Por Romano Paganini* / Trabajo colaborativo entre La Línea de Fuego, Acapana, Radio Periférik y mutantia.ch
A inicios de abril se produjo un derrame de cientos de miles de litros de petróleo y gasolina en los ríos Coca y Napo en la Amazonia del Ecuador. Desde entonces, los habitantes aledaños se están intoxicando. Se inició un proceso legal en contra de las empresas petroleras y del Estado ecuatoriano. Pero este proceso fue suspendido y ahora no se sabe quién se hará cargo de una de las catástrofes petroleras más grandes de los últimos quince años en el país.
1 de julio de 2020, Quito. – Las fotos de las familias aledañas a los ríos Coca y Napo, en el oriente del Ecuador, son escalofriantes: vacas demacradas, terneros muertos, ríos y afluentes manchados con alfombras negras y cuerpos humanos llenos de ampollas y sarpullidos. En las imágenes difundidas por organizaciones indígenas y de Derechos Humanos, incluso aparecen niños -que apenas pueden caminar- con manchas rojas en sus caras, pechos y panzas. La causa de este drama es un derrame petrolero producido hace tres meses, derrame que, por la pandemia de covid-19, ha quedado desapercibido.
También por eso el colectivo ambiental Extinction Rebellion Ecuador (XR) -que denuncia las políticas extractivas y del cambio climático y sus impactos negativos en el ambiente- llevó la causa a la sede principal de una de las empresas responsables: la estatal Petroecuador. En la mañana del domingo pasado, integrantes del colectivo vaciaron 12 litros de un “petróleo” biodegradable sobre las escaleras de la entrada de dicha empresa. La mezcla de glicerina con pintura negra de agua se volcó sobre piezas en miniatura de delfines, vacas, sapos y campesinos, para ilustrar, de esta manera, lo que está pasando en la Amazonia del país. “Como defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, nos sentimos obligados a visibilizar esta situación nefasta y de absoluta vulnerabilidad para miles de personas que históricamente forman parte de sectores olvidados”, escribe XR en un comunicado junto con la Alianza de los Derechos Humanos, la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE).
Las organizaciones no solamente denuncian el derrame de al menos 15.800 barriles de petróleo -unos 2,5 millones de litros- el 7 de abril del presente año a la altura de la cascada de San Rafael, provincia Napo, sino la falta de respuesta de las instancias estatales frente a la acción de protección y las medidas cautelares impuestas por varias personas afectadas, los Obispos de los Vicariatos de Orellana y Sucumbíos y las organizaciones nombradas. Dentro de este proceso, emitido el 29 de abril, se solicitó la presencia del Procurador General del Estado, del representante legal de la Compañía de Crudos Pesados Ecuador (OCP), y del Gerente General de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador – Petroecuador, además de los ministros René Ortiz (Energía y Recursos Naturales no Renovables), Paulo Arturo Proaño Andrade (Ambiente) y Juan Carlos Zevallos (Salud Pública).
A pesar de esta grave situación experimentada por 2.000 familias campesinas e indígenas -con alrededor de 120.000 personas río abajo- y cuya ayuda fue requerida de forma inmediata, la audiencia se instaló recién a fines de mayo. Y, como si esto fuera poco, desde el 1 de junio, debido a problemas de salud en el equipo técnico del juez Jaime Oña, dicha audiencia fue suspendida…
Los derrames de crudo han sido parte de la industria petrolera en Ecuador. Hace ya algunos años, expertos estimaron que en la Amazonia se produce por lo menos un derrame por semana. Pero el que ocurrió esta vez ha sido uno de los más grandes durante los últimos quince años. A esto se suma la pandemia por covid-19, inundaciones múltiples y un brote de dengue en varias comunidades amazónicas. “Estamos fatales por el tema del covid-19”, manifestó la semana pasada Verónica Grefa en una rueda de prensa. “Estamos con fiebre, dolores de cabeza y del cuerpo y no tenemos la atención del Ministerio de Salud Pública”. Verónica Grefa es presidenta de la comunidad Toyuca, provincia Orellana, y representa a 72 familias en la zona. Debido a la suspensión del juicio, ella se encuentra entre la espada y la pared. Los compañeros de otras comunidades que viven selva adentro se movilizan cada cierto tiempo para acceder al Internet y saber que está ocurriendo a nivel legal. La única respuesta que Verónica les ha podido dar es que el Estado no está haciendo nada. “Yo estoy en mi derecho de reclamar lo que ha pasado”, dice indignada. “Es una falta de responsabilidad de las empresas y del gobierno que no respondan. Nos están tomando el pelo”.
A inicios de mayo, Petroecuador intentó contrarrestar la indignación de los habitantes, difundiendo un video que demuestra la entrega de agua, comida y la supuesta remediación de los ríos. La música y los textos que acompañan el video transmiten la sensación de que todo está en orden y bajo control. Al final, un comunero agradece a las empresas Petroecuador y OCP por la entrega de botellones de agua, “el líquido vital que es de suma importancia para nosotros”. Según informaron las empresas, en ese entonces se repartieron 77’696 bidones de a seis litros de agua y 1’400 kits alimenticios.
“El agua que nos trajeron tenía un sabor distinto al agua que solíamos tener.
Hay personas que se han sentido enfermas, han tenido dolores de estómago
y diarrea y, hoy por hoy, casi no quieren beber esta agua”.Carlos Jipa, Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana
Pero la situación no era y no es tan buena como se pretende mostrar en el video. Se empeoró sobre todo para las personas y comunidades que decidieron apoyar al proceso legal en contra de dichas empresas. A ellos se les recortó la cantidad de comida, denunciaron en ese entonces las organizaciones indígenas y de derechos humanos. Además, les hicieron firmar papeles donde se decía que las personas renunciaban del derecho al reclamo. La presión llegó a tal punto que algunas personas y comunidades incluso desistieron de la demanda, aceptando lo que las empresas les impusieron. “Nos vemos muy indignados por todo lo ocurrido”, dice el presidente de la FCUNAE, Carlos Jipa. Él mismo luchó 17 días contra el covid-19 y afirma que, debido a las múltiples crisis, los habitantes de la Amazonia están perdiendo sus vidas. “Es urgente que tenga que intervenir el Estado Ecuatoriano y salvaguardar nuestros hermanos kichwas”. Carlos Jipa ya advirtió a fines de abril que la comida para los niños de las comunidades era escasa.
Como otros pueblos y nacionalidades indígenas en el continente, también los vecinos de los ríos Coca y Napo guardaron la cuarentena en lo posible, abasteciéndose con los alimentos de sus territorios. Antes de que se produjera el derrame del crudo, usaban los ríos para pescar, beber agua y bañar sus cuerpos, y también para sus ritos espirituales. Pero el derrame cambió todo. Hoy, reciben agua embotellada sin saber de dónde viene y sin saber si es apta para consumo humano, como relata Carlos Jipa. “El agua que nos trajeron tenía un sabor distinto al agua que solíamos tener. Hay personas que se han sentido enfermas, han tenido dolores de estómago y diarrea y, hoy por hoy, casi no quieren beber esta agua”.
Mientras tanto, la contaminación en los ríos sigue hasta Perú. Sin embargo, a mediados de junio, Petroecuador escribió sin vergüenza alguna en un Tweet: “Es importante recalcar que el impacto del derrame es calificado de nivel medio y no alto, es un impacto reversible y temporal que, luego de los trabajos, tendrá un restablecimiento del ecosistema hacia las condiciones previas al evento”.
Al derrame del 7 de abril se sumó otro el 18 de junio, en la misma zona. Petroecuador habló de “una rotura en la tubería” del Poliducto Shushufindi-Quito y aseguró un par de días después que las nuevas manchas en los ríos más al sur no eran por un nuevo derrame sino “por trazas remanentes estancadas (…) en sitios inaccesibles por la geografía de San Rafael, que a consecuencia de las intensas lluvias, fueron removidas por la corriente del río”. En cambio, comunidades locales, después de haber consultado a trabajadores de la empresa, aseguraron que el derrame se produjo por tuberías rotas y abandonadas y que, al moverlas, su remanente depositado dentro de ellas se volcó al río.
En algunos lugares, Petroecuador y otras empresas están recogiendo el petróleo con barreras y desbrozándolo. Sin embargo, testigos oculares de las comunidades aseguran haber visto cómo los troncos de varios árboles contaminados con crudo son cortados y echados directamente a los ríos, sin tratamiento alguno. “Ellos están trabajando en la recolección y no en la remediación”, afirma Carlos Jipa, de la FCUNAE. “Lo que quieren hacer es terminar lo más pronto y salir de la zona. Entonces, vamos a estar muy pendientes de eso”.
Un derrame que podía evitarse y un juicio que se extiende ad infinitum
Técnicamente, además de que una parte de los hidrocarburos se evapora, gracias a estas barreras se podrá frenar una parte del crudo, “pero es solo una pequeña parte”, afirma Alexandra Almeida, bioquímica e integrante de la ONG Acción Ecológica. “Hay fracciones en el petróleo, las más tóxicas, que son solubles en agua y no se ven. Además, hay otras que se entierran en los sedimentos de los ríos de donde se alimentan los peces, los que después son consumidos por los humanos; es decir, el petróleo puede ingresar en la cadena alimenticia”. En este caso se habla de genotóxicos que no tienen efectos inmediatos, pero sí en futuras generaciones. “Estos afectan a nivel genético”, dice Almeida. Las consecuencias: alteraciones genéticas y un riesgo elevado de enfermar de cáncer. “De todas maneras, es una clara violación de la naturaleza y de las comunas que viven en estas zonas”.
A esta conclusión llegó también Verónica Potes, experta en derechos colectivos e integrante del equipo legal que plantea la acción. En su intervención la semana pasada, citó a expertos que declararon al nororiente del Ecuador como “una zona de derrames crónicos”. Son derrames provocados en concentraciones relativamente bajas y justificados por empresas y gobiernos de turno, a tal punto que muchos de los afectados en los territorios se resignan y conviven con ellos, en contaminación constante. Pero, en el caso del derrame en la cascada de San Rafael hubo alertas. Este derrame en específico llegó con anuncio. Porque después de la desaparición repentina de la cascada de San Rafael a inicios de febrero de este año, geólogos advirtieron que su erosión regresiva podía afectar a infraestructuras cercanas, entonces también a los oleoductos. Petroecuador, OCP y el gobierno de Lenín Moreno estaban al tanto de los peligros. Sin embargo hoy en día hablan de “circunstancias impredecibles”.
En cambio, la abogada Verónica Potes denuncia: “Ese derrame hubiese podido ser previsto, podía haber sido evitado y no lo fue. Tendría que haber sido comunicado inmediatamente y no lo fue, y los ríos deberían ser remediados y no están”. Justamente por eso se interpusieron la acción de protección y las medidas cautelares. Que la audiencia fue suspendida fue un hecho que no se comunicó por canales oficiales, dice Potes. “Nos enteramos por haber llamado al juzgado. Y mientras el río sigue contaminado, se sigue dando las violaciones de derechos, y la justicia sigue sin contestar. Es el resumen doloroso de un juicio que se extiende ad infinitum”. Potes dice que no hay fecha para reanudar el juicio, un hecho que demuestra que no se está tomando en serio a las comunidades.
Cabe destacar que entre el río Napo y el río Aguarico, justo en la frontera entre Ecuador y Perú, se solía trabajar con turismo comunitario. Ahí vivían los delfines rosados, una especie en peligro de extinción. Desde el derrame no se los ha visto más en esta zona.
*El autor de este texto forma parte de Extinction Rebellion Ecuador.
Colaboración: Vicky Novillo Rameix
Foto principal: Ivan Castaneira.
