Jacobo Fierro: Economista ecológico, integrante de la Asamblea de los Pueblos del Sur y del Frente Nacional Antiminero, conversó con Lalineadefuego sobre Kimsacocha, el Frente Nacional Antiminero (FNA) y su resistencia en territorio, y la violencia ejercida desde el Ejecutivo como acto de intimidación en contra de militantes y comuneros.
¿Qué es el Frente Nacional Antiminero y cómo se define su papel en el país?
El FNA no es simplemente un grupo en contra de la minería, se articuló en agosto de 2021 y se fue consolidando a través de encuentros regionales y nacionales en diferentes puntos del país: primero en Xiña, luego en Cotacachi, después en Las Pampas y finalmente en Zaguata, en Napo. Si bien se plantea en oposición al despojo capitalista minero, es, al mismo tiempo, un espacio de articulación de pueblos en lucha por la defensa del territorio, el agua, la memoria, la semilla, la agricultura y la soberanía alimentaria. En su base constitutiva están pueblos vinculados a la CONAIE y a la CONFENIAE, que fueron actores fundamentales desde su creación. También participan sectores campesinos y urbanos, sobre todo aquellos comprometidos con la defensa territorial.
¿Cómo ha sido la trayectoria de la lucha antiminera en el país?
La lucha antiminera tiene aproximadamente 40 años. Se ha enfrentado principalmente al modelo neoliberal minero, que se consolidó en la década de los noventa bajo el Consenso de Washington. Desde entonces, el régimen de concesiones se ha mantenido prácticamente intocado. Esto ha generado graves problemas territoriales: donde hay tierra, hay agua, biodiversidad y propiedad comunitaria o individual, y esas zonas comenzaron a ser entregadas a actores transnacionales. Nuestra lucha es contra ese modelo de despojo, en defensa de la autodeterminación, la soberanía y la construcción de un nuevo modelo de desarrollo para el país.
¿Qué importancia tiene este espacio de articulación para las luchas locales?
Ha permitido unir luchas que antes se desarrollaban de manera local. Algunos pueblos ya estaban articulados, como los del sur, que llevan años en esta perspectiva de lucha con enfoque nacional. No es la primera coalición de este tipo: en 2007 existió la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Soberanía y la Vida. Hoy, después de cuatro años de trabajo, hemos tenido un papel clave en el acompañamiento a luchas locales, en acciones de comunicación, incidencia política y defensa jurídica, como la acción que frenó el proceso de consulta ambiental en Las Pampas y en Las Naves, declarada inconstitucional por la Corte Constitucional.
¿Cuál ha sido el papel del Frente Nacional en momentos clave de movilización social?
Participamos en el paro de 2022, en el que uno de los puntos centrales de la agenda fue la minería y los recursos naturales no renovables. Además, hemos realizado varias asambleas que han marcado el rumbo de la lucha política a nivel nacional. En el paro nacional de 2022, por ejemplo, uno de los temas centrales fue el catastro minero. En el último año del correísmo – 2016 – se entregó entre 3,5% y 4% del territorio en concesiones, pero debido a la presión social se cerró el catastro minero en 2018. Ahora el gobierno de Noboa insiste en abrirlo de nuevo, en conjunto con leyes y decretos que flexibilicen los controles ambientales. El resultado es que hoy cerca del 8% del país está concesionado.
¿Qué contexto político enfrentan actualmente?
Vivimos un escenario complejo. La avanzada minera es impulsada hoy por un grupo de extrema derecha, ultraconservador y neoliberal, completamente entregado a los capitales transnacionales. La familia del presidente tiene grandes intereses en el sector. El grupo Nobis, por ejemplo, empezó con mil hectáreas de concesiones al inicio de este periodo; ahora maneja más de 170 mil y tiene planes de seguir expandiéndose. Todo esto bajo un régimen inconstitucional, pues no se realizan consultas ambientales ni consultas libres e informadas, como lo exige la Constitución. Se están afectando fuentes de agua y áreas municipales de conservación y uso sustentable.
¿Cuál es la meta del Frente este año?
Evitar la entrega de nuevas concesiones. También exigimos auditorías a proyectos en curso, como Mirador o Río Blanco, para saber realmente cuánto mineral se extrae y exporta, y qué daños ambientales generan. No es nada extraordinario: cualquier país serio debería auditar sus proyectos estratégicos. Entre los proyectos que generan mayor preocupación están Kimsacocha en Azuay, el Domo de Curipamba en Bolívar, donde está vinculada la familia presidencial, Warintza en la Cordillera del Cóndor y Cangrejos en El Oro. Muchos de estos ya generan conflictos sociales y ambientales.
¿Cómo se articulan las luchas en los territorios?
En algunos casos la coordinación es difícil, como en Quimsacocha, donde agendas personalistas han fragmentado el movimiento. Sin embargo, en Azuay hay un espacio sólido de comunidades y juntas de agua que trabajan hacia un gobierno comunitario. También enfrentamos graves problemas de criminalización, como en Bolívar y Palo Quemado, donde casi asesinan a compañeros. A pesar de todo, seguimos articulados y planteando nuestras demandas.
El abogado de Curimining, Felipe Rodríguez, ha vinculado al Frente con el crimen organizado. ¿Qué opinan de estas declaraciones?
No es algo nuevo. Desde hace tiempo los gobiernos y ciertos medios de comunicación buscan instalar asociaciones arbitrarias y peligrosas. Rodríguez dice que estamos ligados al crimen organizado, cuando en realidad ese fenómeno llegó al país recién en los últimos años. Generalizar, y decir que toda minería ilegal está controlada por mafias no solo es un error y, peor aún, es gravísimo usarnos como chivo expiatorio, como si fuéramos nosotros una mafia que quiere hacer daño al país. Es absurdo, nos coloca como enemigos del Estado.
Peor aún, bajo las últimas leyes aprobadas en nombre de la “guerra interna”, cualquiera vinculado con el crimen organizado puede ser allanado o encarcelado sin orden judicial. Eso abre la puerta a la persecución de quienes nos oponemos a la política minera entreguista del gobierno.
¿Qué buscan con estas acusaciones?
Deslegitimar nuestra lucha y removernos como obstáculos. Quieren avanzar con la agenda minera y para eso estigmatizan a los actores sociales. El Frente Antiminero no es un improvisado: articulamos luchas y tenemos argumentos sólidos contra un modelo que consideramos inconstitucional.
¿Han pensado en acciones legales contra Rodríguez?
Por ahora no, porque la justicia está cooptada y sería una pelea desigual. Pero si la estigmatización continúa, evaluaremos llevarlo a tribunales por difamación.
Foto de portada: Collage con la imagen de Jacobo Fierro
