"Las comunidades de Intag han aguantado tres décadas de abusos, atropellos, persecución y contaminación de sus ríos y riachuelos. Su lucha ha sido en defensa de sus derechos, establecidos constitucionalmente, como lo son los derechos de la Naturaleza, el derecho del agua a su ciclo vital y el derecho a la consulta ambiental. Vale tener en cuenta que pocos lugares en el mundo amenazados por la minería son tan biológicamente importantes como los bosques nubosos de la Cordillera de Toisán, que alberga dos sitios mineros en la mira de las transnacionales."
"La transición energética, tal y como se piensa desde el discurso hegemónico, además de aumentar la violencia, incrementa el extractivismo fósil y minero, toda vez que no aspira a modificar el perfil metabólico de la sociedad, es decir, los patrones de producción, consumo, circulación de bienes y generación de desechos; antes bien, lo que busca es garantizar su funcionamiento18. Tampoco cuestiona las desigualdades entre los países de ingresos más altos y las economías empobrecidas, donde los primeros consumen seis veces más materiales per cápita y son responsables de diez veces más impactos climáticos per cápita que los segundos."
"el TFFF promete que parte de los rendimientos del fondo se donarán a los pueblos autóctonos y las poblaciones locales. Sin embargo, de los 4 dólares por hectárea, solo el 20% se destinará a las comunidades locales, con pagos irregulares. Un informe de la organización Global Forest Coalition (GFC) también expresó su preocupación por el hecho de que la existencia misma de los pueblos originarios no se reconozca dentro de las fronteras nacionales de algunos estados, o que el reconocimiento de sus derechos siga estando sujeto a la buena voluntad de las autoridades. Plantea una pregunta legítima: "¿Qué significa que ’los bosques permanezcan intactos’? ¿Podrán las comunidades indígenas utilizar madera o llevar a cabo pequeñas deforestaciones para garantizar sus medios de vida?"
"El gobierno nacional tiene que abrirse al diálogo urgentemente y rectificar su política en todos los ámbitos. Entre los cambios urgentes de su política, se deberían considerar los siguientes:
Ceñir sus actuaciones a la Constitución y restablecer la institucionalidad democrática. La Fiscalía General del Estado debe archivar los procesos penales persecutorios contra líderes campesinos, sindicales y ambientalistas que fueron instaurados a raíz del paro indígena. La UAFE debe investigar realmente el lavado de dinero y no ser instrumento de persecución política."
"el interés de las empresas mineras extranjeras es arrasar con la Constitución de Montecristi, porque la misma contiene normas que precautelan la naturaleza, el ambiente, el agua, los ecosistemas frágiles y amenazados como los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marítimos y marino-costeros."
Este año, alcanzar consensos entre los gobiernos se hizo mucho más difícil debido al contexto global. Al hacer del negacionismo del cambio climático una política oficial y usar explícitamente el poder económico y militar de Estados Unidos para amenazar a otros países, Donald Trump ha agravado el deterioro ya en curso de las relaciones internacionales. En los últimos años, el mundo ha sido incapaz, por ejemplo, de detener la invasión rusa de Ucrania y la masacre de los palestinos por parte de Israel. Para completar el problema, la agenda de negociación de la cop30, la primera conferencia sobre el clima que se realizará en la Amazonía, está llena de vacíos."
"La cartilla responde a un viejo fantasma: el miedo estatal a que el consentimiento se convierta en “veto”. Aclara que no se trata de una negativa arbitraria, sino de una decisión basada en principios colectivos: sostenibilidad ecológica, defensa del territorio, continuidad cultural, buen vivir. Llamarlo “veto” es deslegitimar una decisión tomada desde el derecho propio."
"Ecuador tiene amplia experiencia con el arbitraje de inversiones. El país negoció 30 tratados bilaterales de protección de la inversión extranjera (TBI) que incluían el mecanismo ISDS. El resultado: 30 demandas de inversores extranjeros contra el Estado ecuatoriano, con el país pagando hasta 2024 más de 2.900 millones de dólares en compensaciones.[1] Los casos más resonantes involucraron a las petroleras Chevron y Occidental Petroleum, pero también a empresas mineras, de telecomunicaciones y otros sectores. De las 21 demandas concluidas con laudo final, 14 resultaron favorables al inversor."
"La actuación del gobierno de Daniel Noboa y sus ‘recién llegados’ (‘settler colonists’), es, también, nada más que la última manifestación de otra ilusión: de que desestimar, reprimir, juzgar, y tachar de terroristas a los manifestantes, puede resolver el ‘problema’ de los indígenas, que para ellos ‘frena el avance del país’."
"NO es que la Constitución frene la economía, sino que frena –al menos parcialmente– las ambiciones extractivistas y privatizadoras, que aspiran a desmontar sus disposiciones sobre consultas ambientales e incluso populares. De perderse esas disposiciones, la inalienabilidad, inembargabilidad e indivisibilidad de los territorios indígenas pueden ser gravemente golpeadas, al igual que la administración y conservación de los recursos naturales, los páramos, las selvas y las fuentes de agua. El manejo de la tierra y del agua, cuyo acaparamiento se prohíbe en la Constitución de Montecristi (aunque ese tema ha sido irrespetado en todos los gobiernos) también puede ser serruchado en este empeño restaurador."
"En el país, casi todos los que acceden a la presidencia de la república u otras dignidades de elección popular, se creen refundadores de ciudades, provincias o del Estado nacional, y que con ellos comienza y termina la historia, y al día siguiente de su elección piensan en la reelección y que son eternos en el cargo. Culpan de todo a la Constitución y más leyes, y creen que las reformas penales y sanciones drásticas lo curan todo. Así se repite el círculo vicioso de la desgracia nacional."
"La tendencia, dice Esteban Daza del Observatorio de Cambio Rural, OCARU, es “convertir a este tipo de agricultura y a su población en territorios sacrificables y sin derechos. Las agriculturas familiares no solo deben enfrentarse a la expansión de la lógica del agronegocio sino también a las distintas variantes extractivas, como la minería a gran escala.”
"El país enfrenta un peligroso espejismo: creer que represión es sinónimo de seguridad. En realidad, la “guerra” declarada al crimen se utiliza para reprimir la disidencia y reinstalar un Estado oligárquico. Noboa, ciudadano nacido en Estados Unidos y formado en la cultura empresarial del privilegio, está más dispuesto a servir intereses extranjeros que a construir un proyecto nacional."
"La pregunta que emerge es por qué el Estado no ha intervenido oportunamente ante tantas violaciones de la ley. Siendo una ilegalidad evidente, oficialmente comprobada, bien cabe preguntarnos, por qué no han actuado los diferentes gobiernos, la fiscalía, la fuerza pública… Si se bloqueaba a tiempo este tipo de irregularidades, fortaleciendo incluso la acción de comunidades que defienden sus territorios, algunas de las cuales hasta son criminalizadas por impedir la expansión minera, con seguridad no se habría llegado a esta situación extrema en la que el crimen organizado ha encontrado una actividad muy lucrativa y así financia, inclusive, la expansión de sus tentáculos por todo el país."
"el lobby pro-minero, en un reciente desayuno en Quito, han expresado de manera meridiana las intensiones de bajarse los derechos e la naturaleza para allanar el camino, para que el sur y oriente del Ecuador se convierta en una gran distrito mega minero, en una zona de sacrificio ecológico, cultural y de economía regional, con la justificación de las necesidades fiscales, que como ya se ha demostrado en la era petrolera, ha sido arca abierta para la corrupción y los grandes negociados donde las transnacionales extractivistas se llevan la parte de león."
