Diario El Mercurio, Cuenca,
Los partidos políticos surgieron en la historia vinculados a los procesos electorales y parlamentarios, y desde entonces, “partido” y “pueblo” son inseparables a la democracia, siendo el partido el presupuesto histórico de la constitución del pueblo como sujeto político, y su acción contribuyó a madurar el sistema político republicano y democrático.
Los partidos políticos son instrumentos básicos para la formación de la voluntad popular, y esta es, jurídica y políticamente su razón de ser, reconociéndose como derecho de participación política en las Constituciones.
Desde la Ley de Partidos Políticos, inspirada por el Dr. O. Hurtado, los partidos y movimientos políticos en su institucionalidad, han sido reducidos a maquinarias electorales que se pueden armar con un determinado número de firmas cuya obtención puede llegar a formas corruptas.
Sin embargo, el tráfico de firmas que debe ser investigado y sancionado con rigor, no puede utilizarse para pescar a rio revuelto y tratar de dejar fuera de la contienda electoral a partidos y movimientos políticos, lo que podría llegar a ser la maniobra más ruin de la historia política del país, que solo conduciría a una forma más degenerada de “partidocracia”: el caudillismo absoluto.
La existencia de los partidos y movimientos políticos -a pesar de toda la crisis que vivimos- debe ser defendida; el remedio no es su eliminación, sino su fortalecimiento, contar con partidos sólidos con ideología, programa, estrategia, organización, participación permanente en la solución de los problemas nacionales.
Los partidos más que firmas, deben ser representatividad social, realidad social e histórica viva, no simples maquinarias electorales. Cualquiera puede firmar por un partido, otra cosa es la militancia política.
En este sentido, el ataque “angelical” a la política, a los políticos, a los partidos políticos, el discurso de reducir la política a técnica, del fin de las ideologías, el enaltecimiento del apoliticismo, la impolítica, el disfraz de no políticos, de no ser “contaminados por la política”, el culto a la personalidad, el desprestigio de la Constitución y sus garantías, solo conducen a formas autoritarias y fascistoides del ejercicio del poder.
Por ello, debilitar un sistema de partidos, por más deficiente que este sea, solo abona a regímenes caudillistas o de partido único que vulneran los derechos de participación política, en circunstancias en que la ciudadanía reclama cada vez más democracia participativa.
Por lo tanto, abrir un período para recoger nuevas firmas en momentos de indignación ciudadana por el tráfico de firmas, carece de realidad y podría considerarse como pretexto para ilegalizar partidos. Algunos sujetos políticos han manifestado que “no recogerán más firmas” y otros que “no se prestarán para dicha maniobra”.
Desde el punto de vista jurídico existen resoluciones administrativas en torno a la inscripción y reinscripción de partidos y movimientos, y aunque se podría alegar, que los actos administrativos basados en conductas dolosas, son nulos, aquello pasa por debidos procedimientos administrativos y procesos judiciales, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y penales por la deficiencia u omisión de control.
En estas circunstancias solo cabe la sensatez política: que se avance sin cortapisas en el proceso electoral y que el pueblo sentencie en las urnas premiando y castigando. Los jueces juzguen la falsificación.
