Por Johannes M. Waldmüller*

Durante las campañas electorales, mucho se escucha de las intenciones políticas de “sacar a la gente de la informalidad laboral”, mientras no se hable de lo ambiguo y altamente elusivo que es la noción de “informalidad”, esas no son propuestas concretas.

Existe un sector informal altamente precario, que a todos nos ha ayudado muchísimo durante esta sindemia,[1]  que capitaliza fuertemente la crisis, la irregularidad y que se ha vuelto urgente revisar, tal como se ha sucedido en Italia y como se discute en varios países europeos. Me refiero a las empresas repartidoras de comida (o starups), como UberEat, Glovo, Rappi, etc., bastiones urbano del trabajo mal pagado, sin seguridad social y laboral para miles de migrantes venezolanos y otros que perdieron su trabajo “formal” tras los recortes públicos y privados, gracias a las políticas del maldesarrollo[2] del Fondo Monetario Internacional.

Por Juan Carlos Coéllar y Remedios Sánchez*

El terreno de partida.- En octubre del 2019, el movimiento indígena, junto a sectores populares y barriales, estudiantes, mujeres y población subempleada, logró detener la eliminación del subsidio a los combustibles, el Decreto 883 fue la punta de lanza del acuerdo firmado por el gobierno de Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por Marlene Toro 

Ecuador es un país sin ley y esto es textual. La sociedad se va acostumbrando, poco a poco, al espanto de ver cadáveres abandonados en las calles -como ocurrió en marzo y abril en Guayaquil- o al dolor de miles de ecuatorianos y ecuatorianas que presencian con una mezcla de impotencia, rabia y dolor, cómo primero los encierran en su casa y les imponen silencio, mientras les despojan de su trabajo, de su alimento, de su educación y de su salud. ¿Qué le queda a la gente?

Por Julio Oleas-Montalvo

El próximo octubre el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe convocar a elecciones para el 28 de febrero de 2021. Si no se presenta una intempestiva renuncia −no improbable, dada la presión social y política− y no prospera el golpismo, el 24 de mayo de 2021 el Ecuador tendrá nuevo Presidente, según manda la estropeada Constitución de Montecristi.

Augusto de la Torre, ex jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, ha tomado la posta como vocero de quienes, por mérito propio, se han hecho acreedores al calificativo de terroristas económicos. En estos días salió a defender el plan económico presentado por el presidente Lenín Moreno bajo el nombre de Ley Humanitaria y, días después, «sugirió» que para enfrentar la situación  económica del país debería reducirse el salario básico vigente.

Huérfano de neuronas y de shungo el gobierno de Lenín Moreno ha puesto otro clavo en el viacrucis de los ecuatorianos. Como si no fuera suficiente la tragedia y el dolor que está causando la pandemia y el confinamiento obligatorio, intenta crear una “cuenta nacional de asistencia humanitaria” con una “contribución progresiva” de 9 meses que saldrá de los bolsillos de los trabajadores que ganen más de 500 dólares mensuales.

La semana pasada se divulgaron los últimos resultados de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU de diciembre 2019. Entre sus principales resultados se encuentra que entre 2018-dic y 2019-dic el empleo adecuado se reduce de 40,6% a 38,8% (diferencia estadísticamente significativa), el subempleo aumenta de 16,5% a 17,8% (diferencia estadísticamente significativa) y el desempleo se mantiene constante en un 3,8%.

La primera línea del “Diagnóstico del sector laboral” elaborado por la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador muestra el sesgo con el que se están debatiendo las reformas laborales desde la élite empresarial, en articulación con los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI).