Luciana Jáuregui J.
Fundacion Rosa Luxemburgo
18 de febrero 2026
Rodrigo Paz ganó las elecciones con el 54 % de los votos en un contexto de crisis económica marcada por la escasez de dólares y problemas de abastecimiento de combustible, generados por la reducción de las exportaciones de gas y la fuga de divisas. A diferencia del candidato de derecha, Jorge Quiroga, Paz se comprometió a adoptar una agenda de centro, que no afectara a los sectores populares, preservara el Estado Plurinacional y no recurriera al financiamiento de organismos internacionales. Paz asumió la presidencia el 8 de noviembre de 2025, e inmediatamente retiró la simbología indígena e incorporó a tecnócratas y representantes de la agroindustria en su gabinete. Durante su primer mes de gobierno, redujo los impuestos a las grandes fortunas y suscribió negociaciones de créditos con el FMI y el Banco Mundial, mientras que postergaba las reformas estructurales hasta 2026. El 17 de diciembre, en vísperas de las fiestas, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo N° 5503, que eliminaba la subvención a los combustibles e incluía, además, un paquete de medidas orientadas a liberalizar la economía: dar estabilidad jurídica y tributaria por quince años a las inversiones, otorgar facultades ampliadas al Banco Central, establecer la libre exportación de productos agroindustriales, entre otras, reduciendo los procedimientos administrativos y esquivando el control de la Asamblea Legislativa. Las protestas estallaron dos días después. A la cabeza se hallaba la Central Obrera Boliviana (COB), que logró que el Gobierno abrogara el Decreto el 13 de enero, aunque se mantuvo la eliminación de la subvención.
Neoliberalismo por sorpresa
La victoria de Rodrigo Paz fue un hecho circunstancial, que se dio en un contexto de crisis del Movimiento al Socialismo (MAS) y de debilidad de la derecha tradicional. Logró el triunfo gracias a su promesa de aplicar una agenda moderada, que le valió el respaldo condicional del voto popular. Por este motivo, Paz llegó al Gobierno con una debilidad estructural: carecía de estructura política, de un bloque parlamentario cohesionado y de una base social propia. Para compensar estos vacíos, Paz hizo un viraje de 180 grados y se alineó con las élites tradicionales, al incorporar a los principales grupos de poder político y económico a su Gobierno, recurrir a los organismos internacionales y redefinir su estrategia geopolítica en favor de Estados Unidos. Fue justamente por la naturaleza de sus alianzas que el Gobierno decidió implementar políticas de ajuste estructural, no de manera gradual y negociada, sino a partir de una vía de shock. Su estrategia consistía en aprovechar el momento de crisis y de desarticulación social para imponer medidas abruptas y radicales por decreto, a fin de generar, a la larga, legitimidad por desempeño, mediante resultados económicos y compensaciones ex post. De ese modo, Paz buscaba compensar su debilidad institucional y falta de legitimidad social con una acción directa y unilateral. En ese sentido, el Decreto 5503 era un experimento político para poner a prueba el poder de las elites tradicionales y la capacidad de resistencia social, para contener medidas impopulares en un contexto pos-MAS. Así, frente a la derrota de la derecha tradicional en las urnas, el Decreto era un catalizador para generar un nuevo equilibrio de fuerzas y forzar las condiciones para la aceptación social del proyecto neoliberal.
El Decreto 5503, lejos de reducirse a los combustibles, buscaba hacer una reestructuración orgánica y sostenida de las relaciones Estado-sociedad, al concentrar facultades extraordinarias en el poder Ejecutivo y reorganizar el papel del Estado en favor del capital privado y transnacional. No hay que olvidar que cada modelo de acumulación precisa de un determinado régimen político para producir legitimidad, asegurar su reproducción y gestionar el conflicto social. El Decreto declaraba emergencia económica nacional sin fundamentación técnica, a fin de legitimar la concentración de decisiones en el Ejecutivo, flexibilizar los marcos normativos y aplicar medidas sin mediación legislativa. Si bien públicamente se anunció que el objetivo era eliminar la subvención a los combustibles, en el fondo el corazón del decreto era liberalizar los mercados estratégicos y atraer inversiones mediante regímenes especiales. Así, el decreto establecía un régimen extraordinario de inversiones, que garantizaba la estabilidad de los contratos hasta por quince años, con fuerza de ley y bajo un mecanismo de fasttrack. A esto se sumaba la concesión de facultades extraordinarias al Banco Central, que le autorizaban a ampliar el endeudamiento externo y modificar el uso de reservas sin reforma legislativa. También se eliminaban las restricciones al comercio exterior, al suprimir el requisito de abastecimiento interno y establecer la libertad de exportación para productos agropecuarios. De esa forma, el Gobierno abría la economía al capital transnacional y despojaba a la Asamblea Legislativa de sus competencias en materia tributaria, fiscal y de control de endeudamiento. Así, las reformas neoliberales quedaban prácticamente blindadas de la deliberación democrática, y se garantizaba la centralización y continuidad de las decisiones ejecutivas frente a posibles conflictos internos y externos.
La estrategia de shock del Gobierno de Rodrigo Paz, lejos de ser fortuita, buscaba superar los límites estructurales de las clases dominantes a través de una intervención abrupta y radical. El Gobierno se asienta sobre una coalición elitista, conformada por empresarios, clases medias tradicionales y organismos internacionales, ya que perdió el respaldo de los sectores populares tras romper su mandato electoral. Empero, si bien las élites controlan el Estado y comparten una plataforma programática, tienen importantes diferencias internas sobre liderazgos, grados de compromiso y prioridades estratégicas. Por este motivo, el Gobierno no logró consensuar el Acuerdo Nacional por el Bicentenario, mediante el cual buscaba aplicar reformas económicas e institucionales con consenso, y tampoco pudo unificar a su partido político ni conformar una coalición parlamentaria sólida. Se trata, en todo caso, de una coalición frágil que depende de resultados visibles y beneficios concretos, que durarán mientras se logre avanzar con la agenda neoliberal. Fue precisamente esta fragilidad de las alianzas la que condicionó al Gobierno a redefinir el alcance y ritmo de la reforma, dado que buscaba minimizar el riesgo de bloqueo político, satisfacer la presión de los aliados y aprovechar el escenario de desarticulación social durante su periodo de “luna de miel”. Su objetivo era consolidar sus apoyos para edificar una posición segura, desde la cual negociar después con los sectores populares.Paz promulgó el decreto siguiendo su ya habitual estrategia de encubrimiento discursivo, al presentarlo como una “medida técnica” y de convicción patriótica, que velaba tanto su carácter enajenante, como el favorecimiento al capital privado y transnacional. Así, la vía de shock fue la respuesta estratégica a la incapacidad de las élites tradicionales para avanzar con su proyecto neoliberal mediante mecanismos convencionales de pacto y negociación.
El Decreto 5503 es “el nuevo 21060”
A pesar de la crisis económica, en Bolivia no se generó una ventana política para ajustes de shock. El declive del MAS no implicó la aceptación popular del programa neoliberal. En ese momento, las organizaciones sociales atravesaban una crisis de mediación y legitimidad, debido a la burocratización de las dirigencias, la injerencia partidaria y la diferenciación social producida durante el ciclo del “proceso de cambio”. No obstante, la caída del MAS fue un sismo que revitalizó las memorias de lucha, las identidades populares y las dinámicas organizativas frente a la amenaza de restauración conservadora. El posmasismo, lejos del vacío social, abrió un proceso de recomposición interna del bloque popular, en el que ganaron protagonismo los obreros frente a las organizaciones indígenas campesinas, dentro de una alianza que permitió la eficacia. El nodo fue la Central Obrera Boliviana (COB) que, bajo el liderazgo de la Federación Sindical de Mineros, articuló a los fabriles, el magisterio urbano y rural, los trabajadores de la limpieza y de la construcción, amas de casa, entre otros. La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupaj Katari definió finalmente el conflicto al realizar un bloqueo de caminos. En cambio, los cocaleros, liderados por Evo Morales, tuvieron un rol periférico, pese a que respaldaron las protestas. La demanda inicial del movimiento era mantener la subvención de combustibles, pero después se transformó en un pedido de abrogación total del Decreto, porque abría la puerta a la privatización y al saqueo de los recursos estratégicos. La COB homologó el Decreto 5503 al Decreto 21060, que introdujo las políticas neoliberales en la década de los noventa, al asociar la defensa de los recursos con la defensa de la soberanía. Esto le permitió dar al conflicto un carácter nacional. Así, se desarrollaron bloqueos, huelgas y protestas multitudinarias bajo el lema “Bolivia no se vende”.
Rodrigo Paz aseguró inicialmente que “no daría un paso atrás ni para tomar impulso”, pero tuvo finalmente que abrogar el Decreto. No fue fácil. Paz concentró el proceso de toma de decisiones de su Gobierno en un equipo reducido de técnicos y expertos, que le impulsaron a implementar las reformas “desde arriba”, sin considerar los condicionamientos políticos. El Decreto se elaboró como una “medida técnica”, que redujo la política a la gestión administrativa y los conflictos sociales a “problemas de ejecución”. Después, el Gobierno recurrió a una estrategia política de división, negociación y compensación diferenciada para desactivar las protestas sociales. Así, pactó con las cámaras del transporte, los gremios y algunos sectores productivos, asumiendo que estos eran los sectores estratégicos. El problema fue que la reforma impactaba principalmente a aquellos sectores dependientes del Estado, que constituyen la base social más organizada y politizada del bloque popular. A pesar de esto, el Gobierno hizo un manejo coercitivo del conflicto, promoviendo una campaña de desprestigio contra los dirigentes, anunciando cambios en la legislación sindical y criminalizando la protesta hasta el punto de usar gas lacrimógeno durante las movilizaciones, arrestar a manifestantes y allanar la residencia de la COB. Sin embargo, Paz no pudo recurrir a medidas extremas, como el estado de sitio, porque carece de capital político suficiente como para garantizar el respaldo de las fuerzas del orden y reprimir las protestas sin enfrentar altos costos políticos y sociales. Así, la estrategia de shock fracasó, al obviar que las organizaciones sociales son la principal instancia de representación popular, frente a la vacuidad de los partidos y el monopolio estatal de la élite tradicional. El error político de la tecnocracia fue desconocer que las estructuras sindicales y comunales preexisten y tienen control territorial, autonomía organizativa e ideología, más allá del MAS.
Escenarios políticos frente el ajuste
A partir del Decreto 5503 se abrió un nuevo campo de lucha en torno al control de los recursos estratégicos y al significado político de la nación. El conflicto permitió que sectores sociales diversos conectaran sus demandas particulares con un mismo problema estructural: la afrenta a los bienes comunes, los derechos y la soberanía. Así sucedió con las protestas en la Reserva Nacional de Tariquía, que se reactivaron a raíz de la autorización del Gobierno al ingreso de actividades petroleras, como parte del proyecto exploratorio Domo Oso X3, que expuso los efectos concretos del Decreto y encauzó los conflictos en una sola dirección. A esto se sumó la intervención militar estadounidense y el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela, que inscribió el conflicto dentro de un marco geopolítico más amplio, al localizar a Bolivia dentro de los objetivos estratégicos del imperio. No hay que olvidar que Paz restableció relaciones con Estados Unidos para acceder a financiamiento, a cambio de permitirle intervenir en la lucha contra el narcotráfico y revisar los contratos del litio suscritos con Rusia y China. Las redes sociales fueron las que conectaron los conflictos, al actuar como intelectualidades colectivas y hacer una suerte de pedagogía del Decreto que perforó el cerco mediático. De ese modo, durante este ciclo de protestas, las demandas redistributivas y antiextractivas, que estaban disociadas en razón del pacto MAS-empresarial, se rearticularon. A su vez, se configuró un adversario común, más claro y cohesionado, a diferencia del ciclo anterior, en el que el enemigo era difuso, fragmentario y hasta contrapuesto. Así, la disputa por los recursos estratégicos se convirtió en el eje articulador de todas las luchas sociales, al reinstalar el clivaje oligarquía/pueblo y transformar el conflicto en un punto de inflexión que redefinió las posibilidades y límites del proyecto neoliberal a futuro.
La derrota del Gobierno, lejos de reducirse al Decreto, afectó toda su iniciativa de cambio estructural, porque limitó el rango de reformas posibles y cambió sustantivamente la distribución del poder. Es cierto que eliminar la subvención de los combustibles fue una derrota popular, porque legitimó que el desequilibrio fiscal debía resolverse reduciendo el gasto social y cargando los costos sobre los sectores vulnerables, en lugar de eliminar las políticas que favorecen a los empresarios mediante rentas, impuestos y fuga de capitales. La razón es que se instaló un discurso de inevitabilidad que generó una aceptación tácita, bajo la idea de que no hay alternativa viable y que habrá compensaciones mediante aumentos salariales y bonos sociales. Aun así, el movimiento popular ganó poder relativo, al rearticular sus redes sindicales, fisurar la narrativa dominante y establecer un nuevo eje de negociación que obliga al Gobierno a considerar sus demandas en cualquier política futura. El Gobierno, por su parte, aunque avanzó con quitar la subvención, perdió el control sobre laestructura de gobernabilidad que le permitía hacer reformas profundas y duraderas, viéndose forzado a operar dentro de márgenes más estrechos. No obstante, el fracaso de la estrategia de shock no implica la derrota del proyecto neoliberal, sino de una modalidad de implementación que obliga al Gobierno a hacer un reajuste táctico para aplicar las reformas por otras vías, ya sea de manera escalonada, negociada y hasta encubierta, o, en su defecto, a partir de medidas abiertamente coercitivas que le permitan recuperar capacidad de mando, aunque con riesgos muy altos. De hecho, actualmente se debate una Ley Antibloqueos, que busca criminalizar la protesta. Por este motivo, antes del inicio de un nuevo ciclo, se abre un proceso prologando, contradictorio y conflictivo de luchas por la definición del modelo económico, político y cultural.Al fin y al cabo, el posmasismo es un período de reconfiguración de las relaciones de poder y de las alianzas de clase, marcado por la ausencia de hegemonía.
[1] Socióloga boliviana y doctora (c) en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, México
Foto de portada: Lalineadefuego
