OCARU/IEE
20 de junio 2015

Introducción

El presente documento pretende mostrar una panorámica actual de lo que sucede en el país en relación con la Revolución Agraria – propuesta por el régimen de turno– y su forma de pago de la deuda histórica con el campo. Bajo esa perspectiva, abordaremos las demandas por la tierra desde el análisis de su acceso por parte de campesinos y sectores terratenientes, que influyen directamente en la estructura de la tenencia de la tierra: cómo está repartida, disponibilidad de mano de obra, empleo y déficit.

Abordaremos los datos con los que cuenta este documento para argumentar la situación de la tenencia de la tierra y sus problemáticas de acuerdo a: la tierra y acceso, tierras y uso, tierra y empleo, tierra y mujeres y los sin tierra.

Tierra y acceso

De acuerdo a los datos del III Censo Agropecuario de 2001, 94,53% de la tierra en el Ecuador se encuentra bajo un régimen de propiedad privada con cerca de 11’680.469 has, superficie sobre la cual se extienden 828.267 unidades productivas agropecuarias (UPAs) –98,27%–, distribuidas entre grandes, pequeñas y medianas. Por su parte, la propiedad comunal sobre la tierra posee 602.862 has, con 13.408 UPAs y, 73.261 has, con 1.228 UPAs son propiedad del Estado.

¿Cuáles son las relaciones sociales, económicas y políticas bajo esta lógica de propiedad privada, comunal y estatal? ¿Qué cantidad de tierra poseen los productores? ¿En qué se usa la tierra? ¿Qué modelo de agricultura promueven? Las respuestas a estas interrogantes nos permitirán describir el contexto en el que se desarrollan las demandas por la tierra en el país.

Las variaciones en el índice de Gini permiten conocer los niveles de igualdad o desigualdad en el acceso al suelo productivo y revelan la forma en la que se ha distribuido la tierra en el Ecuador. Para el año de 1954, el índice de Gini se ubicó en 0,86 y medio siglo más tarde, al año 2001, había descendido a 0,80 (Martínez, 2014). Este cambio en la tenencia de la tierra se ha realizado mediante dos reformas agrarias –1964 y 1973– y diferentes propuestas de desarrollo rural a partir de mediados de la década del ochenta.

A lo largo de medio siglo, los resultados de las políticas implementadas para el acceso a la tierra, muestran: por un lado, la reducción de la gran propiedad y de aquellas propiedades de menos de cinco hectáreas; y por otro lado, el importante crecimiento de las medianas extensiones de tierra entre 5 y 20 ha. El decrecimiento de las grandes propiedades de tierra no refleja un acceso justo al suelo productivo por parte de los campesinos, a quienes se les entregaron las tierras de altura y laderas, más bien significó una concentración de las mejores tierras en manos de las nacientes haciendas modernas. Además, el crecimiento de las medianas extensiones es el resultado de una política de colonización y expansión de la frontera agrícola, y no así, de procesos de afectación a grandes propiedades a favor de sectores campesinos.

Gráfico 01 Índice de Gini 2002-2012
Fuente: INEC-ESPAC 2002-201

El referido censo agropecuario fue ejecutado en el año 2001; de ahí en adelante, no ha existido voluntad política para realizar otro censo. Esta situación dificulta los análisis cuantitativos de los cambios registrados respecto al acceso a la tierra en el país; sin embargo, una de las herramientas estadísticas que permite conocer la realidad presente del campo es la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) que, en base a estimaciones, expresa el comportamiento del índice de Gini entre los años 2002 y 2012; en dicho período se puede constatar la continuidad de débiles cambios en la distribución y reconcentración de la tierra, información que ha sido recogida por la Secretaria Nacional de Planificación (SENPLADES) en la propuesta de Buen Vivir Rural 2014.

Las modificaciones de este índice en casi una década, son de 0,77 a 0,78, con una tendencia hacia la reconcentración de la tierra –0,83 en el 2006– manifiestan una línea de continuidad en la falta de políticas públicas que busquen la desconcentración y promueva una reforma agraria integral, que no sólo entregue tierra sino que atienda una serie de demandas en función a garantizar la soberanía alimentaria. Si el índice de Gini revela los altos niveles de desigualdad en el acceso a la tierra -0,78 en 2012-, también se evidencia la alta concentración de este recurso; mostrando cómo está distribuida la tierra entre los diferentes tipos de propietarios. Así lo mostraremos a continuación.

En noviembre de 2014, la Senplades[1] publicó la Estrategia para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza, y en su apartado sobre el Buen Vivir Rural menciona que en el país aún existe un modelo de desarrollo agropecuario excluyente para el campesinado y acaparador de la tierra cultivable; la pequeña y mediana agricultura representan el 84,5% de las UPAs y controlan el 20% de la superficie de tierra, mientras que la agricultura empresarial representa el 15% de las UPAs y concentra el 80% del suelo cultivable(Senplades, 2014).

En los últimos años el Ministerio de Agricultura (MAGAP), ha ensayado otras metodologías para identificar a las unidades productivas agropecuarias, donde la propiedad de tierra[2] no es el elemento determinante en el análisis. Entre 2013 y 2014, se construyen tres tipos de productores: pequeños, medianos y empresariales; dicha tipología está basada en variables como el nivel de ingresos, lugar de residencia del propietario/a y tipo de mano de obra; los resultados obtenidos muestran que existirían en el Ecuador alrededor de 772.466 UPAs, de las cuales el 55% pertenece a pequeñas agriculturas, el 40% serían medianas y el 5% pertenecen a empresas.

A pesar de los esfuerzos que hace el sector público y privado por eludir el problema de la concentración y reconcentración de la tierra, en 2013 la ESPAC muestra el déficit de tierra que tienen las pequeñas propiedades, pues al analizar el porcentaje de superficie de tierra al que acceden los productores pequeños, medianos y empresariales las diferencias son notorias, el promedio de superficie de tierra de los pequeños agricultores es 8 ha, frente a las 60 ha de la agricultura empresarial.

Cuadro 01 Concentración de la tierra según UPAs

Fuente: INEC-ESPAC 2013; MAGAP 2013-2014

De acuerdo con la información, se evidencia una estructura desigual sobre la propiedad de la tierra en el campo; pudiéndose aseverar que durante los últimos 50 años no se han registrado cambios significativos en la relación: “control de la tierra y poder político-económico”, lo que mantiene presentes las demandas por la tierra desde los sectores campesinos. Para Guerrero (1991) el monopolio de la tierra otorgaba a los hacendados un enorme poder de clase, económico, político e ideológico que se ejercía en la esfera agraria[3]; en la actualidad, quienes concentran la tierra, propietarios ligados al agronegocio y la agroindustria tienen representación en la esfera pública legislativa y en gobiernos locales decidores de las políticas productivas (Quevedo, 2013).

En la provincia costera de Los Ríos, uno de los territorios con mayor desarrollo agroindustrial,–que aporta con 22% de la producción nacional de palma africana y con 50% de la producción nacional de maíz amarillo duro–, el gobierno provincial no se propone políticas de redistribución de la tierra; la concentración de este recurso en la provincia presenta niveles alarmantes: apenas el 5% de los productores controla el 47% de la tierra productiva con un promedio de tenencia de la tierra de 50 hectáreas por productor. Como meta para fomentar el desarrollo económico, se piensa en impulsar acuerdos público-privado para incentivar la agroindustria y generar encadenamientos productivos (GAD Los Ríos, 2012).

Como decíamos, la concentración de la tierra no solo provoca altos niveles de desigualdad y pobreza a las poblaciones campesinas; también deteriora el medio ambiente y desgasta el suelo, ya que la incidencia de las medidas políticas y económicas sobre la propuesta de desarrollo para el campo tiende hacia el monocultivo y la ganadería intensiva[4], “disminuye las propiedades físicas, químicas y biológicas para la producción de la soberanía alimentaria (…), el 37,5% de los suelos en el país presentan baja concentración de materia orgánica” (Senplades, 2014: 158).

El cantón Mocache constituye uno de los ejemplos del impacto del modelo agropecuario destinado para la exportación y la elaboración intensiva de balanceados. En estos territorios se grafican los efectos de aquellos incentivos a la agroindustria, 67% de los productores son “beneficiarios” del combo agrícola[5] que, en su mayor proporción, se destina para la producción de maíz amarillo duro; 37% de productores están encadenados a este cultivo y el 43% del suelo se usa para la producción de balanceados, alimentos para pollos y cerdos.Mapa 01 Distribución espacial del cultivo de maíz en el cantón Mocache: Fuente: Memoria Técnica cantón Mocahe 2012; CLIRSEN, 2012

La concentración de la tierra, tiene que ver tanto con la capacidad de ser propietario del suelo productivo como con la posibilidad de arrendarlo; pero además, existe la concentración de la renta de la tierra que está relacionada con el encadenamiento de la producción –agricultura bajo contrato–; todos como mecanismos de subordinación de la autonomía campesina sobre el qué producir y cómo hacerlo, es decir, las familias campesinas pierden la posibilidad de decisión sobre el uso de la tierra.

En este sentido, las políticas públicas de fomento a la producción, establecidas entre la alianza pública-privada define lo que se debe producir y su forma, mecanismos por medio de los cuales los campesinos son “integrados” disciplinadamente al monocultivo. Estos elementos que muestran la relación entre la propiedad de la tierra y el poder político-económico –caso del maíz en Mocache– encadenan a los productores promoviendo la explotación de la fuerza de trabajo y la entrega de parte de sus ganancias a las mismas empresas comerciales que les venden la semilla y los insumos químicos, y que compran su producción a precios impuestos.

Tierras y uso

Por estas razones, creemos que no se pueden comprender las demandas de la tierra en el Ecuador sin considerar la estructura actual de la tenencia, las condiciones de acceso a la tierra y los usos el suelo. De esta forma, se retoman y actualizan las demandas realizadas por las organizaciones de campesinos sobre la importancia de mayores niveles de acceso a la tierra debido a la gran desigualdad que tiene el régimen de propiedad. Las organizaciones también luchan por disputar el uso de la tierra que se encuentra directamente influenciado por la presencia del complejo agroindustrial y el agronegocio en los territorios, promovidos por una serie de políticas públicas.

Al 2013, un 30% de la tierras en el Ecuador corresponde a bosque y monte, el 27,44% de la superficie se destina a pastos cultivados, los pastos naturales representan 13,80%; por su parte, los cultivos permanentes representan 12,49%, cultivos transitorios y barbecho representan 8,53%, los páramos ocupan 4,18%, la tierra en descanso se ubican en 1,63% y 1,84% se destina para otros usos. En cuanto a la superficie “exclusiva” para uso agropecuario, la región de la costa tiene 44,93%, la sierra un 37,73% y el oriente el 17,34% (INEC-ESPAC, 2013). Resaltamos que la mayor concentración de la tierra se encuentraen la costa, mientras que en la sierra existe un elevado número de pequeñas propiedades, denominadas “minifundios”.

Aproximadamente, 20% de la tierra en el Ecuador estaría destinada para cultivos permanentes y transitorios, cuyo uso está ligado al cultivo de productos que se destinan para la exportación y otros minoritariamente, para el consumo local donde el capital campesino tiene poca presencia. Los cultivos permanentes que predominan son el cacao, el banano y la palma africana; mientras que la caña de azúcar se consume a nivel local, los cultivos transitorios como el arroz y el maíz duro y la actividad de barbecho, representan la mayor extensión de tierra y se desarrollan, bajo una lógica de encadenamientos agroindustriales.

La lógica productiva de monocultivo está relacionada con el uso intensivo del suelo para mantener y mejorar constantemente sus rendimientos, de tal manera que necesita de la aplicación de fertilizantes que le permita generar mayores niveles de productividad, lo que la vuelve una agricultura dependiente. En los cultivos permanentes y destinados para la exportación, más de 50% de la producción de cacao, 80% del banano y 90% de la palma africana utilizan fertilizantes; en cultivos para el consumo interno apenas 2% de la producción nacional de arroz y 1% de tomate riñón, no utilizan fertilizantes.

En este mismo sentido, entre el año 2000 y 2013 se triplica el valor en miles de dólares por pago a las importaciones de abonos, insecticidas, herbicidas y fungicidas, pasando de 159.749 a 504.782 dólares (Senplades, 2014). Determinadas formas de aprovechamiento de la tierra tienen implicancias en la salida de divisas, deterioro en la fertilidad del suelo, contaminación de ríos, impactos negativos en la salud de los trabajadores de las plantaciones, y de aquellos cuya vivienda, colindan con bananeras o palmeras debido a las fumigaciones aéreas.

Este comportamiento en el uso de la tierra que destina el suelo productivo para cultivos de exportación, alimentos de animales, aceites vegetales, entre otros, y genera una reducción de la superficie productiva de alimentos de la dieta básica nacional que es remplazada por pastos o cultivos para la exportación, atentando contra la Soberanía Alimentaria de los pueblos[6]; pues mientras crece la superficie y productividad de cultivos agroempresariales como el banano, maíz, arroz y cacao; por su parte, el café, la cebolla, papa y tomate son cultivos que decrecen.

Gráfico 01 Productividad promedio de agroexportación, agroindustria y consumo interno 1970-2000. Fuente: Senplades, 2013-2017

Tierra y empleo

La dependencia que la agricultura empresarial genera impacta directamente con las posibilidades de generar empleo, salarios dignos y condiciones estables para los campesinos asalariados. La oferta supera a la demanda de mano de obra en el campo.

En el Ecuador, según información oficial del Ministerio de Agricultura (2013), cerca de 1.705.372 personas están ocupadas en actividades agropecuarias, de las cuales, 1.388.191 habitan en zonas rurales y representan el 62% de la población económicamente activa rural (PEA); mientras que 317.181 personas que viven en el área urbana[7] dependen de actividades económicas agropecuarias.

A pesar de ser un número importante de personas dedicadas a las actividades agropecuarias –en 2013– se comprueba un descenso con respecto a los ocupados en la agricultura que representaban para el año 2007 cerca de 70% de la PEA del área rural; lo que muestra la tendencia estructural de desplazamiento de la mano de obra “campesina”en edad de trabajar y, sobre todo, jóvenes hacia otras actividades económicas como el comercio o la búsqueda de opciones laborales “mejores”.

En esta misma línea de descenso de la población en el campo nos encontramos que los censos agropecuarios muestran que para el año 1974, 5% de los productores tenían menos de 25 años de edad; mientras que, tres décadas después, representan aproximadamente 1%; situación que provoca serios inconvenientes en la transmisión de las experiencias de las actividades agrícolas. En la actualidad, 27% de los campesinos y campesinas bordean la tercera edad (MAGAP, 2013-2017), mostrando un sector productivo con poca capacidad de relevo generacional.

En 2013, según el INEC[8], la estructura de género de la PEA rural está compuesta por 64% de hombres y 36% de mujeres; mientras, la mayor parte de los ocupados en el campo se dedican a actividades agropecuarias distribuidas de la siguiente manera: “35% lo hace por cuenta propia, el 23% trabaja como jornalero, el 17% es trabajador/a del hogar no remunerado y el 16% es empleado privado. Muchos de estos trabajadores enfrentan inconvenientes en la calidad del empleo, pues cerca del 76,9% estarían subempleados” (Senplades, 2014: 149).

Cultivos como la palma africana, que ha crecido en su superficie cosechada durante los últimos 10 años ha pasado de 112.742 ha, en el 2000 hasta las 218.833 ha, en 2013; dicho cultivo genera muy poco trabajo por hectárea y no ofrece las condiciones laborales estables para la mano de obra campesina. El uso de la tierra para cultivos destinados para la exportación no garantiza la absorción de la oferta de trabajo que existe en el sector rural.

Tierra y mujeres

La situación de las mujeres y el acceso a la tierra tiene la particularidad de relacionar tanto la explotación de la mano de obra con la violencia de género que impone el modelo de desarrollo capitalista para el campo; no solo no acceden a la tierra, sino que, aquellas mujeres que podrían hacerlo están excluidas por el marco jurídico y las relaciones sociales patriarcales. Las mujeres en el campo no son titulares de derechos de propiedad porque la sociedad conyugal reconoce como propietario a su pareja masculina.

Según el MAGAP (2013), 24% de las UPAs son administradas por mujeres. Este dato es de gran importancia cuando se establece que cerca de 50% de estas mujeres están a cargo de aquellas unidades de producción de pequeña y mediana agricultura donde hay un menor acceso a la tierra; de ellas, 68% se encuentran en la sierra, 25% en la costa y 7% en la Amazonía. De las mujeres que trabajan en el campo, 33% lo hacen por cuenta propia, 15% como trabajadoras no remuneradas, cerca de 3% como jornaleras y 29% como empleadas privadas. El nivel de informalidad en el empleo y las ocupaciones varias que tienen las mujeres en el sector rural, muestra que trabajan 22 horas más a la semana que los hombres y 7 horas más que las mujeres de la ciudad (Pérez, 2007). Este tiempo de trabajo no es reconocido como productivo.

A pesar de estas condiciones, las mujeres en el campo cumplen un papel fundamental: por un lado, están a cargo de la economía del cuidado, participan en actividades organizativas y solidarias; por otro lado, asumen responsabilidades en la producción de alimentos, conservación de semillas e intercambios de productos. Sin embargo, se encuentra en situación de desequilibrio en el acceso a la tierra (Altamirano, Aguinaga, & Torre, 2013). A pesar de estas condiciones de subordinación, las mujeres han elevado su participación en espacios de organización y militancia política, lideran procesos reivindicativos de acceso a mercados, respeto al derecho de las mujeres, lucha por la tierra y el agua.

Los sin tierra

El “Plan de fomento del acceso de tierras a los productores familiares en el Ecuador: Plan Tierras” elaborado por el Ministerio de Agricultura en el 2010, menciona que existen en el país 200.000 familias sin tierra y 237.000 familias minifundistas que demandan mejores condiciones para acceder a suelos productivos. Para cubrir tal demanda se debe entregar a cada una de estas familias cerca de 5 ha, y para cumplir tales objetivos se requiere de 2´185.000 ha (MAGAP, 2010).

El déficit de tierra para los campesinos está estrechamente relacionado con la concentración y al acaparamiento de tierra en pocas manos;, apenas un 15% de las UPAs concentran 80% del suelo cultivable; además, el uso que se le da a esta tierra sirve, en su gran mayoría para el mercado externo, promoviendo una agricultura dependiente de los precios del mercado internacional, de la importación de insumos químicos; y es depredadora de la naturaleza y promotora del subempleo rural.

El Estado ha planteado el respeto a la propiedad privada y la promoción de la productividad de los predios como principios para la mejora de la competitividad del sector agropecuario; en este mismo sentido, ha sugerido hacer una redistribución a los campesinos de las tierras de propiedad pública. Según información oficial, el Estado posee menos del 1% de la tierra productiva, que son aproximadamente 73.261 has[9]; esta información muestra lo inviable de la propuesta de “justicia social” y redistribución que incorpora el gobierno en sus discursos sobre el campo.

Sin embargo, se ha logrado identificar que existen 780.000 hectáreas en fincas de más 1000 has, y casi 2 millones de hectáreas en otras unidades productivas entre 100 y 1000 has; para ello, el Estado para garantizar la redistribución de estos predios y combatir la concentración debería recurrir a mecanismos como la presión fiscal, alquileres garantizados, venta de común acuerdo y la expropiación (MAGAP, 2010: 08).

Finalmente, varias organizaciones sociales han identificado que existirían en el país 700.000 predios rústicos sin título de propiedad donde los campesinos aparecen sólo en calidad de posesionarios; algo que les dificulta acceder a créditos para el fomento productivo (Red-Agraria, 2012).

Algunas problemáticas

Como síntesis, podemos observar que son varias las problemáticas sobre la tierra que se explican en función del monopolio de este recurso natural y productivo que se conserva en pocas manos:

Primero, el acceso a pequeñas extensiones de tierras, no resuelve la deuda histórica con campesinos, las pocas modificaciones legislativas mantienen la tenencia de la tierra en muy pocas manos.

Segundo, la concentración de la tierra determina el uso que se le da al suelo: promover el monocultivo para la exportación, la producción para balanceados – caso del maíz– y agrocombustibles, quiebra la autonomía de los campesinos, tanto en sus formas organizativas como en aquellas de la producción.

Tercero, las políticas públicas en torno al acceso y el uso de la tierra son la muestra de la alianza entre el poder público y el privado, interesados en la acumulación de renta de la tierra y la extracción de recursos y mayor capital.

Cuarto, el modelo de desarrollo agropecuario capitalista que promueve la propuesta de la Revolución Agraria, incentiva la concentración de la tierra, la inversión pública, la adquisición de maquinaria y los paquetes tecnológicos, entre otros, y promueven una agricultura dependiente de factores externos.

Quinto, el problema de la tierra en el país, según el gobierno no tiene que ver con los niveles de concentración, sino con la improductividad de los predios, es decir; el problema de resolver la pobreza en el campo no tendría relación con la redistribución de tierras, sino con las formas de aumentar su productividad.

Estas son algunas de las problemáticas que devienen y dan cuerpo a las demandas de las organizaciones de campesinos y campesinas.

* Investigador del Instituto de Estudios Ecuatorianos y el Observatorio del Cambio Rural.

Bibliografía

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 Notas

[1]Esta institución es el órgano que planifica el Estado ecuatoriano, creada en el 2004, pero mediante decreto Ejecutivo No.103 del 22 de febrero de 2007, se fusionó con el Consejo Nacional de Modernización del Estado, CONAM; y la Secretaría Nacional de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, SODEM; lo que lo constituye como órgano central de la reforma institucional de la Revolución Ciudadana.

[2] No referimos al número de hectáreas en propiedad privada, estatal y comunitaria.

[3] Andrés Guerrero manifiesta que la hacienda no solo concentraba la tierra sino que su poder le permitía dominar el conjunto de las formas de producción de la estructura agraria (Guerrero, 1991).

[4] Según la Senplades la producción de leche aumentó en un 19,2% entre el 2007 y 2012.

[5] Los kits agrícolas contienen semillas de arroz, maíz, soya y urea, mientras que los pecuarios incluyen semillas de pasto, fertilizantes e insumos veterinarios (antibióticos, analgésicos y reconstituyentes), paquetes tecnológicos que son parte del programa estatal denominado “Plan Semillas de Alto Rendimiento”, que busca el aumento de la productividad de los pequeños campesinos de la zona costera y del sur de la sierras nacional que tengan menos de 10 hectáreas. El Estado subsidia aproximadamente 241 dólares por hectárea, del total del valor de paquete de alto rendimiento que tiene un costo de 600. Ver: http://www.agricultura.gob.ec/plan-de-semillas-de-alto-rendimiento-beneficaira-a-pequenos-productores-de-maiz-y-arroz/

[6] En 2001, en la Habana (Cuba), se lleva a cabo el Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria, donde es reconocida como el derecho de los pueblos a definir sus propias formas de organización de la producción, distribución y consumo de alimentos, se muestra a la pequeña y mediana producción y sus dinámicas culturales como los elementos de carácter soberano, y se integra el enfoque de género al reconocer el papel central de la mujer en la gestión de los espacios rurales.

[7] Hacemos referencia a aquellos habitantes de los centros poblados urbanos que trabajan en plantaciones agrícolas, como asalariados o jornaleros. El caso del cantón Cayambe es un buen ejemplo de “citadinos” migrantes de la costa que viven en el centro urbano de Cayambe pero trabajan en las florícolas.

[8] El INEC es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos encargado de generar y difundir información estadística útil y de calidad del país con el propósito de facilitar la evaluación del desarrollo de la sociedad y de la economía, así como promover las actividades del Sistema Estadístico Nacional.

[9] Esta es información del censo agropecuario del 2001, que ha sido procesada por asambleístas de la Comisión de Soberanía Alimentaria que construyen la ley de tierras. Ver en: https://agriculturacampesina.wordpress.com/2015/03/02/la-tierra-13-01-2015/