El neoliberalismo estalla en Colombia

Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda*

América Latina no logra encontrar su paz. Desde que concluyeron los procesos de nuestras independencias en las primeras décadas del siglo XIX, ya llevamos doscientos años de movilizaciones, protestas, luchas y rebeliones en repúblicas construidas sobre las bases económicas y políticas de la exclusión social, la pobreza generalizada, la explotación laboral, la concentración de la riqueza y el poder en manos de minorías. La democracia sigue siendo un sueño por conquistar. Y en las décadas finales del siglo XX, a las herencias no solucionadas del pasado, se unió el auge del neoliberalismo como modelo de economía del Estado en todos los países de la región.

Hay suficientes datos, estudios e investigaciones que demuestran lo nefasto que ha sido el neoliberalismo latinoamericano, de manera que se conoce, perfectamente, que las economías de mercados libres y de empresa privada absoluta, si bien trajeron modernización capitalista, lo hicieron sobre la concentración de la riqueza más polarizada en toda la historia de la región, mientras en otro polo se deterioraron las condiciones de vida de la mayoría social y también sus condiciones de trabajo. El neoliberalismo agudizó la conflictividad social, alimentó la “cultura del privilegio” (Cepal), ha impedido la paz, la democracia, la libertad social y el bienestar.

El ingreso de la pandemia del coronavirus encontró no solo a la gran mayoría de países dominados por gobiernos conservadores, que reprodujeron economías neoliberales, sino a Estados desarmados por la falta de recursos con los cuales poder atender un problema universal de salud, porque, bajo las consignas del “achicamiento” y “retiro” del Estado, se habían cortado inversiones en medicina, infraestructuras y servicios públicos.

En ese marco histórico general, la reforma tributaria que se quiso imponer en Colombia al finalizar abril 2021, pretendía recaudar unos 6.800 millones de dólares como recursos para el Estado, pero mediante el incremento del IVA al 19% para productos básicos, gasolinas, luz y gas, además de extender el impuesto a la renta para clases medias y trabajadores. En contraste, desde 2019 se han disminuido o exonerado de impuestos a las grandes empresas capitalistas que, a su vez, solo el año pasado acumularon ganancias millonarias. No han faltado los gastos en armamento y equipos para las fuerzas armadas y la policía, en un país estratégico para los intereses de la seguridad continental de los EE.UU., que cuenta con varias bases militares instaladas en ese territorio. La violencia histórica en Colombia, que tiene características únicas en Latinoamérica, y que ocasiona el asesinato diario de por lo menos un activista o dirigente social, junto a una serie de incumplimientos de los acuerdos de paz con las FARC (2016) y unida al neoliberalismo mantenido por décadas, así como a la pandemia sin la atención requerida, han acumulado las cifras estructurales de la desigualdad: 14.2% de desempleo, 47% de subempleo, 42.5% de la población en pobreza monetaria y 15.1% en pobreza extrema, mientras 54% de los hogares tienen inseguridad alimentaria. Colombia es uno de los países con mayor iniquidad en América Latina, que es la región más desigual del mundo (Cepal).

La pretendida reforma tributaria solo fue el detonante, porque el estallido social que inmediatamente se produjo en Colombia, no solo es fruto de una situación de coyuntura, sino del acumulado histórico de violencia, sufrimiento humano, desatención social, desestabilización de la vida y precarización del trabajo, que han sido edificados por el neoliberalismo colombiano, para sostener el poder de un bloque de sectores de la élite empresarial y política, entre la que se confunde también el paramilitarismo y el narcopoder.

La represión ha alcanzado niveles inauditos. La ONU, la Unión Europea, Amnistía Internacional, organizaciones de derechos humanos, legisladores de los EE.UU., académicos y profesores de América Latina, de los EE.UU. y del mundo, han reaccionado ante semejante situación y hasta se ha pedido al presidente norteamericano, Joe Biden, que actúe frente a las escandalosas violaciones de los derechos humanos. Las acciones represivas, según denuncias realizadas en la misma Colombia, parecen responder a la reformulación de la “vieja” doctrina militar de la seguridad nacional, con nuevos conceptos sobre la “revolución molecular disipada”, que supone que se libra una guerra interna en la que los “enemigos” siempre son exclusivamente las izquierdas (otra vez etiquetadas de “comunistas”) y los movimientos sociales y populares, cuyas protestas y manifestaciones supuestamente son instrumentos de “vándalos” o “subversivos” para atentar y liquidar la “democracia” y la “institucionalidad existente”. Bajo esos conceptos, el resultado inexorablemente es doble: la “guerra” se libra solo contra el pueblo, pero para defender a las élites del poder económico y a las derechas políticas.

El reciente estallido social en Colombia tiene el mismo trasfondo histórico que tuvo la movilización nacional de octubre de 2019 en Ecuador: el rechazo al modelo neoliberal, que tanto daño ha ocasionado a la vida y el trabajo de las más amplias capas de las poblaciones de ambos países. En Ecuador la represión igualmente tuvo una magnitud de violación de derechos humanos imposible de ocultar, de modo que ha merecido tres informes que la denuncian: el de la Alta Comisionada de las NN.UU. (noviembre 2019), otro, de la CIDH (enero 2020), y el de la Defensoría del Pueblo, que incluso encuentra configuradas las causales de genocidio, que posiblemente queden en la impunidad.

Pero ese trasfondo histórico anotado se encuentra inevitablemente presente en otros países latinoamericanos con gobiernos conservadores y empresariales, de modo que siguen acumulándose fuerzas sociales que potencialmente pueden estallar en cualquier momento. Los neoliberales no tienen una sola solución social para ofrecer en la región. Solo buscan buenos negocios, expansión de la esfera de sus mercados, rentabilidades altas, “competitividad”.

Compleja y difícil era la que ha pasado a vivir América Latina de la mano de las fuerzas del neoliberalismo empresarial. Lo más grave es que la prolongación en el tiempo de una economía que ya se ha demostrado nefasta para la región, hace prever un futuro de agudización de la conflictividad social. Y si en medio de ese previsible escenario igualmente se afirman las políticas de coerción popular y represión a los ciudadanos, con la protección “bélica” a las élites minoritarias del poder, el panorama de la ingobernabilidad latinoamericana podría volver a pintar escenarios políticos de inestabilidad constante, como los que vivió la región durante el siglo XIX. 

“La pretendida reforma tributaria solo fue el detonante, porque el estallido social que inmediatamente se produjo en Colombia, no solo es fruto de una situación de coyuntura, sino del acumulado histórico de violencia, sufrimiento humano, desatención social, desestabilización de la vida y precarización del trabajo”.