5-10-2017
El pasado 27 de septiembre de 2017, a eso del mediodía, en un operativo rutinario de control policial fue detenida Sonia Toapanta, contadora saliente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Ese hecho, más allá de ser una anécdota sobre un error judicial, nos puede servir de base para algunas reflexiones.
Los hechos
Sonia ha vivido en la casa de la CONAIE los últimos tres años, acompañando al Consejo de Gobierno presidido por Jorge Herrera, en calidad de asistente contable. El próximo 12 de octubre deberá entregar su cargo al nuevo Consejo de Gobierno, que fue electo en el VI Congreso de esta organización, el pasado 16 de septiembre, y con ello también dejar el lugar donde vive.
Sonia, con su hijo de 4 años y un compañero fueron a negociar un departamento de arriendo cuando se toparon con el operativo policial. Al requerirle su cédula de identidad y verificar en el sistema policial saltó una alarma roja: tenía orden de captura. La policía procedió a capturarla, pero no sabían qué hacer con el niño, al que tampoco su madre estaba dispuesta a soltar, así que se llevaron a la madre y al hijo.
La policía hizo una primera parada en la unidad de la Policía Judicial, en el sector de la Granados, cerca de la CONAIE, para verificar la orden de captura y las razones. Ahí se conoció se debía a causa de su participación en una asamblea instalada para administrar justicia indígena en un caso de cuatrerismo, en La Maná, provincia de Bolívar, en el año 2006.
Sonia recuerda haber participado en esa asamblea a la edad de 17 años, se enteró del proceso judicial en su contra, pero no se presentó ante el juez. Hace unos cinco años solicitó el archivo de la causa debido a la prescripción de la misma, pues estaba acusada de plagio y el tiempo de la condena mayor para este delito ya había pasado.
Ya en las instalaciones de la Policía Judicial, Sonia logró contactarse con sus compañeros de la CONAIE y las redes sociales de las organizaciones empezaron a dar la noticia de su detención, generando alarma en las bases indígenas, en especial en el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), quienes inmediatamente anunciaron movilizaciones para defender a su compañera.
La poca información sobre las razones de su detención generó todo tipo de suspicacias. ¿Por qué se da una detención de este tipo cuando la CONIAE está dialogando con el gobierno? ¿Hay sectores interesados en romper ese diálogo?
Sonia, junto a la contadora general de la CONAIE, Liliana, se convirtieron en sus pilares cuando el gobierno de Rafael Correa intentó quitarles la sede. Juntas emprendieron un proceso de fortalecimiento de la administración, reorganizaron el sistema contable y lideraron un sistema de auditorías, poniendo en orden todas las cuentas de esta organización. Con estos antecedentes, la detención de Sonia se tornaba sospechosa, así lo consideró el equipo de INREDH, que había apoyado este proceso, por lo que también salió en su búsqueda.
Las negociaciones
La alerta en las redes sociales hizo caer en cuenta a la policía sobre la importancia de la detenida y las consecuencias que podría tener en el momento político que está viviendo el gobierno; entonces iniciaron un peregrinar de Herodes a Pilatos buscando una directriz para sacarse de encima el problema; mientras tanto la dirigencia indígena los seguía pisándoles los talones.
Dirigentes indígenas, del actual Consejo de Gobierno y del Consejo electo en Zamora, llegaron a la Unidad de la Policía Judicial de la Granados, ahí fueron informados que se llevó a Sonia a la Avenida del Maestro y 10 de Agosto, donde se ubica un conjunto habitacional de la policía. Los policías fueron al lugar a “consultar a un coronel”.
Cuando los indígenas llegaron al lugar, se les informó que se habían llevado a Sonia hacia la Unidad de Flagrancia, en la avenida Patria. Llegaron a esta Unidad y Sonia no estaba ahí.
Para entonces el gobierno ya estaba en alerta y destinó a funcionarios del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia para que se informen sobre este impasse y vean la posibilidad de solucionarlo.
Con una nueva llamada telefónica a Sonia se conoció que se encontraba en la Unidad de Policía Comunitaria en Mena del Hierro, en el noroccidente de Quito. Allá se dieron cita una asesora del Ministerio del Interior, un subsecretario de justicia, los dirigentes indígenas y funcionarios de INREDH.
Sonia se encontraba ya con dos abogados cercanos al MICC que habían logrado que no la lleven al Centro de Detención Provisional (CDP). Los funcionarios gubernamentales constataron que, tanto la boleta de captura como el proceso penal, estaban prescritos; sin embargo, el juez de la causa no había cerrado el proceso, por ello la policía debía considerar como válida la boleta de captura y cumplir con su deber, es decir, cumplir con la detención de Sonia.
A eso de las dos de la mañana y tras un análisis de la situación, se acordó que Sonia pase la noche bajo arresto domiciliario en la CONAIE, y que un patrullero vigile la sede.
En la mañana del 28 se solucionó el problema con el archivo del juicio, lo que debió haberse hecho hace cinco años, y Sonia quedó definitivamente en libertad.
La moraleja
Lo primero a considerar es que lo pasado en la noche del 27 y madrugada del 28 no habría sido posible en un pasado muy cercano; pues en esta vez se analizaron los derechos de una parte y los deberes de la otra, para intentar encontrar una solución en base a la legalidad, para lo cual también se contaba con la voluntad política de los funcionarios gubernamentales, la policía y la dirigencia indígena.
La segunda enseñanza que nos dejó este impasse es la convicción de que siempre, siempre, se puede encontrar una alternativa a la prisión, en especial a la prisión preventiva. No es dable que las personas deban ir a un centro carcelario por cualquier incidente y que la prisión domiciliaria solo sea beneficio de los corruptos o de quienes tienen poder económico. La prisión puede dejar secuelas que no se podrán sanar, por eso las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva deben ser las prioritarias, dejando el encierro como última y extraordinaria alternativa.
En tercer lugar, es necesario insistir que los lideres y lideresas sociales, en especial aquellos que han sido criminalizados, deben preocuparse de cerrar los juicios de manera definitiva. La mayoría de las veces en que los líderes y lideresas han sido enjuiciados y encarcelados, los abogados se contentan con sacarlos en libertad de cualquier forma y no se preocupan de dar seguimiento a los casos. Al cabo de los años los dirigentes se encuentran con la novedad de que tienen juicios muy avanzados y en los cuales no han aportado pruebas de descargo. Cuando hay un juicio en marcha, la libertad no es sinónimo de que se haya superado el problema.
Luego podemos considerar la organización. Aunque suene a panfleto, únicamente la organización es la que puede generar el contrapoder necesario para que se imponga la legalidad. La CONAIE ha demostrado ser una fuerza a considerarse en la macro política, pero en los últimos meses también ha demostrado preocuparse por sus bases, como lo hizo al liderar el proceso de indultos y amnistías, incluso para personas que no son de sus bases, como las autoridades indígenas de San Pedro de Cañar, condenadas por ejercer la justicia indígena. Tener la capacidad de incidir en la macro política y defender a sus bases de forma individual es lo que da legitimidad a una organización.
Finalmente nos cabe una preocupación. ¿Qué pasa si estos errores judiciales tienen como víctima a un ciudadano común, que no tiene el respaldo de una organización? ¿Hay la posibilidad de sancionar a los jueces por estos errores inexcusables, o solo es inexcusable cuando no han seguido la orden del poder de turno? ¿Cuántas personas están detenidas por errores similares al que tuvo que soportar Sonia Toapanta?.
