25 de marzo 2016
El 13 de enero del 2016, la Corte Constitucional anuló la sentencia obtenida el 8 de mayo del 2013, favorable a grupo de campesinos afectados por la contaminación petrolera en el campo Libertador, parroquia Pacayacu, provincia de Sucumbios, que demando en el 2005 a la empresa estatal Petroecuador por los daños ambientales y sociales que vienen generando las actividades petroleras desde la década de los 80 en esa zona.
Este hecho llevó a que los afectados emprendan una campaña de visibilización de la real situación que las familias enfrentan en la parroquia Pacayacu al vivir cerca de piscinas de desechos de crudo que contaminan los suelos y el agua, de mecheros prendidos 24 horas al día contaminando el aire, de derrames que no han sido restaurados eficientemente, de fosas de petróleo enterrados por todo lado. Los afectados denunciaron a los medios de comunicación, quienes se trasladaron a la zona para verificar directamente la veracidad de las denuncias. Es así como en la prensa escrita y en la televisión salieron las imágenes que la mayoría de ecuatorianos no podía creer, porque pensaba que eso solo lo hacía Texaco y que “ahora todo es diferente” con la empresa estatal Petroamazonas, tal como lo viene promulgando el gobierno dentro de su campaña la “Mano Sucia de Chevron”
Los afectados de Pacayacu demostraron que también existe una “Mano Sucia de Petroamazonas” que se mantuvo oculta, pero que no por eso no causó el mismo grave impacto negativo que la de Chevron, esta vez a 9000 moradores ubicados en el campo Libertador donde nunca estuvo Texaco sino las empresas estatales CEPE, Petroecuador y ahora Petroamazonas EP.
La reacción que ha tenido la empresa Petroamazonas EP ante esta campaña ha sido eliminar las piscinas de desechos cuyas imágenes salieron en la televisión y en los periódicos, seguramente para que no vuelvan a salir, pero, lamentablemente la propuesta que hace no garantiza la completa descontaminación de la zona como debería ser. Funcionarios de la empresa se han acercado a los propietarios de las fincas mas contaminadas y les han dicho que van a eliminar las piscinas pero que no les van a dar ninguna indemnización por los 30 años de afectación inclusive si al meter la maquinaria para los trabajos afectan cultivos o cercas no les van a indemnizar por eso. Esto obviamente viola los derechos constitucionales de los afectados por lo que se han opuesto a que se realice este tipo de “remediación”.
Los afectados piden que se implemente una reparación integral en toda la zona como manda el artículo 397 de la Constitución y no solo la eliminación de los pasivos ambientales mas escandalosos. Además piden que se les entregue los planes de trabajo que tiene la empresa con todos los detalles porque el método de supuesta remediación que ha estado utilizando Petroamazonas en otros sitios no ha sido la correcta puesto que las zonas quedan contaminadas.
Como ejemplo de esto tenemos los trabajos de remediación que realizó Amazonía Viva (empresa adscrita a Petroamazonas para la remediación) en la plataforma del pozo Shushuqui 15 donde después de los trabajos realizados se podía observar que se mantenía la contaminación, de igual forma en el pozo Shuara 3 donde incluso los trabajadores de Amazonía Viva entraron con la fuerza pública a “remediar” el sitio y una vez terminados los trabajos se podía ver que la contaminación salía por dos lados. También en el pozo Shushufindi 38 se conoció que Petroamazonas hizo una remediación parcial del pantano contaminado y al no limpiar todo, éste se volvió a contaminar.
Esto es lo que no quieren los afectados de Pacayacu que se les engañe otra vez, que limpien lo que se ve y lo que no se ve lo dejen con toda la contaminación principalmente de las fuentes de agua que en esa zona no es posible acceder a agua segura y por eso la población padece de muchas enfermedades relacionadas con la contaminación petrolera.
Petroamazonas además ha causado división en la población de Pacayacu, al ofrecer mano de obra para los trabajos de remediación a ciertas personas y a otras no, está enfrentando a los moradores de las comunidades, se está creando conflictos entre vecinos y a veces entre familiares por acceder a fuentes de trabajo que son muy necesarias en la zona en la actual situación de crisis.
Los afectados no se oponen a que se restaure la naturaleza, pero exigen que se lo haga de manera técnica, que garantice la verdadera reparación integral y que incluya las justas indemnizaciones a los afectados como lo sostiene la Constitución de la República.
Fuente: http://www.accionecologica.org/component/content/article/1888-2016-03-25-15-10-32
