Por Marlene Toro
Ecuador es un país sin ley y esto es textual. La sociedad se va acostumbrando, poco a poco, al espanto de ver cadáveres abandonados en las calles -como ocurrió en marzo y abril en Guayaquil- o al dolor de miles de ecuatorianos y ecuatorianas que presencian con una mezcla de impotencia, rabia y dolor, cómo primero los encierran en su casa y les imponen silencio, mientras les despojan de su trabajo, de su alimento, de su educación y de su salud. ¿Qué le queda a la gente?
Son tres años en los que bajo el pretexto de la lucha contra la corrupción se desmontó una estructura cuestionada para edificar en su lugar otra, una en la que saquean sin atisbo de vergüenza en medio del llanto de quienes han perdido a sus seres queridos. Sean mascarillas, fundas para cadáveres, comida caducada u hospitales administrados a la medida del bolsillo de políticos defenestrados y vigentes, por donde quiera saltan escándalos y no existen sanciones. Son símbolos pestilentes de la podredumbre de un poder que se sabe tan transitorio que no quiere dejar escapar su oportunidad de asegurar su futuro, aunque deje a los demás sin un mañana.
La ley ya no existe en Ecuador, al punto que el propio Ministro de Finanzas confiesa que la emergencia ha superado a la legalidad, como justificativo para imponer el chantaje como mecanismo de negociación. Si no es así, ¿cómo puede entenderse que se legitime la rebaja de sueldos mediante un ‘acuerdo’, cuando se sabe que el trabajador no tendrá más opción que aceptar ganar menos dinero o terminar en el desempleo? Mientras se impone esta conducta chantajista, el Ministro de Trabajo sonríe defendiendo los despidos y a los empresarios.
Es tanto el desconocimiento de la democracia ecuatoriana que hasta los pelagatos recaderos del poder, enquistados en sus propios medios digitales, se anticipan a la inescrutable Corte Constitucional y le recomiendan que no considere los criterios jurídicos sino los económicos para dictaminar en favor del deshuesamiento de las universidades públicas. Argumentan que es necesario ser realistas, tan pragmáticos como el dinero que sale de los bolsillos de los despedidos y de los enfermos, de los estudiantes y de los comerciantes, para ir a parar en las opulentas billeteras de los tenedores de la deuda o en las cuentas fiscales de grandes empresas y bancos.
Pero aún hay más. Mientras tienen a la población atontada por el garrotazo de despertar en un país sin derechos y 200 años en el pasado, deciden conceder licencia para reprimir violentamente a policías y militares, e incluso pretenden convertir a una universidad quiteña en un fortín. No hay institucionalidad.
Estamos ante una sociedad anómica, raquítica, desinstitucionalizada y violentada, atrapada entre el miedo a una pandemia y el terror creciente a un mañana de hambre, pobreza y miseria. Por esto, es prioritario que las organizaciones sociales y populares, en alianza con universidades, campesinos, indígenas, vecinos, artistas, periodistas y diversidades, construyan una estrategia que permita recuperar la legalidad y avanzar en unidad hacia la reconstitución de un proyecto histórico que reinstale al ser humano en el centro de toda política y toda acción pública, privada y comunitaria. No se puede perder más tiempo.
“La ley ya no existe en Ecuador, al punto que el propio Ministro de Finanzas confiesa que la emergencia ha superado a la legalidad, como justificativo para imponer el chantaje como mecanismo de negociación”.
Fotografía: Arsenio Cadena.
Así es. Qué arranquen los tributos de panem!