¿Novelería o integración consciente al convivir democrático?
En Ecuador, la democracia ha sido secuestrada por las vorágines populistas y los cálculos electorales de algunos “comedidos” que en ejercicio del poder impulsaron al grado de derecho propuestas engañosamente cautivadoras bajo los slogans de la inclusión, la equidad, el “progresismo” y la reivindicación no excluyente de la ciudadanía; propuestas que en muchos casos no fueron planteadas por sus ahora beneficiarios.
Así fue como en 2004, el gobierno de Lucio Gutiérrez presentó un proyecto de reforma constitucional que permitía el voto de los uniformados, el cual no fue aprobado por los legisladores de la época, quienes vieron en este documento una bomba de tiempo para la “politización de Fuerzas Armadas”.
Cuatro años después, en 2008, la nueva Constitución otorgó a policías y militares en servicio activo el derecho al voto facultativo. Han transcurrido diez años desde la aplicación de este derecho en el país y ni los cuarteles, ni las unidades de policía comunitaria se han partidizado; aunque tampoco se ha evidenciado un incremento en la concurrencia de los uniformados a la urnas.
Si comparamos los cuatro últimos procesos electorales correspondientes a los años 2013, 2014, 2017 y 2019, los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) arrojan que la participación electoral de los militares en servicio activo alcanzó su pico más alto en el 2013 con el 46,90%; se redujo al 31,48% en las elecciones seccionales de 2014; para las elecciones generales de 2017 en la primera vuelta sufragó el 16,30% de militares en servicio activo, cifra que se incrementó en la segunda vuelta llegando al 27,60%; mientras que en las elecciones seccionales de 2019 el descenso fue estrepitoso pues solo votó 4,82% del total de militares habilitados.
Esta realidad es similar a la del sufragio de los policías en servicio activo. En el año 2013, más del 50% de gendarmes ejerció su derecho al voto facultativo (66,67%); cifra que descendió al 46,64% en las elecciones seccionales de 2014; para la primera vuelta de las elecciones generales de 2017 tan solo participó el 11,89% de policías en servicio activo, porcentaje que tuvo un ligero incremento en la segunda vuelta electoral llegando al 22,32%; mientras que en el último proceso electoral de 2019 sufragó el 6,16%.
¿A qué se debe la decreciente participación electoral de los uniformados en los últimos procesos electorales? ¿Será acaso que militares y policías se sienten ajenos e incómodos con el sufragio y con un derecho que no pidieron recibir?
Al revisar las cifras de las elecciones seccionales del pasado 24 marzo, de los 48.905 militares en servicio activo habilitados para sufragar, únicamente 2.327 ejercieron su derecho al voto. Es decir, el 4,82% con relación al total de miembros de las Fuerzas Armadas. La participación de esos 2.327 militares representó el 0,02% del total de electores en todo el país. Algo similar ocurrió con los miembros de la Policía Nacional, de los 51.688 policías que pudieron ejercer su derecho al voto facultativo, 3.184 sufragaron. Esta cifra equivale al 6,16% respecto al total de la participación policial.
Pasada la novelería de la experiencia democrática del sufragio, está la presencia reducida de electores constituidos en ciudadanías instrumentalizadas exclusivamente para votar, con escasa información sobre sus candidatos y planes de gobierno. Al parecer, pesó más la tradición de los uniformados como colaboradores operativos y guardianes del orden público en los procesos electorales, que el ímpetu por votar.
¿El no sufragar hace que los militares y policías sean menos ciudadanos? De ninguna manera, su ausentismo en los procesos electorales es una clara respuesta frente a la falta de promoción de su derecho al voto facultativo. Asimismo, es un mensaje que otorga tranquilidad al país, pues las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continuarán con su profesionalismo sin dejar que la deliberación por la mala política prime ante la obediencia al ordenamiento constituido.
*Magíster en Estudios Latinoamericanos, mención Política y Cultura. Licenciado en Comunicación Social. Analista en temas de comunicación y política.
