09 noviembre 2012
El jueves pasado, 1 de noviembre de 2012, el Consejo de Educación Superior aprobó el Reglamento de Escalafón y Carrera Docente. Esta decisión es una pieza clave en la creciente acumulación de tensiones en el sistema de educación superior del país. Al igual que en otros sectores, como la salud, o la reforma de la administración pública, el gobierno aprovecha la débil organización social existente y la dificultad que existe para darle al descontento y al malestar un canal de expresión político. Impone así un proyecto de reforma educativa que puede caracterizarse de “modernización conservadora”.
A diferencia de lo que se impuso en Chile o se quiere imponer en Colombia, no se trata en el Ecuador de un proyecto de privatización de la educación superior. El gobierno no busca imponer aranceles ni reservar la universidad para quienes puedan pagarla. A pesar de crecientes limitaciones, como regulaciones excesivas sobre el pago de segundas y terceras matrículas, el proyecto gubernamental no es, en lo esencial, un intento de someter la educación superior al imperio de las leyes del mercado. Por tal motivo, para quienes miran superficialmente las cosas, la conservación de la gratuidad es argumento suficiente para convertirlo en un proyecto progresista. Pero no lo es.
Igual que en el caso de la educación básica y el bachillerato, el gobierno de la revolución ciudadana asegura que quiere una sustancial mejora de la calidad educativa con miras a lograr un cambio en la matriz productiva del Ecuador. No discutiremos por el momento cómo se lleva a la práctica el “cambio en la matriz productiva”, pero el Reglamento de Escalafón Docente nos acerca muy bien a su concepción de la “calidad educativa”.
I
La calidad
Para el gobierno la calidad se mide por una serie de parámetros uniformes para todos los docentes independientemente del campo académico, del tipo de carrera o del tipo de universidad. El reglamento que establece los requisitos para pasar las distintas categorías del escalafón son puntillosamente detallados y vuelve requisito lo que en realidad es un conjunto ambicioso de objetivos de mediano plazo que deberían irse incluyendo paulatinamente en los concursos. En lugar de valorar méritos académicos se fijan y convierten en requisitos. Si para ser profesor auxiliar se plantea apenas el requisito de una maestría (y los otros que establezca el reglamento del concurso de la universidad contratante) para convertirse en profesor agregado de detallan ocho requisitos de partida durísimos; desde el número de artículos en revistas indexadas hasta el número de horas de cursos de actualización y sobre qué deben tratar los cursos (art. 19). Para ser profesor principal se piden nueve requisitos entre los cuales se detallan no solo el número de horas de capacitación y de obras relevantes sino hasta la duración de los proyectos de investigación (art. 20).
Para profesor investigador los requisitos son todavía más detallados y exigentes. No queda prácticamente nada para los concursos o para adaptar las necesidades de cada puesto docente a las orientaciones de la carrera universitaria, donde, muchas veces, lo que en realidad cuenta es la experiencia práctica y profesional del docente (digamos, un médico), algo que no se valora en lo más mínimo en ninguno de los requisitos. Lo que evidentemente corresponde a puntajes de los concursos o del trabajo de valoración de las comisiones de ascenso (es decir, los méritos), se convierte en un requisito previo para participar (sobre los requisitos de ascenso, arts. 54 al 57, valen las mismas consideraciones). El Reglamento ofrece respuestas administrativas a problemas de formación e investigación que requieren tiempo suficiente para irse construyendo colectivamente en medio de la experimentación y la práctica. La alternativa es, por supuesto, dejar abierto que los concursos prevean publicaciones de importancia, obras de calidad, cursos de perfeccionamiento y experiencia de docencia y trabajo con la comunidad (el trabajo en la comunidad, por lo demás, no está en ninguno de los requisitos).
El capítulo de “incentivos” es muy revelador del modelo de universidad y de trabajo docente que se asocia a la “calidad”. En el artículo 63 numeral 3, literal d, se lee:
“La dirección o codirección de un proyecto de investigación, de al menos 12 meses de duración, desarrollado en una de las cien mejores instituciones de educación superior extranjeras, según el listado definido por la SENESCYT para el reconocimiento del título de doctor (PhD), conforme al artículo 27 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior, se reconocerá como la dirección o participación en tres proyectos de investigación con una duración de 12 meses cada uno”.
En una hemorragia reveladora de la mentalidad colonizada de quienes escribieron el Reglamento, un proyecto de investigación gringo vale tres veces el ecuatoriano. Curiosamente, haber ganado el premio Nobel no figura ni como requisito ni como mérito. En cualquier caso, no se considera “incentivo” a ningún premio académico o social en ningún campo. En efecto, ni uno solo de los requisitos de los académicos ni de los criterios para los ascensos ni de los incentivos para los docentes valora el vínculo con la colectividad. La labor de los docentes médicos en los hospitales públicos, de los abogados en consultorios gratuitos, de los comunicadores en los medios o de los sociólogos y antropólogos en las comunidades indígenas y los sindicatos, no cuentan para nada. El vínculo con la sociedad se considera exclusivamente en el marco de las actividades de docencia, gestión académica e investigación (art. 9). Así, el proyecto de Reglamento del gobierno pone todo el peso de sus incentivos al servicio de publicar en inglés en revistas indexadas (que, por lo demás, serán determinadas por el SENESCYT en una “lista oficial” donde los académicos deben escribir si quieren que cuente). Es perfectamente posible imaginar y desarrollar un sistema alternativo de carrera y escalafón, que considere entre los méritos un puntaje máximo y uno mínimo para los aportes de los docentes y de la universidad a la sociedad.
¿Por qué se excluye un sistema flexible, basado en las necesidades locales y en valoraciones múltiples ligadas a la variedad de carreras, y a la multiplicidad de necesidades académicas y sociales? Porque el gobierno opera sobre la base de la desconfianza en las universidades y en los académicos. En lugar de ser un actor del cambio, son considerados rémoras del pasado. Por ello el Reglamento cree necesario detallar hasta las minucias de cada parámetro, de cada puntaje, de los estándares de medición y de los mecanismos de control de cada acto en la vida académica. La falta de confianza y de flexibilidad para que las universidades adapten normas generales a condiciones particulares y variadas lleva a la rigidez. La rigidez, a su vez, vuelve inapropiada la norma.
II
La transición
Quienes piensan que esta concepción de la “calidad” es positiva o “revolucionaria” (no me cuento entre ellos) pueden plantear que lo sustancial es entonces considerar adecuadamente la transición entre la situación actual y la situación deseada. Veamos cómo encara el gobierno este proceso de cambio.
El Reglamento de Escalafón realiza una homologación de los sueldos universitarios con los de la administración pública. Para aquellos que cumplan los requisitos, según la escala salarial del año 2012, el sueldo mínimo de los profesores auxiliares será de alrededor de US$ 1.600 y el máximo, en el caso de los rectores, podría llegar hasta US$ 6.800. Esto representa una positiva mejora salarial, especialmente en las universidades pequeñas de las provincias. Sin embargo, hay un problema. El presidente y sus ministros han asegurado que la inversión pública en educación superior ya es suficientemente alta y por lo tanto, no habrá aumento del presupuesto ni siquiera para la transición. Las universidades deben financiar este aumento del presupuesto actual luego de una redistribución entre las universidades que todavía no se ha hecho pública.
¿De dónde debe provenir, entonces, el dinero para financiar el aumento? Fundamentalmente de dos fuentes. Primero, aumentando la carga horaria de los profesores de tiempo completo y despidiendo a los profesores horarios. No es posible, en efecto, mantener la planta docente actual, de alrededor de 25.000 personas, con dicha tabla salarial. Hacerlo significaría, según cálculos preliminares si se quisiera tener la misma cantidad de docentes actuales en 2017, casi duplicar el presupuesto actual de las universidades públicas. Por lo tanto, la única manera de financiarlo es tener menos docentes. Segundo, reduciendo drásticamente los costos administrativos y de trabajadores no docentes. El Reglamento de Escalafón establece, en su disposición general (y transitoria) tercera, que hasta el 2015 las universidades deberán pagar en estos gastos menos del 35% de su presupuesto, “excluyendo los gastos de inversión”. La única forma de reducir tan drásticamente el gasto administrativo es despedir personal. Los despidos deben financiarse también con el presupuesto de cada universidad.
Ahora bien, solamente los docentes que cumplan los requisitos podrán ser incluidos en el nuevo Escalafón. Si hasta el año 2017 no se cumplen tales requisitos, los docentes deben ser despedidos. Hoy en día bastante menos de la mitad de los docentes tiene maestría, el requisito mínimo para ser docente auxiliar, según el reglamento. Financiar los estudios de todos esos docentes y el pago de sus sustitutos mientras dure el posgrado, también corresponde a las propias universidades. Ni el despido ni la jubilación anticipada de dichos docentes pueden salir, según declaraciones de los responsables gubernamentales, de nuevos aportes. Nuevamente, todo debe salir de los fondos actuales de las propias universidades.
Esta “transición” parece diseñada para responder a la pregunta de este artículo: ¿a dónde va la educación superior? A una explosión social y a un colapso académico. Colmo de la paradoja, quienes nos oponemos a este colapso somos acusados de defensores de la mediocridad.
Felicitaciones a Pablo Ospina por su analisis del Reglamento de Escalafon …
Pablo concluye su articulo planteando la pregunta que nos hacemos todos: hacia donde va la educacion superior? Lamentablemente, tenemos que coincidir con su respuesta: a una explosion social y a un colapso academico. Lo primero hasta seria manejable y conduciria a la rectificacion; lo segundo puede resultar irreversible o por lo menos dejara huellas que pueden tardar mucho tiempo en borrarse. Hagamos algo por evitarlo.
Arturo Villavicencio
Quiero añadir un dato importante, si bien es cierto que Senescyt otorgaba becas para maestrías y doctorados, estas tenían una limitante por demás anti-constitucional y discriminatoria: la edad. Para aplicar a las becas de maestría se debía tener como máximo 35 años y para doctorado, 45. Hace menos de tres meses cambiaron esta norma solo para los profesores principales. Espero que el correismo nos deje de lección que jamás debemos ponernos en las manos de nadie, ni darle tanto poder a una Asamblea que aprobó la Ley de educación superior o al Senescyt y Ceaaces, manejado por personas que no se toman el trabajo de darle la importancia que se merecen a los profesores y prefieren generalizar y decirle mediocres a todos, cuando no es así.
Mi impresión es que semejante reglamento es un instrumento para :1) botar a todos los profesores que no sean absolutamente fieles al correismo, 2) dejar a todos los demás, incluidos los nuevos, en un estado de precariedad laboral y expuestos al chantaje político-policial.
Que no se valore epistémicamente otra cosa que el saber universitario ” tiempo completo” revela la hipertrofia del discurso universitario, burocrático y tecnócrata. Es decir que sólo cuenta aquello que pasa por la matriz de la evaluación-lista de chequeo standarizada y de fácil administración por los comisarios políticos y chekistas de la educación. La vida se reduce a la miseria de los supervisores en sus oficinas mirando pantallas. No hay sujetos de la palabra, sólo datos.
Una nota final: por primera vez, como le gusta decir al régimen, el estado está en manos de estatistas. He aquí las consecuencias: los correistas quieren estar hasta en la sopa.
Comienzo manifestando que el presidente Correa en todos los campos miente a la sociedad del Ecuador , en la campaña para optar a la presidencia la primera ves , decía que cuando el este en el poder nasionalisaria la minería ,la producción petrolera, los servicios de telefonía celular
etc. pero la realidad es otra todo entregado a las transnacionales y a los particulares para que saqueen nuestras riquezas . En el tema de la educación tanto de la secundaria como de la educación superior es un engaño al país vemos como a los colegios fiscales de Institutos Técnicos se han reducido a Unidades Educativas , de lo Laico a priorizado a lo particular y religioso esto es en definitiva lo que ha echo el Sr. Correa .
La pregunta que se debe hacer los ecuatorianos es que el Presidente Correa de donde sacara
tanto PHD para poner como profesores principales en las universidades Publicas del Ecuador.
Lo que se mira es como se desmantela a las distintas facultades con estas pruebas absurdas que ni siquiera son de conocimiento científico hechas por el Senescyt . Con estos elementos lo que saco como conclusión es que en el país están introduciendo una política de obtener jóvenes sin conocimientos científicos sólidos y de esta manera sean una mano de obra barata para las corporaciones internacionales y las empresas nacionales .
Por todos estos actos incongruentes realizados por Correa en contra de los ecuatorianos , rechazamos y nos seguiremos sumando para protestar y buscar mejores días para nosotros y el de nuestros hijos.