Por Carlos Terán Puente*
Hay gente que piensa que referirse al dolor de los sobrevivientes de la pandemia en 2020, es inútil y lo tildan como poesía, como sinónimo de inutilidad o sensiblería. Este criterio es inexacto porque desnaturaliza el sentido de la poesía como expresión cultural exclusiva de la especie humana. Por otro, ofende la aflicción de quienes enterraron seres queridos arrebatados por la peste que continúa campante en el mundo y en Ecuador.
Dolientes y deudos
Seguramente este dislocado intento de desmerecer la muerte, tiene una explicación. En el mundo real de libre mercado, como todo, es desigual e inequitativo. Hay quienes al morir dejan un acumulado de bienes a sus parientes cercanos, herencia que puede ser más o menos jugosa y que, por encima de la pena, dará ocupación y bienestar a las herederas por años y años, según el volumen de lo acumulado. Otras vidas cuando mueren, legan bienes intangibles y un acumulado de buenos sentimientos para todo el resto de existencia de sus dolientes. Las demás, la inmensa mayoría, las gentes del pueblo llano, al morir dejan un vacío doble, sentimental y material, porque se pierde un par de manos para los ingresos familiares y, además, una que otra cuenta por pagar, entre ellas las del propio funeral.
Los dolientes y deudos no son iguales en este mundo de libre mercado, los deudos pueden ser clasificados tal como las herencias. Lo confirma la mera observación comparativa de las vidas y a ello se refiere también Deaton (2015), cuando expone el papel de la herencia material como un mecanismo fundamental en la generación y mantenimiento de las desigualdades en el mundo[i]. La muerte se ubica como condición para la vida de los que sobreviven y es obvio entonces que el duelo no será igual para todos. La muerte de cada uno y cada una sin embargo, es igual, es el paso último.
Apegado a sus responsabilidades elementales, el Estado tiene que contar y registrar los muertos de modo fiel y oportuno. Esta tarea aparentemente trivial, es parte de su papel de gobernar sin distingos, por encima de las desigualdades disimuladas o escandalosamente explícitas que reinan en la sociedad de hoy. Qué Estado sería si el registro de defunción contara solo a los que mueren en la UCI de una clínica privada pero no al que amaneció muerto en la calle camino al hospital con una asfixia creciente. Qué decir, si registrara solo a los que tuvieron la suerte de tener una médica de cabecera y pruebas de PCR y electrolitos al minuto, pero que igual no soportaron la peste, y que se negara a contar a los que la pandemia les reventó en las afueras del hospital abarrotado. Cómo pensar si negara papeleta de muerte a quien después de una semana de cuidado en la casa porque no tenía seguridad social ni ganas de ir al hospital donde la gente se estaba muriendo al granel, amaneció muerta.
Este caos de Estado (o este estado de caos mayor) hay quien propone que el voto sea un privilegio de quienes tienen propiedad privada. El pensamiento colonial ha revivido, menos mal que no pone de condición un mapa genético. ¿Cómo sería? Quedarían por fuera, por ejemplo, todas las esposas de muchos acaudalados que tienen bienes a su nombre gracias al patriarcal modelo social. Y los vendedores ambulantes no votarían y serían como ciudadanos de tercera porque los de primera serían los habientes, luego las esposas de los habientes y luego los no habientes. Lo democrático sería que vote quien quiera, sin distingo ni obligación.
Volviendo al tema, el sistema oficial de registro de nacimientos y muertes, además de muchos otros datos en Ecuador, funciona y con mucha efectividad. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) tiene una historia desde antes de la república y cuenta con un sistema confiable, actualizado y oportuno, acorde con los avances de la tecnología.
Al momento de contar los fallecimientos en la pandemia de 2020 (y 2021), vale mirar los datos del INEC en vez de quedarse y creerse los datos semanales que el Comité de Operaciones de Emergencia entrega a la prensa. Sería prudente que en vez de pretender que el mundo se crea los datos oficiales que hasta hoy se publicitan, se camine hacia la conciliación entre los registros sanitarios y las papeletas de defunción, con participación interinstitucional y social.
Si no se pudo atajar la pandemia como otros países lo hicieron, por lo menos se debe superar la flagrante ausencia de autenticidad de la actual estadística oficial.
Alerta naranja o miniconfinamiento
Víspera de la Navidad en pandemia, el gobierno de Ecuador dispuso un paquete de órdenes para limitar la circulación del virus SARS-Cov2 en el país, incluyendo la variante nueva. Un nuevo disciplinamiento generalizado, atenuado respecto al de inicio la pandemia y la aceptación de que el país había entrado en fase de transmisión comunitaria. Se impuso un nuevo estado de excepción, toque de queda y ley seca, circulación vehicular restringida, reuniones familiares de diez personas máximas, cierre de playas entre las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y prohibición de la quema de monigotes de año viejo.
El manejo gubernamental anti-pandemia repite curiosidades e incoherencias. El toque de queda no rige para el transporte pesado e interprovincial, siempre y cuando viajen en cierto horario, por tanto las personas podrán trasladarse libremente entre las grandes ciudades. En ellas también se propaga el virus. Se exigen pruebas PCR en los aeropuertos a viajeras para evitar la entrada de la nueva cepa detectada en otros países. A ciencia cierta, la prueba PCR negativa no garantiza que la persona esté libre de contagio en los días posteriores y que transmita el virus, entonces como requisito de ingreso al aeropuerto es un saludo a la bandera.
El acatamiento de este segundo confinamiento quedó a criterio de los gobiernos municipales. Algunos manifestaron que “serán flexibles” con el control de circulación vehicular pero llaman a la cordura de la población. En cuanto a las aglomeraciones urbanas, a más de ciertos operativos para la pantalla, poco o nada disminuyeron en los centros urbanos durante los días previos a la fiesta navideña.
Nuevamente, el gobierno dispara un confinamiento con ceguera frente a la vida real de más de la mitad de la población que no tiene condiciones materiales para soportar un confinamiento porque debe sobrevivir conglomerándose en las calles, para vender algo, o para adquirir lo otro.
Un primer tema de salud pública a inventario, es la ceguera institucional estatal que tiene un ojo en la red hospitalaria y provisión de cuidados médicos, otro ojo en las aglomeraciones urbanas que requieren disciplinamiento y represión, y no tiene ningún ojo para la vida comunitaria urbana y rural, para los espacios-tiempos de la vida de las familias donde se forja la salud/enfermedad, desde siempre, no solo en pandemia. Pocos, pero muy significativos, son los municipios que desarrollaron estrategias para suplir este vacío que el Estado no ha podido llenar a pesar de haber suscrito la Declaración de Cuidado Fundamental de la Salud (APS, Alma Ata, 1978).
El Ministerio de Salud, antes de Navidad, presentó datos más bien optimistas. Aseguró que “la tasa de contagios en el país es baja, en la semana del 11 al 17 de diciembre, solo tres provincias registran un porcentaje mayor a 1. No se registra demanda de camas en ningún hospital, hay disponibilidad de camas”. El mini confinamiento de fin de año buscaría, entonces, mantener este escenario.
No se ha explicado cómo el Ministerio de Salud Pública (MSP) mide la “tasa de contagios”, sin embargo, a menos de una semana de las frases alentadoras, antes del fin de año, hospitales de Quito y Guayaquil han anunciado que sus servicios están a tope. Se presagia un importante incremento de casos y un posible desborde de la demanda de hospitalización y de servicios de cuidado intensivo.
Poco antes de la noche de año viejo, se difundió un alerta naranja para todo el territorio nacional. A las pocas horas, se desmintió la medida y el mini confinamiento siguió su rumbo. Para mayor desconcierto, el estado de excepción fue declarado inconstitucional el 27 de diciembre de 2020, aunque no se difundió la resolución hasta el 2 de enero.
Cifras pendientes de conciliación
Para comenzar, se requiere un verdadero inventario de la salud pública 2020, sobre la morbilidad y mortalidad de la pandemia en Ecuador. No es un tema estrictamente de registro institucional con código CIE-11. Es obvio que si la pandemia azotó con personas muertas en la calle, en domicilios y en los patios de hospitales, fallecieron sin diagnóstico ni historia clínica. Tampoco las morgues dieron abasto para tantas autopsias y por tanto, bajaron a la paz de sus tumbas sin etiqueta médica.
Aclarado lo anterior, resulta que con los datos oficiales del MSP, la tasa de morbilidad (casos confirmados y probables) de Covid-19 por 1 millón de habitantes, desde octubre hasta diciembre de 2020, subió de 8.350 a 11.836, es decir, hubo 30% de incremento. Por otro lado, la tasa de mortalidad por 1 millón de personas en el mismo período, pasó de 693,5 a 793, es decir, se acrecentó 12%. El panorama de la pandemia, desde febrero a diciembre 2020, es más complejo.
Las cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, INEC, señalan que en Ecuador hubo 40.500personas fallecidas en exceso, entre enero y octubre de 2020. Este dato es inequívoco porque cuenta una a una las papeletas de defunción y compara el número de muertes inscritas (y sepultadas) en 2020, con los promedios anuales de seis años anteriores.
En otras palabras, si el promedio anual de muertes en Ecuador entre 2014 y 2019, es 70 mil fallecimientos, el número de muertes en 2020, es más de 107.158 fallecimientos, datos hasta octubre de este año. Resulta entonces que en el año hay más de 40.500 fallecidos en exceso, tan solo hasta octubre 2020. Es claro es que no todos fueron apuntados en los libros del MSP que, por ahora, parece que lleva registros a mano. De esta mortalidad en exceso en 2020, 16.506 fallecimientos de Guayas, 6.705 de Pichincha, 2.835 de Manabí, 810 de Tungurahua, entre otras.
En consecuencia, en Ecuador hay 27.868 muertes que el MSP no cuenta en su estadística, quizás sea más adecuado decir, que el MSP no ha podido contabilizar, tan solo hasta octubre 2020. Es verdad que fallecieron sin diagnóstico, muchos en su domicilio, en las afueras de los hospitales o hasta en la calle. No tuvieron velorio ni funeral y hubo confusión en la entrega de cadáveres, al punto de que hay 70 cuerpos desaparecidos. Adicionalmente, no son tomados en cuenta como víctimas de la pandemia. ¿Expiraron por la covid-19? Es lo más probable. Si no ¿cómo se explica el aumento exponencial de fallecimientos en el año de pandemia?. Si se trata de saber cómo ha sido la respuesta y el impacto de la pandemia en Ecuador, el MSP debería reconocer y aceptar las insuficiencias de su sistema de registro, en lugar de difundir como “oficial” el dato del mismo.
En el inventario de la gestión pública de la pandemia, conviene entregar una explicación coherente a la ciudadanía sobre la mortalidad durante este 2020. No las cifras que a duras penas ingresa a la estadística sanitaria, sino aquella que cuenta uno por uno los cadáveres. Una explicación que tome en cuenta a los millares de muertos que solo fueron sepultados con la papeleta del registro civil. Es doloroso pero claro, que la peste tuvo mano libre que explica que Ecuador –en términos reales, tiene una tasa de mortalidad de las más altas del mundo. La gestión ministerial y gubernamental –históricamente determinadas, fue incapaz de mantener la transmisión en brotes como otros países de la región y del planeta lo hicieron. ¿La transmisión comunitaria fue asumida como inevitable desde el inicio?
“Para comenzar, se requiere un verdadero inventario de la salud pública 2020, sobre la morbilidad y mortalidad de la pandemia en Ecuador”.
En la línea de tiempo
Junto con la conciliación de las cifras, cabe la revisión de la línea de tiempo de la morbilidad y mortalidad nacionales. Según lo reportado por el MSP a la Organización Mundial de la Salud, resulta que entre abril y mayo de 2020, los fallecimientos no sobrepasaron los 2 mil casos y que hacia la última semana de septiembre 2020, hubo 4.112 muertes. De ello se desprende que en Guayaquil nunca hubo la oleada de muerte que sacudió a las familias entre marzo y abril de 2020. Sin embargo, el mundo entero conoció –por los medios nacionales e internacionales que lo documentaron, que la pandemia sembró de dolor y sufrimiento con millares de muertos entre abril y mayo de 2020 en el principal puerto ecuatoriano. Todo el planeta lo supo y se condolió, menos la estadística del MSP.
Esto contradice las cifras de fallecidos registradas en el Registro Civil en Guayas. En un solo día, el 1 de abril 2020, hubo 614 muertes. Todas en un solo día. Y el 4 de abril, en la misma provincia, hubo 634 muertes registradas. En esas semanas, se inscribieron entre 300 y 500 fallecimientos diarios en la esta provincia. Fueron muertes reales con familias dolientes, con causas probables y papeleta del INEC.
Los informes del MSP al mundo son, finalmente, reportes para la historia. Pero tal como están ahora, resulta una parodia de lo sucedido y de lo vivido. Reflejan un sistema de vigilancia epidemiológica destartalado y sin articulación con la institución que registra las muertes. El problema no es de ahora, son al menos diez años de inoperancia que no se han solucionado (¿se agravaron?) con las reformas de los últimos gobiernos. Seguramente, más de una persona, puede pensar que el control de la pandemia, quitando lo de Guayaquil, no sería tan malo, y ello puede explicar que hasta la fecha, la conciliación de data sea un pendiente.
Cuestión de honor institucional
Se debe inventariar las cifras y los tiempos, los lugares y los cementerios de la pandemia. No es aceptable dejarlo como un asunto ignorado. La ciudadanía ecuatoriana tiene derecho a que sus instituciones expongan cifras reales, datos fiables y no números imprecisos que suenan a maquillaje de tamaño, lugar y tiempo. Aunque duela, la verdad de la catástrofe de la pandemia debería quedar grabada. Es un tema de honor institucional para reparar en algo la confianza en el Estado, en los gobiernos y sus secretarios.
El apego a la evidencia de la situación del país en estos temas y en otros tales como: desnutrición infantil, embarazo en niñas y adolescentes, atención de la violencia de género, atención de adicciones en niñez y adolescentes, deberían también ser una cuestión de honor para el ministerio de la salud, instancia gubernamental rectora del sistema sanitario nacional.
La vacuna para la covid-19 o los miles de voluntarios que prueben la vacuna china, no parcharán la deteriorada rectoría de la institucionalidad en salud. Tampoco ofrecerán inmunidad para la indolencia ante el sufrimiento de las miles de familias golpeadas por la muerte en la pandemia e ignoradas por la estadística oficial.
Se requiere un inventario de la salud pública ecuatoriana a ras de tierra, abandonando el cómodo imaginario de los funcionarios de turno, comprendiendo que el Ministerio de Salud Pública (MSP) es una institución pública que debe rendir cuentas transparentes a la ciudadanía. Se debe reconocer que el pobre desempeño no es cuestión de individualidades a cargo temporalmente, aunque no dejan de ser responsables, sino como producto de una gestión institucional de al menos, la última década. El inventario debería ser territorial, participativo, con los gobiernos locales, con las organizaciones sociales y comunitarias, con la academia, porque el sistema de salud no funciona. El vendaval electoral tampoco lo permitirá.
Un inventario de la gestión pública de la salud en tiempo de pandemia y antes de ella –crisol nada discutible, daría la oportunidad a las todas candidaturas, clubs electorales y acaudalados auspiciantes, comprender lo que requiere la salud/enfermedad en el país, en vez de que todas ellas sigan ofreciendo soluciones rápidas, casi mágicas, centradas en paradigmas superados y modelos inoperantes, pensado en ganar votos con los espejismos de siempre.
El inventario de la salud pública 2020 en Ecuador es una cuestión de honor.
El mundo entero conoció –por los medios nacionales e internacionales que lo documentaron, que la pandemia sembró de dolor y sufrimiento con millares de muertos entre abril y mayo de 2020 en el principal puerto ecuatoriano. Todo el planeta lo supo y se condolió, menos la estadística del MSP.
*Carlos Terán Puente, profesor Titular Universidad Estatal de Milagro – Observatorio Académico Covid-19. Miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública
[i] Al respecto ver: “El Gran Escape. Salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad”, Agnus Deaton, Premio Nobel de Economía. FCE. México. 2015.
[i] INEC. https://public.tableau.com/profile/freddy6278#!/vizhome/MortalidadGeneralEcuador/MortalidadGeneral
[i] Organización Mundial de la Salud, OMS. https://covid19.who.int/region/amro/country/ec
