UNA NUEVA REFORMA AGRARIA ES NECESARIA Y URGENTE
Luis Merino. Periódico Opción <www.nodo50.org/opcion>
Hasta el año 1954 las tierras estaban concentradas en pocas manos, el 3% de propietarios controlaba el 64% y el 67% de campesinos tenía en sus manos el 16,6%. Esta realidad cambió por la acción de miles de campesinos e indígenas que en una buena parte del país se movilizaron hasta alcanzar que se produzcan en el país dos reformas agrarias, la de 1964 y la de 1973, las cuales de acuerdo a datos ofrecidos por investigadores, habían afectado a 800.000 hectáreas y sumando otras tierras que se las tomó en cuenta, como distribución, venta y ocupación de “tierras baldías” llegarían a cerca de cuatro millones y medio de hectáreas intervenidas. Reformas con la firma y rubrica del que hacer campesino, que obligaron a gobiernos militares, civiles burgueses de esos momentos llevarlas adelante, reforma importante pero de corta duración, ya que la mano de gobiernos de derecha y el imperialismo norteamericano iniciaron una “contra reforma agraria”, a través de leyes e instituciones burocráticas que trabajaron con ese propósito, así las tierras –las mejores- volvieron a sus antiguos dueños, mientras que la reforma agraria había sido aplicada en las tierras de altura y se encuentran en manos de campesinos pobres.
Para 1987, el 32% de las tierras seguía en manos de grandes hacendados, con más de 100 has, otro 33% estaba en manos de medianos propietarios que tenían entre 20 y 100 hectáreas y el 35% en propietarios tenía entre 0,1 y 20 has. Sixto Durán Ballén formuló la Ley de Desarrollo Agrario el 14 de junio de 1994, que en resumen era una parte de la contra reforma agraria de los grupos de poder, sepultando la tibia reforma agraria aplicada por 30 años en Ecuador, liberó el mercado de tierras, privilegió la agroexportación, generando inseguridad alimentaria.
Hoy esta realidad es mucho más conocida y sentida por los campesinos y el pueblo ecuatoriano, que se preocupa del futuro de su alimentación, por ello se viene impulsando, aunque con poca fuerza, la necesidad de una Nueva Reforma Agraria, pues las tierras cultivables siguen concentradas en pocas manos, la realidad al respecto no ha cambiado casi nada, como lo demuestra el Índice de Gini.
Hoy se conoce que el 61% de la tierra disponible se encuentra en manos de 616 familias, que ahora son agroindustrias con 3´5934.96 has, mientras que 712.035 familias campesinas tienen 2.481.019 has.
Con los datos mencionados y otros que proveen diferentes investigadores ecuatorianos se evidencia que siguen concentradas las tierras en pocas manos, y eso afecta el futuro de la alimentación de quienes habitamos en el país, pues las grandes extensiones de tierras se encuentran dedicadas a los cultivos “commodities” para la agricultura de exportación, mientras que la producción campesina pequeña se encuentra en dificultades y es la
que provee alimentos, lo cual está en riesgo y no abastece el mercado, y muchos productos
de amplio consumo se compra al exterior, cuando bien se podrían cultivar en las tierras ecuatorianas. Para el 2008 las organizaciones populares alcanzaron que la Constitución recoja algunas de sus aspiraciones, en lo pertinente a las tierras, en el Artículo 281, literal 4, dice: “promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos”. Luego, más adelante en el artículo 282 dice: El Estado normará el uso, acceso que deberá cumplir la función social y ambiental. Un fondo nacional de tierra establecido por ley, regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes.
Los campesinos pobres y medios, que son la mayor parte de la población, representan apenas el 12% de la tierra disponible en el Ecuador. Por ello se hace necesaria una reforma agraria que termine con la concentración de tierras, en las tierras factibles de cultivar, pues ya no existen más tierras para cultivar. En la Amazonia no existen tierras aptas para esta actividad, ni tampoco se puede cultivar en el páramo, hoy ciertas labores agrícolas y de pastoreo que afectan las fuentes de agua, así como la deforestación, por estas y otras razones se vuelve imperativo la alteración de la tenencia de tierras en las zonas de mayor concentración, y que se establezcan políticas desde el Estado para salvaguardar el abastecimiento de agua de muchas ciudades del país.
Ante esta exigencia, el gobierno de Correa ya se pronunció al respecto en noviembre del
2011, donde ya mencionó que no es conveniente una nueva distribución de tierras porque afectaría a la producción, habló de que, “en buena hora se está democratizando en algo la propiedad de esa tierra.” En la propuesta del gobierno del PNBV señala como meta “reducir en un 22% el nivel de concentración de la tierra al 2013”, para lo cual no tiene una propuesta para la redistribución de tierras y ni siquiera intenta aplicar lo que dice la Constitución y más bien emite opiniones como la transcrita antes. El gobierno definitivamente no quiere enfrentar el problema de una nueva reforma agraria, eso queda demostrado, y tan solo ha iniciado un proceso de entrega de algunas haciendas incautadas a través de la AGD, con un total de 6.201,76 has, las cuales están ubicadas en las provincias
de Los Ríos, Guayas, que se les incautó a unos pocos banqueros corruptos, y hace una profusa difusión, con el propósito de mostrarse como un gobierno democrático, que atiende a los sectores populares, pero de reforma, ¡nada!
El gobierno ahora habla de defender la tenencia de tierras de los grandes propietarios, que producen para la exportación, mientras que la pequeña agricultura ha demostrado ser más eficiente y es a la que no se le quiere dar la atención necesaria por parte del gobierno.
