Desesperación gubernamental empuja a médicos rurales a la primera línea contra el coronavirus

Por Redacción La línea de Fuego

“No sé si ya le comunicaron pero el día de mañana tiene que estar a las 8:30 en el aeropuerto. Dirigirse con mascarilla y guantes. En Guayaquil se dotará de mascarillas N95”.

Este fue el pequeño mensaje recibido por el médico rural Luis Carapaz¹ en su teléfono celular y luego confirmado por medio de un Quipux, un sistema de mensajería empleado en el sector público². Él es parte de los 250 profesionales de la salud que serán trasladados en los próximos días sin mayor protección al epicentro de la guerra que el país libra en contra de un enemigo invisible que se expande geométricamente, el coronavirus o covid-19. Según el Ministerio de Salud, los médicos y enfermeras convocados son aquellos que completarán el año de salud rural en el próximo agosto.

El mensaje parece un parte de guerra, pero no es adecuado para el Ecuador del siglo XXI sino para el que había en 1941. En aquel entonces, las señales de que el vecino país del Perú tenía pretensiones territoriales venían sucediéndose desde varios años antes. Sin embargo, el entonces gobierno del liberal Carlos Arroyo del Río, desestimó las señales de alerta que incluían la aparición de destacamentos militares extranjeros en la Amazonia ecuatoriana y más bien disminuyó el presupuesto militar.

Cuentan los historiadores y los sobrevivientes de la guerra desarrollada en ese año, que una de las principales razones de la derrota militar fue el olvido y la falta de equipamiento recibido. Así lo recuerda Julio Villacreses Villacís, excombatiente del 41, citado en una publicación del Ministerio de Defensa: “Su experiencia como combatiente en el Oriente ecuatoriano fue dura: permaneció tres meses con víveres que solo lo abastecían para un mes en un puesto de vigilancia en Archidona. Nadie se preocupó de llevarles alimentación. ‘Tuvimos que sobrevivir por nuestra cuenta”.

Otra publicación de la misma institución profundiza lo que pasó. “Los soldados que guarnecían los destacamentos fronterizos sobrevivían, simplemente por el natural instinto de sobrevivir. Su labor patriótica la desarrollaban en condiciones realmente infrahumanas: no disponían de vestuario y calzado, los alimentos les eran escasos, las enfermedades se enseñoreaban sin ser contrarrestadas oportunamente (…). De lo expuesto se puede fácilmente establecer: el armamento, instrumento elemental del soldado era insuficiente o se encontraba en avanzado estado de vetustez”.

Han pasado 79 años desde entonces y el resultado fue triple: una derrota militar, la pérdida de miles de vidas y el cercenamiento de miles kilómetros del territorio ecuatoriano. Además, esto le costó políticamente al Gobierno que terminó defenestrado en 1944 por una revuelta popular. Sin embargo, el panorama parece ser el mismo. Distinto enemigo pero con decisiones desacertadas y abandono al personal de primera línea pueden llevar a un desastre mayor.

“¿Cuántos más tienen que infectarse? ¿Cuántos más tienen que morir para que tome las decisiones correctas? (…) Nos van a asesinar a todos”.

Christian Andrés Guilcapi,  presidente de Anamer.

En los últimos diez años varias infecciones pusieron ya en alerta al mundo, como el AH1N1 y el SARS, suficiente motivación para que incluso los neoliberales radicales se planteen la posibilidad de mejorar su infraestructura de salud pública. Pero en Ecuador fueron en dirección contraria. Primero desmantelaron el sistema nacional de salud y despidieron miles de médicos y trabajadores de la salud. Más tarde intentaron bajar el sueldo de los médicos internos rotativos, detuvieron la inversión pública en salud y se pasaron inaugurando obras del gobierno anterior. Después expulsaron a médicos cubanos del país sin ningún argumento más que el odio ideológico, porque razones profesionales o de exceso de plazas de trabajo no había. Y ahora, en medio del azote de una pandemia en la que los ecuatorianos y sus muertos pagan caro la visión inhumana del neoliberalismo instalado en Carondelet desde hace tres años, resulta que la solución morenista es mandar 250 médicos rurales a pelear en el punto más neurálgico del conflicto, sin equipos suficientes y en una guerra contra un enemigo invisible.

Según un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central, la desinversión en el sector de la salud ha sido progresiva en los últimos años y en 2019 dichos recortes fueron del orden del 36% .

Hasta el momento se ha reportado que 1.600 profesionales de la salud están infectados con el coronavirus o covid-19, lo que equivale aproximadamente al 20% del total de contagiados. De esta cifra, unos diez médicos han fallecido. Al cierre de esta edición, esta cuenta pudiera ser mayor. “¿Cuántos más tienen que infectarse? ¿Cuántos más tienen que morir para que tome las decisiones correctas? (…) Nos van a asesinar a todos”, cuestionó Christian Andrés Guilcapi, presidente de la Asociación Nacional de Médicos Rurales (Anamer), en un video difundido este martes 7 de abril de 2020, como una reacción ante la decisión gubernamental.

Por supuesto que no se trata de una oposición ciega a una acción de movilización que puede ser disfrazada como solidaria, sino que más bien es una crítica ante la torpe respuesta de un Gobierno que se ha visto rebasado por sus propios desaciertos y cuya único argumento, hasta ahora, ha sido la de responsabilizar a otros de su inacción.

La solución de movilizar médicos rurales tiene varios problemas adicionales, como lo ha señalado Andrés Guilcapi. “El Gobierno dice que hace este llamado por falta de médicos en el epicentro, porque hay poca respuesta de la oferta laboral. Pero, claro, ¿quién va a poner su vida por tres meses de sueldo que ofrece el Gobierno? Ofrezcan estabilidad laboral, la que han quitado en este último año con tanto despido de personal médico”.

Este pedido lo complementa Leonado Bravo, de la Asociación de Facultades Ecuatorianas de Ciencias Médicas, quien en una nota de diario El Comercio señala “No buscamos que los rurales y residentes evadan la responsabilidad, pero la decisión no es acertada. En los hospitales de Guayaquil se atienden casos sospechosos y confirmados, y eso requiere especialistas en neumología, medicina interna y cuidados intensivos”.

Antes, el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Santiago Carrasco Dueñas, se lamentó por la falta de provisión del equipamiento médico adecuado para el trabajo en contra de la pandemia de médicos, enfermeras y demás personal de salud, lo que ha cobrado la vida de ya decenas de profesionales. “Profesionales caídos cumpliendo su tarea, que en algunos casos se vieron obligados a enfrentar el virus sin las armas necesarias, que estas debieron estar a las órdenes con oportunidad y premura pero que, en manos de administradores sin experiencia, sin capacidades, sin ideas, desprotegieron el quehacer médico”.

Pese a los reiterativos anuncios oficiales de que se ha provisionado de equipos suficientes a los trabajadores de la salud, son ellos y ellas, quienes están en la primera fila del combate, los que desmienten esto. En el caso de los médicos rurales, Anamer ha emitido otro pronunciamiento, en el que exigen mejores condiciones de trabajo, con el equipamiento necesario y el pago de bonos a quienes entren a zonas de difícil acceso. “Un profesional de la salud rural es un médico que recién se ha graduado, que hace sus prácticas obligatorias (…) que gana 980 dólares (mientras) un especialista residente gana 1.670 dólares”, aclara el dirigente de los rurales en el video.

Para rematar, uno de los hechos más graves está al final del comunicado de Anamer. Los médicos rurales están siendo amenazados por parte de las autoridades del sector por decir lo que pasa o lo que piensan. Por ello, insisten en formar un Frente de Defensa del personal sanitario en el país, en el que confluyen, entre otros, los gremios de internos rotativos, los médicos posgradistas, los colegios de médicos y otras sociedades.

Parece que además de las víctimas e infectados provocadas por la falta de acción, planificación y organización por parte de las autoridades, se une el maltrato que sufre el sector médico, por lo que no es de extrañar que tarde o temprano el país se encuentre inmerso en la Revuelta de las Mascarillas, una que intente impedir que en el país se produzca una especie de Síndrome de Arroyo del Río, con impredecibles consecuencias. Así se ha celebrado en el Ecuador, este 7 de abril, el Día Mundial de la Salud.

Crisis, corrupción y mascarillas, una cadena dura de romper

Esta parece ser una tragedia convertida en comedia… o al revés. La falta de equipamiento médico adecuado para combatir una pandemia como la que azota al país en estos días, tiene antecedentes y también rostros y nombres.

Acto 1: Cuando la corrupción entra en fase terminal

Hace ya cinco meses atrás, semanas antes de que se registre el primer caso de coronavirus en el mundo, el medio de comunicación digital Plan V presentó un informe que daba cuenta de la corrupción instalada en varios hospitales públicos. El primero en ser analizado fue el Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Guayaquil, hoy noticia por estar ubicado en el núcleo de la emergencia sanitaria que ya ha cobrado alrededor de 200 víctimas oficiales (191 según el último reporte del 6 de abril de 2020, el último disponible al momento de la redacción de este artículo, antes del manto de silencio anunciado).

Siguiendo el relato periodístico, todo empezó con una denuncia presentada por la Comisión Anticorrupción ante el presidente del Directorio del IESS, Pául Granda. En ella señalaban que existía una red de corrupción en el Teodoro Maldonado en la compra de medicamentos e insumos para la salud. “Los sobrecostos alcanzaban el 1.088% en cierto contrato, pero también eran del 315% y del 98% en otros. Solo en cinco procesos de contratación que analizó la Comisión en el hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo, detectó una pérdida para el Estado  $3 millones por valores en exceso que se pagaron y no se debieron pagar. Pero estos ejemplos solo son una mínima parte de todo lo que contrata este hospital”, señaló la redacción del artículo de Plan V.

“En 2018, el IESS destinó $88,12 millones para compra de medicinas en todos sus centros médicos del Guayas”.

1. Para no ir más lejos en este cuento, la nota señala que en la investigación se evidenció que pese a las evasivas de Jacobo Bucaram, hijo del defenestrado expresidente de la República, Abdalá Bucaram, había nexos de Jacobo con el hospital y con uno de sus proveedores. “Ha ocurrido durante el gobierno de Lenin Moreno. En 2018, el IESS destinó $88,12 millones para compra de medicinas en todos sus centros médicos del Guayas. De esa cantidad, $70 millones se gastaron en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, es decir, el 80% de todo el presupuesto para medicinas de la provincia se ha gastado en este hospital. A escala nacional, el IESS destinó para medicinas  $195 millones en todo el país. Lo que significa que en el Teodoro Maldonado se ha ido el 36% de todo el presupuesto para medicinas en el país, tomando en cuenta el presupuesto 2018. Por casualidad, es el mismo hospital en donde ocurren los mayores casos irregulares de contrataciones. Ha sido como alimentar a propósito el tumor de la corrupción”, sentencia el artículo del medio.

Estos escándalos explicarían, en alguna medida, la desesperación que actualmente atormenta a los médicos, enfermeras y trabajadores de la salud de dicho centro hospitalario y del país en general.

Acto dos: El nuevo lema es ‘No hay nada mejor que enfrentar una pandemia sin protección’

Ocurrió hace apenas unos días, el 4 de abril de 2020. El hecho dejó en claro que en medio de las crisis y las epidemias siempre hay intereses. La Alcaldía de Durán, encabezada por Dalton Narváez, del Partido Social Cristiano, clausuró la fábrica de la empresa 3M en dicha ciudad, aduciendo que la compañía no quería vender mascarillas al Cabildo, una medida con la que buscaban frenar la especulación en la venta de mascarillas en las calles. El Alcalde publicó un comunicado aclaratorio a la comunidad indicando esta razón. La clausura se levantó al día siguiente, en medio de un esbozo de polémica desatada con el Gobierno central por la legalidad del procedimiento. Esta disputa confusa dejó en evidencia que existe un vacío absoluto en la estrategia gubernamental y local para la provisión de equipos considerados de extrema urgencia y necesidad en la actual coyuntura.

Pero este hecho resulta anecdótico comparado con la polémica por el intento de compra con sobreprecio de materiales médicos, insumos y mascarillas por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Se pretendía firmar un contrato por $10.017.754 que incluía a 131.890 mascarillas, cada una a un precio de 12 dólares, además de pantallas faciales de protección ocular por $22,90; mascarillas quirúrgicas de elástico de $0,75; el alcohol antiséptico por $4,75, entre otros implementos. Como consecuencia de esto y tras el alboroto que se hizo eco en medios y redes sociales, se destituyó al director general del IESS, Miguel Ángel Loja, a la directora Nacional de Servicios Corporativos y a la subdirectora Nacional de Contratación Pública. Los acusaron de violentar los procedimientos administrativos de contratación de la institución.

Días después de estar detenido el proceso, la destitución del presidente del Consejo Directivo del IESS, Paúl Granda, estaba en la mira de un grupo de asambleístas. En medio de esto, se filtró un audio en el que el presidente encargado de la Asamblea, César Solórzano (Bloque de Integración Nacional) le sugería a Granda que esté tranquilo respecto a dicho pedido. “Paúl, estamos reunidos aquí. De ti, nada. Todo tranquilo hasta el momento. Solo de la exministra por allí, uno que otro, hasta ahora nada”.

Al cierre de esta publicación, tras varios días en los que Granda desafió a todos por pretender inculparlo en los hechos del sobreprecio, una fuente extraoficial habló de su destitución, pero nada está aún confirmado.

Médicos rurales se reúnen con ministro de Salud

Ayer en la tarde, 7 de abril de 2020, los representantes de varios gremios médicos, entre ellos la Asociación Nacional de Médicos Rurales del Ecuador (Anamer), mantuvieron una reunión en videoconferencia con el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos López, según se recoge en la página de Facebook del gremio ruralista. Allí se plantearon las siguientes propuestas:

• Que la movilización hacia los centros de Covid-19 sea de manera voluntaria.
• Que los médicos rurales que se movilicen a las áreas de referencia Covid-19 sean beneficiados con un aumento salarial como servidores públicos 5 y reciban este incentivo.
• Que se garantice la movilización, alimentación y hospedaje de los profesionales rurales que han sido movilizados.
• Que se les brinde las medidas de bioseguridad a todo el personal de salud en contacto directo de pacientes con Covid-19.
• Que se brinde capacitación a los profesionales de la salud rural antes de ingresar a laborar en las áreas de referencia de la epidemia.
• Que los internos rotativos de la cohorte de mayo puedan finalizar de manera inmediata sus rotaciones y puedan ser graduados como médicos para que puedan brindar su contingente en esta pandemia.
• Que se garantice la estabilidad laboral hasta el mes de diciembre para aquellos médicos que ingresan a laborar.

Para conocer las expectativas del gremio respecto a la aceptación o no de los planteamientos realizados en la reunión, la Línea de Fuego conversó vía telefónica ayer, en la noche, con Christian Andrés Guilcapi, presidente de la Asociación Nacional de Médicos Rurales.

LDF: Ustedes en la mañana se opusieron totalmente a la movilización de los médicos rurales asignados en sus plazas, pero en la reunión de la tarde su postura cambió y hablaron de traslados voluntarios. ¿A qué se debe el cambio de posición?

CG: Hay una realidad de la que nosotros no podemos abstraernos. Nuestra posición inicial fue oponernos a toda movilización, pero nos encontramos con la novedad de que hay un grupo de trabajadores de la salud que se ofrecieron voluntariamente para acudir de forma personal al llamado.

Por ello, optamos oponernos si este movimiento de los rurales es involuntario, pero respecto a aquellos voluntarios que quieran ir a luchar y acudir al llamado, pedimos que se nos permita ser veedores de que se garantice el transporte, la bioseguridad correcta, la estadía y la alimentación de los rurales que viajen. Esto no es por una cuestión netamente monetaria o una ambición económica, pero si creemos que este tipo de situaciones generan gastos y cada uno debe ser remunerado por la acción valiente. Por lo tanto, pedimos que se les reconozca a los rurales voluntarios un plus económico equivalente al de un funcionario SP5. Actualmente, los rurales ganan un sueldo de  $986 y pedimos que se les aumente a $1200.

LDF: También la planta de médicos aún falta completarse…

CG: Solicitamos que se dé una solución a uno de los problemas detonante de este asunto: no hay médicos y algunos no quieren aceptar un contrato ocasional de sólo tres meses, pues tienen familias que alimentar. En muchos hospitales se ha presentado el inconveniente de que muchas autoridades han dicho: “Bueno, si entras y te enfermas te vas”. Por ello, hemos pedido al Ministro que aquellos médicos que se enlistan y aceptan el contrato ocasional del Ministerio de Salud Pública tengan una estabilidad mínima hasta diciembre. Esto es lo mínimo que se merecen por enfrentar a la pandemia.

Cabe señalar que no se trata sólo de entrar al hospital con un traje y salvar vidas. También hay un riesgo incluso de enfermedades mentales. En países como Italia y España, aparte de algunos profesionales que murieron por el coronavirus, otros fallecieron después de la pandemia por suicidio.

LDF: ¿Las peticiones fueron aceptadas por el ministro de Salud?

CG: Este fue el primer acercamiento con el Gobierno y el ministro manifestó, que él también cree oportuno este tipo de encuentros. Estamos a la espera de que acepten nuestras peticiones y se pueda establecer lo justo para todos.

LDF: ¿En consecuencia, se mantiene aún la obligatoriedad del llamado del Gobierno a los médicos rurales que estaban notificando por chat o por Quipux para que viajen hacia Guayaquil u otras ciudades?

CG: Se mantiene esto, pero fuimos enfáticos en que estos llamados deben hacerse de manera legal, no pueden tampoco realizarse de un día para otro porque recordemos que la movilidad en el país está restringida y para muchos profesionales es muy complicado acudir hasta un aeropuerto y en muchos casos es hasta costoso. Seguimos en contra del llamado obligatorio

LDF: ¿Cómo debe actuar entonces un médico rural que no quiere ir si recibe la notificación del Ministerio para acudir a Guayaquil?

CG: Tenemos un reglamento del Médico Rural y la Ley Orgánica de Salud Pública. Hemos hablado con varios abogados y los  derechos humanos nos protegen. Estamos armando un contingente legal en el caso de que se quiera enjuiciar o sancionar a médicos, puesto que no todos están en la disposición o en la posición de hacerlo. Hay quienes tienen una enfermedad y hay otros que están a cargo de familias con personas que tienen enfermedades catastróficas. Todo esto salió en la primera reunión y aún hay muchos puntos por pulir o por aclarar. Seguimos en la pelea.

LDF: ¿Acordaron tener una nueva reunión?

CG: Sí, pero todavía no hay fecha.

LDF: ¿Qué tiempo van a esperar una respuesta de parte del Gobierno?

CG: Estamos esperando un lapso de 24 a 72 horas máximo. Igualmente, mañana (8 de abril) vamos a insistir para saber si nuestras peticiones han sido escuchadas o se han tomado en consideración.

Fotografía principal: Archivo MSP, 2014.

Fotografías en texto: Cuenta de Facebook de Alfredo Yuquilema, funcionario del Cabildo de Durán / Página de Facebook de Anamer.

Referencias:

1. Nombre ficticio, creado para proteger la identidad de quien lo recibió.
2. En la administración pública ecuatoriana se conoce como Quipux al Sistema de Gestión Documental por medio del cual los servidores públicos reciben o envían notificaciones, dotándolos de un carácter oficial.