La paz y la tranquilidad llegaron de nuevo al Ecuador, luego de que el presidente de la República Lenin Moreno decidiera mantener un diálogo directo y público con la dirigencia del movimiento indígena cuyas bases, por más de una semana, permanecieron movilizadas en distintas ciudades del país –principalmente en Quito- por la derogatoria del Decreto Ejecutivo 883 que imponía la eliminación de los subsidios a la gasolina y el diésel.
Aunque de manera tardía, el gobierno entendió que para dialogar no solo basta con verbalizar la voluntad, sino convertirla en acción cediendo posiciones y dejando de lado la tozudez y la represión; el “Diálogo por la Paz” arrojó, como toda negociación, una suerte de vencedores y vencidos que va más allá de la recuperación de la calma y la tranquilidad enmarcada en los discursos que promocionan los interlocutores de las empresas dedicadas al negocio de la comunicación.
El primer saldo a favor es para el movimiento indígena, cuya muestra tangible se ratifica en la derogatoria del Decreto 883. Sin embargo, existen otras causales de suma importancia, una de ellas y quizás la más significativa es la recomposición de las organizaciones indígenas luego de una década de fragmentación producto de dirigencias entreguistas asociadas al gobierno de Correa[1]. Esta unidad en acción, en las calles, nos hizo recuperar la memoria histórica de las masivas movilizaciones de los años 90´s y los primeros años del 2000, que se impulsaron contra los gobiernos de corte neoliberal, el ALCA y el TLC.
El marcar distancias con los grupos de vándalos, delincuentes y correístas que intentaron promover en las calles de Quito un golpe de Estado utilizando como pretexto las medidas económicas, se convierte en el segundo aspecto para la victoria del movimiento indígena.
Pese a que la noche del viernes 11 y durante buena parte del sábado 12 de octubre el paro se les fue de las manos a los indígenas por la escalada de violencia; sus dirigentes supieron marcar distancias a través de comunicados oficiales, con aquellos que cometieron saqueos. La depuración al interior del movimiento indígena permitió que la movilización no se degenere, pese a la arremetida de los medios de comunicación y los aliados (reales y ficticios) del gobierno que intentaron en redes sociales mostrarlos como un grupo terrorista.
Un tercer elemento tiene que ver con la estrategia de legitimación de los dirigentes indígenas para con sus bases. Los ejemplos del dirigente de Cotopaxi, Leonidas Iza, con sus “tractorcitos” calaron en el sentido común de los ciudadanos y sus economías familiares; así como las palabras de Jaime Vargas, presidente de la Conaie, quien enfatizó en la presencia de “ministros vagos” que “hacen quedar mal al Presidente” y; desde luego, el sentido reclamo de Miriam Cisneros, presidenta del Pueblo Sarayaku, quien enfatizo con elocuencia “Señor Presidente, que en su conciencia queden todos los hermanos caídos en esta lucha”.
En sí mismos, estos mensajes dejaron en claro que la actual dirigencia indígena no negocia tras bastidores ni por debajo de la mesa, pero también que estos nuevos liderazgos, trabajados sin sectarismos y de cara a la ciudadanía, pueden reavivar para futuros procesos electorales la figura del candidato o candidata indígena a ocupar el sillón presidencial de Carondelet, una legítima aspiración que bien puede madurar con el tiempo.
En este contexto, la mediatización del “Diálogo por la Paz”, no solo representó un espacio para visibilizar acuerdos; sino que se convirtió en un escenario de rendición de cuentas de la dirigencia indígena al país y principalmente a sus mandantes ubicados en el tradicional parque de ‘El Arbolito’, la Casa de la Cultura -su centro de reuniones-, las universidades que los acogieron como albergues y las provincias de la Sierra y Amazonía que habían plegado a la medida de hecho.
Un cuarto punto, es la presencia activa que pueden tener en la transición a la democracia, una transición que antes del paro estuvo inclinada hacia la derecha. Desde esta perspectiva, no se puede recuperar el sentido de la nación y la República como muestra fehaciente de unidad en la diversidad, sin la presencia de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios. Pero hay algo adicional, frente a posibles nuevos acuerdos o cartas de intención con los organismos multilaterales de crédito de este gobierno (o del siguiente), el movimiento indígena y las organizaciones sociales se constituyeron en el eje articulador de las voces disidentes a la gubernamentalidad, sobre la cual se articulan –sin perder su identidad- los grupos de mujeres, ecologistas, estudiantes, diversidades sexuales, entre otros. Este es, en sí mismo, un logro significativo que se consiguió en doce días de paro.
Por otra parte, actores como los medios de comunicación comunitarios y digitales; así como el periodismo ciudadano, se adjudicaron una valiosa victoria en términos informativos frente a las empresas mediáticas.
Mientras las grandes cadenas televisivas transmitían telenovelas o dibujos animados en momentos críticos para el país, los medios digitales informaban por Facebook Live el estado de represión policial y militar ejercido durante los días del paro hacia estudiantes, mujeres e indígenas. Imágenes como la lluvia con gases lacrimógenos dirigida a la maternidad Isidro Ayora para apresar a los manifestantes o el bombardeo con ese mismo elemento a las universidades Politécnica Salesiana y Católica, lugares donde se encontraban mujeres, niños, viejos y voluntarios dio cuenta de las violaciones flagrantes a los derechos humanos de los manifestantes y sus familiares.
Violaciones que vale anotar, deben ser denunciadas ante los organismos nacionales e internacionales especializados en ese ámbito. Aquí una breve digresión, no se puede ser selectivo ni discrecional con la defensa de los derechos humanos y las libertades. Si se criticó con motivos de sobra las violaciones cometidas por el correato, también deben ser cuestionadas las violaciones del correísmo sin Correa. ¡La reconciliación nacional lo exige!
Retomando el análisis, la violencia contra las instalaciones de los medios de comunicación y los periodistas de los medios nacionales tuvo más minutos al aire en televisión, con enlaces entre canales de TV y testimonios de los afectados, que las imágenes de los heridos y sus versiones sobre la batalla campal que se libraba en las inmediaciones del parque de ‘El Arbolito’ o, incluso, que los ataques que recibieron los más de 130 periodistas por parte de los manifestantes y la propia fuerza pública[2].
Esos rostros y voces no llegaron a mediatizarse por las canales de televisión nacional que difundieron las cadenas del Gobierno Nacional a manera de Enlaces Ciudadanos, sin la parafernalia ni el ritual de aceptación pública (por los tiempos de austeridad), pero sí con la misma intención, explicar en treinta o sesenta minutos lo que habían hecho en más de dos años de gestión y que la ciudadanía no conocía.
La intención de los grandes medios de comunicación en su calidad de poder fáctico fue clara, sostener a Lenín Moreno en el poder y vincular a la Conaie con el correísmo. ¿Una lectura inadecuada o convenida de la coyuntura política del país? Vale la pena indagar esta interrogante en un apartado especial, porque el movimiento indígena nunca pretendió derrocar al presidente de la República, el correísmo sí.
Ahora, en la etapa de la post-movilización, la narrativa mediática se ciñe subrepticiamente, en la incursión abrupta de una minoría (los indígenas) que “destroza” o “permite destrozar” una ciudad patrimonial. Dicho de otra manera, en el imaginario de los ciudadanos se pretende insertar el relato de una supuesta arremetida de la “barbarie” hacia una civilidad edificada bajo el discurso de una sociedad cínica que levanta el (falso) emblema de una “quiteñidad” ajena a la propia construcción simbólica, administrativa e histórica de la ciudad en el ámbito político. ¡Quito siempre ha sido rebelde y contestaría!
En el otro andarivel el gobierno, liderado por el presidente Moreno, pese a demostrar su malestar en el “Diálogo por la Paz”, resultó parcialmente victorioso. El mayor de sus triunfos es su continuidad en el poder, porque el fantasma del golpe de Estado se alejó del escenario político y recayó en los hombros de sus excompañeros de partido atrincherados en la “Revolución Ciudadana”. Sin embargo, la existencia per se de un gobierno, sin horizonte ni base social, marca el trayecto de un camino incierto cuyo único objetivo claro es el concluir con su mandato en el tiempo previsto por la ley.
Quienes dieron refugio a Lenin Moreno en Guayaquil, en su ilusoria república de papel caracterizada por mítines políticos con el uso de fondos públicos y los discursos regionalistas y racistas, se frotaban las manos porque el gobierno de transición hacía –con el “paquetazo”- el trabajo sucio que ellos no pretendían realizar para evitar el desgaste político. Esto, sumado a las declaraciones poco elocuentes de Jaime Nebot quien dijo “que los indígenas deben ir al páramo” y el discurso violento de la alcaldesa Cinthya Viteri proferido en la municipalidad frente a oligarcas y ‘guacharnacos’, los convierten en los grandes perdedores de la jornada de doce días. Un duro golpe del cual no se podrán recuperar, al menos, si tienen proyecciones presidenciales para las elecciones del 2021.
El costo de la violencia también le pasó factura a la ministra María Paula Romo, quien lleva la batuta de la política y es nexo entre el gobierno y las autoridades de Estado. Aunque la ministra Romo se disculpara en dos ocasiones por los actos violentos de la Policía Nacional, estos continuaron ejecutándose de distintas formas. ¿Con qué convicción podrá María Paula Romo hablar o escribir sobre derechos humanos y libertades cuando la Policía a su mando violentó los derechos de quienes se manifestaron contra las medidas económicas del gobierno criminalizándolos como lo hizo Rafael Correa? En un ejercicio de autocrítica la ministra debería renunciar.
A más del estado de orfandad política en que Moreno dejó a la capital, el alcalde Jorge Yunda demostró no tener liderazgo como mediador ni como interlocutor de aquellas voces que hacían un llamado a la paz. Quito estuvo acéfalo en términos prácticos y la figura de la revocatoria del mandato para un ciudadano que se convirtió en alcalde con poco más del 20% de apoyo del electorado capitalino se reavivó como una necesidad.
Aquí un segundo paréntesis, Yunda al igual que otros actores políticos, es la representación de la sintomatología post-correísta que dejó un ambiente maniqueo de falsos héroes y villanos, en donde hay una vaciedad de mediadores con credibilidad. Por ello, tanto el movimiento indígena como el gobierno recurrieron a las Naciones Unidas.
La conclusión salta a la vista, el pueblo ganó una paz endeble, los costos de la gasolina, el diésel y los pasajes del transporte público regresaron a ser los mismos que se cobraban antes de la ejecución del Decreto 883. Sin embargo, es momento de una reconciliación nacional sin dejar de observar con lente crítico, por una parte, al gobierno de Moreno, pues ha demostrado que por medio de la violencia de Estado y a cualquier costo, está dispuesto a defender políticas económicas que no consideran a otros actores más allá del empresariado y; por otra, al movimiento indígena que debe continuar desmarcándose del correísmo y de cualquier otro elemento que, pese a estar dentro de sus filas y usar sus discursos y ropajes, fornique con el poder a cambio de estabilidad política, prebendas o alianzas contra natura que solo reavivarían en el argot popular la imagen despectiva del “indio vendido”.
* Magíster en Estudios Latinoamericanos, mención Política y Cultura. Licenciado en Comunicación Social. Analista en temas de comunicación y política.
[1] La década perdida, con su estrategia de cooptación y expropiación de símbolos, significados y significantes de las organizaciones sociales y de trabajadores vació esa memoria, dejándola en el olvido o exponiéndola al escarnio del Estado de propaganda que la vinculó como aliada de la derecha tradicional. Esta perspectiva es contraria a la expuesta por el académico Mauro Cervino, quien desde mi punto de vista, romantiza esta estrategia de cooptación.
[2] Fundamedios destaca los siguientes datos: “135 periodistas agredidos, 52 por manifestantes, 36 por la Fuerza Pública, 18 por desconocidos, dos por el Estado y cinco por ciudadanos”. Para ampliar este informar revisar el informe titulado “La prensa fue blanco de los violentos: 135 periodistas agredidos en 12 días de protestas” del 14 de octubre de 2019.
