ENEMIGO DEL ESTADO: Carlos Zorrilla y la batalla por Intag. por Gerard Coffey

Nacido en Cuba, salió de la isla a los 11 años con su familia, rumbo a Estados Unidos. La tierra prometida no le convenció. Como muchos de su edad no  aceptó la guerra que su país adoptivo llevaba a cabo en Vietnam, tampoco le agradaban las maniobras políticas del entonces presidente Richard Nixon. Se fue. Buscaba un lugar donde pudiese vivir en paz y llegó al valle de Intag, en Imbabura, donde en 1978 encontró una zona agrícola atractiva poblada por comunidades fuertes y solidarias.  Y se quedó allí. “Me encanta la agricultura.” dice Carlos Zorrilla.

La decisión no resulta difícil de entender. La zona de Intag, ubicada en las estribaciones occidentales del volcán Cotocachi, es cálida, verde y francamente bella. Poblado a finales del siglo diecinueve por familias que migraron desde otros sectores de Imbabura, es un distrito sub tropical principalmente agrícola con mucha agua, altos niveles de biodiversidad y  unos paisajes espectaculares.

Pero la historia de Zorrilla en Intag no es de felicidad bucólica, de un paseo por las nubes. La paz y la convivencia no llegan con tanta facilidad. Hay cobre en las colinas y dos veces en las últimas décadas empresas extranjeras han llegado buscando explotar los minerales. “La primera vez que sabíamos de la presencia de una minera en la zona”, dice Carlos, “fue a finales del ’94. Era la japonesa Bishimetals, una subsidiaria de la empresa multinacional Mitsubishi.  Al inicio la gente no sabía por qué estaba allí.”

Al año siguiente las actividades de la minera lo llevaron a él y Giovanni Paz, un sacerdote de  Imbabura, entre otros, a establecer DECOIN (Defensa y Conservación Ecológica de Intag) para proteger la biodiversidad de la zona e iniciar proyectos de desarrollo sustentables. “Sabíamos que estos proyectos eran importantes para el futuro de la zona”, opina Silvia Quilumbango, la actual Presidenta de DECOIN. Uno de los productos estrella es el café orgánico, conocido como Café del Río Intag, que se vendía incluso antes de la creación de la ACRI (Asociación de Cafeteros de Intag) ahora la agrupación más importante de caficultores de la zona. Intag también cuenta con una creciente industria turística. “Fue también nuestra iniciativa”, dice Zorrilla.

La llegada de la minera provocó los conflictos. Los unos contra los otros. No fue posible ser neutral, las comunidades tomaron partido a favor o en contra de la mina y todo lo que representa. El conflicto llegó a su punto culminante en mayo de 1997 cuando cientos de manifestantes de siete comunidades ocuparon el campamento de Bishimetals. Después de tres días se desmanteló una parte del campamento y se quemó lo que quedaba. El estado enjuició a varios líderes comunitarios, como Polivio Pérez, quien sigue hoy en la lucha contra la propuesta minera. No obstante, una amnistía general, otorgada por la Asamblea Constituyente en 2008 a quienes lucharon por defender la tierra, perdonó a los líderes comunitarios de Intag sujetos a juicios por parte de Ascendant Copper.

Frente a una oposición local con fuerte apoyo a nivel internacional, incluso por grupos ambientalistas en Japón, la Bishimetals dio marcha atrás. Se fue en 1998, pero la paz en Intag duró poco. Seis años después llegó la empresa canadiense Ascendant Copper, y con ella vinieron más y mayores conflictos. La compañía utilizaba tácticas más agresivas que Bishimetals y la pelea se endureció. Había amenazas de muerte, amedrentamientos, y duros conflictos entre las bandas pro y contra minería. En diciembre del 2005 un campamento de Ascendant Copper fue incendiado, un acto llevado a cabo bajo la responsabilidad colectiva de 300 personas de quince comunidades.

En respuesta, la empresa canadiense estableció una organización ‘comunitaria’ paralela, CODGEM. Según los opositores a la mina su trabajo con consistía en chantajear, amenazar y sembrar divisiones entre la gente de las comunidades. En un momento fue liderada por un ex diputado, Ronald Andrade, en cuya hacienda Campo Serio, en el sector de Selva Alegre, fueron asesinadas cuatro personas vinculadas con el narcotráfico. Andrade, que fue acusado de tener vínculos con el  traficante Oscar Caranqui[i], está prófugo y ahora consta en la lista de los ‘más buscados’ [ii].

Como miembro prominente de la oposición Zorrilla estuvo en ojo del huracán. Fue sujeto a un orden de prisión preventiva, pero el trámite fue revocado porque, según el juez, no existían suficientes indicios de responsabilidad para encarcelarlo[iii] . Fue acusado por una empleada de Ascendant Copper, la Sra. Leslie Brooke Chaplin, de “robo calificado” y “lesiones”. Según ella los hechos ocurrieron cuando repartía información a favor de su empresa durante una manifestación anti minera por 600 personas de Intag delante del Ministerio de Energía y Minas en Quito[iv]. Pero según testigos y filmaciones de varias personas presentes en la protesta, Zorrilla no participó en el enfrentamiento entre la empleada de la empresa y los manifestantes en el que nadie le tocó la empleada.

La denuncia no tuvo asideros, pero bastó para inducir el allanamiento de su casa por parte de la policía. Dijeron haber encontrado armas y droga, y en octubre del 2006 se le abrió una instrucción fiscal por tenencia ilegal de armas. Pero en marzo de 2007 el Fiscal se abstuvo de acusar a Zorrilla.

Otros también vivieron alguna clase de agresión. Un grupo de 30 personas lideradas por empleados de la empresa intentó linchar a Polivio Pérez, quien consiguió escapar. Su motocicleta no corrió igual suerte: fue lanzada por un barranco. Y en otro suceso, un grupo armado entró en la casa donde se reunía un grupo de amigos ecologistas. Todos fueron maniatados y sus equipos robados.

En uno de los enfrentamientos más duros, un grupo de 15 guardias de seguridad armados atacaron a los opositores de la empresa con gases y armas de fuego. Pero no se salieron con la suya. Los pobladores de la zona los tomaron como rehenes juntos con otros 40 guardias enviados para construir un campamento,  y los retuvieron durante seis días en un bosque cercano. Fueron liberados luego de que el Ministerio de Energía pidió a la empresa minera abstenerse de realizar actividades en la zona.[v]

A pesar de todo, las fuerzas opositoras eran mayores y más fuertes y en el 2006, en el último mes de la presidencia de Alfredo Palacio, lograron parar una vez más los planes de explotación del cobre. No obstante, como pasó en el caso de Bishimetals, la salida de la empresa no representó el fin de la historia. Ascendant Copper ahora lleva adelante un juicio en contra del estado ecuatoriano por haber rescindido la concesión, y Carlos Zorrilla es testigo clave de la defensa.

La tercera vez – ¿suerte para quién?

Ganada la batalla, la población respiraba más tranquila, pero nunca dejó de estar alerta. Sabía que si bien las empresas se fueron, el cobre se quedaba, y por eso los mineros seguramente regresarían un día, en una forma u otra. Y así fue.

Esta vez, la tercera, es el Presidente Rafael Correa, ex ministro de finanzas en el gobierno de Palacio, quien lidera la ofensiva. Y la batalla podría ser aun más dura.  El gobierno de Alianza País tiene recursos, controla la fuerza pública y goza de un pleno apoyo a nivel nacional, – su votación en la región fue aplastante, según el gobierno, ganando 7 a 1 [vi]en las elecciones nacionales de febrero de 2013. El 26 de julio de 2012 firmó un acuerdo con el gobierno chileno para reactivar el proyecto en Intag. Chile participaría a través de la empresa minera nacional, CODELCO. La hoja de ruta está trazada, y  por bueno o malo, Carlos Zorrilla, la cabeza más visible de la oposición local, está una vez más en el primer plano del conflicto.

No provoca sorpresa, por lo tanto, que el presidente haya lanzado ataques contra el cubano-ecuatoriano. En un discurso sabatino vinculó un manual de resistencia pacífica, escrito por el Director Ejecutivo de DECOIN, con la manifestación en la que diplomáticos de Chile y Bielorussia fueron agredidos. “No tuve nada que ver con la manifestación organizada por la ahora clausurada fundación Pachamama.” explica Zorrilla. “Nada que ver. Relacionarme con ella es un intento de desacreditarme, porque en la cosmovisión del presidente yo represento un obstáculo para sus planes, y por tanto me tiene que sacar del camino.”

“La ironía” dice “es que el manual fue creado para enfrentar las ilegalidades y atropellos cometidos por empresas transnacionales, y apenas menciona entidades gubernamentales y, cuando lo hace, más bien sugiere cooperar con éstas.”

Dado el largo tiempo que reside en el país (tiene cuatro hijos ecuatorianos), tampoco desconcierta que Zorrilla se sienta ofendido por las palabras del presidente. “No me sorprende para nada ser atacado verbalmente por el Presidente, pero lo que sí me sorprende es ser tachado de extranjero desestabilizador que defiende intereses foraneos, y que busca injerir en la política gubernamental. Es una infamia. Y pedir a la gente que reaccione. Esto es nada menos que atizar la xenofobia.”

Está preocupado. Ser señalado por el Presidente como una suerte de enemigo del pueblo, incluso con fotos,  podría traer consecuencias para él y su familia. Amnistía Internacional está plenamente de acuerdo. La institución internacional emitió una alerta en la que señaló ‘una creciente preocupación por la seguridad de Carlos Zorrilla, activista medioambiental de Ecuador, y otras personas que han protestado contra proyectos de desarrollo en la región de Intag.’ Zorrilla cuenta que en diciembre la policía visitó su casa con el pretexto de una encuesta. Hasta tomaron fotos de la propiedad.

“Es un error decir que estamos obstaculizando el desarrollo”, expresa “Lo que yo y otros representamos es una visión distinta, una propuesta de otra forma de vivir, una forma de vivir que tiene más que ver con el Sumak Kawsay, que con un desarrollo que depende de la extracción de minerales. No somos ingenuos ni desestabilizadores; hemos visto los resultados de la gran minería en Perú, y créanme, no son nada agradables. Aquí en Intag tenemos otra visión del futuro.”

Y es cierto. La minería es una de las actividades extractivo-industriales más sucias. Si extraer petróleo puede provocar graves consecuencias ambientales la minería es claramente peor, y en Intag la propuesta no es de una sola mina sino varias. “El cobre no es como el oro, dice Zorrilla, los yacimientos son dispersos y por eso habrá varias minas a cielo abierto en la cordillera de Toisan.” Añade que el sector minero en Estados Unidos es el que más contamina.  

Por supuesto, hay formas y formas de extraer metales, unas mejores que otras. Las fuentes oficiales hablan de utilizar tecnología de punta, pero al final hasta la minería responsable no puede eliminar los desechos sólidos provocados por la minería a cielo abierto. Y son sumamente altos.  En Intag la concentración del metal es de aproximadamente  0.7%, lo que significa que 99,3% de la roca extraída termina en desecho. Esos escombros, los relaves, tampoco son inertes. “Pueden soltar metales pesados y drenaje ácido provocando graves daños al medio ambiente, sobre todo a los ríos. Y aquí estamos en la cabecera de varios sistemas hidrográficos importantes que nutren la zona costera del país y en una zona en la que la lluvia es una presencia fuerte y permanente.”

Pero los argumentos no encontraron eco en círculos oficiales. Órdenes son órdenes. Según la dirección de la entidad estatal, ENAMI EP, titular de la concesión minera del sector de Intag[vii],  para obtener la licencia ambiental del Ministerio del Ambiente, “es necesario el cumplimiento de los actos administrativos fundamentados y favorables otorgados por varias autoridades, entre las cuales se encuentra el Concejo Municipal de Cotacachi de acuerdo con el ordenamiento territorial y la planificación del desarrollo económico social cantonal[viii]”.

Las palabras de ENAMI tampoco pesaron. Puede ser ‘necesario’ para ENAMI y El Ministerio de Ambiente, pero los técnicos de la empresa minera nacional y CODELCO intentaron entrar en la zona de Junín en septiembre del 2013, acompañados por patrulleros policiales. La respuesta de la gente fue impedir su paso.

La reacción de Rafael Correa fue contundente. “Adquiramos lecciones de esto”, dijo “no permitamos que unos pocos impidan el avance de todos, impidan el bien común; a rechazar a esta gente que con nombres bonitos como el derecho a la resistencia quieren imponer sus intereses, de grupo, familiares, individuales, atentando contra la propia democracia”. “Tengan fe en este gobierno que no busca nada para nosotros, sino todo para ustedes, una minería responsable puede sacar de la pobreza, especialmente a las poblaciones que habitan en esos sectores”. [ix]

La batalla, por ahora solo de palabra, continúa. El peligro es que el enfrentamiento se vuelva violento. El presidente, como es su estilo, no parece dispuesto a ceder y los opositores del proyecto minero se mantienen firmes. Han pasado por otras batallas y no dudan de su capacidad de resistir.

El Desarrollo y el Buen Vivir

Es cierto que en el país existe mucha pobreza, es decir muchas necesidades básicas insatisfechas, e igualmente cierto que para satisfacer esas necesidades – proveer agua potable, alcantarillado, servicios de educación y salud – se necesita dinero. Nadie lo duda. La cuestión no es si se debe intentar resolver el problema, sino cómo. Para el Presidente Rafael Correa es crucial utilizar los recursos con los que cuenta el país para mejorar la vida de los ecuatorianos y sostener programas sociales y de infraestructura.  Cara a un futuro petrolero inseguro, diría, unos pocos no pueden o deben imponer su visión sobre las necesidades de la mayoría. No hay que ser mendigos sentados sobre un saco de cobre.

Los inteños que se oponen a la mina explican que proteger el medio ambiente de la zona no solo tiene que ver con mantener intactos sus terrenos y su forma de vivir. Tampoco es asunto de imponer su agenda sobre los demás ecuatorianos. Esgrimen argumentos económicos relacionados con el valor de los ‘servicios ambientales’ para el país, argumentos elaborados según los conceptos de la economía ecológica.  Silvia Quilumbango aclara que: “nuestra respuesta no está en el rechazo insensato, hemos demostrado como cantón que somos líderes regionales en la generación de recursos económicos para las comunidades de maneras alternativas, respetando la naturaleza, respetando nuestras costumbres ancestrales, hemos consolidado un modelo de desarrollo respetuoso y no queremos que eso se vaya a echar a perder.”

Señala el estudio hecho en el 2011 por Earth Economics[x] que indica que el valor de los servicios ambientales que se destruirán será mayor que el valor del cobre que se conseguirá. Según el documento, (al aplicar una tasa común del 3% de descuento) “nos encontramos con que los 18 servicios ecosistémicos de Intag que se examinaron proporcionan un valor de activos de entre US$3 mil millones y $28 mil millones. Esto demuestra que los actuales sistemas naturales y agrícolas de la región de Intag son enormes activos nacionales. Como los activos naturales se aprecian, en lugar de depreciarse, con el tiempo la tasa de descuento será próxima a cero[xi].”  

Como es de esperar, no todos los habitantes de la zona están en contra del proyecto minero. Algunos vean beneficios en la presencia de una mina. La pregunta es cuántos son. El presidente de la Junta Parroquial de Apuela afirma que el porcentaje de la población opuesto a la mina es menos de 20%, mientras fuentes de ENAMI hablan de un apoyo mayoritario basado en una encuesta que maneja la empresa nacional.[xii]   Pero para Zorrilla estos números carecen validez. “En las reuniones zonales y cantonales”, dice “la proporción contra la minería es de 90%. Y en cuanto a las encuestas no tenemos idea dónde ni cómo las llevaron a cabo.”

No obstante las diferencias entre sectores de la población local, hay factores externos que podrían ejercer una influencia determinante, y puede que al final la disputa se resuelva por el precio internacional del cobre. El metal ha sufrido una caída de aproximadamente 25%  desde su punto alto de US$ 4.50 en el 2010 a US$3,27 hoy en día, pero por otro lado el precio sigue alto en comparación con niveles históricos. En el 2004, por ejemplo, el cobre transaba en menos de un dólar por libra. Todo depende, y dependerá, de la demanda china.

El país asiático consume un 40% de la producción global y cualquier ralentización de esa demanda claramente tendrá un impacto importante en el precio del cobre, y de ahí en la rentabilidad de una mina en Intag. ¿Subirá o bajará el valor del metal? Las opiniones difieren. Para algunos es probable que el precio se estabilice, mientras para otros una caída más dramática es posible si estalla la burbuja inmobiliaria que lleva años impulsando la demanda china. Se habla también de una importante sobre oferta en el 2014 y del almacenamiento de millones de toneladas no reportadas[xiii], dos factores que podrían provocar una caída dramática en el futuro cercano.

Objetivos loables

La verdadera batalla de Intag no tiene que ver con los pocos imponiendo su agenda sobre los muchos ni con una disputa personal entre Carlos Zorrilla y Rafael Correa y su gobierno. Tampoco es asunto de mala fe. Rafael Correa quiere el dinero para mejorar la vida de la población en general, los inteños buscan demostrar, ya con cierto éxito, que otro mundo es posible.  Son objetivos loables, pero evidentemente excluyentes entre si.

Decir que toda actividad humana impacta negativamente en el medio ambiente es cierto, pero insuficiente. La pregunta del millón es cuánta destrucción se puede justificar en nombre de la construcción de una sociedad más moderna y equitativa. Y como señalan los estudios, los impactos de excavar unas minas en la cordillera de Toisán serían gravísimos y a lo mejor más costosos que el valor del cobre extraído. Sin hablar de la ‘remediación’.

La pregunta torna más importante aún en una zona en la que desde hace décadas la gente se está esforzando para estimular actividades menos dañinas. Vale preguntar cuánto beneficio a largo plazo habría para el país si el gobierno decidiera invertir en la zona para mejorar la infraestructura turística – un pilar del plan de Buen Vivir – o promover la producción y exportación del café orgánico. 

Al final, demonizar a Zorrilla no solo es grotesco, sino también oculta lo que al final de cuentas es un enfrentamiento entre dos formas de ver y vivir en el mundo, y dos formas de leer los textos económicos.