04 julio 2014
“El ejecutivo del Estado moderno no es otra cosa que un comité de administración de los negocios de la burguesía”
K Marx
La política laboral imperante es regresiva, responde a esquemas neoliberales cuyo objetivo es la acumulación del capital. Se incorporan variantes de modernización del capitalismo salvaje en las relaciones laborales, se desplaza el disimulado arbitraje de los burócratas para asumir la condición de ponentes totales de la política pública, se asegura la precarización del trabajo para que la sindicalización y la protesta no sean factores de conflicto ni interferencias en el modelo de acumulación.
Otras contradicciones son insalvables, por un lado se jubila a la fuerza a quienes se resisten, y por otro se amplía la edad de jubilación; el sistema financiero fuerte, el IESS, requiere de extraer más sangre de los trabajadores. Las nuevas fórmulas de contratación garantizan la explotación sin paraguas de protección, los derechos y garantías laborales se ausentan. En época de “revolución” se formula un código laboral sin los trabajadores y contra ellos. La revolución desde arriba mira las fuerzas motrices no en las relaciones sociales de producción sino en el Estado, paradigma nacional socialista y no socialista marxista o libertario. El concepto de plusvalía también desaparece del oficial glosario ideológico, ya no se explica, se justifica la sobreexplotación del trabajo en mascaradas desarrollistas que extienden las jornadas de trabajo para complacer a empresarios, y a la nueva clase dirigente de la burguesía burocrática.
Se criminaliza la huelga de los servidores públicos, los colectivos ven apagarse los derechos a la sindicalización; la estrategia de liquidación sindical se acompaña de inestabilidad, donde campea la expulsión y la rotación de la fuerza laboral cada dos años, hecho que precariza más la realidad. Nuevas formas de tercerización asoman con el argumento de externalización de servicios, formas que dividen a los trabajadores entre los de primera clase con derechos que languidecen y los que sobreviven sin amparo ni derechos.
La fuerza laboral subordinada al estado emana plus valor agobiante y la plusvalía absoluta extraída se pone al servicio de la novísima deuda externa nacional. La clase capitalista ya no declara la guerra a los trabajadores ya tiene en el estado y en el gobierno quien lo haga: una guerra sin tregua contra la Clase Trabajadora.
No hay políticas de empleo, hay reclutamiento forzado a costa de sometimiento político que se suman a las precarias, débiles condiciones de trabajo y al chantaje del desempleo por disidencia. El Pacto Social nuevo es el viejo sueño de la derecha que se cristaliza con las dicotomías empleo-desempleo y activo-parado, donde el único interlocutor con la clase capitalista será el estado. Solo después del diálogo patronal entre los amos de la burocracia y la burguesía, se pretende la socialización a la “población beneficiaria”, burda versión legitimadora que omite el protagonismo de la clase obrera.
Como si todo esto fuera poco, se anuncia la incautación de las utilidades a los trabajadores, protegiéndose desde luego las utilidades de los capitalistas. Los trabajadores que contabilizan aspiraciones de vivienda y educación con las utilidades de la venta de su fuerza de trabajo, ven truncados sus sueños porque estos “socialistas” creen, como los viejos liberales del siglo IXX y neoliberales del XX, que el trabajo ya está remunerado con el salario y que todo excedente no les pertenece, es propiedad sagrada de los dueños y los medios de producción. Maldita concepción de explotación ya destruida por K Marx en su teoría de la plusvalía, hasta aceptada por la misma burguesía liberal moderna que reconoce ese derecho a la fuerza laboral.
Y más perversa es la destrucción del principio mutual que pretende incautar el fondo de la los trabajadores de la educación. El FCME es de propiedad de los educadores y su manejo técnico ha demostrado eficiencia y calidad en el gasto. La inversión social del fondo ha dado respuestas a las expectativas y necesidades de los maestros. En todo caso, son los trabajadores de la educación los únicos llamados a sostener o disolver el FCME y no los burócratas ineficientes del estado.
RESPUESTA
Entonces; la solidaridad de clase es un imperativo, construirla exige romper con la segmentación existente entre trabajadores activos y parados, sindicalizados y no sindicalizados, de código y LOSEP. La solidaridad de clase debe convocar a todos a actualizar la lucha por:
. Jubilación voluntaria a los 55 años de edad, voluntad en el trabajador y no en el estado que despide voluntariamente.
. Reducción de la jornada laboral a 6 hora diarias sin reducción de salario. TRABAJAR MENOS PARA TRABAJAR TODOS. La reducción de la jornada laboral redundara en beneficio del trabajador y su entorno al tiempo que optimizara la economía popular con iniciativas creativas familiares
. Alza general de sueldos y salarios y acción contra el costo de la vida.
. Recuperación del derecho de huelga y derecho de sindical.
. Asambleas de parados/as y bolsas de trabajo convocadas por las centrales sindicales.
. Acción directa contra la precarización, la externalización de servicios y la fascista inestabilidad laboral.
. DEFENSA DE LAS UTILIDADES DE LOS TRABAJADORES
. DEFENSA DE LOS FONDOS DE CESANTIA DEL MAGISTERIO
