CAMINANDO AL “FONDO” Y A LA “DERECHA”. Por Alberto Acosta y John Cajas Guijarro

En 2008 el Fondo Monetario Internacional (FMI) suspendió su revisión anual de la economía ecuatoriana luego de que entre abril y junio de 2007 tanto esta institución como el Banco Mundial (BM) fueran expulsados del país por parte del entonces presidente Rafael Correa.

Cuando una nación está en crisis, el FMI toma ventaja y le exprime la última gota de sangre. Prenden fuego, hasta que finalmente la caldera explota. Han condenado pueblos a la muerte. No les preocupa si la gente vive o muere. Las políticas socavan la democracia (…) es un poco como la Edad Media o las Guerras del Opio”

Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía (2001)

Pasaron los años. En 2014 -con un precio del petróleo que bordeaba los 100 dólares por barril- cuando el discurso correísta de soberanía ya era puro cuento y el gobierno demandaba más y más recursos para sostener la fachada del -tan promocionado e inexistente- “milagro económico”, Rafael Correa retornó al redil del FMI y consiguió su bendición para colocar bonos en el mercado financiero internacional. Desde entonces, con el aval inicial del Fondo, contratacó una vez más “la deuda eterna”. Asimismo, y sin vergüenza alguna, el gobierno de Correa  permitió que el FMI retome su revisión de la economía del país. Luego, en julio 2016 el FMI entregó un crédito de 364 millones de dólares para “estabilizar la balanza de pagos” ecuatoriana, crédito que el correísmo infamemente presentó como necesario para enfrentar la tragedia causada por el terremoto del 16 de abril.

Ahora, en marzo de 2019, y gracias al morenismo, el Ecuador consolidó su retorno al “fondo”: el directorio del FMI concretó una línea de crédito por 4.200 millones de dólares por entregarse a lo largo de tres años, con un desembolso inmediato de 652 millones. Con dicho crédito el FMI apoya el programa económico del gobierno de Lenín Moreno que, según la Directora Gerente del fondo, Christine Legarde, busca: “reducir la relación deuda / PIB a través de una combinación de un reequilibrio de la masa salarial, una optimización cuidadosa y gradual de los subsidios a los combustibles, una re – priorización del gasto de capital y bienes y servicios, y una reforma fiscal”.

Así, tomaron un poco más de cuatro años -entre 2014 y 2019- para que -de la mano de correístas, morenistas y demás grupos que gobiernan tras bambalinas- el futuro de nuestro país tenga de nuevo un aroma de pasado; el aroma fondomonetarista y de otros conocidos organismos multilaterales. En efecto, Lenín Moreno en su momento anunció que el acuerdo con el FMI abriría la puerta de nuevos créditos por 6.700 millones de dólares del Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo de Reservas Latinoamericano (FLAR). De esos recursos, 4.600 millones se desembolsarían en 2019, 3.150 millones 2020 y 2.500 millones en 2021. Del monto total por recibir, que llegaría a unos 10.200 millones de dólares, 3.500 millones serían para proyectos (todavía no especificados) mientras que 6.700 millones serían de libre disponibilidad. Ni las condiciones ni las características de dichos créditos aún han sido difundidas en detalle.

Por cierto, aunque el entreguismo a los multilaterales es cada vez más evidente, Lenín Moreno anunció el acuerdo con el FMI y con los demás organismos en un tono de total surrealismo: se salvaría la dolarización y hasta la democracia; los recursos prioritariamente servirán para inversión social; se generarían nuevas oportunidades de trabajo y empleo para quienes aún no encuentran un puesto estable; habría más seguridad para cumplir con los bonos para personas de la tercera edad; pagos más expeditos para proveedores, municipios, universidades y anticipos para el inicio de obras; aseguramiento de la construcción de escuelas, hospitales, carreteras… En pocas palabras, Moreno quiso dorar la píldora del endeudamiento multilateral vendiéndola casi como una salvación.

Si bien algunos podrían afirmar que el FMI ya no es el mismo de antes y que ha aprendido de sus errores del pasado, el argumento no parece del todo creíble. Pensemos, por ejemplo, la compleja realidad que tienen países como Grecia o Argentina, en donde la intervención del Fondo no solo que no ha impedido el recrudecimiento de las crisis, sino que incluso ha aplastado a la propia idea de democracia. En contraste, se puede ver el avance -también con matices- que ha tenido Portugal al dejar de lado las recetas fondomonetaristas.

En fin. El caso es que el Ecuador se encamina a vivir un futuro cuyo horizonte evoca a un pasado crítico cada vez más evidente e intenso. Justo por ello, podemos recurrir a un repaso histórico para tratar de anticipar ese futuro, que ya tiene mucho presente como veremos más adelante.

El poder de organismos no democráticos

Como resultado de los acuerdos de Bretton Woods, en 1944 se creó el FMI originalmente para enfrentar los problemas coyunturales de la balanza de pagos, así como regularizar y estabilizar las relaciones monetarias y financieras de sus países asociados. Pero, con el tiempo, el FMI fue incursionando en campos más amplios y de largo plazo, confundiendo sus espacios de acción con los del Banco Mundial. Este último, resultado también de Bretton Woods y creado para ofrecer soluciones estructurales a los países devastados por la segunda guerra mundial, fue asumiendo el financiamiento de proyectos de desarrollo con los cuales empezó a aplicar las “condicionalidades” de tipo coyuntural y de política económica de corto plazo.

Recién a fines de los años cincuenta y, sobre todo, en la década de los sesenta el FMI empezó a orientarse sistemáticamente hacia los países subdesarrollados con dificultades en sus balanzas de pagos (dada esa finalidad específica de los créditos, no pueden compararse simplonamente con créditos de la banca multilateral o privada, ni con colocaciones de bonos y facilidades petroleras). Desde esos años, los países latinoamericanos comenzaron a recurrir con más frecuencia al endeudamiento externo para financiar sus programas de industrialización. Ya en aquella época desarrollista, se fue institucionalizando el sistema de condicionalidades, paulatinamente endurecidas.

A su vez, el FMI devino en defensor fundamental de los intereses de los grandes acreedores internacionales, en particular de los Estados Unidos (como demostró el Informe Metzler del congreso estadounidense). Ejemplo claro de ello es la distribución de poder al interior del Fondo: de los 24 miembros que componen el Directorio Ejecutivo del multilateral, apenas 7 países poseen su propio representante (Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Francia, Reino Unido y Arabia Saudita); los 17 miembros restantes son bloques (por ejemplo, Ecuador pertenece a un bloque de 11 miembros que es liderado por Brasil). Para colmo, apenas tres países, EEUU, China y Japón tienen el 28,76% del total de participación en el FMI por su cuota de aportes al organismo.

Bajo esta lógica de un organismo mundial nada democrático, el Fondo ha consolidado un mensaje genérico que suele venderse como recetario para “enfrentar” los problemas de países altamente endeudados, pero que en la práctica termina siendo un mero andamiaje encargado de asegurar que esos países paguen sus obligaciones a los acreedores internacionales incluyendo al propio FMI. Y, de paso, con sus políticas el Fondo y sus seguidores pretenden instaurar una economía de libre empresa (gran empresa, se entiende), cada vez más ajustada a las demandas del capital transnacional y más desconectada de las realidades concretas y los problemas estructurales de los países.

En resumidas cuentas, ese mensaje fondomonetarista -muchas veces expresado en las llamadas “Cartas de Intención” (¿o de sumisión?)-, apunta generalmente a:

–       Reducir los gastos fiscales a través de medidas de austeridad como

o   Eliminar subsidios así estén dirigidos al apoyo de la industria local, la agricultura o los sectores populares;

o   Reducir la masa salarial pública generalmente con menos personal (sin ajustar radicalmente las escalas salariales de la burocracia dorada);

o   Reducir la inversión pública (pudiendo incluir hasta a la inversión social), creando espacios para la privatización;

o   Eliminar exoneraciones y demás incentivos tributarios que beneficien a la gran mayoría de la población;

–       Incrementar los ingresos fiscales sin afectar a los que más tienen a través de

o   Ampliar la recaudación tributaria regresiva, es decir, no se carga de más impuestos a los que más tienen sino a la población en general (p.ej. aumentando el IVA);

–       Liberalizar cada vez más la economía promoviendo

o   Apertura comercial;

o   Liberalización de los sistemas financieros;

o   Mayor flexibilización laboral;

–       Mantener una visión monetarista-fiscal de la inflación, lo cual motiva a promover un “presupuesto equilibrado”;

–       Desalentar las nacionalizaciones y cualquier emprendimiento estatal en la producción, fomentando más bien la privatización de los activos públicos;

–       Ajustar y hasta privatizar la seguridad social;

–       Crear un clima propicio a la libre empresa y a la inversión extranjera;

–       Devaluar la moneda y establecer un tipo de cambio único y libre (medida no necesaria en una economía dolarizada…)

En síntesis, la típica fórmula mágica del neoliberalismo para alcanzar el desarrollo a través de más mercado y menos Estado. Una fórmula que, por cierto, ya probó el Ecuador en el pasado y fracasó…

Un pasado cargado de un futuro preocupante

Desde la primera asesoría que el FMI diera en 1949 al gobierno de Galo Plaza Lasso a la fecha hay una larga relación del Ecuador con el Fondo. Una relación marcada sobre todo por las recurrentes crisis de la economía del país, las cuales a su vez son altamente dependientes de los vaivenes del mercado capitalista mundial.

Históricamente el Fondo acompañó al país desde la crisis bananera de fines de los años cincuenta y principios de los setenta del siglo pasado, hasta 1972, cuando empezaron las exportaciones de petróleo amazónico y emergió el primer boom petrolero (primer ciclo fondomonetarista). Reapareció con fuerza con la crisis de la deuda externa en 1982 y su sombra nos acompañó hasta 2007 (segundo ciclo fondomonetarista), cuando llegó el segundo boom petrolero que le permitió al correísmo enfrentar al Fondo. Sin embargo, -como ya se anotó- la separación duró solo hasta 2014, cuando el propio correísmo volvió al FMI, retorno consolidado en 2019 por el morenismo (tercer ciclo fondomonetarista).

Tanto en el primero como en el segundo ciclo fondomonetarista, las políticas exigidas por el FMI no resolvieron los problemas, es más, muchas veces los ahondaron. De hecho, el paso del FMI por el Ecuador y su fracaso histórico está muy documentado. Y, aun así, hacia el mismo camino apunta el Ecuador del tercer ciclo fondomonetarista. Basta con que dejemos que la historia hable…

Empecemos esa historia[2] recordando que, al entrar a la década de los sesenta del siglo pasado, de­cli­naron la bo­nan­za ba­na­ne­ra y de las exportaciones de cacao y café. Como siempre, los sec­to­res po­pu­la­res fue­ron los pri­me­ros en su­frir el im­pac­to de la cri­sis. Hubo huel­gas y re­cla­mos, que cul­mi­na­rían -como en 1925- en una ma­sa­cre en Gua­ya­quil, en ju­nio de 1959, en el pri­mer go­bier­no so­cialcris­tia­no. Dicho gobierno buscaba man­te­ner la fa­cha­da del pro­gre­so y de la de­mo­cra­cia for­mal, con los mis­mos ar­gu­men­tos que tan­tas ve­ces se han es­gri­mi­do al jus­ti­fi­car el uso de me­di­das eco­nó­mi­cas an­ti­po­pu­la­res (práctica que se mantiene hasta la fecha, solo recordar el anuncio surrealista de Moreno respecto al último acuerdo con el FMI).

Buscando equi­li­brar los dé­fi­cit ex­ter­nos y, co­mo se afir­ma­ba en ese en­ton­ces, pa­ra “con­so­li­dar el sis­te­ma cons­ti­tu­cio­nal” -es decir la democracia- en 1958 el país se aproximó al FMI. Sin embargo, ante el creciente malestar popular, el gobierno del socialcristiano Camilo Ponce Enriques se negó a devaluar el sucre como exigía el FMI. Sería el cuarto gobierno de José María Velasco Ibarra el que tomó esa medida, lo que con­tri­bu­yó a su de­ses­ta­bi­li­za­ción y derrocamiento en noviembre de 1961.

Des­de en­ton­ces, en tanto se agu­di­za­ba la cri­sis eco­nó­mi­ca y po­lí­ti­ca, el Ecua­dor re­cu­rrió una y otra vez al apo­yo fi­nan­cie­ro del FMI, con­tra­tan­do nue­ve cré­di­tos con­tin­gen­tes o stand by: ju­nio de 1961; ju­nio de 1962; ju­lio de 1963; ju­lio de 1964; ju­lio de 1965; ju­lio de 1966; abril de 1969; sep­tiem­bre de 1970; ju­lio de 1972, este último obtenido a po­cos días de que zarpara el buque-tanque Ana Cortez de la Texaco iniciando las ex­por­ta­cio­nes ecuatorianas de pe­tró­leo amazónico.

Así, durante el primer ciclo fondomonetarista la vida del país se caracterizó por ex­por­ta­cio­nes mermadas, cri­sis eco­nó­mi­co-política, cré­di­tos con­tin­gen­tes del FMI y sus re­ce­tas recesivas, todo lo cual de­ses­ta­bi­li­za con­ti­nua­men­te el pre­ca­rio es­que­ma democrático. Dicho ciclo largo de sumisiones al FMI concluiría en agosto de 1972 cuando empezó la exportación de crudo oriente. Paradójicamente entre la bonanza petrolera y el endeudamiento externo agresivo de entonces con la banca privada internacional -no registrado antes en el Ecuador- desapareció directamente de escena el FMI; aunque, tras bambalinas, el Fondo, el Banco Mundial y otros organismos alentaron dicho endeudamiento, algo útil a las demandas de acumulación del capital transnacional.

Luego, en el contexto de la suspensión de pagos de la deuda externa hecha por México el 17 de agosto de 1982, al igual que otros países latinoamericanos, el Ecuador entró en moratoria. Desde entonces el país abrió la puerta a continuas negociaciones de su deuda externa con los acreedores internacionales, incorporando cada vez con más profundidad las recomendaciones y condicionalidades del capital financiero internacional, formuladas y presionadas por el FMI y el Banco Mundial; organismos con gran poder e influencia al margen de cualquier control democrático.

Dicho poder del FMI y del Banco Mundial no radica tanto en el monto de sus créditos, sino en la atención prioritaria que se daba -y se sigue dando- a sus exigencias de ajuste estructural, en sus condiciones crediticias determinantes para el manejo económico de los países deudores, y en su capacidad para influir en la renegociación -y hasta en la ampliación- de la deuda externa. A la par de las presiones fondomonetaristas -enmarcadas en el Consenso de Washington- aparecieron con enorme crudeza en el país los problemas estructurales que en la etapa petrolera se habían mantenido relativamente ocultos.

Desde 1983, el Ecuador, afectado por la crisis, oficialmente entró a su segundo ciclo fondomonetarista al suscribir varias “Cartas de Intención” con el FMI, para obtener los créditos que dejaron de fluir masivamente como en años anteriores. Así, durante la “larga noche neoliberal”, el país consiguió -otra vez- nueve créditos stand by: julio de 1983, marzo de 1985, agosto de 1986, enero de 1988, septiembre de 1989, diciembre de 1991, mayo de 1994, abril de 2000 y febrero de 2003. Por cierto, el país recibió solo en dos ocasiones todos los desembolsos previstos. En este lapso el Ecuador consiguió también tres préstamos de “financiamiento compensatorio” del mismo Fondo: noviembre de 1983, agosto de 1986 y enero de 1988. Asimismo, el país recurrió en repetidas ocasiones al financiamiento del Banco Mundial, cuyos préstamos para el “ajuste estructural” y el “ajuste sectorial” fueron poderosos mecanismos para forzar el neoliberalismo y agravar sus efectos, tanto como para profundizar el extractivismo minero, por ejemplo.

En este segundo ciclo fondomonetarista el país arrancó una tortuosa marcha de (ajustes interminables. Los desequilibrios macroeconómicos se agudizaron por los efectos recesivos de los mismos ajustes y de la crisis de la deuda externa; la rigidez y dureza de los acuerdos alcanzados -muchas veces desde previsiones erróneas del propio FMI o del Banco Mundial- hasta impidieron cumplir las propias “Cartas de Intención”.

Las políticas económicas aplicadas buscaron enfrentar los desbalances fiscales y externos con salidas de mercado. La inflación se volvió un tema central, que fue tratado con un esquema recesivo enfocado a reducir el consumo y la inversión, pero garantizando la acumulación del capital. Mecanismo aplicable solo con la contracción de los salarios y el ahondamiento de los extractivismos, sobre todo petrolero y agrario (con el consiguiente deterioro de la Naturaleza). Como resultado, cayó la participación de los salarios en la distribución de la renta nacional a mínimos históricos (de aproximadamente 30% del PIB a aproximadamente 15%, hasta que la información dejara de publicarse). Todos estos elementos, reflejo de una drástica flexibilización laboral, comprimieron aún más -el de por sí limitado- mercado interno, que sufrió también un desempleo creciente y un debilitamiento sistemático de las organizaciones sindicales (debilitamiento cuyas secuelas se viven hasta la actualidad, y que fue agudizado durante el correísmo).

Entre los responsables del ajuste, además de los sucesivos gobiernos y grupos de poder, están los organismos multilaterales, que devinieron en verdaderos gestores de la política económica ecuatoriana. Por ejemplo, es ineludible la responsabilidad de estas entidades en la crisis financiera de los años noventa, a la cual se llegó como resultado de la liberalización fondomonetarista y que se agudizó al crearse la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) por presiones del Banco Mundial. Otro ejemplo, entre otros, fueron los condicionamientos del FMI para capitalizar bancos locales quebrados.

Este proceso de (des)ajuste neoliberal fue conflictivo, tortuoso, interminable, y se agravó por la presencia y recrudecimiento de los ancestrales pesos del “subdesarrollo”. Todo esto en medio de un ambiente marcado por la corrupción.

Por recordar apenas un es­la­bón de es­ta lar­ga y pe­sa­da ca­de­na de ajus­tes, en ene­ro de 1994, el go­bier­no de Sixto Durán Ballén apro­bó una de las ma­yo­res al­zas de los pre­cios de los com­bus­ti­bles de­ri­va­dos del pe­tró­leo –la ga­so­li­na ex­tra subió 71%– y dis­pu­so al mis­mo tiem­po su “flo­ta­ción”, según un com­ple­jo y con­tra­dic­to­rio re­gla­men­to que ra­ti­fi­có la con­di­ción fis­ca­lis­ta de es­tos pre­cios pa­ra re­co­ger au­to­má­ti­ca­men­te los re­cur­sos que re­que­ría el ser­vi­cio de la deu­da. Ins­tru­men­ta­da es­ta con­di­ción, im­pues­ta por el FMI pa­ra que su Di­rec­to­rio Eje­cu­ti­vo aprue­be un cré­di­to con­tin­gen­te, el go­bier­no na­cio­nal pre­sen­tó una nue­va “Car­ta de In­ten­ción”, en mar­zo de 1994. En esa ocasión la “car­ta” fue más allá de los tra­di­cio­na­les ob­je­ti­vos de cor­to pla­zo. En ella, el go­bier­no des­cu­brió el con­te­ni­do real de la “mo­der­ni­za­ción” del Es­ta­do: la pri­va­ti­za­ción de las te­le­co­mu­ni­ca­cio­nes, los hi­dro­car­bu­ros y el sec­tor eléc­tri­co; así co­mo la re­for­ma del sis­te­ma de se­gu­ri­dad so­cial, del mer­ca­do de tra­ba­jo y de las le­yes la­bo­ra­les. Por igual se com­pro­me­tió a mo­di­fi­car la ley de ré­gi­men mo­ne­ta­rio y a po­ner en vi­gen­cia la ley que li­be­ra­li­zó a las en­ti­da­des fi­nan­cie­ras. Con to­do ello, el go­bier­no de Durán Ballén, en 1994, con­si­guió re­ne­go­ciar la deu­da en el mar­co del Plan Brady. Se­gún Abe­lar­do Pa­cha­no –ex­pe­ri­men­ta­do re­ne­go­cia­dor de la deu­da ecua­to­ria­na y un al­to fun­cio­na­rio de los go­bier­nos de­mo­cris­tia­no y so­cial­de­mó­cra­ta–, el equi­po gu­ber­na­men­tal “bai­ló al com­pás que nos to­có la ban­ca”.

En ese período se conformó el Consejo Nacional de Modernización (CONAM) y se expidió la Ley de Mo­der­ni­za­ción del Es­ta­do. Además, se dieron múltiples re­for­mas ju­rí­di­cas y se ex­pidieron nue­vas nor­mas le­ga­les para forzar la liberalización financiera, co­mo la Ley Ge­ne­ral de Ins­ti­tu­cio­nes del Sis­te­ma Fi­nan­cie­ro: recomendada fuertemente por el FMI. Con estas medidas se sentaron las bases para la grave crisis del torna siglo. Por cierto, la consolidación de esas crisis no fue homogénea, basta recordar, por ejemplo, la in­tro­duc­ción del im­pues­to del 1% a la cir­cu­la­ción de ca­pi­ta­les en 1999, impulsada por el entonces diputado Jaime Nebot y que oca­sio­nó la opo­si­ción del propio FMI y el des­con­cier­to en un go­bier­no ins­pi­ra­do por el pen­sa­mien­to fon­do­mo­ne­ta­ris­ta.

Ese gobierno, que tenía a Jamil Ma­huad de presidente, gol­peó rei­te­ra­da­men­te la puer­ta del FMI. Pre­vio a ob­ten­er un prés­ta­mo en el año 2000, el Ecua­dor, que ya ha­bía adop­ta­do la do­la­ri­za­ción ofi­cial, se vio for­za­do –a tra­vés del Congreso Nacional– a in­tro­du­cir varias re­for­mas le­ga­les en el mar­co de la “Ley Fun­da­men­tal pa­ra la Trans­for­ma­ción Eco­nó­mi­ca del Ecua­dor” (Ley Tro­le 1). A las po­cas ho­ras de apro­ba­rse di­cha Ley, el FMI obli­gó a que se in­tro­duz­can nue­vas en­mien­das, in­clu­yen­do me­di­das para rees­truc­tu­ra­r el sis­te­ma fi­nan­cie­ro. En es­ta Ley Tro­le 1 se apro­ba­ron la do­la­ri­za­ción ofi­cial, re­for­mas pa­ra fle­xi­bi­li­zar más el mer­ca­do de tra­ba­jo, es­que­mas pri­va­ti­za­do­res de las te­le­co­mu­ni­ca­cio­nes y de las com­pa­ñías ge­ne­ra­do­ras y dis­tri­bui­do­ras de elec­tri­ci­dad, la con­ce­sión pa­ra cons­truir nue­vos oleo­duc­tos por par­te de em­pre­sas pri­va­das, así co­mo nue­vas re­for­mas en el sec­tor fi­nan­cie­ro. En­tre las im­posiciones del FMI se es­ta­ble­ció la su­pe­ración inmediata de la mo­ra­to­ria de la deu­da ex­ter­na bi­la­te­ral y co­mer­cial, así co­mo el al­za de los pre­cios de los com­bus­ti­bles de­ri­va­dos del pe­tró­leo, in­clu­yen­do el gas do­més­ti­co. En­tre los in­di­ca­do­res es­truc­tu­rales des­ta­ca la re­for­ma tri­bu­ta­ria (es­pe­cial­men­te el al­za del IVA, re­duc­ción del im­pues­to a la ren­ta, así co­mo nue­vos im­pues­tos a los com­bus­ti­bles).

Junto a las con­di­cio­nes fon­do­mo­ne­ta­ris­tas, el Ban­co Mun­dial es­ta­ble­ció varias res­tric­cio­nes y re­co­men­da­cio­nes en el mar­co de un prés­ta­mo pa­ra el ajus­te es­truc­tu­ral, incluyendo me­di­das pu­ni­ti­vas si el Ecua­dor no cum­plía con lo acor­da­do. La pri­me­ra con­di­ción del Ban­co Mun­dial no fue se­guir so­lo sus li­nea­mien­tos, si­no también los del FMI.

Lucio Gutiérrez también se apegó desde el inicio a la receta fondomonetarista. Atrás quedaron los ofrecimientos de cambio hechos en campaña. El coronel, cual si no tuviera quien le escriba, firmó otra “Carta de Intención” con el FMI apenas inició su gestión, días después acordó un programa de reformas estructurales con el Banco Mundial y recortó drásticamente la inversión social efectiva. Este acuerdo no se cumplió totalmente pues el Congreso Nacional no dio paso a las pretensiones del FMI sobre todo para ampliar la flexibilización laboral.

En resumidas cuentas, entre los dos ciclos fondomonetaristas vividos, el primero entre inicios de los años sesenta hasta inicios de los setenta, y el segundo entre inicios de los ochenta hasta inicios de los años 2000, el Ecuador accedió a 18 préstamos stand by. Para todos esos casos, pero sobre todo aquellos correspondientes al segundo ciclo monetarista, fue crucial la ac­ción sis­te­má­ti­ca del FMI y del Ban­co Mun­dial. Ac­ción res­pal­da­da por un há­bil y no me­nos per­ver­so ma­ne­jo pro­pa­gan­dís­ti­co, que encontró respaldo efectivo en varios medios de comunicación y en analistas que a ratos llegaban a ser más fondomonetaristas que el propio FMI. Pun­to vi­tal de es­te ma­ne­jo cons­ti­tu­ye la vi­sión com­bi­na­da de ine­vi­ta­bi­li­dad y de atra­so que aparentemente tenía el Ecua­dor respecto a otros paí­ses la­ti­noa­me­ri­ca­no -en términos del manejo neoliberal, se entiende-, puesto que se había creado (como ahora) el imaginario de que el único camino para salir del retraso se alcanzaba de la mano del FNMI y los otros multilaterales; imaginario que en el inicio del gobierno de Rafael Correa parecía superarse, pero que simplemente terminó reconstruyéndose…

Con el correísmo salimos del “fondo” … solo para regresar al Fondo

Como anotamos al inicio de este texto, durante el inicio del gobierno de Rafael Correa en 2008 el FMI suspendió sus revisiones anuales de la economía ecuatoriana, como lo establece el artículo 4 de su Carta Constitutiva. Sin embargo, para dar inicio a un acelerado proceso de endeudamiento externo, contando con el beneplácito del propio FMI para colocar bonos en el mercado financiero internacional, dicha revisión se retomó en 2014. Dicho artículo 4 de la Carta Constitutiva del FMI establece que es función del FMI y es obligación de los países hacer esta revisión anual, pero depende de cada país si se publica el informe completo o no. Y si bien el cumplimiento de las recomendaciones de la revisión no es formalmente obligatorio, es crucial para asegurar un crédito o la colocación de bonos en el mercado internacional, por citar un par de ejemplos de la influencia de estas revisiones.

Aparte de que ese retorno al redil del FMI fue un elemento más que tiraba al traste el -ya demasiado desgastado- mito de la “revolución ciudadana”, llamó la atención cómo se ejecutó la revisión: el gobierno ecuatoriano pidió que la misma se hiciera “a distancia”, desde Washington, ciudad sede del FMI. Las entrevistas a observadores y analistas económicos de Ecuador se hicieron telefónicamente o vía Skype. La aprobación de este procedimiento es excepcional, pero fue en extremo útil para que el correísmo guarde las formas (como siempre lo intentó hacer). Rara vez el FMI realiza su revisión sin una misión que visite el país; pero al parecer fue parte del acuerdo logrado en ese entonces entre el FMI y el gobierno de Rafael Correa para “cumplir con una revisión regular”.

A su vez, el “reinicio” de las revisiones regulares del FMI era importante para que el Ecuador emita los Bonos Soberanos 2024 por 2 mil millones de dólares, que salieron algunas semanas después del primer anuncio de reinicio de las relaciones. El 26 de marzo, el Fondo ya había hecho notar el incumplimiento de Ecuador sobre dicho artículo 4 y era imposible concretar la emisión de los bonos si relaciones FMI seguían totalmente rotas. El Ecuador estaba técnicamente en “pecado”, es decir en moratoria, y eso solo podía resolverse con la absolución del Fondo. Cabe recordar que esa era la primera emisión de Bonos Soberanos que hacía el gobierno de Correa, luego de todo un período donde la principal fuente de endeudamiento eran los bancos chinos (Eximbank, Banco de Desarrollo de China) y organismos multilaterales como el BID y la CAF.

Después de la emisión de bonos, como también ya anotamos, el regreso del Ecuador al redil fondomonetarista de la mano de Correa siguió consolidándose con el crédito de 364 millones de dólares obtenido con el propio FMI en julio de 2016 a pretexto de enfrentar el terremoto del 16 de abril. Y como si hubiera estado preparando un regreso total -que lo está logrando el presidente Moreno- en junio del mismo año el gobierno de Correa aumentó notablemente la cuota del país en el FMI al pasar de 500 millones en Derechos Especiales de Giro DEG (unidad monetaria utilizada por el Fondo) a 697,7 millones en DEG (equivalentes en ese momento a alrededor de mil millones de dólares).

De ese modo, por más que el correísmo se llenó de declaraciones de soberanía y “revolución”, en los hechos vivió una historia muy parecida a la de los años setenta. En medio del boom petrolero el Ecuador -de nuevo- empezó a endeudarse agresivamente, en especial con la banca china y multilaterales, y cuando empezaban a faltar recursos para mantener el ritmo de gasto estimulado tanto con la bonanza petrolera como con la deuda, se terminó recurriendo a la emisión de bonos en los mercados internacionales, algo imposible sin el beneplácito del FMI.

Así, quedó claro que el gobierno de Correa continuó con la historia y fue quien abrió las puertas al tercer ciclo fondomonetarista, así como fue ese mismo gobierno el que firmó el TLC con la Unión Europea, “dejó en prenda” el oro de la reserva monetaria internacional para adquirir deuda externa, retornó al Banco Mundial, oficializó la explotación de petróleo en el ITT-Yasuní, arrancó el impulso a la megaminería… En definitiva, el gobierno de Correa terminó volviéndose justamente aquello que -en el discurso- quería destruir: neoliberal…

Pasado y futuro, de un presente complejo

Viendo el reencuentro del Ecuador con el FMI cuando la crisis nos ahoga, vemos lo importante que es entender la relación entre crisis y recetas fondomonetaristas, las cuales históricamente no han resuelto los problemas. Es más, en realidad casi siempre los agudizaron. Una y otra vez repetimos el camino en cada uno de los ciclos fondomonetaristas: empezamos con el “boom” de alguna exportación -primaria- que financia a un Estado “desarrollista” (que, a veces, se autoproclama “nacionalista” o “revolucionario”), para terminar en el “eterno retorno neoliberal”. Así, poco antes de que aflore el inicio del fin del segundo “boom” petrolero desde fines del 2014, por la necesidad de sostener un esquema de gastos carente de toda planificación y sentido común, el propio gobierno de Rafael Correa empezó el retorno al neoliberalismo; regreso que el gobierno de Lenín Moreno lo está consolidando.

Ahora, cabe entender que la consolidación del tercer ciclo fondomonetarista por parte de Lenín Moreno y su acuerdo de obtener 4.200 millones de dólares por parte del FMI es apenas una parte más de una renovada “larga y triste noche neoliberal”.

Lo cierto es que, en la actual coyuntura económica y política ecuatoriana, un acuerdo con el FMI no sería más de lo mismo, sino más de lo peor… Hay algunas razones para afirmar esto. Aparte del olvido histórico de los fracasos fondomonetaristas que a ratos existe en la población gracias a los grandes ecos mediáticos (que, por cierto, no se atreven a afirmar que fue el propio -y fracasado- correísmo el que corrió a pedir el apoyo del FMI), el Ecuador vive una crisis particular en donde se combina el estancamiento económico y la deflación (factor que se mantiene olvidado por gran parte de los analistas “ortodoxos”). Es decir, ¿cómo empata la visión monetarista-fiscalista del FMI respecto a la inflación cuando el país resulta estar estancado y en deflación?, ¿no será acaso que el Ecuador requiere de forma urgente encontrar mecanismos de recuperación de la demanda agregada, en vez de los típicos ajustes liberalizadores del FMI?

Por ejemplo, pensemos en la flexibilización laboral. A sabiendas de que los movimientos laborales y sociales están golpeados sobre todo como resultado histórico de la arremetida conservadora del correísmo (caso contrario, ya habría enormes movilizaciones sociales en las calles en contra de Moreno), ¿qué se puede esperar de la flexibilización? pues que debilite, aún más, a los sectores obreros, lo que puede implicar un mayor deterioro de la demanda agregada interna.

¿Y será acaso que, con ese deterioro que implica -entre otras cosas- salarios más bajos y mayor precariedad, aumentará la inversión y el crecimiento? Cuestionable, no solo por lo grave que puede resultar el deterioro en términos de demanda agregada, sino que además vivimos en un país altamente informal; donde alrededor del 70% del empleo proviene de micro y pequeñas empresas; donde los niveles de concentración del mercado interno y externo son extremos; donde los mayores vínculos con el mercado mundial son a través de productos primarios que, o son extraídos de sectores rentistas con muy baja participación de mano de obra -petróleo, minería- o son extraídos de sectores que ya de por sí prácticamente esclavizan a la fuerza de trabajo (p.ej. banano, abacá). Estos -y muchísimos otros- elementos estructurales no se pueden enfrentar con la vieja receta de liberalización absoluta…

Penosamente, más allá de cualquier análisis, los hechos concretos son claros. El acuerdo con el FMI conecta con todas las demás acciones neoliberales del gobierno de Moreno (que, además, sincronizan con la renovada “larga y triste noche neoliberal” que vive gran parte de Latinoamérica). Esto fue por demás evidente con la conformación de un gabinete en donde ahora -a diferencia de la época de Correa- los ministros son representantes directos de múltiples grupos económicos; personajes que han demostrado su profunda fe fondomonetarista.

Los hechos que ratifican la condición neoliberal del “morenismo” son indiscutibles, tan es así que las medidas adoptadas hasta ahora ya prefiguraban la “Carta de Intención” al FMI, sobre todo las contenidas en el Código de la Producción. En este sentido podemos destacar los puntos que ya los hemos señalado en su momento:

– Concesión de millonarios beneficios a los grandes grupos económicos, como la remisión de deudas tributarias y patronales concedida a mediados de 2018 (similar a lo hecho por el correísmo en 2015)

– Continuidad del proceso privatizador – arrancado con Correa – usando eufemismos como las “concesiones”, las “ alianzas público privada ” y la “ monetización de activos ” del Estado.

– Ampliación de la flexibilización laboral (reestablecida parcialmente por Correa en el 2016), incluso con el potencial despido masivo de funcionarios públicos en vez revisar integralmente los salarios de la burocracia dorada y minimizar los efectos sobre el desempleo.

– Limitación a las propias instituciones públicas cuando han incomodado al gobierno (p.ej. los datos de deterioro laboral que incomodaron al ministro del trabajo y le costaron su puesto al director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ).

– Eliminación “de golpe” del subsidio a la gasolina súper , de forma irresponsable (sin publicar estimación alguna del “efecto sustitución” entre gasolinas súper y extra ni ningún otro análisis técnico), dejando de lado cualquier propuesta integral de manejo de subsidios energéticos.

– Preparación de un agresivo ajuste fiscal que, en vez de apelar al incremento de impuestos a los grandes grupos económicos u otra medida redistributiva, contrae aún más la inversión pública. Así, se abre la puerta a un ajuste procíclico recesivo, agravado por la rigidez impuesta por la dolarización, la cual limita las posibilidades de aplicar políticas monetarias contra-cíclicas. Peor aún, semejante circunstancia se complica por el contexto de una economía regional y mundial en desaceleración, en donde emergen nubarrones de una crisis internacional de deuda y de divisas.

– Un punto a destacar es el suministro del ajuste a cuentagotas; es decir, el gobierno no se atreve a aplicar un paquetazo tradicional, sino que usa un gradualismo de telenovela, buscando que cada “capítulo” guste especialmente a los organismos multilaterales para que estos concedan nueva deuda externa (luego de todo un primer año de gobierno en donde la deuda -cual respirador artificial – creció a un ritmo de casi mil millones de dólares mensuales).

– Sumisión de la política monetaria a la banca privada del país, tanto al entregar completamente el dinero electrónico (para que la banca gane como siempre ), así como con el total -y dogmático- impedimento de que el Banco Central adquiera títulos del Estado o de cualquier otra institución pública (herramienta que, si bien el correísmo la usó irresponsablemente, no debía eliminarse, menos en época de crisis y con las limitaciones que la dolarización impone a las políticas contra-cíclicas).

– Consolidación del tratado comercial con la Unión Europea, firma del tratado comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) , ingreso a la Alianza del Pacífico y enorme interés en alcanzar un tratado comercial con Estados Unidos (sin llamar a esos acuerdos como lo que realmente son: tratados de libre comercio -TLC- con aderezos menores). En definitiva la puerta estaba abierta de par en par para que el “morenismo” alcance este tipo de acuerdos, en especial gracias a que el “correísmo” firmó el TLC con la Unión Europea (sin siquiera generar una transformación productiva previa que mejore las capacidades locales para competir).

– Relativo abandono de la sumisión al imperialismo chino (promovida por Correa), para retornar a la sumisión al imperialismo norteamericano (afín a Moreno), incluso con el posible regreso de la influencia militar de EEUU en el país y el debilitamiento de los procesos de integración regional.

– Apertura y entreguismo frontal al capital extranjero especialmente con la “reinstalación” de los Tratados Bilaterales de Inversión , que casi siempre terminan perjudicando la posición legal del Estado frente al capital transnacional y que están prohibidos constitucionalmente, como claramente se establece en el artículo 422.

– Ampliación de la explotación del ITT junto con la continuidad del entreguismo megaminero iniciado por el correísmo (cayendo de nuevo en la represión social).

A todo esto, sumemos las cuatro acciones concretas que el gobierno de Moreno se ha comprometido a cumplir y que se pueden leer del acuerdo alcanzado con el FMI:

–       Ajuste de la masa salarial: desde el 1 de marzo de 2019 funcionarios de múltiples instituciones públicas han sido despedidos, tanto aquellos que contaban con contratos ocasionales y nombramientos provisionales (por no mencionar todo lo que se especula al respecto). El gobierno de Moreno no ha dado una cifra oficial, pero extraoficialmente se habla de que habría unas 10 mil personas despedidas (solo del Ministerio de Salud “aparentemente” habrían salido 3 mil personas).

–       Optimización de subsidios a los combustibles: a más de los ajustes a los precios de las gasolinas que ya hemos mencionado, se podría esperar nuevas revisiones graduales, por ejemplo, sobre el diésel…

–       Repriorización de los gastos de capital y bienes y servicios: contrayendo aún más la inversión pública que ya ha sufrido drásticos recortes en los últimos años.

–       Reforma fiscal: se habla incluso de fortalecer la “autonomía” del Banco Central del Ecuador (¿será que también se vuelve autónomo del FMI?) para lo cual se podría reformar el Código Monetario y Financiero; asimismo se habla de aumentar la recaudación tributaria en 1,4 puntos del PIB hasta 2021 (lo cual choca con las exoneraciones tributarias otorgadas a los grandes capitales con la “Ley de fomento productivo”, a menos que se genere un incremento del IVA y/o se elimine regresivamente exoneraciones tributarias).

Sin duda que este análisis deberá profundizarse cuando se conozca a detalle la nueva “Carta de Intención” del gobierno de Moreno al FMI, así como cuando se tengan todos los datos y los informes sobre la economía ecuatoriana que el Fondo ha venido levantando en los últimos meses (mucho pedir, pero al menos dejemos constancia de que el FMI ha venido recopilando datos de varias instituciones estatales; datos que, en principio, debería ser de acceso público y abierto al igual que todos los informes que se elaboren a partir de esos datos).

Así, todo nos augura que no se trata -como ya lo dijimos- más de lo mismo, de lo ya vivido en épocas anteriores. Si no más de lo peor. No solo en lo económico -en especial la combinación entre estancamiento y deflación- sino, sobre todo, en lo político[3]. La primera “larga y triste noche neoliberal”, al precarizar las relaciones laborales, descompuso estructuralmente al movimiento obrero ecuatoriano (que en otros tiempos podía enfrentar a las arremetidas neoliberales hasta con verdaderos paros nacionales). Luego, la estocada mayor a los movimientos sociales sería dada por la represión del régimen de Correa, quien desde la criminalización de la protesta social y demás actos propios de una restauración conservadora dejó a la lucha social debilitada, dividida, aletargada…

En otras palaras, el mal mayor no es ni siquiera el ahondamiento de la crisis y el cargo de la factura a los más débiles, sino la incapacidad de la lucha social de impedirlo. De todas formas, aún la disputa está en juego, y hasta tener más claro el panorama, al menos podemos sacar una lección clara: con el morenismo, vamos caminando al “fondo” y a la “derecha”. ¿Quién nos espera al final de ese trayecto? Al parecer, un futuro – ¿socialcristiano? – también con aroma a pasado…

[2] Recomendamos consultar el libro de Alberto Acosta (2012): Breve historia económica del Ecuador, Quito: Corporación Editora Nacional, tercera edición. La segunda edición de este libro -donde se mencionan algunos de los elementos históricos mencionados- puede encontrarse en el siguiente enlace: https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=42391

[3] Cabe anotar que según la Constitución de Montecrsti, acuerdos como los que se suscriben con el FMI o los TLC, requieren aprobación previa de la Asamblea Nacional, como manda el artículo 419, incisos 1 y 5. En el caso del TLC con la Unión Europea firmado en el gobierno de Correa, la Asamblea Nacional hizo la aprobación después de que se firme el TLC (es decir, en sentido estricto, no se cumplió lo que dicta la Constitución). Quizá un procedimiento similar se tome en el acuerdo con el FMI.