ESPECIAL | La selva encubre la violencia de género contra las mujeres indígenas amazónicas

Por Ela Zambrano y Jorge Basilago*

La violencia de género en la Amazonía no se evidencia en las estadísticas oficiales ni en los esfuerzos que hacen las organizaciones sociales por recopilar información: según el mapa de los feminicidios que publica la Fundación Aldea, en este año se contabilizan alrededor de 11 mujeres asesinadas en las seis provincias amazónicas. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, en 8 años de registro de femicidos (2014-2022), son 43 mujeres las que han muerto víctimas de la violencia machista, en ambos casos son números que no dan cuenta de lo que enfrentan las mujeres indígenas amazónicas y que impiden ver los secretos que calla la selva.

En parte de lo urbano, pero sobre todo en lo profundo de Sucumbíos, Napo, Morona Santiago, Pastaza, Zamora Chinchipe y Orellana, las mujeres de once nacionalidades indígenas amazónicas enfrentan violencia psicológica, obstétrica, sexual, femicidios/feminicidios, incestos y matrimonios de niñas con hombres muy adultos, entre otros. Para ellas, la posibilidad de acceder a la justicia está a cientos de kilómetros que se deben cruzar a pie, en canoa o avioneta. La distancia, entre otros factores, impone la resignación para las víctimas y garantiza la impunidad de los agresores, en el marco de comunidades ancestrales también patriarcales.

La dirigenta de salud y mujer de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), Nemo Andi, de la nacionalidad waorani, menciona que los hombres indígenas amazónicos, “creen que nosotras sólo debemos estar criando a nuestros hijos, en la cocina, en los quehaceres domésticos, para eso hemos nacido. Yo creo que las mujeres estamos para el compañerismo, no solo en el hogar, también en lo político, en la organización, somos la fuerza. Me parece tan injusto que esto suceda en esta época”.

Por su parte, la periodista y activista por los derechos humanos, Giovanna Tassi, revela que “hay mucha violencia  y pobreza estructural, además de alcoholismo, que tiene mucha incidencia en las comunidades y acarrea siempre situaciones violentas que las mujeres están empezando a hablar y denunciar: ‘nos golpean’,  ‘nos maltratan’, ‘nos violan’. Antes se quedaban en absoluto silencio”.

Este empoderamiento que empieza a evidenciarse en las mujeres indígenas amazónicas se relaciona con la superación de un discurso oenegeista que sublimaba la vida en la selva, la Pachamama y el sumak kawsay, considera Tassi. “Ellas mismas se negaban a reconocer lo que estaban viviendo”, declara Giovanna, quien ha residido por más de 40 años entre el Puyo, comunidades indígenas y Quito.

A kilómetros de distancia, la justicia no llega

Entender las dificultades que afrontan las mujeres indígenas amazónicas frente a la violencia machista desde una perspectiva urbana, requiere primero dimensionar que pertenecen a diferentes nacionalidades y, por lo tanto, sus lenguas maternas son el kichwa amazónico, a’ ingae (nacionalidad cofán), paaikoka (nacionalidad siekopaai), baaikoka (siona), waotededo (wao), shiwiarchicham (shiwiar), sapara (nacionalidad sapara), shuar chicham (shuar), achuar chicham (achuar) y el andoa (nacionalida andwa). No todas son bilingües y eso supone una dificultad cuando buscan una justicia que no habla ni los idiomas reconocidos por la Constitución.

La segunda es comprender que los pueblos indígenas están lejanos de las capitales de provincia y para el traslado se requiere caminar muchas horas o días; tener dinero para contratar una canoa-motor (mínimo 20 dólares por persona) o una avioneta.

“Claro muchas de las veces, nosotros tenemos que viajar desde el Puyo que es como una capital amazónica a distintos puntos como Canelos, Sarayacu, Curaray, Bobonaza. A veces son seis, siete, ocho horas, dependiendo del río: si ha llovido, puedes navegar más pronto, pero si está seco toca dormir en el camino, toma días llegar. Para una mujer que huye de la violencia  no es posible pagar los 250 dólares por el pasaje en avioneta, aunque dependiendo de la comunidad, el costo puede ascender a los 700 dólares. Muchas veces las mujeres que sufren de la violencia física, por falta de ambulancia, han muerto en nuestros territorios”, explica Nemo, a lo que agrega que  “por estas circunstancias, si sufres de agresiones te quedas ahí, un día te pegan y al siguiente te levantas con todo lo que has sufrido y empiezas la jornada como si todo fuera normal. Es dura una situación así”.

Muchas mujeres no prefieren, sino que no les queda otra opción que no denunciar, porque a la dificultad de la travesía se debe sumar la necesidad de dinero, el saber que no tienen un techo a dónde llegar y tampoco comida. Siempre considerando que, en el mejor de los escenarios (pero el menos frecuente), salen sin hijos.

Un tercer elemento de análisis es que las leyes están pensadas para el contexto urbano, para ciudades como Quito, Guayaquil o Cuenca donde las personas y los servicios están concentrados. El o la legisladora olvida la diversidad de pueblos (18) y nacionalidades (14)  que conforman el mapa de nuestro país.

Desde el punto de vista de las y los operadores de justicia, la delegada de la Defensoría del Pueblo, Yajaira Curipallo, confirma lo denunciado por Andi y Tassi, en entrevista exclusiva con La Línea de Fuego.

“La Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia fue pensada para actuar en la ciudad. Aquí, en el centro de Puyo, tengo una Junta Cantonal de Protección de Derechos, tengo las comisarías nacionales… pero, ¿qué pasa específicamente en aquellos territorios de pueblos indígenas?, donde el teniente político si bien es cierto está en la cabecera parroquial, resulta que la parroquia es sumamente grande y extensa, mucho más aquí en Pastaza, una provincia es accesible por  vía aérea, fluvial y, en pocas ocasiones, terrestre. Los tenientes políticos no están aquí a dos cuadras”, coincide Curipallo.

Yajaira Curipallo analiza la perspectiva “urbana” de la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia.

Un cuarto ingrediente que complejiza la discusión sobre aquello que la selva esconde, es la dificultad de la aplicación de justicia y la falta de reconocimiento de la importancia del presidente de la comunidad o curaca. “Son autoridades tradicionales, elegidas por su pueblo. Esta ausencia de coordinación, entre autoridades, hace que también sea imposible el poder aplicar esta ley en territorios. ¿Por qué? Porque no entienden qué es la boleta de auxilio o pedir que la persona agresora deje el hogar, el que se le ponga el botón de pánico. ¿Cómo usted coloca en una comunidad un botón de pánico donde no hay ni internet? ¿Cómo una mujer de la comunidad le avisa a la policía por medio de los chats comunitarios que está en riesgo o que está en peligro, si no tienen ni celular, peor internet? Este tipo de situaciones nos tienen a nosotros, la provincia de Pastaza, como la tercera más violenta del país; y hay muchos subregistros”.

La falta de recursos económicos obstaculiza la búsqueda de justicia de las mujeres amazónicas, sostiene Giovanna Tassi.

Así mismo se expresa la dirigente de Mujeres de la organización Pastaza Kikin Kichwa Runakuna – PAKKIRU, María Cuji: “creo que las autoridades deben tener contacto y coordinación con los curacas, para que ellos puedan sancionar en su territorio, de acuerdo con el reglamento que establece su comunidad. Hay muchos problemas porque de parte de las autoridades seccionales no hay una coordinación e investigación en estos procesos. Y si hay que hacer una justicia, la hacemos en territorio de acuerdo con la gravedad que haya cometido la persona”.

Las alternativas son pocas. El tema se presentó en las mesas de diálogo con el gobierno nacional y la respuesta que consiguieron es que “no hay presupuesto”. Atravesada por la indignación y la impotencia, Nemo añade “¿cómo es posible que nuestro territorio, de donde salen los recursos para todo el país por la extracción del petróleo –que tanto daño nos hace a los pueblos indígenas– no exista un presupuesto para atender en salud a los pueblos y nacionalidades indígenas?”.

Romper las barreras culturales es una vía para alcanzar la equidad y la justicia, según María Cuji, dirigenta de mujeres de PAKKIRU.

A la falta de recursos económicos, se suma la escasa voluntad de las autoridades. El pasado 17 de noviembre se llevaron a cabo las mesas de diálogo interinstitucionales, de 16 actores del sistema de protección en la provincia de Pastaza, apenas cuatro permanecieron hasta el final de las actividades: la directora del Consejo de la Judicatura, el director del Distrito de Salud Arajuno, la representante del Distrito de Salud de Pastaza y la representante del Consejo para la Igualdad. “Esto fue observado por la sociedad civil, porque se necesita que el sistema de protección esté articulado, para que haya una efectiva prevención y atención”, menciona Curipallo.

Y si en ciudades como Quito, Guayaquil o Cuenca el sistema de justicia está operando con dificultades económicas, en las provincias amazónicas, concretamente en Pastaza, el presupuesto es igual a cero. La Policía no puede dejar una notificación porque le supone un gasto de mínimo 300 dólares en avioneta o 15 -20 dólares en canoa-motor, dependiendo del nivel de agua que haya en el río. La Defensoría del Pueblo subsiste con el apoyo del Vicariato y de organizaciones sociales como Mujeres Amazónicas Defensoras de la Selva, entre otros.

En estas circunstancias, frente a un intento de feminicidio,  ¿cuál es la ruta de protección?

Femi(ni)cidios que la selva devora

Son pocos los casos que trascienden desde la profundidad de la selva, uno ellos el de Andrea Gualinga, quien tras ser obligada a beber un herbicida por su conviviente, fue retenida por su suegra. Antes de morir, alcanzó a develar que no fue un intento de suicidio, como quiso su agresor que se registre. En la nota publicada por el portal GK, el pasado 22 de agosto, se denuncia que el parte de defunción esconde el femicidio y señala que murió por insuficiencia renal aguda.

“Los femicidios son muertes lentas. Las mujeres reciben maltratos físicos uno tras otro. Si esas mujeres no toman la decisión de huir, pueden morir tras las sucesivas agresiones, cuyas huellas van deteriorando el cuerpo. Son  femicidios lentos, construidos y no se registran como tales”, afirma Tassi.

Giovanna Tassi analiza la doble muerte de las víctimas de femicidio: el crimen y el silencio.

“Yo viví, por un año, en una comunidad de achuar, en la frontera con el Perú y tenía el pelo corto. Las mujeres me preguntaban qué hice, por qué tengo el pelo corto. En esta nacionalidad, las viudas se cortan el pelo. Yo les respondía que tengo el pelo corto sólo por gusto, pero buscaban las huellas de castigo en mis piernas.  Cuando una mujer es desobediente e incumple, el marido le corta el pelo y le da machetazos en las piernas para que le salga la ‘mala leche’, ‘la mala energía’. Es una violencia mitificada aún vigente”, recuerda la comunicadora y activista.

“De nuestros territorios no hay ningún registro de los femicidios. No hay nada, no tenemos nada. Nosotros estamos intentando articular con las organizaciones –como Fundación Aldea– para registrar las muertes violentas por razones de género y las desapariciones que actualmente quedan en la impunidad.  Todas las muertes de las mujeres indígenas amazónicas han sido silenciadas y enterradas”, lamenta Nemo Andi.

Entre el 21 de noviembre de 2014 y noviembre de 2022 , en Pastaza se han registrado 6 víctimas de feminicidio; en Sucumbíos, 51; en Napo, 6; Orellana 27; Morona Santiago, 19; Zamora Chinchipe, 5. Cifras que desde las organizaciones de mujeres indígenas amazónicas  se consideran inferiores a la realidad.

Al respecto, María confiesa que las distintas organizaciones de mujeres de base de distintas nacionalidades se están articulando con el objetivo de “tener una vida digna”, lo cual significa que los derechos no pueden ser vulnerados. “Es importante decir lo que está pasando en nuestros territorios, y ellas también comentan lo que pasa especialmente con la vida de cada una, porque nadie puede decir ‘nosotras no hemos sido violentadas’”.

La antropóloga feminista, Rita Segato, analiza el “feminicidio encubierto” y detalla que son muertes de mujeres que fallecen producto de actitudes e instituciones misóginas como la falta del derecho a decidir sobre sus cuerpos y el aborto; la mutilación genital femenina; pruebas de control de la natalidad en cuerpos femeninos; prácticas de matrimonio peligrosas de niñas con hombres muy adultos que mueren en relaciones sexuales forzadas (aquí no queda claro si te estás refiriendo a las muertes de ellas o de ellos); y, la deliberada preferencia por los niños, en algunas culturas, que genera una consentida negligencia en la atención de las niñas, incluso ante las enfermedades y el hambre. En las sociedades machistas hay muchas formas de matar a una mujer: sociedades que las desprecian, que las tratan como inferiores o débiles y que las han replegado a la labor de reproducción y a la obligación de satisfacer al hombre.

Nemo devela que en las comunidades indígenas hay casos de incesto que quedan en la impunidad, “las mujeres tenemos que quedarnos calladas y tener hijos de padres, de hermanos. Hay casamientos de niñas, que se les entregan por costumbre a los adultos, a los mayores, a los viejos, recientemente tuvimos un caso…”. Tassi complementa y detalla que fueron dos niñas de 10 años entregadas a la fuerza a dos hombres mayores; cuando se intentó el rescate de las pequeñas, la comunidad demandó el respeto a los derechos colectivos y no permitió la intervención.

María Cuji revela que los matrimonios forzados de niñas menores de edad, siguen siendo frecuentes en algunas culturas amazónicas.

La violencia hacia las mujeres indígenas amazónicas no es exclusiva del Ecuador. Debido a la  incidencia de mujeres originarias guatemaltecas, el pasado 26 de octubre el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) adoptó la recomendación No. 39 sobre los derechos de las mujeres y las niñas indígenas con el objetivo de visibilizar todas las formas complejas de discriminación.

En ese sentido, la Cedaw solicita a los Estados Partes, entre ellos el Ecuador, que elaboren y adopten leyes y políticas integrales para eliminar la discriminación interseccional contra las mujeres y las niñas indígenas, centradas en la participación efectiva de las mujerese y las niñas indígenas que viven dentro y fuera de sus territorios ancestrales. Como parte de estas políticas, los Estados deben emprender sin demora esfuerzos de recopilación de datos y garantizar que las mujeres y las niñas indígenas tengan acceso a sistemas de justicia no indígenas e indígena.

Mujeres indígenas frente a la ancestralidad machista

La escuela de mujeres Antisuyo Warmikuna de la Confeniae se formó en el 2019, por la necesidad de las mujeres lideresas de las distintas organizaciones y nacionalidades de articular el trabajo, cuidar la tierra y luchar contra el extractivismo minero y petrolero. Además por los derechos a la educación, la salud y por la erradicación de la violencia machista que afecta también a los territorios amazónicos.

El proceso de empoderamiento de las mujeres amazónicas, entendiendo sus diferencias y particularidades, tiene como ejemplo la escuela de formación de mujeres líderes, Dolores Cacuango, de la Ecuarunari que inició en 1996, prácticamente 24 años después de conformada la organización indígena kichwa.

Como suele pasar con todas las luchas por equidad de género, en esta ocasión también se han enfrentado al temor de los dirigentes indígenas hombres. María Cuji recuerda que les dicen “tú vas a ser dirigente, tú vas a abandonar a tu familia, a tu esposo”. Esta necesidad de salir del espacio privado a lo público, también ha significado para las mujeres amazónicas lidiar con el maltrato psicológico de sus esposos que debilita el proceso de la mujer hacia su empoderamiento.

Nemo confiesa que en lugar de conseguir que ciertos espacios se abran, en estas semanas han sido testigas de cómo la nacionalidad Achuar, con aproximadamente 7.865 habitantes, ha cerrado cualquier posibilidad de que las mujeres participen en la organización.

Sin embargo, son estas mujeres las que han estado en la primera línea durante los paros de octubre – 2019 y junio – 2022 y son las que marcharon por el Agua, la Vida y la dignidad de los pueblos en 2016. Pese a las adversidades, Nemo Andi, joven dirigente indígena, tiene claro que deben continuar el camino por lograr una representación paritaria en sus organizaciones.

Las mujeres indígenas, tanto en la escuela Dolores Cacuango como en la Antisuyo Warmikuna, han ingresado lentamente en los espacios organizativos históricamente dominados por los hombres, para sumarse a la lucha por los pueblos y nacionalidades indígenas, para construir el sumak kawway,  pero también para denunciar las violencias que contra ellas se han  naturalizado y silenciado.

*Jorge Basilago, periodista y escritor. Ha publicado en varios medios del Ecuador y la región. Coautor de los libros “A la orilla del silencio (Vida y obra de Osiris Rodríguez Castillos-2015)” y “Grillo constante (Historia y vigencia de la poesía musicalizada de Mario Benedetti-2018)”.

*Ela Zambrano, comunicadora y periodista-feminista (en construcción). Ha trabajado en los diarios Hoy, El Universo, El Telégrafo y el Quincenario Tintají. Actual colaboradora de La Línea de Fuego. 

Apoyo edición: Kevin Lascano y Paula Aguilar

Fotografías: Facebook Yajaira Curipallo, Giovanna Tassi y María Cuji

Fotografía principal: Facebook Confeniae Marcha Puyo 2022