DESPLAZADOS: VÍCTIMAS DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y LA MINERÍA Por Mayra Caiza*

Febrero 8 de 2017

Llegaron en la noche con tiroteos y ráfagas a la comunidad de Tsuntsuim, ubicada en el cantón San Juan Bosco, provincia de Morona Santiago. Eran las 19:00 del 17 de diciembre de 2016. Así, a  una semana de celebrar Navidad, el Ejército ecuatoriano incursionó en la comunidad shuar Arutam.

Esa noche, Mariana Nankameri, mujer shuar de 38 años, no pudo dormir. Salió de su comunidad cuando los militares ingresaron. “Nos atacaron, no podíamos estar en la casa porque decían que a las mujeres les iban a violar y yo tengo una hija menor y otra estaba embarazada. Salimos con mi esposo, yerno e hijos y caminamos sin linterna, desde las 19:00 hasta las 06:00 cuando amaneció.  Los niños lloraban y yo lloraba. Mis hijos menores no podían caminar, mi esposo le cargó al uno y yo al otro. Esa noche mi hija de 15 años estaba embarazada de tres meses, pero como íbamos sin linterna, ella se había caído, se había rodado y tenía un golpe, cuando llegamos a los dos días empezó con dolores. Le lleve al hospital, estaba muy mal y perdió el bebé”.

Mariana salió sin nada de su casa, ella y sus 6 hijos solo llevaban la ropa puesta.  Fue una noche larga, sin comida, con lágrimas y miedo. Las 30 familias que –aproximadamente- habitaban Tsuntsuim también huyeron junto a ella. Varias familias acamparon en la selva oscura y lodosa.  La Navidad la pasaron en el monte.

Ahora Tsuntsuim es como un pueblo fantasma que un día fue habitado. Sus huellas todavía se ven. Las casas de madera y las chozas están intactas, pero varias puertas fueron destruidas. La ropa, las cobijas, las camas, los zapatos y los papeles están revueltos como si alguien hubiera rebuscado hasta el último rincón de la casa.  Las ollas, los platos y las cucharas están botados en el piso.

En la escuela Shakaim, las puertas fueron abiertas a la fuerza, los cables del Internet y del teléfono satelital fueron arrancados, los pupitres botados, la computadora desconectada y los trabajos de los niños arrojados al piso, al igual que los documentos de la casa comunal que se pierden entre la madera, el pasto y la lluvia.

Los militares ocuparon la comunidad. Los residuos de su alimentación “Guatita”, “Ración de combate 24 horas”, “Arroz con cerdo” y “Arroz blanco cocido”, todavía quedan en las casas y en la escuela donde se alojaron por unos días antes de volver a su campamento que se encuentra en San Carlos de Limón, a dos horas de Tsuntsuim.

Mariana tuvo que irse a vivir con su hermana en otra comunidad, pero ella quiere volver a su casa. Ahí está su hogar, sus 90 pollos criollos y su televisión. Días después del ingreso, los militares abandonaron la comunidad, pero aún la vigilan con patrullajes o drones.

Varios comuneros han regresado a sus casas para recuperar sus animales y tomar sus pertenencias. El esposo de Mariana fue a la comunidad y vio que la casa estaba desbaratada, las ollas y ropa en el piso. No pudo reconocer los machetes que estaban arrojados en el patio. Hasta ahora no ha recuperado nada, ni las aves.

Los militares y los policías se encuentran en la provincia amazónica desde el pasado 11 de agosto de 2016, cuando desalojaron a ocho familias de la comunidad de Nankints (a cuatro horas de Tsuntsuim), lugar donde se encuentra el proyecto minero San Carlos Panantza de la empresa china ExplorCobres S.A. (EXSA) que operará en un área de 41.760 hectáreas durante 25 años aproximadamente.

Desde esa fecha, la presencia de la fuerza pública se hizo notaria en la provincia, intensificándose a partir del 21 de noviembre del 2016, cuando miembros del pueblo shuar intentaron recuperar su territorio en Nankints y se tomaron el campamento La Esperanza, ubicado en San Carlos Panantza, lo que generó un conflicto entre la fuerza pública y el pueblo ancestral.

El 14 de diciembre, el enfrentamiento entre los policías y el pueblo shuar provocó la muerte del policía José Mejía. Siete uniformados (5 policías y dos militares) y varios miembros del pueblos shuar fueron heridos. Ese mismo día, el presidente Rafael Correa emitió el Decreto 1276 que declara el estado de excepción en toda la provincia amazónica por las “agresiones que sufrieron miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas por parte de grupos ilegalmente armados”[1].

La tensión continúa entre las dos partes. Los militares y policías vigilan la provincia amazónica y el pueblo shuar sigue en la defensa de un territorio libre de minería. Pues aseguran que la concesión minera fue entregada sin realizar la consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades indígenas como lo establece el artículo 57 de la Constitución.

La fuerza pública ha tomado el control de la provincia no solo por vía terrestre, sino también área. Mariana recuerda que antes del ingreso de la milicia a su comunidad, un helicóptero sobrevolaba y daba vueltas por la zona. “Los niños y nosotros corríamos a escondernos. Cuando se iban salíamos. Luego otra vez venían y corríamos, en la noche regresaban de nuevo y nosotros íbamos al monte, a veces llovía, así pasábamos”.

Tras la incursión a Tsuntsuim, los militares y los policías regresaron a San Carlos de Limón. Ahí la comunidad fue deshabitada y habitada rápidamente. Al ingreso se encuentran los policías del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (G.E.M.A) que realiza el control de entrada a San Carlos que era habitada por colonos y shuar. Ahora aloja a militares y a miembros de la Policía Nacional y al Grupo de Intervención y Rescate (GIR).

Adelante está la tienda, la escuela, la iglesia, las casas y la cancha de futbol que la Revolución Ciudadana se ha encargado de construir en la mayoría de poblados amazónicos. Esa cancha está llena de carpas verdes y tenderos donde se cuelgan los uniformes de los militares.

Los efectivos están armados y se encuentran distribuidos por toda la planicie de la comunidad. En la tienda hay otro control que verifica una, dos, tres, cuatro veces los documentos de las personas que ingresan. También hay civiles que confirman la identidad de quien ingresa y fotografían sus credenciales. En la tarabita, único transporte para bajar al campamento minero, también hay otro grupo de militares.

Comuneros casi no quedan en San Carlos, la mayoría de ellos salieron. Solo cuatro familias se quedaron ahí, pero ninguna quiere hablar. Mucho menos, los miembros de la fuerza pública. Comentan que su superior está en San Juan Bosco, es decir, a cinco controles policiales más que cruzar y a una serie de patrullajes militares que circulan entre la entrada de San Carlos Panantza a San Carlos de Limón. En el camino se observa un letrero de color tomate con la leyenda “Propiedad privada” y al campamento minero que está fuertemente resguardado por los agentes del Estado.

Al pasar frente al campamento, un policía pide que se estacionen las rancheras, las camionetas y las motos que circulan en la zona. El objetivo: solicitar la identificación del chofer y sus ocupantes para luego anotar sus nombres y el número de cédula en un cuaderno. Solo así la persona puede transitar.

Para Mario Melo, abogado de derechos humanos, se ha militarizado de una manera desproporcional la provincia, especialmente a la zona de conflicto minero con lo cual antes que procurar la solución de los conflictos que llevaron a los hechos reales de violencia, más bien estos se han agudizado y se está provocando la caotización de una provincia.

“Hay un presencia militar muy grande, muy agresiva y hay demasiada restricción a los derechos: a la libre circulación de los pobladores ancestrales a sus territorios. Eso produce que haya miedo en la población civil y tengan que desplazarse a zonas menos contraladas por las fuerzas militares y policiales”.

La ciudad también está sitiada. En el cantón Sucúa tres buses de policías están estacionados frente a la Unidad de Policía Comunitaria, dos buses pertenecen al transporte público y uno a la institución. Los policías recorren las calles y parques. También se encuentra militarizado Gualaquiza, la milicia se moviliza en camionetas blancas de carrera, mientras que en el ingreso a Taisha – Macuma, tres camiones de militares y un cerco de uniformados custodian el ingreso y las mochilas de todos los transeúntes.

Invasores o custodios del territorio

El presidente Correa, en su Enlace Ciudadano número 505, sostuvo que “hay brotes de violencia en la Amazonía” y que es mentira que el sitio de conflicto sean tierras ancestrales. También afirmó que la comunidad Nankints es un invento: “se inventaron una comunidad, entonces ya tienen la comunidad Nankints, es ancestral y éstas son tierras ancestrales”.

Para Rosario Utiatiaj, mujer shuar de 69 años, las personas que los tratan de invasores de sus propias tierras se equivocan, desconocen su historia. “Desde los 9 años he vivido aquí. Esta tierra es nuestra. Antes en San Bosco solo había 7 casas y yo anduve por ahí. Todo me acuerdo, pero ahora nos dicen que no tenemos derechos, pero si los tenemos, no es tierra robada como dicen ellos, es nuestra tierra. Nosotros estuvimos para defender el agua y el aire para que nuestros hijos después no sufran, pero no pudimos defender, ahora la tierra está en manos de la compañía”.

Rosario junto a su familia fue desalojada de su casa ubicada en la comunidad de Nankints, el 11 de agosto del año anterior. Centenares de militares y trabajadores de la empresa minera destruyeron su casa y la enterraron.

Igual suerte corrió la casa de la familia Chinkiun. Ese día Mercedes, de 20 años, junto a sus tres hijos de 4  y 2 años, y su bebé de 4 meses, vieron como unos 2000 militares desalojaron Nankints. “Empezaron a llegar los militares y filones de carros. Llegó un Jefe y dijo que retiren las cosas y cuando la gente empezó a retirar, ellos desarmaron las casas, empujaron con retroexcavadora y las hicieron caer. Las enterraron. Nosotros no teníamos a dónde irnos, nos quedamos en la cancha. Por ahí un señor nos dijo que nos va ayudar con una casita en la 27 de Noviembre y nos fue llevando. Ahí vivimos casi un mes, pero otra vez comenzaron a llegar a los militares a San Carlos y se posesionaron del lugar.  Yo pensaba regresar a la 27, pero los militares estaban ahí”.

Mercedes ahora vive en la comunidad Tink, llegó sin nada. Ahí le prestaron una casita para ella, su padre y hermanos. Le regalaron ropa y pocos alimentos, pero a veces la comida no le alcanza y los niños lloran de hambre. Ella quiere volver a su casa ahí tenía animales y sembríos para su sustento, pero siente que eso no es posible. “Los de Tsuintsuim quieren regresar a sus fincas porque están ahí, nosotros no podemos porque todo está destruido y ahí está construido el campamento de los chinos. Nosotros no tenemos a dónde ir ahora”.

Alrededor de 40 familias desplazadas de Tsuintsuim y Nankints han sido alojadas en la comunidad Tink. 42 niños se han incorporado a la escuela de la comunidad que también es vigilada por los uniformados. Es común ver como los drones sobrevuelan la cancha o la escuela. Los niños se asustan, corren y se esconden. Piensan que habrá un bombardeo, que los militares ingresarán otra vez. “Cuando me alejo de la comunidad, mi hijo me dice no te vayas, te pueden matar los militares”, dice José Sanchim que fue desalojado de Nankints. Él tiene 45 años y 5 hijos. El 11 de agosto perdió su casa de madera de dos pisos que estaba recién acabadita, solo le faltaba pintar. Todo lo que había en la casa lo enterraron bajo tierra.

José dice, “cuando uno se ha sacrificado duele” y sus ojos se cristalizan, pero de inmediato el ánimo le vuelve. “Hemos perdido muchas cosas, pero no perdimos la vida, eso me ha importado más, que mis hijos salgan con vida”. José no entiende por qué los desalojaron si se esperaba que el 18 de agosto se realice una inspección al terreno en el Centro Nankints, pero antes de que llegue ese día, los desplazaron.

Según el portal de Acción Ecológica, en Nankints el proyecto Panantza-San Carlos[2] pretende explotar un yacimiento de 3.200 hectáreas con cobre, oro y molibdeno. Para ello, la empresa proyecta construir dos minas a cielo abierto en las que procesará 90.000 toneladas de cobre al día, utilizando miles de litros de agua cada día.

Todos son sospechosos

En la ciudad de Gualaquiza, Soledad escuchó que la comunidad de Tsuntsuim donde trabajó durante 12 años ya no existe, que fue desplazada por los militares y que sus niños habían huido con sus familias a la selva. Ella no quería ingresar a la comunidad, pero las autoridades del Distrito de Educación de Gualquiza le dijeron que las clases deben continuar, que los militares estaban ahí para dar seguridad.

El 20 de diciembre de 2016, Soledad Ch., mujer shuar de 39 años y profesora unidocente de la Escuela Shakaim, ingresó a la comunidad de Tsuntsuim donde trabajaba como profesora de lunes a viernes. Antes de iniciar la caminata, se despidió de su esposo con la promesa tácita de que llamará a casa para informar que había llegado bien.  No llamó.

Ese día Soledad tenía tres meses de embarazo cuando ingreso a la comunidad. Se encontró con militares y policías que la interrogaron ¿Quién es usted? ¿De dónde es? ¿Qué hace aquí? Minutos después un uniformado le dijo: no se preocupe estamos aquí para darle seguridad y se retiró junto a su pelotón. Soledad se quedó en la comunidad junto al otro profesor Rolando M.

Al otro día, como le dijeron las autoridades del Distrito, se levantó a arreglar la escuela para comenzar las clases y para recolectar evidencias que demuestren que hay riesgo de continuar con las actividades académicas. Eran las 12:00 am cuando (los miembros de la fuerza pública) enviaron la cámara (dron). A Soledad no le importó, ella estaba limpiando el aula, mientras su compañero fotografiaba la comunidad y la escuela para obtener las evidencias solicitadas. A las 13:00 pm, hora a la que termina la jornada, la profesora escuchó un tiroteo y salió.

“Vi un montón de militares y policías con esas armas grandes que venían corriendo y provocaban miedo. Yo me quede parada, ellos corrían como queriendo atrapar a alguien. Me saludaron y se pararon ahí, los militares eran conscientes, los policías groseros. Me preguntaron qué estaba haciendo, yo les dije: mi trabajo. Me dicen: señora trae tus documentos, yo les dije yo no tengo porque pensaba que se refería a los nombramientos, lo que sí tenía era la cédula, pero para ese entonces, uno de ellos ya había ingresado al cuarto y revisado mi mochila. Tomó mi cédula y me dijo: esto de quién es y yo dije mío. Venga señora para acá y me revisaron. Al otro compañero también lo detuvieron por allá, le quitaron la laptop y el celular.

De ahí nos dijeron, ustedes van a ser trasladados a San Carlos para hacer una investigación. En ese momento, al otro profesor lo esposaron, yo les dije que quería ir al baño y hasta ese lugar me siguieron como si fuera una criminal. Ese rato no me esposaron, fuimos caminando hasta San Carlos de Limón. Allá nos tomaron fotos, nos quitaron todo lo que teníamos: laptops, los teléfonos celulares y los documentos. En ese instante, detuvieron a otro ciudadano que era mestizo y ya fuimos tres, no sé qué haría. De allí nos llevaron para San Juan Bosco en helicóptero”.

En ese momento, Soledad no sentía nada. No tenía temor, sentía que estaba solita, no quería recordar a sus hijos porque se quebraría. Los tres detenidos fueron llevados esposados a la Unidad de la Policía Comunitaria (UPC) de San Juan Bosco. Ahí se les sumó un detenido más y ya eran cuatro.

“Amanecimos esposados. Ellos (los policías) también amanecieron allí, pero parados. Cuando queríamos ir al baño se paraban en la puerta. Nadie sabía dónde estábamos porque no nos dieron la oportunidad de comunicarnos con nuestras familias. Mi esposo, más bien como le pedí que de viendo a las señoras para que traigan a los hijos a estudiar, ha estado yendo a verme cuando le dijeron que unos policías y militares habían entrado a la comunidad y quizás fui detenida. Él llamó al teléfono, pero como nos quitaron ya solo timbraba. Él no sabía dónde estaba. Los policías nos llevaron al hospital de Gualaquiza para los chequeos correspondientes. Me dio vergüenza ver a los doctores y a los paisanos en el hospital, yo pensaba a dónde me van a llevar y por qué. Al momento de la detención no los presentaron nada ni los leyeron los derechos que teníamos. Solo nos detuvieron, una cosa hubiera sido si nos decían la razón, no nos dijeron por qué nos detenían.

El doctor que nos revisó les dijo a los policías ¿qué son criminales, por qué les traen así? Ellos no respondieron nada. Luego nos llevaron a la UPC. Ahí un policía se me acercó y me dijo señora en poco momentos va a estar libre, como que yo hubiera estado detenida por una causa. Ese policía porque ya estaba procesada.  En la audiencia, se dijo que no había pruebas ni evidencias y luego de presentar los documentos: contrato de trabajo, certificados y otros se nos dejó en libertad, pero el proceso sigue”.

A las cuatro personas se les dictó medidas sustitutivas a la prisión. Se dispuso que no pueden salir del país y que deben presentarse ante las autoridades una vez a la semana. Soledad, por su estado de gestación, debe acudir una vez al mes. Ahora tiene cinco meses de embarazo y continúa dando clases, pero en otra comunidad.  Los dos profesores junto a las dos otras personas están siendo procesadas por el presunto delito de tentativa de asesinato por los hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2016.

De acuerdo a Tarquino Cajamarca, asesor legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la Fiscalía de Gualaquiza abrió dos investigaciones: una, por el presunto delito de tentativa de asesinato que vincula a 70 personas aproximadamente, y la otra, por el supuesto delito de asesinato por los hechos del 14 de diciembre de 2016.

Por la tentativa de asesinato también están siendo investigados Julio P., Julio R., Milton R., Braulio T., José E. y Luis T. Para los dos últimos se autorizó la detención con fines investigativos. Así lo señala la notificación.

También Danny M., Milton R., Mercedes C., Ítalo C. y Braulio T., fueron detenidos y trasladados en diciembre del año pasado al Centro de Rehabilitación Social del Cotopaxi por el supuesto delito de tentativa de asesinato y asesinato.  El viernes 13 de enero de 2017, la Sala Única de la Corte de Justicia de Morona Santiago no encontró elementos suficientes para vincular a los cinco detenidos en los ataques al campamento minero de La Esperanza y la muerte del policía. Por lo tanto, se dio libertad a los cinco detenidos y a Braulio T. le cambiaron la prisión preventiva por la medida alternativa de presentarse una vez por semana ante la Fiscalía de Gualaquiza. A él se lo vincula con unas grabaciones de oposición a la minería.

Otro de los procesados, es el presidente de la Federación Interprovincial del Centro Shuar (Ficsh), Agustín Wachapá, que permanece en prisión desde el 21 de diciembre de 2016 cuando fue detenido, en horas de la madrugada, por 100 uniformados que allanaron la sede de la Federación, ubicada en Sucúa, Morona Santiago.

Al dirigente shuar se lo investiga por el supuesto delito de incitación a la discordia entre ciudadanos.  En su perfil de Facebook, Wachapá escribió: “La Federación Interprovincial de Centros Shuar, frente a estos acontecimientos pasados esta mañana, donde hay balaceras del ejército ecuatoriano a la nacionalidad Shuar, declara Estado de emergencia y guerra entre ecuatorianos, pide unidad y salida inmediata a los militares del territorio Shuar y no nos responsabilizamos lo que ocurra y desconocemos al Presidente de Rafael Correa el presidente más corrupto de la historia del Ecuador. Desde este momento iniciamos movilización en toda la amazonia y del país. La Nacionalidad Shuar y Achuar jamás rendirá y peor entregar las minas de nuestro territorio. Retroceder nunca. Rendirse jamás. Viva la libertad y coraje desde la selva amazónica carajo”.

Con la detención del dirigente, la tensión entre el gobierno y el pueblo shuar se acrecentó. Los indígenas piden la liberación de su líder.

La voz del pueblo shuar se apagó

Tras 52 años de transmisión, la radio comunitaria La Voz de Arutam que es el pulmón de la nacionalidad shuar dejó de transmitir. “Se llevaron los equipos que son nuestros – dice Florencio Tupikia, dirigente de comunicación de la Fisch-, que no son donados por los ministerios de comunicación ni por el gobierno, sino que son producto del sacrificio de nuestro pueblo shuar”.

Hace dos semanas, 100 policías decomisaron todos los equipos de las tres cabinas de la radio. Se llevaron transmisores, computadoras y toda la información de la emisora. El argumento: la emisión de un enlace radial con el presidente de la Federación Shuar que permanece detenido en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi.

Con el cierre de la radio 500 comunidades, 46 asociaciones y los 120 mil asociados se ven afectados, ya que la radio es el celular entre ellos. Mediante este medio de comunicación bilingüe se fortalece la cultura y se convoca a las mingas.

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Se espera que este 12 de febrero concluya el estado de excepción. Para Mario Melo, abogado de derechos humanos, la aplicación de esta medida se justifica en tanto sea funcional al objetivo de preservar la democracia y la paz social, sin embargo, las condiciones que se viven en Morona en Santiago demuestran que el Decreto no contribuye para esos fines. Más bien “hay una violencia estructural que parte del Estado y que genera respuestas, que en momentos también son violentas, por parte de las comunidades”.

Por el conflicto en la provincia, el presidente Correa – en su Enlace Ciudadano del 17 de diciembre de 2016 – calificó al pueblo shuar como un grupo ´paramilitar y semidelincuencial´. Para el jurista, no se puede tratar a este pueblo como un grupo paramilitar ya que este término tiene una connotación propia en el lenguaje de los derechos humanos y se refiere a otras realidades distintas a las que se ha podido observar en los pueblos indígenas del Ecuador. El pueblo shuar es un pueblo ancestral guerrero. “Muchos de ellos tienen a la cacería como una actividad fundamental en su vida, entonces en común ver a la gente shuar con una arma en la mano, pero eso no les convierte en paramilitares”.

Los shuar son un pueblo guerrero que defendió el territorio ecuatoriano en la década de los años noventa y lo seguirá haciendo, dice Luis Ayuy, presidente de la Asociación Shuar Arutam. “La Constitución nos ampara al derecho a la resistencia cuando son vulnerado nuestros derechos. Son las empresas chinas las que vienen a desalojarnos a nosotros que somos los dueños de la selva, de nuestro territorio. Ahí tenemos nuestro mercado, nuestra medicina, nuestra vida”.

Para solucionar el conflicto, Melo sugiere que es necesario generar espacios de diálogo de calidad donde la sociedad civil, las comunidades shuar y mestizas de la zona puedan hacer oír su voz y se puedan tomar decisiones enmarcadas en Estado de derecho y justicia.

[1] Frente a estos hechos, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) junto a otros organismos sociales y de derechos humanos han realizado un llamado al diálogo.  El presidente Correa dijo que no dialogará con los indígenas hasta capturar a los responsables de la muerte del policía.

[2] El proyecto San Carlos Panantza es uno de los cinco proyectos estratégicos mineros que impulsa el Gobierno Nacional.

*Es periodista independiente. Junto a un equipo de INREDH, entró en la zona de Nankints del 23 al 29 de enero de este año y logró recorrer todos los territorios shuar desalojados tomando nota de lo sucedido.