El Comercio <www.elcomercio.com>
16 Diciembre 2013
Mientras se redactaba la Constitución, varias voces se levantaron para advertir los riesgos del excesivo poder que se otorgaba al Ejecutivo. Los defensores del nuevo diseño institucional respondían a las críticas, argumentando que la democracia participativa sería un freno a los abusos y omisiones del poder.
Se afirmaba, parafraseando a Bobbio, que serían los movimientos sociales y ciudadanos los que ocuparían el centro del debate para la transformación del Estado, interactuando en diferentes dimensiones de la política. El “pueblo” tendría una participación “protagónica” en la planificación, decisión y gestión de los asuntos públicos; en el control social de todos los niveles de gobierno; y, en la definición de las políticas públicas.
Esa “democracia activa” requiere -como explica Pierre Rosanvallon- la articulación de tres niveles de interacción entre la esfera política y los ciudadanos: democracia de expresión, dando a conocer sus opiniones sobre los gobernantes y su accionar; democracia de implicación, acordando acciones para “producir un mundo común”; y, democracia de intervención, involucrándose en el desarrollo de acciones colectivas para obtener resultados.
Es una obviedad decir que la acción ciudadana debe darse en un marco donde las formas antidemocráticas de expresión, implicación e incidencia, deben ser rechazadas y enfrentadas de acuerdo con la ley; siempre respetando la legalidad, el principio de mínima restricción, individualizando la responsabilidad y aplicando sanciones proporcionales a la falta cometida.
La disolución de Fundación Pachamama contraría todas las ideas que sustentan la democracia participativa. Además de las arbitrariedades asociadas a la sanción (restricción de derechos por vía reglamentaria, ausencia de debido proceso, sanción desproporcionada por faltas no cometidas), preocupa que desde los niveles más altos del poder se considere a la participación política de las organizaciones no gubernamentales como que están “atentando contra la democracia”, visión claramente in compatible con la norma constitucional que reconoce a “todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno…”.
Votar es una condición indispensable pero no suficiente para considerar a una sociedad como democrática, es necesario reconocer el protagonismo de sus ciudadanos, organizados o no, en la promoción de sus temas de interés, expresando sus desacuerdos con las decisiones que consideren injustas, inadecuadas o contrarias a los derechos.
Las ONG tienen mucho que aportar, como lo han hecho históricamente, actuando en una dimensión no partidaria de la política. El verdadero peligro para la democracia es sancionarlas por ello.
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