POR LA DEMOCRACIA, LAS EQUIDADES Y EL BUEN VIVIR. UN ACUERDO DEMOCRÁTICO PARA SUPERAR EL CORREÍSMO. Por Alberto Acosta

Montecristi Vive

Lo estructural presente en toda coyuntura

La coyuntura, en ninguna circunstancia, nos puede hacer perder de vista lo de fondo.

El dominio del capital impone un sistema de valores, la civilización de la desigualdad, la civilización de la explotación de los seres humanos y de la Naturaleza. Y es esa civilización capitalista, que “vive de sofocar la vida y todo lo que tiene que ver con la vida” -como sintetizó magistralmente Bolívar Echeverría- la que debemos enfrentar.

Las demandas del capital, en una desbocada carrera por acumular cada vez más, intensifican la explotación del trabajo y de la Naturaleza, aumentan las desigualdades y profundizan la opresión. Esta creciente apropiación del plusvalor y de los recursos naturales se realiza atropellando Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, como condición necesaria para cristalizar la acumulación.

En la actual crisis de acumulación capitalista la insurgencia social se ha extendido por todos los continentes. Esta rebelión, cada vez más interconectada, expresa varios denominadores comunes. Se clama por el aseguramiento de la vida digna para la Humanidad y la Naturaleza, por las equidades y la libertad, por la igualdad y la justicia, por una democracia que garantice un régimen político participativo y sin exclusiones, y por una economía que ponga fin a la hegemonía cada día más concentrada del capital: la prioridad debe centrarse en el ser humano y la Naturaleza. Y, por cierto, se vuelve de especial preocupación denunciar y enfrentar al capital especulativo-financiero globalizado, alentando amplias alianzas sociales y políticas a nivel mundial.

Resistencia democrática al correísmo

En Ecuador vivimos con intensidad, una vez más, una época de resistencias. Las luchas sociales y las movilizaciones masivas en contra del correísmo crecen. Se enfrentan a un Estado transformado en servidor de viejos y renovados intereses oligárquicos, que profundiza la dependencia al capital transnacional extractivista y que camina abiertamente hacia un reencuentro con el neoliberalismo: los virajes de Correa nos acercan al FMI, al Banco Mundial, a los TLC (como el que se va a suscribir con la Unión Europea), a las privatizaciones disfrazadas de alianzas público-privadas, al endeudamiento externo agresivo y carente de transparencia… Se enfrentan también a las afectaciones a la seguridad social, a la represión salvaje de la protesta social, a la pérdida de derechos de los trabajadores, a la criminalización del aborto y al conservador Plan Familia, a la persecución de estudiantes a quienes se les niega el libre ingreso a las universidades, a “la metida de la mano en la justicia”, a las restricciones a la libertad de expresión, al ataque contra de las organizaciones de la sociedad civil y a los movimientos sociales, a la pretensión de perennizarse en el poder…

Por todas estas razones recojo muchas de las propuestas que formulamos desde Montecristi Vive en abril pasado. Entonces planteamos la necesidad de construir un acuerdo democrático radical desde los Derechos Humanos y colectivos, así como de los Derechos de la Naturaleza. Un acuerdo que sintetice las principales aspiraciones sociales en este momento de frustración y desencanto frente a un Gobierno que ha dado la espalda a los principios transformadores de la Constitución de Montecristi y que se ha alejado de sus orígenes. Este acuerdo, inspirado en la construcción de una democracia radical, debe servir para discutir los ejes básicos de una propuesta transformadora que se cristalice desde la recuperación de las calles y las plazas como espacios de expresión democrática.

Elementos de una hoja de ruta para superar el correísmo

En este momento hay que dar un paso más. Ese acuerdo democrático radical, que debe desembocar en un gran Frente Nacional, requiere una hoja de ruta que nos permita superar democráticamente el actual Gobierno. Correa se ha transformado en un accidente histórico y, por cierto, en un obstáculo para la emancipación del pueblo ecuatoriano. Pero se requiere ir más allá. Hay que superar al correísmo en tanto esquema de restauración conservadora, pero sentando, simultáneamente, las bases para una transformación estructural.

Por lo tanto, reconociendo que es importante continuar con las movilizaciones, como manera de presionar y poner límites al poder en este momento, requerimos puntualizar algunos temas fundamentales que debería contemplar como objetivos de la hoja de ruta a construir, para lo que proponemos:

–       La plena vigencia de la independencia de funciones del Estado como campo necesario para radicalizar la democracia. Eso demanda descorreizar la Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional, el Consejo de Participación Ciudadana y todas aquellas instancias de participación ciudadana controladas actualmente por el Ejecutivo. Para viabilizar esta descorreización precisamos desmontar las estructuras presidencialistas que pueden haber contribuido a la configuración del autoritarismo correísta. Y todo esto en línea con la construcción de un Estado plurinacional, como establece el mandato constitucional.

–       Una institucionalidad jurídica y política que garantice los derechos, las garantías y sobre todo las libertades en un sentido amplio. Eso incluye derogar el Código Orgánico Integral Penal en tanto herramienta de represión, las medidas de control de la sexualidad de las mujeres, como el Plan Familia, así como todo el aparataje estatal que restringe la libertad de expresión y de opinión, incluyendo aquellas normas, como la establecida en el Decreto 16, que limitan la organización social y ciudadana.

–       Un marco jurídico que permita la plena vigencia de todos los derechos de los trabajadores, permitiendo la estabilidad laboral, la organización sindical y el establecimiento de condiciones de trabajo dignas. Por eso hay que exigir la derogatoria del Decreto 813, que establece la posibilidad de la compra de renuncias obligatorias, así como el archivo de la modificación constitucional que excluye a los trabajadores del sector público del Código del Trabajo.

–       Una política económica que enfrente la crisis impidiendo que sean los sectores populares y medios los que tengan que asumir el peso económico y social de las medidas de corte neoliberal anticrisis del Gobierno. Requerimos un ajuste que convoque a cargar con el peso de la crisis y del desgobierno a los grupos oligopólicos en su mayoría ligados al capital financiero internacional, así como a los sectores oligárquicos criollos y a las élites burocráticas del correísmo. La actual crisis, agravada por la rigidez cambiaria, exige respuestas eficientes y rápidas. Hay que introducir un control de cambios para manejar adecuadamente las divisas disponibles. Esto es aún más necesario para impedir una implosión catastrófica de la dolarización. Pero, aceptémoslo, la dolarización no puede ser el objetivo de la política económica.

–       Esta política económica debe, simultáneamente, dar respuestas estructurales. Y eso pasa por construir una política fiscal austera y contra cíclica, por relocalizar los subsidios a los combustibles, aumentar impuestos a los grupos económicos más poderosos y reducir el IVA para beneficiar a los sectores medios y populares. El país requiere con urgencia un gran acuerdo productivo nacional que establezca un trato preferente a las empresas medianas y pequeñas del campo y la ciudad, a las cooperativas, asociaciones y otros emprendimientos comunitarios.

–       Una revolución agraria sustentada y orientada en los principios de la soberanía alimentaria, establecidos en la Constitución, y que, entre otros puntos fundamentales, prohíben el acaparamiento de la tierra y del agua.

–       Ninguna empresa debería tener una participación en el mercado más allá de un límite, que debe definirse. Así surge la necesidad de exigir que instituciones como la Superintendencia de Control de Poder del Mercado pasen de ser meros espectadores de los procesos de concentración a actores con capacidad -incluso coercitiva- que les permita romper y redistribuir la propiedad de los mercados concentrados.

–       Paralizar la ampliación de los extractivismos petrolero, minero y de los monocultivos con una activa y militante solidaridad con todas aquellas comunidades a lo largo y ancho del país –Íntag, Pacto, Quimsacocha, Cordillera del Cóndor, ITT, Bloque 31, entre otras– que resisten a la imposición de depredación extractivista.

–       Un plan de transición para transformar las políticas sociales. Basta de clientelismo y despilfarro. Lo primero se resuelve fortaleciendo los derechos de la ciudadanía a la salud, la educación, el bienestar social. Para lograr el segundo objetivo hay que frenar la transferencia de recursos a las empresas prestadoras de servicios, por ejemplo de salud, sin regularlas. Las empresas en este sector acumulan y concentran cada vez más, reduciendo inclusive su contribución impositiva. Hay que terminar con la competencia desleal. Esto conduce al fortalecimiento de la empresa pública farmacéutica.

–       Sin negar la necesidad de transformar de raíz la educación, es indispensable una innovación democrática, participativa y plurinacional, lejos de la imposición de esquemas tecnocráticos ajenos a la diversidad cultural del país. Precisamos cuestionar en la práctica la política educativa del régimen por autoritaria y distante de la realidad de una sociedad plurinacional. Y eso demanda recuperar la educación intercultural bilingüe, las escuelas comunitarias y el libre ingreso a la Universidad.

–       Frenar la corrupción que aumenta con los enormes contratos estatales. Para lograrlo habría que impulsar sendas auditorias a dichos contratos, al endeudamiento público y al manejo del IESS, para empezar. En línea con este punto hay que apoyar decididamente el trabajo de la Comisión Anti-Corrupción constituida desde los movimientos sociales y rechazar todo intento de amedrentar a sus integrantes.

–       Fomentar un auténtico proceso de descentralización y autonomías, hoy amenazado por el creciente centralismo absorbente que propicia el Gobierno, en contra de lo que establece la Constitución. Tengamos presente que, con las mal llamadas “enmiendas constitucionales” se intenta debilitar aún los procesos de descentralización y autonomía previstos en la carta magna de Montecristi. Eso demandará también reformas al Código Territorial.

–       Reencuentro con los postulados de la integración latinoamericana y andina, construyendo una verdadera soberanía regional a través de la promoción de bloques contra-hegemónicos y de la juridicidad regional, que ha sido tergiversada por las lógicas políticas internas de los gobiernos “progresistas” para justificar sus desafueros. El discurso antimperialista no puede servir para alcahuetear proyectos antidemocráticos, menos aún para poner en peligro la vigencia de los Derechos Humanos.

–       El rechazo a las modificaciones propuestas a la Constitución, especialmente en aquellos temas que restringen derechos a la ciudadanía, a los gobiernos autónomos descentralizados, el cambio de funciones a la Fuerzas Armadas y la reelección indefinida. Sobre este último punto la única vía sería una consulta popular.

Para viabilizar la construcción democrática de una sociedad democrática nos urge asumir este reto político con gran responsabilidad. Este esfuerzo explica la necesidad de construir colectivamente la hoja de ruta que nos permita superar el correísmo, en la que debe integrarse, adicionalmente, el tema electoral, el que, sin ser determinante, es de especial interés en la actual coyuntura.

En ese sentido, conscientes de que hay que dar pasos acelerados sin perder de vista el horizonte estratégico planteado en la Constitución de Montecristi, proponemos que se identifiquen los principales puntos que hay que ajustar a nivel constitucional y legal para transformarlos de manera expedita con el fin de acelerar el proceso de descorreización planteado anteriormente. Por ejemplo, para poder abordar el próximo proceso electoral en condiciones de equidad y transparencia, habría que contar con otro Consejo Nacional Electoral, que no sea sumiso al correísmo. Por eso planteamos la convocatoria de una consulta popular que permita introducir un paquete de transitorias en la Constitución, sin poner en riesgo las conquistas constitucionales que ya aprobó el pueblo ecuatoriano en las urnas en septiembre del año 2008.

Insistimos, nuestro horizonte estratégico es el Buen Vivir o sumak kawsay que plantea una vida armoniosa e incluyente. Para lograrlo nos toca construir, a partir de una acción unitaria vigorosa de todas las fuerzas comprometidas con el cambio, una sociedad en la que nadie sea víctima de la marginación y la explotación, y donde todos los habitantes del Ecuador vivamos con dignidad y en armonía con la Naturaleza.-

¡Siempre más democracia, nunca menos!

[1]Economista ecuatoriano. Expresidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi.