ALIANZA PAÍS CONSPIRA CONTRA LOS GOBIERNOS LOCALES
Por: Franklin Falconí y Amparo Sigcha. Periódico Opción
17 junio del 2012
Evitar una mortal derrota política en las elecciones del próximo año, y revertir la desventaja en la que se encuentra el gobierno en la región central del país es lo que les quita el sueño a los tecnócratas de la llamada “revolución ciudadana”. Luego de los resultados de la consulta popular del 7 de mayo de 2011, las alarmas se encendieron, y el 13 de julio de ese año se organizó un taller “para la construcción de la estrategia política para la Sierra central”, porque es ahí donde se detectaron los resultados más negativos para el presidente Rafael Correa y su consulta, pese a la presencia personal de él en esta zona, y al insistente trabajo político de sus funcionarios y ministros. El documento que sistematiza los resultados del taller fue develado por la asambleísta Lourdes Tibán, una de las líderes sociales que, junto a Francisco Ulloa y Javier Cajilema, son identificados como los más fuertes adversarios políticos en Cotopaxi y a nivel nacional. En diálogo con OPCIÓN, la líder indígena de la bancada Plurinacional y de Izquierda desentraña las prácticas dictatoriales que se mueven detrás de estas secretas reuniones, puesto que son acciones reñidas con la moral y la democracia en el Ecuador.
¿Con su denuncia se comprueba la existencia de un plan oficial para desarticular el movimiento social que está en la oposición?
Se conocía de manera general, al interior de las organizaciones, que el gobierno actuaba con una lógica: desarmar a las organizaciones sociales persiguiendo a sus líderes. Con el documento que revelamos esto no solo se ratifica, sino que nos da la razón ante los ecuatorianos. Todos los gobiernos dictatoriales se originan de esa manera, son las prácticas tradicionales de un régimen que quiere concentrar poderes a costa de los derechos individuales y colectivos de sus ciudadanos.
Se ratifica que la Consulta popular del 7 de mayo marca un hito en la correlación de fuerzas dentro del Ecuador. Antes de la consulta, Correa decía que tenía el 70% de apoyo, porque tenía mucha confianza en su imagen, pero en la vida real tuvo un triunfo con las justas, un triunfo vergonzoso y, es más, si el proceso de conteo se daba de manera transparente hasta podía perder el proceso.
¿La constatación de esta debilidad originó la alarma?
Claro. El 13 de julio los 4 gobernadores y el viceministro Oscar Bonilla se reunieron secretamente y ahora se ven las conclusiones a las que llegaron, luego del mapeo que han hecho acerca de cuáles son los causantes de esa derrota en Cotopaxi y cuáles son las fuerzas que hay que identificar en la
provincia. Ellos ven que los movimientos fuertes ahí son Pachakutik, el MPD y una fracción de Sociedad Patriótica. Dicen que no hay cómo convencerle al Movimiento Indígena de Cotopaxi (MIC), tal como en Tungurahua, donde funcionaron perfectamente las tenencias políticas para la FENOCIN y los movimientos evangélicos. Entonces tienen una claridad de a dónde atacar: 0 presupuesto para la Prefectura, cogerles a los regantes, a las fuerzas armadas, subordinarlos para manejarlos. Hacer una fuerte presión política para que las autoridades que tengan poder de decisión salgan, entonces lo que está pasando con el prefecto César Umaginga es simplemente la implementación de un plan bien estructurado después de la consulta popular, y utilizando a la
Contraloría General del Estado, los exámenes de esta institución, que deben ser para felicitar, recomendar o sancionar; y si esa sanción tiene que venir hay que asumirla, pero no hacer espectáculos o asaltar la prefectura como se lo ha hecho ahora, sabiendo que el tema está impugnado.
El mismo caso existe para el prefecto de Sucumbíos, que con fechas cercanas le notificaron desde la Contraloría, pero la diferencia está en que el prefecto de Sucumbíos sigue en funciones y se debe esperar a que termine el trámite. En Cotopaxi ya se tomaron el poder. Son los mismos hechos pero distintos fines. Estos planes conspirativos para desestabilizar a los gobiernos locales se han producido también en otros lugares: lo ocurrido con el alcalde de Santa Isabel, Rodrigo Quezada, en la provincia del Azuay por ejemplo.
¿Es ésta una planificación por regiones?
Claro, tienen el mapeo de la Sierra central, de los cantones donde existe fuerza de los partidos que no son de gobierno. Por ejemplo, en el análisis del gobierno no comprenden que en los municipios donde tienen alcaldes haya perdido el SÍ, y es el caso particular de Saquisilí, donde se perdió en todas las preguntas. Les preocupa entonces cooptar a las autoridades que no son de Alianza País, como lo hicieron con la vice-prefecta de Cotopaxi.
Habría que ver cuál es el plan en otras regiones. A mí me gustaría ver qué están haciendo en la Amazonía, debe haber un mapeo para este sector, una dedicatoria para Salvador Quishpe, Guadalupe Llori. En Chimborazo se dice que las bases no le respetan a Marco Murillo, y eso para el gobierno es un logro; supuestamente han dividido al movimiento indígena porque el prefecto Curicama no se lleva con Delfín Tenesaca, pero en realidad no es así, porque cuando se pregunta a la gente sobre Marco Murillo en Chimborazo, lo que se escucha es que es un excelente representante. Según los planes del gobierno, debe hacerse un acercamiento a los líderes de manera individual y eso es lo que están haciendo, no solo en esta provincia, también se ve en Pichicha, lo que hicieron con Ulcuango por ejemplo. Esta es una práctica del gobierno para ir concentrando el poder absoluto en el Ecuador y con miras a las próximas elecciones.
Cuando el gobierno no puede ganar en elecciones utiliza estos mecanismos, en Cotopaxi se buscaría descabezar al movimiento indígena aglutinado en Pachakutik, y también al MPD para conseguir resultados favorables… El gobierno trató de ingresar al MIC con Gilberto Guamangate para la presidencia y no lo logró, ahora lo que se logró en la Prefectura es a través de la hermana de Guamangate. Es clara la línea política del gobierno, y como no lo consiguieron en el MIC, el ataque fue a la prefectura. Hace unos días, el Ministro de Relaciones Laborales dijo que ha venido a inaugurar el campus moderno de la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE) en Latacunga y que en pocos días se definirá el destino de la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC), y que no faltarán políticos mediocres que defiendan la mediocridad. En el documento se dice que la UTC es el escenario donde actúa el MPD y que hay que acabar con esa institución, entonces la evaluación del CONEA no es técnica, es parte del plan. Lo mismo ocurrió en Chimborazo, se debe mirar cuántas universidades existían y qué tendencia tenían. Que no vengan a decir en noviembre que la evaluación del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) a la UTC ha dado como resultado su cierre, es un plan del gobierno acabar con la universidad, el gobierno tiene identificados los planes para cada provincia.
La denuncia de este documento muestra responsables. ¿Se puede identificar quiénes estaban reunidos y seguir acciones de tipo político y legal contra esos personajes en la Asamblea o en instancias legales?
Este es un documento que se filtra de un taller político. Claro, están en libertad de reunir a sus autoridades, y de lo que se conoce se han reunido gobernadores, jefes políticos y el Vice ministro Oscar Bonilla, y ahí participa la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), esta señora Larrea, quien dice con claridad que las causas son líderes de los movimientos y que las sabatinas no han dado respuestas concretas, como que es una pérdida de tiempo. También se dice que en el proyecto político del gobierno no se visibiliza bien la línea de la plurinacionalidad y la interculturalidad, y que los indígenas no comen el cuento. También mencionan que las obras del gobierno en la Sierra Central no se visibilizan, y que no hay que quedarse en compromisos sino plasmar con acciones los acuerdos. Reconocen como peligrosos tanto a las estructuras organizativas como a los liderazgos, es por eso que en Cotopaxi claramente se menciona la necesidad de investigar a César Umajinga, a Lourdes Tibán, Francisco Ulloa, Javier Cajilema y Edison Cajas. A Javier Cajilema le acaban de sentenciar a un año de cárcel por el tema del 30S, entonces se ven las consecuencias del documento que están aplicando.
Si actuáramos con la lógica del gobierno ¿podríamos decir que es un acto conspirativo?
Sí debería ser calificado como un acto conspirativo, y si se quiere, como sabotaje y terrorismo, en este caso por parte de los que se han reunido a planificar estas cosas. Pero conociendo al gobierno primero me investigarán a mí, y a quien me dio el documento.
¿A nivel legislativo se puede hacer algo, hacer comparecer a alguien?
El tema de la fiscalización es una pérdida del tiempo, todo se archiva por la mayoría que tiene el gobierno. No se debe gastar pólvora en gallinazo. Yo creo que este plan va contra toda la oposición, y es selectivo en el tema indígena, va contra pachakutik, y en el tema de los maestros, los trabajadores, estudiantes va contra el MPD. En el caso de Chimborazo se detecta que los poderes económicos de esa localidad no están con el gobierno, y en las recomendaciones del plan se dice que hay que identificarlos uno por uno y sumarlos a la Revolución Ciudadana, con mecanismos como la mesa de producción, que no se sabe si la tienen. El gobierno dice que no está con los pelucones, pero en Chimborazo le preocupa que los pelucones de esa provincia no estén con ellos y los van a buscar. El gobierno sabe que en la consulta nos unimos y le ganamos, por eso tratan de buscar formas de cómo ganar las elecciones a través de la división de las organizaciones.
