar el desenvolvimiento de la Constituyente. A continuación habrá que armar listas de asambleístas que puedan aglutinar la mayoría del electorado; listas que sumen a la mayor cantidad de representantes de todos los estamentos de la sociedad empeñados con el cambio, con equidad de género y étnica, sin caer en la trampa de buscar prioritariamente juristas: una Constitución es demasiado importante para dejarla solo en manos de especialistas del derecho (un derecho frecuentemente plagado de rezagos conservadores). Y posteriormente, siempre con la permanente presión de las calles, habrá que crear las condiciones para que se establezca el poder constituyente. Para de constituir el pasado dictatorial, la Constituyente no puede en ningún caso estar sujeta a cortapisa alguna, porque, de ser así, ya no sería constituyente.

En este momento y durante todo el proceso constituyente hay que estar advertidos por posibles presiones e incluso chantajes externos. En estos momentos ya se dan señales en ese sentido cuando circulan noticias indicando que financieras globales –Morgan Stanley, Moody’s y Bank of America– estarían preocupadas por los equilibrios macroeconómicos de Chile debido al debate constituyente, a pesar de que “no esperan cambios extremos en el modelo”. Impedir o al menos minimizar este tipo de influencias, tanto como aquellas que podría derivarse de la llamada cooperación internacional, resultan necesarias para que estas acciones no se transformen en mecanismos distractores durante el debate constituyente, tal como sucedió en Bolivia; situación que se pudo controlar oportunamente en Ecuador.

Una constitución emancipadora demanda responsabilidad creadora

Los temas a tratar son todos. No hay límites, salvo los que puedan impedir la vigencia plena de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, que en esencia son complementarios y mutuamente potenciadores. La tarea debe impulsar, por un lado, la despatriarcalización y la decolonización de la sociedad, al tiempo que se crean las condiciones para la construcción de una democracia radical, por otro. El objetivo de una Constitución emancipadora es, entonces, proteger a la sociedad de los potenciales abusos del poder, sea político o económico, que en la práctica caminan juntos.

Lo anterior demanda reforzar el sistema de garantías de los derechos, pues los catálogos de derechos sin las correspondientes y eficaces garantías, quedan en simples declaraciones, simples listados enunciativos de derechos. Un punto importante radica en la acción de protección (amparo o tutela) de derechos como una de las principales garantías jurisdiccionales, que no debe tener ninguna restricción o condicionalidad para su ejercicio como aquella de que antes de accionarla debe agotarse la vía administrativa o las acciones judiciales ordinarias legales ante la justicia común. Por igual hay que reforzar los mecanismos y garantías para rodear de total independencia y autonomía a la función judicial que es lo último que le queda al ciudadano y a la ciudadana frente al despotismo, autoritarismo o arbitrariedad del poder político; la justicia debe controlar toda la actividad del Estado, y los jueces y las juezas deben ser custodios de los derechos, de la legalidad y de la constitucionalidad.

Es fundamental reforzar los sistemas de control constitucional con una efectiva e impoluta corte constitucional; su autonomía es clave. Eso demanda rodear de garantías al accionar de la corte y sus integrantes. La esencia del estado de derecho es la capacidad de controlar en todo momento el imperio de la constitución.

Discutir el sistema político es otra tarea muy importante. Cómo construir verdaderos partidos políticos y no maquinarias electorales parece ser un tema vital, al mismo tiempo que se pone énfasis en cómo crear verdaderas y efectivas instancias de democracia participativa de fácil acceso a la ciudadanía. La consulta previa, libre e informada debe estar acompañada siempre del consentimiento libre e informado en todos los temas que considere vital una comunidad indígena o no indígena. De igual manera habría que buscar los mecanismos que viabilicen las consultas populares en temas de interés local o nacional, asegurando esta posibilidad a los gobiernos autónomos descentralizados.

Aspectos también cruciales son los que nos remiten a la organización de la sociedad. El ser humano, con todos sus derechos vitales, debe ser el centro de toda la actividad económica. Los derechos a una vida digna que asegure educación y salud gratuitas, tanto como vivienda y trabajo como derechos fundamentales deben estar en el corazón de la nueva Constitución. Esto nos conduce a un tema crucial: hay que desmontar la pirámide de derechos tan tradicional en nuestras constituciones, que pone a un nivel equivalente al derecho a la propiedad con los otros derechos que aseguran la vida; la propiedad debe cumplir siempre una función social y ecológica, sin que pueda llegar a transformarse en un factor de disolución de las relaciones sociales, por ejemplo a través de estructuras y prácticas oligopólicas. Temas como impedir el acaparamiento de la tierra y del agua son también dignos de considerar.

Mirando los graves retos que enfrenta la Humanidad en medio del colapso climático en marcha, hay que crear las condiciones para que el ser humano viva en armonía con la naturaleza; colapso que en Chile, país altamente vulnerable, se registra a través de la crisis hídrica, la desertificación, los incendios forestales, el aumento del nivel del mar, los aluviones en el Norte, entre otras manifestaciones. De lo anterior se desprenden muchas acciones en el ámbito constituyente, por ejemplo la necesidad de establecer como prioritarios los derechos de la naturaleza, impidiendo la mercantilización del agua y de los servicios ambientales como un primer paso para hacer realidad de manera plena dichos derechos. Resolver el tema de los bienes comunes será un asunto de vital trascendencia.

Hay que romper por igual con el binarismo más Estado o más mercado. En ningún caso una Constitución emancipadora puede ahondar las instituciones y tendencias mercantilizadoras existentes; a los mercados, heterogéneos y plurales como son, hay que ubicarlos en su verdadera dimensión y asegurar los mecanismos adecuadas para que no existan oligopolios o tendencias que ahonden esas estructuras, como puntualizamos anteriormente. Estructuras estado-céntricas tampoco caben en una sociedad que busca su emancipación. El Estado cumple un papel importante, pero no puede ser el eje central; es imprescindible que se creen todas las condiciones necesarias para asegurar un creciente agenciamiento social. Tampoco se puede alentar la vigencia de un Estado rentista y patrimonialista, tampoco centralizador a ultranza. Entonces, desde niveles comunitarios habrá que replantearse radicalmente el Estado y los mercados.

Es más que evidente, una constitución tiene que consolidar la soberanía en plural permitiendo que se haga realidad la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la misma soberanía económica -tan amenazada por marcos supranacionales que se venden como de libre comercio y de protección de inversiones-. Se necesitan soberanías en plural que deben partir de la soberanía del cuerpo en sintonía con el creciente reclamo femenino y de la diversidad sexual: En la mira debe estar también la construcción de soberanías regionales sobre las que tendremos que diseñar y realizar la integración de Nuestra América asentada en profundas bases democráticas.

¡Siempre más democracia, nunca menos!

 Se puede aprender mucho de los relativamente recientes procesos constituyentes en América Latina como son los casos del colombiano, venezolano, boliviano y el ecuatoriano. Sus errores y sus logros hay que leerlos con detenimiento sin caer en la trampa de los discursos y mensajes satanizadores de procesos tan ricos en cambios posibles. Allí se aprobaron constituciones que ampliaron los derechos o se crearon nuevos derechos, pero en la práctica y con el tiempo se ha visto que han quedado muchas veces en el papel, ya que ha aumentado el extractivismo y la represión, ahondando los regímenes hiperpresidencialistas. En realidad esas constituciones supusieron la apropiación de narrativas e ideas que nacieron en las organizaciones sociales y de los movimientos indígenas como resultado de largas y complejas luchas democratizadoras de las respectivas sociedades, pero eso no fue suficiente para que se transformen en procesos democratizadores.

Vista esa rica experiencia, una nueva Constitución no puede ser asumida como la culminación exitosa de un proceso de movilización social. Apenas inaugura otro momento de las luchas políticas. Y eso demanda de la acción permanente de la sociedad movilizada. Entonces, estas experiencias nos invitan a una reflexión honesta y profunda sobre todo para evitar que se termine reconfigurando un recentramiento en el Estado o peor aún en el mercado.

El meollo del cambio constituyente radica en asegurar la creciente participación ciudadana y el mayor agenciamiento popular posible.

En consecuencia, abriendo la puerta a las grandes alamedas de la democracia, Chile puede convertir su Asamblea o Convención Constituyente en una herramienta democratizadora a partir de espacios de creación y recreación de formas de vida inspiradas en sus ancestrales raíces plurinacionales e interculturales, consolidando los lazos de hermandad regional. Así, recuperando su pasado, desde la enorme riqueza y diversidad de las actuales luchas emancipadoras, despatriarcalizadoras y decoloniales, Chile podrá proyectar un futuro de permanente radicalización de su democracia.

“… una nueva Constitución no puede ser asumida como la culminación exitosa de un proceso de movilización social. Apenas inaugura otro momento de las luchas políticas. Y eso demanda de la acción permanente de la sociedad movilizada”.

*Alberto Acosta. Economista ecuatoriano. Profesor universitario. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). Candidato a la Presidencia de la República del Ecuador (2012-2013).

Artículo publicado originalmente en:  DemocraciaSur

Fotografía: Congreso de Chile.