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viernes, noviembre 22, 2024

RELACIONES ESTADO – CIUDADANÍA, UNA CRÍTICA AL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Por Tomas Rodríguez León

El nuevo escenario de gobernabilidad no deja de ser continuidad del precedente, se   reconoce muy formalmente el rol de la ciudadanía en diseño e implementación de la política pública,   mientras sistema y realidad social reiteran la ficción de independencia estatal con relación a las clases en conflicto.

Las clases expresan a los partidos, los partidos elaboran a los hombres de Estado y de gobierno, los dirigentes de la sociedad civil y de la sociedad política”. 

 Antonio Gramnsci

La “ciudadanía activa” credo de la Revolución Ciudadana, termino siendo una falacia que encubrió un Estado centralista y autoritario donde más bien se remarcó las dimensiones “pasivas” de la ciudadanía. Los derechos ciudadanos no fueron efecto de la promoción de prácticas de participación motivada para democratizar el Estado, sino interpretación de los estamentos burocráticos para direccionar aspiraciones y establecer prioridades de inversión o para modelizar un estado de democracia aparente con designación de cargos, siempre reclutados para la lealtad al proyecto

De la incomprensión o malversación del concepto ciudadanía activa se articuló al eje de mando  a ciudadanos adherentes que debieron asumir  el compromiso de asistir y aprobar la responsabilidad estatal de los asuntos públicos.  Así, los procesos de modernización no fueron jamás resultado de la alianza Estado – Ciudadanía y lo que sucedió fue la recreación de la forma estatal como delegación expresa (hecho más grave que la definición liberal de delegación institucional o parlamentaria)

El modelo hegemónico liberal en las relaciones Estado-ciudadanía que ya había sido intermitente en América latina por las rupturas del orden constitucional,  derivo en un mal elaborado paradigma idealizado que desestructuro el concepto de sociedad civil y participación ciudadana de base gramsciana, para finalmente ser regresivo a la formula liberal.  La retórica elitista del Estado que da por sentado, que las masas son incapaces de decidir, vuelve a tomar cuerpo. Así, el Consejo de Participación Ciudadana no fue, ni es un espacio de la ciudadanía para confrontar al Estado y cuestionar sus ofertas con demanda activa. Menos pudo ser la constitución práctica de lo que fundamentó, Antonio Gramsci como bloque histórico revolucionario.

La reforma política atrofiada en teoría y práctica, aunque hizo presunción de superación de la democracia liberal, se frustró en sus objetivos, provocando el retorno del modelo estatal en forma más agresiva respecto al modelo precedente, porque el mismo Estado liberal recuperó y aprovechó a su favor la construcción estatal pervertida con todos los beneficios de la carga autoritaria.

La ciudadanía vuelve a la definición vieja y vertical de ser una masa electoral de consumidores políticos y el concepto de Sociedad Civil retorna al sistema sufragista que relegitima un Estado sobrecargado con atavíos de mistificación ideologizada, tributando a la contrarreforma actual

La Participación Ciudadana con la herencia asimilada, no cimento ni cimenta una democracia sana, no solo porque las practicas participativas no empujaron ningún   cambio social, sino porque además provocaron  la desconexión de la ciudadanía con sus “representantes ciudadanos” y los “representantes ciudadanos” se conectaron como nuevos convidados del estado. El llamado Consejo de Participación Ciudadana se constituyó en otro estamento burocrático no al servicio de la sociedad civil sino de la política estatal central, el mismo modelo de intervención estatal de arriba abajo, pero ahora mistificado y más aparente

Se demuestra que luego de una década y dos años no existe mayor participación ciudadana ni mejor   gobernabilidad, aunque si se observa una robusta la legitimación de las decisiones públicas, resultado del carácter instrumental que funcionalizó la ciudadanía escasa y  uso los niveles organizativos autónomos desgarrados hacia la adhesión política. El espacio llamado Consejo de Participación se comprometió antes con Correa y ahora con su reemplazo en el mismo esquema, con más o menos matices es otro instrumento del Estado y nunca de la sociedad civil.

En el nivel local, muy lejos del Consejo de Participación, se han desarrollado modelos más horizontales con resultados favorables para las comunidades vulnerables  y esta verdad  actualiza el tema de la descentralización,  tema  que valga  la insistencia es ajeno a la construcción institucional y a la semántica oficial del estado en sus dos vertientes recientes: liberal y populista.

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