Por Juan Cuvi*
Orden, disciplina y control son las grandes tentaciones del poder político. Suponen una condición ideal para gobernar, es decir, para conducir a una sociedad hacia donde alguien creer que debe llegar. Los derroteros pueden significar una aproximación a la felicidad o una salida de la desdicha, tal como hoy ocurre con el Ecuador. El gobierno y sus cortesanos piensan que con las decisiones que están tomando nos alejarán de la catástrofe del coronavirus.
En realidad, la pandemia ha desnudado y profundizado una crisis que se venía cocinando desde hace mucho tiempo. El estallido social de octubre del año pasado fue el prolegómeno de un conflicto cuya gravedad podía preverse sin mayores especulaciones. En ese sentido, la pandemia sirvió para congelar el proceso de deterioro político, aunque al mismo tiempo activó unas bombas que podrían provocar mayores destrozos. Doble y contradictoria función de la crisis sanitaria.
El gobierno, como es obvio, apuntará a sacar ventaja de esta ambigüedad. Aprovechará al máximo las restricciones que impone la emergencia a fin de neutralizar las futuras explosiones. La cuarentena, el toque de queda y la prohibición de la movilidad son las medidas soñadas para poner orden, ejercer control y disciplinar a la población. No obstante, el paquete no parece funcionar de acuerdo con las expectativas oficiales. La realidad no supera a la legalidad, como insinuó una alta funcionaria del gobierno, sino a las ilusiones del poder.
El escenario luce más complejo de lo que parece a simple vista. El gobierno está obligado a moverse entre el incumplimiento de la población y el cuestionamiento de los sectores sociales organizados. Es decir, entre una insubordinación espontánea y otra programada. Es el viejo dilema entre seguridad y política, entre militarización del espacio público y persecución selectiva, ya lo anticipó la ministra de Gobierno María Paula Romo cuando cuestionó las advertencias del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, frente a la posibilidad de revisar el subsidio a los combustibles: la mayor preocupación de las autoridades es que el hartazgo ciudadano se exprese desde la organización social.
El paro de octubre fue la combinación de un estallido espontáneo con unas movilizaciones planificadas. Muy a pesar del régimen, el conflicto tuvo que resolverse en el terreno de la política, con el célebre diálogo a puertas abiertas entre el movimiento indígena y el gobierno. El costo para el gobierno fue mucho mayor que si hubiera tenido que reprimir a una población indignada.
Hoy, ese riesgo pretende ser desactivado echando mano de las restricciones sanitarias. Dicho de otro modo, inmovilizando a los movimientos sociales. Un Primero de Mayo con los trabajadores sentados frente al televisor no solo garantizaría un respiro para el gobierno, sino que allanaría el camino para los amarres políticos que se están fraguando en las alturas del poder. La inmovilidad social puede ser el mejor aliciente para que los mismos grupos de siempre vuelvan a saquear el país aprovechándose de una crisis. ¿Recuerdan 1999?
La cuarentena, el toque de queda y la prohibición de la movilidad son las medidas soñadas para poner orden, ejercer control y disciplinar a la población. No obstante, el paquete no parece funcionar de acuerdo con las expectativas oficiales.
*Máster en Desarrollo Local. Director de la Fundación Donum – Cuenca. Ex dirigente de Alfaro Vive Carajo.
Fotografía: Mayra Caiza / Línea de Fuego.
