FIRMAS MILITANTES
Jorge G. León Trujillo
(Una versión muy reducida de este articulo fue publicado en El Comercio)
En el sistema electoral lo fundamental es que debe ofrecer un mínimo de confianza que, por lo general, se lo obtiene gracias a la transparencia de sus procedimientos y a cierta neutralidad de la entidad encargada de llevar adelante los comicios. Esto se encuentra en entredicho debido a hechos que resultan inexplicables y siembran dudas sobre la legitimidad del proceso o a la vez sobre lo que es o acontece en el CNE; pero, también dudas sobre cómo han sido logradas las firmas necesarias para el reconocimiento de las organizaciones políticas. Es decir, hay una duda más amplia sobre el proceso de reinscripción de partidos.
Extraño que el problema de firmas aparezca ahora, cuando el MPD hace meses expresó dudas sobre algunas y reclamó explicaciones.
Pero ahora aparecen varias figuras de irregularidades. Unas firmas dadas al partido A aparecen en el B; R. Patiño aparece en el PSP, el encargado de las firmas en el PSC en Alianza País, el dirigente de CREO en otro partido, un Consejero del CNE en más de dos organizaciones, etc. Es algo que resulta difícil de culpar a otro partido, corresponde al CNE el explicarlas. En otros casos, las firmas que han entrado al CNE de una organización, con fecha anterior a las presentadas por otra, aparecen en la segunda y no en la primera. En suma, hay cruce de firmas. De suplemento, unas organizaciones políticas tienen resguardo de lo entregado al CNE y de lo que este hace y otras no. ¿por qué? También están miles de casos, de simples ciudadanos a quienes se les ha inscrito en alguna organización.
Pero ya antes hubieron dos dudas, con las primeras organizaciones reconocidas. No en el caso del MPD que tiene organización y militantes establecidos. Pero en organizaciones ya sin reconocimiento ni presencia pública, ¿de dónde sacaron las firmas y por qué fueron fácilmente reconocidas? La otra duda era que las organizaciones políticas y el CNE afirmaban que se requiere un 30% más de firmas ya que se anularía ese porcentaje, en principio por repetición. ¿Por qué ese porcentaje así definido? ¿Cuál vara mágica lo proveyó? ¿Y por qué se aplicó más a unos que a otros? En todos estos casos, está en juego, no los partidos, sino el CNE.
Aparece indispensable un peritaje informático. No debe haber dudas sobre los procedimientos internos ni del sistema del CNE ¿es un problema informático; de digitadores; o de voluntad de alguien? Convenía esclarecerlo no por simple procedimiento interno; hay demasiadas dudas; sino por peritajes y analistas externos, mejor si son extranjeros. Pues está en juego la credibilidad de las elecciones.
Pero es otro ámbito el de afuera del CNE, en la llamada “compra de firmas”, en el que están implicadas organizaciones políticas y actores de falsas firmas o de incorporar nombres de inocentes ciudadanos. Son gente de organizaciones o empresas, a lo mejor con grafólogos y técnicos informáticos, o por la colaboración de personas de entidades terceras, Registro Civil, CNE, etc. Entonces, ¿quién es el milagrero de las firmas con uno u otro procedimiento?.
También, hay firmas recogidas por procedimientos nada transparentes, se menciona a Alianza País que las habrá recogido en las manifestaciones; se firmaba una afiliación cuando los participantes recibían su comida; o funcionarios que tuvieron que afiliarse para no perder un puesto o de gente con problemas de impuestos o de otra índole que ha hecho lo propio.
En suma, en esto de las firmas, organizaciones políticas de todas las tendencias tienen algo que ver, directa o indirectamente. Y lo complicado es probar esto. Aun si uno ve el ilícito ¿cómo comprobarlo?. La denuncia en la fiscalía resulta una simple formalidad.
Así, el proceso parece viciado. En lógica, las inscripciones de todos deberían ser anuladas y recomenzar el proceso con medidas apropiadas para evitar estos hechos. Pero mal haríamos en anular las elecciones. Se podría, en cambio, reconocer a los que ya han presentado sus firmas, sabiendo bien que se les exigirá en le futuro ratificaciones de firmas, al menos en parte. Pues, no conviene hacerse de la vista gorda cuando es la legitimidad del sistema que está en juego. La viabilidad de las elecciones no pueden estar en dudas sobre los competidores, los encargados de realizarlas o sobre el sistema informático.
Finalmente, más allá de los hechos, si creyéramos en las firmas, el Ecuador sería el país más “politizado”, con el mayor porcentaje de adultos militantes o adherentes, alrededor del 60% de estos. Pues, habría cinco millones de militantes y adherentes, es decir cerca del 40% de la población total y lo indicado para los adultos. Esto resulta inverosímil, un choque para un país que desprecia los partidos y un presidente popular que los desacredita sin limite ni sentido de responsabilidad pública. En definitiva, estaríamos en uno de los países con mayor número de militantes del mundo y de adhesión a partidos lo cual es un contraste con la realidad. La idea de sancionar a los partidos, predominante al momento de elaborar la Constitución –creándoles obstáculos- y de pretender que los políticos son malos y otros de fuera de ellos los puros, nos está revelando ahora que es una irresponsabilidad colectiva, pues la norma al no poder ser cumplida, lleva a toda clase de irregularidades y favorece sólo a los más fuertes sin que tenga que ver con ideología alguna. En Francia, por ejemplo, con casi cuatro veces más de habitantes, bastan cuarenta mil firmas, para formar un partido, aquí alrededor de ciento setenta mil.
La vida política debe tener mayor sentido de libertad, para que organizaciones y tendencias se expresen y actúen, pero tener normas más exigentes sobre el funcionamiento de los partidos, no el número de firmas, para levantar limites sobre lo que no debe ser y frenar las tendencias “oligarquizantes” y elitistas en los núcleos de poder, sin distingo de tendencias. Una vez más, el moralismo que inspiró en parte Montecristi, pretendiendo sancionar a los partidos, lleva a normas inaplicables o que causan resultados contrarios. El moralismo y sus normas son las erradas.
Posteriormente, intervino Sandra Martínez, en representación de Transparencia por Colombia. Martínez reiteró que la financiación política es fundamental para el funcionamiento de la democracia cuando se desarrolla dentro de un marco normativo claro. En segundo lugar, resaltó la necesidad de profundizar en el alcance real que tiene la rendición de cuentas y la publicidad de esta información como herramientas cruciales para la transparencia política y electoral en Colombia. En este sentido, consideran urgente que en el texto se clarifique que ofrecer la información públicamente no se cumple solamente al entregarla al CNE, dado que también implica que sea publicada en la página web del partido, para que la ciudadanía acceda a los documentos y que además sea de calidad. También, formularon la necesidad de que las organizaciones políticas y los grupos significativos de ciudadanos presenten un presupuesto aproximado de funcionamiento para compararlo con la declaración de patrimonio y rentas que deben entregar los partidos y movimientos políticos. Así mismo, Martínez expresó su preocupación por haber eliminado los límites a la financiación privada razón por la cual proponen que se incluya nuevamente.