RAFAEL CORREA Y LA CASA DE LA CONAIE Francisco Muñoz Jaramillo

La exigencia administrativa de devolución de la casa donde funciona la agrupación plurinacional indígena CONAIE desde el año 1991, constituye un acto de discriminación por parte del gobierno al movimiento indígena. Ofensiva generada por el régimen, que pretexta un fin noble para una nueva acción ilegítima, mientras que el Presidente Correa en la sabática del 20 de diciembre pasado arguye una falta de concreción en la misión del comodato, que fue entregado al movimiento indígena para actividades organizativas, ilegalizando el mencionado instrumento legal. ¡Que infamia! deja traslucir el Presidente Correa para justificar una nueva agresión al movimiento indígena, algo coherente con su línea de coerción ya instituida, para lo cual cuenta con la decisión de una funcionaria ministerial que muestra la incondicionalidad propia de un personaje ladino. Ofensiva que nos recuerda viejos autoritarismos como los de Gabriel García Moreno y León Febres Cordero.

Sería ingenuo creer que se trata de un error o de una acción circunstancial y aislada. Al parecer este es un eslabón más en la implementación de una estrategia política que tiene por objetivo consolidar la fuerza y el poder de una forma de gobernar de tipo verticalista, contraria a los derechos humanos, las garantías y la protección consignadas en la Constitución de Montecristi. Es la estrategia con la que el gobierno correísta ha actuado en innúmeras ocasiones contra el movimiento social al que ha reprimido y dividido, creando artificiosamente organizaciones sociales gobiernistas y situaciones de devastamiento social en procura de imponer una línea de gobierno regresiva, en el contexto de una actuación regional ligada a importantes gobiernos de distinto signo en la región.

Se advierte en la mencionada actitud oficial un síntoma de la necesidad urgente de consolidar esta estrategia como respuesta compensatoria a su debilitamiento político. Una lectura de esta ofensiva es primeramente simbólica, en tanto para el Ecuador la población indígena y su presencia como sujeto histórico es un constitutivo central de nuestros orígenes e historias de luchas, que en el año 1990 con el levantamiento nacional colocó la premisas para el surgimiento de un proceso contra-hegemónico.

Más allá de esta evidencia simbólica, la dilucidación y comprensión del sentido de esa acción gubernamental debe interrelacionarse con un conjunto complejo de decisiones públicas y conflictos que se dan al interior del gobierno y fuera de él. Contradicciones que colocan como centro del debate y la lucha a la restauración conservadora constituida en línea hegemónica del correísmo, por un lado; y expresada por otro lado en la oposición de candidatos y políticas que buscan dar continuidad -en aparente ruptura con el correísmo- para mantener y consolidar una línea regresiva.

En este hecho simbólico de carácter político se anudan procesos de política pública asumida por el gobierno como es el caso de la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, así como la difícil y tensionante relación de Rafael Correa con el Alcalde de Quito. Aquí se avizora -a propósito de la construcción del metro capitalino- situaciones de un posible acuerdo del gobernante con el burgomaestre quiteño para recuperar espacios de simpatía y eventual respaldo electoral en Quito por parte del correísmo, al mismo tiempo que generar y consolidar fenomenales negocios entre grupos económicos cruzados, representados por el Alcalde Mauricio Rodas, por una parte, y por personajes de élite del gobierno de Rafael Correa, por otra.

En esa manifestación simbólica contraria a la tradición democrática del pueblo ecuatoriano que ha expresado simpatía y solidaridad con el movimiento indígena, se anudan -así mismo- procesos inconstitucionales e ilegítimos encaminados a reformar la Carta Política con el propósito de restringir más aún los derechos políticos, ampliar y cambiar disposiciones para consolidar formalmente la concentración del poder, y garantizar a la postre la continuidad de la línea hegemónica correísta a través de la pretendida reelección inmediata e indefinida del Presidente. Se combina esto con procesos ilegítimos y arbitrarios para modificar jurídicamente las condiciones de actuación política de otros actores, en la perspectiva de realizar plenamente el mencionado objetivo estratégico.

Al mismo tiempo que el gobierno decide levantar el comodato de la casa de la CONAIE, aparecen por otro lado, tensiones al interior del oficialismo por parte de asambleístas que critican la acción administrativa del gobierno central y llaman a mantener y profundizar el diálogo con el movimiento indígena en el contexto de la tensión que late en torno a la aprobación de la Ley de Tierras en la Asamblea Nacional; ojalá en próximos días se mantenga esta actitud consecuente de los parlamentarios. Con este hecho mencionado coincide la convocatoria a un evento que se dio en estos últimos días para exhibir la nueva estructuración del Movimiento Alianza País donde se destaca la increíble utilización de medios técnicos (el tecnocratismo del régimen) para comunicar y elevar la eficacia de la organización, conducción y desempeño electoral. Por un ladorepresenta una respuesta a la debilidad electoral del oficialismo revelada en febrero de 2014, que llevó a constatar situaciones de declive político del correísmo; y por otro lado, como soporte de la ofensiva estratégica anunciada por el Presidente Correa en dicha ocasión, cuando advirtió al país que se aproxima la “madre de todas las batallas” en el terreno de la comunicación política.

Sin duda, esto constituye un mecanismo para recuperarse en la escena política -como en el 2013- utilizando formas ilegales e inconstitucionales, ofensivas mediáticas incalculables, una consolidación del aparato electoral que a estas alturas linda con el carácter de agrupación predominante y/o de partido único. En esta perspectiva, no se ha escatimado esfuerzos para conducir y manipular al Consejo Nacional Electoral (CNE) y dejar sin legalidad y representación a importantes corrientes ideológicas y sectores sociales, afectando en los hechos la posibilidad de superación de la crisis partidaria por medio de un juego democrático de diversas fuerzas políticas.

Vivimos días de la restauración conservadora del correísmo que, por otra parte, implica procesos de definición en otros importantes campos del quehacer social y la vida de los-las ciudadanas. Es el caso de la nominación de una persona del Opus Dei para dirigir el ENIPLA, es decir, timonear la política de prevención del embarazo adolescente y de planificación familiar, así incidiendo en este ambiente y línea regresiva y conservadora que representa el régimen en esta fase coyuntural y que evidencia su estrategia de dominio político.

Adicionalmente, ante el déficit de consolidación hegemónica expresado en el 2014 (el proceso ideológico-cultural del que habla Gramsci) se abren espacios para una modificación del sentido común de amplios grupos de la población, en los que el correísmo busca influir desde el poder hegemónico para cambiar y/o consolidar valores y actitudes que configuran una compleja y contradictoria expresión de estereotipos y prejuicios sociales, como aquella actitud racista que podría estar expresándose veladamente mediante la posición oficial contraria al movimiento indígena.

En esta misma línea de reflexión, la promoción de posturas conservadoras en la población en torno a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, de claro corte reaccionario como las que promueve la organización religiosa Opus Dei a cargo ahora del mencionado ENIPLA. En esta misma perspectiva, corresponde considerar niveles de influencia al interior de la familia ecuatoriana de actitudes autoritarias como inoculación del predominante verticalismo público expresado por el Presidente Correa, consolidando así el tradicional machismo ecuatoriano. Situación ideológico cultural que combinada con prédicas de Correa en torno a su inclinación de fe católica, son unos pocos elementos importantes que combinados con otros no examinados en este artículo, muestran un intento de cambio y consolidación conservadora de la hegemonía en la perspectiva del dominio político que va de la mano de la postura regresiva y autoritaria descrita en este artículo.

En conclusión, la terminación unilateral del comodato de la casa entregada a la CONAIE muestra las costuras del régimen correísta y sus debilidades políticas y hegemónicas. Y las quiere superar a cualquier costo, para encaminarse a la consolidación de una tendencia regresiva, aquella que está ligada a las relaciones que surgen de la acumulación o patrón de reproducción extractivista y reprimarizador de la economía. En consecuencia, busca desplegar en la dialéctica expresada por Gramsci entre “hegemonía acoraza de coerción”, el lado coercitivo en medio del despliegue de una línea ideológico cultural conservadora como es el cado del racismo, el machismo, y una concepción reaccionaria sobre los derechos sexuales y reproductivos.

No cabe duda entonces, que el movimiento social e indígena y las izquierdas deben reforzar su política en contra de esta estrategia de consolidación y profundización del regresismo y autoritarismo del régimen de Correa. Debe definir una estrategia política que coloque como objetivo el desarrollo de la autonomía del movimiento social y organice los medios y mecanismos de resistencia y movilización social, claves de su actuación coyuntural y estratégica. Debe abrir posibilidades en la escena para una actuación inteligente y correspondiente con las circunstancias, que evite la restauración conservadora de cualquier posición y signo que sean, en tanto amenaza a la posibilidad del movimiento social y la izquierda en perspectiva actual y futura.

Solidaridad promoviendo e incorporando en la defensa de la CONAIE pronunciamientos como los que se han dado en cartas dirigidas al Presidente de la República por parte de intelectuales de izquierda, nacionales e internacionales, y que se sintetiza en la una y la otra en estos dos párrafos que me permito trascribir:

“Más que un acto de retaliación esto constituye una falta- expresa en una carta un grupo importante de intelectuales- de respeto a la memoria y la historia de una organización a la que el Ecuador le debe luchas democráticas y transformaciones sociales extraordinariamente profundas y positivas. Más que un acto administrativo sin intención política, parece una prueba de sectarismo muy preocupante. Más que un acto aislado, parece el más reciente incidente de una sucesión de episodios de intolerancia hacia la crítica de diferentes movimientos sociales del más variado tipo”

“Únicamente una convergencia –dice la otra carta- entre los movimientos sociales y las organizaciones políticas nuevas, puede acumular bastante fuerza para vencer el poder del capitalismo”