ESPECIAL| “Machismocracia”: la política un territorio aún hostil para las mujeres

Por Ibeth Paucar*/Ilustración tomada de The Economist

La violencia política hacia las mujeres en Ecuador se manifiesta en formas que van de lo sutil a lo grotesco, no conoce límites, se ha convertido en una práctica cotidiana contra todas las mujeres que deciden ejercer públicamente sus derechos civiles y políticos[2], y busca limitar, anular o negar su presencia en esta esfera.

En el país, aún prima la idea de que la política es territorio masculino, y, por tanto, aquellas que ingresen en esta arena deben hacerlo a la sombra de un patriarca, partido político u organización social, o prepararse para asumir las consecuencias de su transgresión. Algunas veces, gozar del amparo patriarcal tampoco es garantía de no ser agredidas, incluso por los propios coidearios[3].

Políticas, activistas, intelectuales, periodistas, usuarias de redes sociales, etc., la mayoría de las mujeres que manifestaron su opinión en un espacio público físico o virtual, sobre un tema coyuntural o cotidiano, han sentido el escarnio público o un aleccionamiento no solicitado, sobre lo que debería hacer, sentir, pensar y decir.

Durante las pasadas elecciones, la exclusión e imposibilidad de participar en igualdad de condiciones del juego político, marcaron la presencia femenina y en la actualidad limitan su participación en el equipo de gobierno.

De las 16 organizaciones políticas que aspiran llegar a Carondelet solo una presentó una mujer como candidata a la Presidencia; nueve mujeres disputaron la Vicepresidencia, y seis partidos, entre ellos los dos que pasaron a la segunda vuelta, presentaron binomios masculinos. Si bien la cifra de mujeres vicepresidenciables fue alta, en comparación a anteriores elecciones, es importante recordar que el artículo 149 de la Constitución señala que: “La vicepresidenta o vicepresidente de la República, cuando no reemplace a la presidenta o presidente de la República, ejercerá las funciones que ésta o éste le asigne[4]”, es decir, aún en el caso de que una mujer hubiese llegado a la Vicepresidencia, su destino dependerá de la voluntad del hombre al mando de la nación.

Los artículos 65 y 116 de la Carta Magna también hablan de “paridad”, “participación alternada” “equidad” y “alternabilidad entre hombres y mujeres”, tanto para la conformación de las listas de candidatos a elecciones populares, como para la designación de autoridades, pero estos mandatos constitucionales se ignoran por quienes legalmente están llamados a velar por su cumplimiento. Así, en los comicios del pasado 7 de febrero, de las 17 listas de organizaciones políticas que presentaron aspirantes a asambleístas nacionales únicamente cuatro fueron lideradas por mujeres. De las 2247 candidaturas a distintas dignidades, 1068 eran mujeres, menos de la mitad. Solo 123 mujeres se postularon para asambleístas nacionales, 498 para asambleístas provinciales, 369 para asambleístas provinciales por circunscripción, 34 para asambleístas por el exterior y 43 para parlamentarias andinas. Un total de 85 hombres y 52 mujeres conforman la actual Asamblea Nacional[5].

Desde Carondelet, otro centro de poder, de las 80 autoridades designadas por el Presidente, 20 son mujeres y 60 hombres. Ellas se ocupan en gran medida de las carteras de Estado vinculadas a lo social como salud, educación, cultura, derechos humanos, a excepción del Ministerio de Telecomunicaciones y el de Gobierno. De 23 gobernaciones, 19 son dirigidas por varones y 4 por mujeres[6]; demostrando que la participación femenina en los espacios formales del poder y la política aún depende de la “buena voluntad” del jerarca de turno. Conscientes que las cuotas para la participación política de las mujeres no cambiarán las estructuras machistas, clasistas y racistas del poder, como sociedad debemos exigir su respeto, pues son acciones afirmativas basadas en el reconocimiento de la profunda desigualdad estructural y están pensadas para agilizar procesos que podrían tardar demasiados años más en llegar. Sin pretender que, por su género, una persona poco apta ocupe un espacio político, es importante reflexionar que entre las 9.001.059 mujeres habitantes de este país con seguridad hay más de 72 capacitadas para ocupar un cargo de responsabilidad y merecen esa oportunidad porque se la ganaron.

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La legisladora @MoniPalaciosZ dijo haber sido víctima de ataques en redes sociales
que desacreditaban su trabajo de investigación en la @AsambleaEcuador. Manifestó que los ataques no deben quedar en la impunidad para que no se vuelvan a repetir. pic.twitter.com/CM9R9HCVI9

— TV Legislativa (@TvlEcuador) November 16, 2021

Como en todo el mundo, en Ecuador las redes sociales ocupan un lugar importante en la disputa de sentidos y relatos sobre la realidad. A inicios de noviembre circuló por las diversas redes sociales un video que muestra a una mujer usando lencería en actitud provocativa, nada diferente a los miles de videos que se producen y difunden por todas las redes y plataformas digitales cada día. La bien elaborada producción audiovisual hubiera pasado desapercibida a no ser porque en ella se señalaba que su protagonista era Mónica Palacios, Asambleísta de la coalición Unión por la Esperanza (UNES), quien es vocera de su bancada en las investigaciones que lleva adelante la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos y Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional por el caso Pandora Papers. Entre cientos de voces a favor y en contra de Palacios destacó la del Asambleísta del partido de Gobierno, CREO, Diego Ordóñez, que a través de su cuenta de Twitter publicó en torno al tema “Pasar del tubo a la curul”. Tras una avalancha de críticas, horas más tarde Ordoñez borró el mensaje y emitió un bosquejo de disculpa dirigido a la colectividad y no la agredida.

#DiegoOrdoñez #4Pelagatos #Caricatura #Vilmatraca pic.twitter.com/L29E1HXBQP

— Vilmatraca (@vilmavargasva) November 5, 2021

El vigésimo tercer monitoreo de “Violencia Política Contra La Mujer”, elaborado por la Corporación Participación Ciudadana[7], entre el 01 de diciembre de 2019 al 31 de octubre de 2021; en base a la revisión de las cuentas en redes sociales de 28 mujeres en cargos públicos, periodistas e integrantes de la sociedad civil muestra cómo ellas fueron víctimas de violencia de género a través mensajes en Twitter, memes, emoticones e imágenes en redes y medios digitales. En total se contabilizaron 9.286 tweets con 764 expresiones con expresiones denigrantes que desvalorizan su papel como de mujer, las cosifican, y aludían de forma despectiva a su apariencia física, etnia y rol de género y 1.457 frases del mismo tipo durante todo el periodo de monitoreo. Estas cifras demuestran que el doble ataque sufrido por Palacios (video y mensajes despectivos) no son los primeros de este tipo; no serán los últimos; ella no es la única mujer o persona de la diversidad sexogenérica violentada por su condición de género y por ocupar un cargo de “poder” visible, que estas condiciones convierten a cualquiera en blanco fácil para todo tipo de agresiones; y que el quehacer político nacional está plagado de machos.

El ‘Estudio Violencia Política contra las Mujeres en Ecuador[8]’, realizado por ONU Mujeres en 2019, revela que, en el interior de las tendencias políticas, entorno laboral y comunitario, todas las formas de violencia de género son una realidad oculta, ante la mirada de todos y todas, pues es el precio a pagar a cambio de poder participar. Sobre las formas de violencia psicológica, económica y simbólica se reporta que el 66% de las mujeres en la vida política encuestadas han sido tratada con aires de superioridad o la han nombrado con diminutivos o palabras que la minimizan; 54% han sido desprestigiadas o han realizado campañas de rumores en su contra; 52% fueron invisibilizadas o realizaron una baja difusión de su candidatura; 52% estuvieron aisladas, excluidas o marginadas; al 46% le ocultaron información o entregaron información falsa; 40% fueron agredidas verbalmente o con insultos por ser mujer; 36% fueron perseguidas por sus opiniones o actividad política; 34% recibieron burlas, ridiculización o descalificación pública; del 32% difundieron una imagen suya negativa, estereotipada o denigrante en los medios de comunicación o redes sociales; de igual manera el 32% de ellas fue callada para impedir que diga lo que piensa; 26% fueron objeto de repudio social y burlas públicas; 26% recibieron intimidaciones o amenazas con dañarles a ellas o sus a familias;  24% recibió acoso cibernético; 18% sufrieron ataques a su integridad moral o fueron sancionadas moralmente; al 16% les fueron impuestas sanciones discrecionales o desproporcionadas: 16% fueron amenazadas con retirarle el apoyo político o de recursos; 8% de ellas reportan haber sido chantajeadas o presionadas para obligarlas a hacer o decir algo en contra de su voluntad. En cuanto a la violencia física las entrevistadas señalaron que el 30% fueron atacadas o les provocaron daños a su familia o equipo de campaña; 14% recibieron ataques, golpes, o les provocaron lesiones o daño físico; del 12% se aprovecharon de sus limitaciones físicas para causarles daños y 8% fueron amenazadas de muerte o sobrevivieron a un intento de asesinato. Además, 16% de las mujeres en la vida política consultadas respondieron haber sido víctimas de acoso sexual, a través de palabras, gestos, o acciones no consentidas; 16% recibieron insinuaciones sexuales no deseadas; al 4% les solicitaron favores sexuales y 4% fueron agredidas sexualmente.

Pero al ser tantas y tan diversas las formas de ataque contra las mujeres en la vida pública y política ¿por qué se habla tan poco del tema, que las agresiones terminan convirtiéndose en otro ítem del anecdotario politiquero y no en un punto de reflexión?

Por el silencio

Los agresores no se reconocen a sí mismos como tales, normalizan la violencia enunciándola como parte de los avatares del oficio o niegan las acusaciones; los partidos políticos u organizaciones sociales se niegan a tratar estos temas, cuando ocurren miran para otro lado, y en el momento en que una denuncia se vuelve de conocimiento colectivo y les es inmanejable / inocultable acusan a la víctima de intentos de desestabilización, búsqueda de notoriedad no merecida o simplemente le llamaban loca. La mayoría de las veces las víctimas guardan silencio por temor a las represalias, por haber recibido amenazas, porque la violencia contra ellas continúa, por no poder / querer asumirse como víctima, miedo a ser revictimizada y sobre todo porque saben que lo más probable es que el agresor o agresores queden impunes y las señaladas sean ellas. Sin embargo,    romper el ciclo de la violencia política de género pasa por romper el silencio, denunciar y sobre todo por creerle a las víctimas y respaldarlas, más allá de sus ideales o bandera política.

Hace algunos meses la Alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, fue víctima del escarnio público por asuntos propios de su vida privada: situación sentimental y apariencia personal. Una inusitada ola de misoginia recayó sobre la que fuera una de las figuras mejor posicionadas del Partido Social Cristiano a causa de temas que nada tienen que ver con la política[9]. El sexismo cultural imperante en nuestra sociedad construye una serie de normas e imaginarios a los cuales las mujeres deben someterse a cambio de no ser anuladas o exiliadas de la vida política. Los cuestionamientos y fiscalización a la gestión que como sociedad podemos y debemos ejercer en torno al accionar político de nuestros representantes no tuvieron nada que ver con la vivisección realizada al mundo íntimo de Viteri, que dicho sea de paso tiene derecho a tenerlo. Ningún hombre en la vida política nacional, ni siquiera los menos populares, ha sido juzgado con formas tan brutales, intrusivas e injustas por asuntos propios de su vida personal, como lo son las mujeres.

? #COMUNICADO
Desde MEGA Mujeres nos solidarizamos y respaldamos a la Abg. @CynthiaViteri6, Alcaldesa de Guayaquil, por la violencia política que se está ejerciendo en su contra. La vida privada no es parte de la rendición de cuentas #CynthiaViteri #ViolenciaPolítica #BastaYa pic.twitter.com/7Y7HX7g2Pu

— MEGA MujeresEc (@MEGA_MujeresEC) May 3, 2021

Este tipo de juzgamientos no solo envilece el ejercicio político ecuatoriano, reduciéndolo a nivel de la farándula, sino que es el perfecto distractor de los verdaderos problemas nacionales como feminicidios, pobreza, feminización de la pobreza, desempleo, desnutrición crónica infantil, crisis sanitaria, crímenes de lesa humanidad contra personas privadas de la libertad, incremento del costo de los combustibles, aumento de la deuda externa, etc.

Estos ataques también son un continuo recordatorio de que en una sociedad como la nuestra no basta con que una mujer “quiera participar” de la vida política a ella se le “debe permitir”. Pero cada día un número creciente de mujeres y personas de las disidencias sexuales irrumpen en la esfera política local y se apropian de los espacios que históricamente les han sido negados desde las lógicas androcéntricas tradicionales.

Organizaciones feministas, de mujeres y de personas sexogénero diversas se han convertido en los últimos tiempos en las nuevas brujas y criaturas aberrantes que habitan las pesadillas de los grupos neoconservadores y sobre quienes se lanzan todo tipo de ataques[10], como el vivido por la activista cuencana Liz Zhingri de la colectiva Femininjas quien recibió diversas amenazas a inicios de este año; esto pese a que los principales reclamos de estas agrupaciones son el derecho a la vida, el derecho a una vida libre de violencias y el poder decidir sobre sus cuerpos; algo que en pleno siglo XXI debería ser una realidad.

Los grupos antiderechos han vuelto de uso común representaciones estereotipadas y malintencionadas de las mujeres activistas, llegando incluso a trivializar la lucha de las familiares de mujeres víctimas de feminicidio, a quienes habitualmente responsabilizan de las agresiones que vivieron. La misoginia organizada y encarnada en diversos actores sociales goza de un robusto respaldo político en Ecuador, basta traer a la memoria la más reciente fotografía de Pierina Correa junto a Agustín Laje, un ultraderechista argentino que se opone al aborto en cualquier caso, y el socialcristiano Esteban Torres; o la extensa gira de medios que realizara, la hoy detenida, antifeminista brasileña Sara Winter.

Pese a que progresivamente, producto de años de lucha y lentas conquistas, las mujeres y las organizaciones que defienden sus derechos han ido ganando espacio en el ámbito político, aún no es suficiente, pues no basta tener cuerpos legales como la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres[12], si su implementación carece de presupuesto que viabilice su implementación u organismos como el Consejo Nacional de Igualdad de Género que enfrenta grandes limitaciones sobre el alcance de sus funciones y disposiciones.

Actualmente, los grupos antiderechos nacionales ocupan espacios sociales, físicos y simbólicos, realizan costosas campañas y ejercen altos cargos estatales.

Violencia política, ejemplificadora e inmovilizante

Consultada sobre ¿cómo impacta de la violencia política al interior del movimiento feminista?, la socióloga y activista feminista Samanta Andrade comenta que esto dependerá de la fracción o las fracciones del movimiento feminista se hable, porque en función de si están más o menos institucionalizadas la violencia política afecta al movimiento de diferentes formas. En los movimientos más subversivos, los movimientos que le apuestan al autonomismo y para quienes la violencia política también está ligada a las condiciones materiales en las que muchas de las mujeres que son parte del movimiento feminista,  lo lideran, son su cara visible o son sus voceras, y a la vez son jefas de hogar que asumen roles de cuidado, la amenaza de violencia política afecta no solo su autonomía e integridad como persona, sino también a la integridad de aquellos y aquellas que están a su cargo, dificultando su lucha porque este temor extendido hacia las personas más cercanas puede volverse inmovilizante.

Para la fracción del movimiento feminista, tan importante como la anterior, que hace cabildeo político, que actúan desde espacios institucionalizados, y buscan lograr la incidencia política desde estos lugares, las amenazas e intimidaciones que implican la violencia política pueden ser excusa social para deslegitimar su accionar político. Por ejemplo, existen compañeras que han sido juzgadas por su vida privada, su forma de vestir o relaciones sentimentales, aspectos que no son juzgados de la misma manera para los hombres. Al movimiento conservador le es útil deslegitimar el accionar de estas mujeres y por lo tanto deslegitimar el accionar del movimiento feminista. Además, es importante considerar que este ejercicio de intimidación tiene la intención, como todos los tipos de violencia, no es solo de dar un mensaje a una persona o esa mujer en específico, sino a todas las mujeres y a todas las mujeres organizadas. Por tanto, la violencia política tiene como repercusión minar o intentar minar las capacidades de sostener los procesos, de hacerlos continuos, que sean de larga data y que se traduzcan en mejoras en la vida de las mujeres y en las legítimas reivindicaciones que el movimiento ha logrado posicionar, a pesar de todo.

Sobre ¿cuál cree que son los caminos más viables para enfrentar la violencia política hacia las mujeres activistas? Andrade plantea dos vías de acción, la primera y a su criterio la más factible en términos prácticos es el fortalecimiento de los tejidos de las organizaciones y poder articular un movimiento feminista que pueda defenderse, defender a las compañeras y que pueda posicionar demandas específicas en contra de la violencia política, a pesar de sus diferencias de políticas e ideológicas que existen dentro del movimiento feminista, no a pesar de las violencias dentro del propio movimiento. Que cuando se trate de diferencias políticas e ideológicas esto no sea un impedimento para respaldarse mutuamente frente a la violencia, reconocer que más allá de la particular aproximación al feminismo, cuando una compañera es violentada tiene que activarse una alerta colectiva como movimiento para defenderla. Como segunda vía, también sería útil establecer mecanismos de respuesta frente a los distintos tipos de violencia, incluida la política, y que estén implantados en las mismas organizaciones como un escenario siempre posible. Que las propias organizaciones se puedan activar, manifestar, hacerlo público y denunciarlo; además respaldar en todas las formas posibles a la compañera o a las compañeras que estén siendo víctimas de este tipo de violencia. Esto también implica cambiar las condiciones materiales para evitar que esta persona no desfallezca y que incluso si esta persona tiene que retirarse en algún momento o reducir su visibilidad eso no comprometa todo el proceso.

Tras 27 años de la adopción del primer tratado internacional del mundo que habla sobre los derechos políticos de las mujeres, La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como la Convención Belém do Pará, de la cual Ecuador es un país firmante, en nuestro territorio el ejercicio político de las mujeres no está garantizado y no habrá carta, ley o documento que vuelva esto una realidad a menos que las mismas mujeres volvamos esto un hecho.

Violencia política: diferentes tipos de violencia física, psicológica, sexual y económica que vulnera el derecho de la participación política de las mujeres por su condición de género.

–Estudio Violencia Política Contra Las Mujeres En Ecuador, ONU Mujeres,

*Ibeth Paucar, feminista, activista social.  Productora audiovisual con 14 años de experiencia en radio, cine, televisión, programas multiformato y eventos. Trayectoria laboral desarrollada con enfoque de género, interculturalidad, defensa de los Derechos Humanos y comunicación pública.

Referencias: 

[1] https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2019/12/violencia%20politica%20baja.pdf?la=es&vs=351

[2] Artículos 18, 19, 21, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspxArtículos 18, 19, 21, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

[3] https://www.eluniverso.com/noticias/2013/10/18/nota/1598441/presidente-correa-pide-sanciones-ap-sus-asambleistas-que/

[4] https://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/old/constitucion_de_bolsillo.pdf

[5] https://observatoriolegislativo.ec/asamblea-nacional/asambleistas/

[6] https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/mujeres-gabinete-gobierno-ecuador-lasso-ministerios-secretarias.html

[7] https://www.participacionciudadana.org/boletines/658-monitoreo-23-revela-9-286-tweets-violentos-contra-mujeres

[8] https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2019/12/violencia%20politica%20baja.pdf?la=es&vs=351

[9] https://gk.city/2021/05/05/machismo-cynthia-viteri/

[10] https://www.opendemocracy.net/es/avanza-contraofensiva-antiderechos-mujeres-ecuador/

[11] https://www.youtube.com/watch?v=PWi0jufSNRI

[12] https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/2018/06/CONVENCION-INTERAMERICANA-PARA-PREVENIR-SANCIONAR-Y-ERRADICAR-LA-VIOLENCIA-CONTRA-LA-MUJER-BELM-DO-PAR.pdf