TAROMENANE: “LA VIOLENCIA NO PASARÁ CON ESTA SUPUESTA MATANZA”. ENTREVISTA CON JOSÉ PROAÑO*

QUITO.-  José Proaño, experto en justicia indígena y consultor del Ministerio de Justicia (MJ), ve urgente que el Estado ecuatoriano aplique cuatro medidas que, por su  experiencia, evitarían que se reediten hechos de sangre y violencia como el registrado el 29 de marzo anterior cuando una comunidad taromenane fue atacada por otra haorani.
Aunque Proaño repite la teoría oficial de que primero hay que comprobar la matanza, no tuvo limitantes para reconocer que el Estado ha cumplido “lo suficiente” en el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),en el 2006 para la convivencia de los pueblos en aislamiento.
Su sugerencia también pasa porque sería el momento para que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas intervenga en el actual conflicto.

.- ¿La denuncia planteada por el Ministerio de Justicia (MJ) ante la fiscalía no generará un conflicto entre lo que significa la justicia occidental y la justicia indígena?

Efectivamente, llevar el tema desde a una visión occidental de justicia va a agudizar el problema. Ahora, tampoco nos podemos quedar de brazos cruzados. La justicia debe empezar la investigación con las personas que han afirmado en los medios de comunicación que ha habido una matanza.

Me parece saludable para esclarecer los hechos, porque mientras no se verifique las víctimas seguimos en la misma zozobra que impide que tanto la justicia indígena (haorani) y la occidental establezcan los hechos.

.- ¿Qué podría hacer el Estado para evitar las masacres en la Amazonía que son frecuentes?
Puedo hablar de cuatro medidas. Primero, cumplir con la Constitución que determina que los territorios de los pueblos aislados deben ser garantizados en propiedad y que toda actividad extractivista está vedada en territorios de estos pueblos.

La segunda, podría ser la ejecución del manual de la política de los pueblos aislados, firmado en el 2007 por el presidente Correa, pero que nunca fue publicado en el Registro Oficial.

En este (manual) hay varias medidas de protección para los pueblos no contactados.

Tercero, debe haber el reconocimiento del territorio: y, cuarto que el Estado debe asegurar que se cumpla y se aplique la justicia indígena, en cuyo proceso deberían participar el relator de las Naciones Unidas, el Consejo de Pueblos y organizaciones indígenas.

.- ¿No es contradictorio que por un lado el Estado debe garantizar los derechos de los pueblos nativos de la Amazonía y por otro emita licencias ambientales y entregue concesiones petroleras?
Sí hay una contradicción, pero es entendible porque el Estado depende de los recursos petroleros; pero también se comprometió a garantizar los derechos y, en ese sentido, sí hemos visto que hay una delimitación de la zona intangible. Pero de ahí decir que las petroleras salgan del Yasuní es una utopía.

.- ¿A qué atribuye el silencio del Ministro de Recursos Naturales no Renovable, Wilson Pastor, respecto a este tema que involucra a la política petrolera?
Su silencio es estratégico, efectivamente. Cualquier declaración desde este ministerio sería una provocación en estos momentos.

El ministro Pastor, en anteriores ocasiones había dicho que los pueblos aislados no existían, y lo que me parece grave es que desconozca la Constitución que sí reconoce a estos pueblos aislados. La Constitución es clara. Si hay un funcionario público que desconoce eso, me parece bastante grave. Otra contradicción.

.- ¿El Estado ha cumplido las mediadas cautelares dictadas en 2006 a favor de los pueblos en aislamiento voluntario por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ?
Se han cumplido, pero no lo suficiente. En el 2006 se emitieron, en 2008 el Estado empieza con la implementación de un plan de medidas de protección en los pueblos tagaeri y taromenanes, a través del Ministerio de Ambiente, y más tarde por el Ministerio de Justicia, que es el garante de los derechos humanos.

.- ¿La ineficiencia que, admite, hubo por parte del Estado podría ser razón para que el Ecuador sea observado por la CIDH y puede interpretarse como una de las razones de la reciente masacre?
El Estado está en la mira de la CIDH desde que emitió las medidas cautelares, a la que periódicamente entrega información sobre los avances del cumplimiento de esas medidas. Pero quien emite sanciones es solo la Corte Interamericana.

.- ¿Considera que el Estado debería ser sancionado?

Creo que el Estado debe ser sancionado por cualquier violación de los derechos humanos. Si esta es una clara violación que se ha cometido, entonces hay que ser específico y ver hasta dónde el Estado ha logrado precautelar los derechos.
Ahora, no olvidemos que si bien el Estado es garante de los derechos y obligaciones nacionales e internacionales, la dinámica de los pueblos aislados eso escapa a cualquier política pública.

.- ¿Qué hay que esperar  después de este episodio (matanza) si no se toman medidas contundentes?
Creo que la guerra va a continuar. La escena de violencia y de venganzas no parará con esta supuesta matanza; al contrario agudiza la espiral de violencia que hay desde hace siglos.

.- ¿Por qué en la Convención de Derechos Humanos no existe un capítulo para los pueblos no contactados?
Este momento podría ser oportuno para solicitar, aunque  en la Declaración de Derechos Humanos contempla la  consulta previa y otras obligaciones del Estado hacia los pueblos en aislamiento. Pero para que sean parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es muy difícil que se lo haga a corto plazo.

.- ¿Cuál ha sido su recomendación en cuanto al pedido que han formulado varias organizaciones, entre ellas la Conaie para que venga una misión de las Naciones Unidas?

Sería imprescindible que haya estos garantes internacionales que conocen los procedimientos de protección de derechos humanos y de justicia indígena, porque no nos olvidemos que quedan las niñas y ese es un problema grave.
Sin embargo, ese nivel de invitaciones solo puede hacerlas desde el Estado. (ANL).

* José Proaño es consultor de la CIDH y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para el tema de pueblos aislados