En 1925 por la conmemoración del centenario de la independencia de Bolivia una ordenanza municipal prohibió el ingreso de los indígenas a las plazas principales de la Paz y Sucre, dichos espacios se reservaban para los blancos y mestizos herederos de los señores de la colonia. Esta medida sería derogada recién en 1945 para garantizar el libre tránsito de los bolivianos (Valko, 2012).
El mismo espíritu colonial, la misma lógica excluyente y restrictiva viven en la Ordenanza Metropolitana 280 del Municipio de Quito, que prohíbe en su artículo 12, el trabajo autónomo en el Centro Histórico (Consejo Metropolitano de Quito, 2012). Se argumenta que dicha zona es patrimonio de la humanidad, como si eso obligara cerrar las puertas del centro a una parte de esa humanidad a la que dicen pertenece dicho patrimonio: los más pobres.
A propósito de los cuarenta años de dicha declaratoria, el 2018 fue un año violento en las calles de Quito, pues la alcaldía se ha empeñado en ocultar, igual que Bolivia en los años 20, esa parte de la sociedad india, negra, mestiza, vulnerable y pobre; se ha empeñado en maquillar las calles.
En el centro la Policía Metropolitana mantiene un perímetro de “cero tolerancia” al trabajo de comerciantes informales comprendido entre las calles Benalcázar, Bolívar, Guayaquil y Mejía, con 26 agentes que “impiden el ingreso de comerciantes al hipercentro” (CACM-UIO & AMC, 2018; CACM-UIO & AMC, 2018), además se instala regularmente un vallado sobre el perímetro como barrera física que apoya la labor de personal uniformado y no uniformado (CACM-UIO, 2018).
Es el juego del gato y el ratón: los comerciantes no dejan de buscar la forma de penetrar el cerco, la policía persigue y violenta. Son reiteradas las denuncias de malos tratos y es común que se secuestren los productos y se les impongan multas (El Comercio, 2018a; El Comercio, 2018f). Un círculo que los pone al borde del abismo: la mayor parte de las mercancías son perecibles, no pueden ser recuperadas y para recuperar aquellas que son duraderas deben abonar una multa que no están en capacidad de pagar.
A pesar de su vulnerabilidad la prensa se encarga de construir a los comerciantes informales como el enemigo. Establecen un vínculo entre comercio informal y delincuencia, (que no se verifica en la práctica, o solo en casos aislados); se identifica comercio informal con indigencia y peligrosidad (El Comercio, 2018d).
El “enfoque social” de la política municipal está en vincular comercio informal con adicción a las drogas; según la esposa del Alcalde de Quito, la política considera la desintoxicación y reinserción (El Comercio, 2018g).
Contra esos “peligrosos enemigos” se despliegan operativos que en la retórica de la Policía Municipal tienen como objetivo “recuperar el espacio público”, pero se recupera algo cuando ha sido ocupado o tomado y quien lo recupera es usualmente su propietario, pero el espacio público por definición no tiene dueño ¿o sí?
Ocupación, enemigo, operativos, secuestro de bienes, tolerancia cero, cercos y restricción a la libre circulación. Términos suficientes para pensar en una guerra, al menos una de baja intensidad.
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La mujer se sube en el capó de la camioneta, grita con la cara congestionada “¡Devuelvan!” y golpea el parabrisas con una piedra tratando que la escuchen. Los tres policías que habían ignorado sus reclamos ahora ríen y aceleran el vehículo. Se llevan una bandeja de mango verde que la mujer vendía en la calle. Ella, valiente, se sostiene como puede mientras el carro continúa en movimiento; al costado corre otra mujer y un niño, gritando también y golpeando las latas del vehículo. El niño con todas sus fuerzas intenta de manera inocente detener el avance del patrullero de la Policía municipal de Guayaquil.
El video se viraliza para mofa de la mayoría que mira ridículo el dolor de esta familia, incapaces, no se fijan en los detalles. Si miraran con atención verían una cadena de actos de valor y solidaridad: las mujeres ponen en riesgo su vida para evitar que el carro avance y se lleve su mercadería; el niño con lucidez abre la puerta del auto y toma la bandeja que estaba en el asiento trasero llevándose lo que es suyo; varios hombres se acercan y protegen al niño para que los policías no lo detengan; las personas que circulaban por el lugar toman posición inmediatamente a favor de las mujeres (“la vas a hacer caer” “cuidado vas hacer caer al peladito”), apoyan el desenlace protegiéndolas cuando se retiran luego que el niño, animado por los presentes, corre con la bandeja y se pierde.
Para la policía el saldo es humillación y vergüenza. No pudieron cumplir la retorcida voluntad de la ley ante un conato de levantamiento popular animado por dos valientes mujeres en su contra.
Se trata de un caso entre muchos. Los que trascienden se vinculan a videos aficionados que circulan en las redes (El Universo, 2018b; El Universo, 2018c), pero por cada episodio de violencia contra los informales que se cuela a los medios, muchos quedan en la oscuridad.
La autodefensa de los informales contra los policías en cambio, tiene repercusión de manera constante: los periodistas condenan a la población empobrecida que defiende sus formas de sobrevivencia y victimizan a los policías. El último caso se registró en Quito el 17 de diciembre de 2018 cuando un grupo de comerciantes en el centro histórico se defendió de una requisa. Teleamazonas en su emisión estelar tituló: “cuatro agentes municipales fueron agredidos brutalmente por comerciantes informales” y le dio voz a uno de los agentes que sintetizó la manera como miran a los comerciantes autoridades, policías y medios: para ellos son delincuentes a combatir (Teleamazonas, 2018).
Para abordar este problema cabe aclarar lo evidente: la agresión inicial proviene de la autoridad municipal con formas diversas: amedrentamiento, persecución y requisa de mercaderías; cuando no insultos, golpes y vejaciones. La respuesta de los comerciantes informales solo puede entenderse como legítima y desesperada defensa de lo poco que tienen para conservar su vida.
Y es que cada informal lleva consigo todo lo que posee cuando sale a trabajar a la calle. Solo eso explica los riesgos que corren por defender su mercadería. Eso es lo que no entiende la Policía ni las autoridades. Allí está la fuerza de su lucha cotidiana y por eso se desborda toda iniciativa institucional.
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Graves son las denuncias de violencia de los limpiaparabrisas contra conductores en distintos puntos de la ciudad de Quito, principalmente contra mujeres. No tiene justificación el abuso que sufrió una joven por parte de uno de ellos ya penado por su delito, pero ese tipo de violencia machista no es exclusiva de los limpiaparabrisas. En distintos espacios sociales con mayor o menor grado de exposición las mujeres sufren el abuso de hombres de toda condición que las tratan colectivamente como si fueran de su propiedad.
En los centros de trabajo, en los centros de estudio y en la calle, las mujeres sufren por el solo hecho de ser mujeres las consecuencias de los privilegios que los hombres gozan por el solo hecho de ser hombres: diferencia salarial, falta de respeto, la carga no remunerada de las tareas de reproducción del hogar y de cuidado, por nombrar unos pocos. Todas sufren de jefes, novios, maridos, profesores flirteos, miradas y propuestas indeseadas; cuando no chantajes y violencia de todo tipo, pues las creen a disposición de sus deseos.
La prensa y las redes sociales, sin embargo, centraron su ataque, en apariencia políticamente correcto, en los limpiaparabrisas, denunciando sus abusos y condenando lo que es condenable en cada espacio social: el patriarcado.
Tal como sucede con los comerciantes informales, los errores de unos pocos se convierten en el estigma de todos al punto de convertirlos en enemigos de la sociedad, gracias al relato construido por los medios. La consecuencia es la generalización de la condena a trabajadores en situación de extrema vulnerabilidad.
Se dice que los limpiaparabrisas son abusivos y violentos. Pero quién piensa en las malas caras, el desprecio de los conductores, las ventanas que se cierran mientras las miradas altaneras se pierden en el horizonte como si la persona que pasa al lado del carro no fuera nada, un soplo de aire que estorba.
El que tiene buen corazón te apoya y el que es malo te tira el carro, sin darse cuenta de que todos necesitamos en esta vida. Saben cómo está el país, no hay trabajo. Soy padre de familia, mis hijos piden comida. Robar no puedo porque es un delito, tengo que dedicarme a limpiar vidrios para llevar el pan a la casa (…). A veces me dicen: ‘aléjate de mi carro, mugroso” Ronny Mina, 27 años (El Universo, 2017)
La violencia de los pobres no está suelta en el aire ni es resultado de la supuesta perversión individual, es parte del círculo de violencia del sistema económico-social que se autoalimenta.
Tiene que ver con la violencia económica contra los desposeídos (mientras unos pocos acumulan de manera desproporcionada) y con la violencia política contra quienes no se consideran ciudadanos (por no estar dentro del orden o por ser extranjeros). Como si no acreditaran como humanos dignos de nuestra compasión y solidaridad.
Tiene que ver con la violencia cotidiana de los conductores o de la policía; con la violencia de los intelectuales que se aburren de describir los distintos tipos de informales que se suben a los buses y terminan invocando a la policía para que les saquen el estorbo de encima (Laforge, 2018). La violencia de la calle es responsabilidad de todas las personas.
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La guerra a la que se refieren estas reflexiones es de baja intensidad porque no presenta batallas directas entre grupos organizados y pertrechados para el enfrentamiento. Al menos no del lado de la población empobrecida que lucha en las calles para sobrevivir.
Cobra el carácter de guerra porque se definen enemigos y se pugna por reducirlos a la voluntad de un grupo social, (la clase que controla el poder económico y político), que encuentra resistencia en una variedad enorme de seres informales, que al parecer no se merecen la condición de ciudadanos o de personas. Son tratados como una fauna indomable, que se resiste al orden y la ley. La guerra cobra esta forma y no otra por las particularidades de nuestro colonialismo interno.
Siguiendo a Pablo Gonzales Casanova (2009), el colonialismo interno se define por las relaciones de dominación y explotación de nativos contra nativos, en contraposición al colonialismo metropolitano. La explotación de clase es reforzada por la dominación étnica, sin descartar por esto la posibilidad de heterogeneidad de clase y cultural dentro de ambos grupos: dominantes y dominados.
En general los pobres en Ecuador son o tienen una importante ascendencia india o afro y enfrentan los embates de una élite blanco mestiza que concentra el poder económico y tienen importante incidencia sobre el poder político; la batalla se da por un territorio: el espacio público y el grupo dominante necesita a los dominados, no puede exterminarlos, debe someterlos y ponerlos a su servicio como mano de obra barata en sus procesos de acumulación.
Digo esto último porque la mayor parte de los trabajadores de la calle tienen vínculos con el capital. Unos son directamente empleados por personas que elaboran productos o proveen insumos para la instalación de un puesto de venta (recuérdese los jugos de naranja que se vendían en 2016 en las mismas botellas, con los mismos implementos y sistema de distribución; o las donas que un productor distribuye antes de las seis de las mañanas en El Ejido a vendedores venezolanos).
Otros tienen un vínculo indirecto al convertirse en parte del engranaje de comercialización de productores industriales (caramelos, chicles, chocolates); de importadores o contrabandistas que utilizan las redes de comercio informal para introducir productos de baja calidad y precio al mercado nacional.
En todos los casos el vínculo es precario. Sin embargo, el trabajador informal es considerado un “emprendedor”, un “empresario independiente”, lo que se absurdo pues las ganancias se acumulan en un centro corporativo-empresarial y a ellos les quede apenas lo suficiente para sobrevivir.
El vínculo más importante con el capital puede ser denominado sistémico, pues atañe a la estructura y funcionamiento del mercado laboral. La presencia de trabajadores precarizados en el mercado de trabajo permite a los empresarios reducir los salarios y minimizar su responsabilidad laboral.
Cuando existe un número elevado de personas que no consiguen empleo o cuyo empleo es precario (ejército de reserva), el empresario puede desechar a los trabajadores con mejores condiciones laborales y contratar personas que exigirán menos con tal de tener un trabajo. De esta manera se presiona el deterioro generalizado de las condiciones laborales.
La llegada de los hermanos venezolanos ha hecho visible esta realidad que permanecía oculta solo por efecto de la costumbre. Hemos naturalizado las ventas en la calle, nos parece “normal” la situación de vulnerabilidad de miles de compatriotas y solo el aumento del número nos hace reaccionar y mirar, escandalizaos, lo que ha estado frente a nuestros ojos mucho tiempo.
Los responsables no son los venezolanos que vienen en busca de trabajo, sino los empresarios nacionales que en su lógica amoral de maximizar ganancias no dudan en deteriorar el salario, despedir trabajadores nacionales y presionar por desprenderse de sus responsabilidades patronales. Los perjudicados son los trabajadores, ecuatorianos y venezolanos a la vez.
Es una guerra colonial y económica la que se vive en la calle. Muestra de la condición desesperada de esta disputa es sin duda el enfrentamiento por el territorio.
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La historia de las sociedades occidentales narra el surgimiento y desarrollo de la propiedad privada como un proceso largo e inacabado de acumulación mediante la desposesión (Harvey, 2004). La naturaleza, un bien común e inapropiable, ha sido paulatinamente cercada por unos pocos en perjuicio de la mayoría. Propiedad privada significa privar del uso y usufructo de la tierra y demás bienes a otros. Los medios para esto usualmente han sido la violencia y el engaño.
La historia de los pueblos colonizados por los occidentales cuenta el dolor y la sangre que costó el surgimiento del capitalismo en todo el mundo. Es un sistema que reduce lo común a su mínima expresión y se fundamenta en la propiedad privada, por eso nuestras ciudades están cercadas: cada casa un bunker donde el propietario se esconde asustado de todo y de todos.
En ese contexto el espacio público: calles, plazas, parques se convierte en uno de los pocos bienes que aún no han sido privatizados y que pueden ser utilizados por los pobres para sobrevivir.
El espacio público como recurso es tan importante debido a que los empresarios que concentran la riqueza, el capital y la tierra en el Ecuador no producen suficientes fuentes de trabajo y el poco trabajo que contratan tiene condiciones precarias. Por ello, miles de personas deben encontrar formas de sobrevivir por fuera de los círculos formales de la explotación capitalista, volcándose de manera masiva a la misma explotación pero en condiciones de informalidad o precariedad.
En apariencia el desempleo no es un problema en el Ecuador, los niveles son relativamente bajos en la estadística oficial. Sin embargo no es gracias a la disposición empresarial por “crear empleo”, sino porque miles de personas, sin alternativas laborales crean sus propias formas de reproducción económica (trabajo autónomo) o aceptan de manera sistemática condiciones laborales inadecuadas con tal de acceder a un trabajo. De allí que los fenómenos principales del mercado laboral ecuatoriano sea el subempleo y la precarización.
Una persona está en condiciones de precariedad si no gana un salario suficiente para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia, si trabaja jornadas parciales o muy largas, si no recibe de su patrono seguro social o si su relación laboral no es estable. Podrían añadirse otras cualidades del trabajo precario pero estas cuatro son decisivas y de ellas se dispone de información en la Encuesta de Empleo Desempleo y Subempleo Urbano y Rural del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC).
El problema de definir la precariedad está en que las cualidades del trabajo precario no se suman o adicionan mecánicamente. Si se considerara solo a las personas que cumplen con las cuatro condiciones de la precariedad antes mencionadas, a junio de 2018, según datos del INEC, el 62% de los y las trabajadoras ecuatorianas estarían en condiciones precarias. Pero un trabajador está en condiciones de precariedad si cumple una sola de las cuatro condiciones mencionadas, pues cada una de ellas pone en riesgo su vida y la subsistencia de su familia.
En ese sentido y con los mismos datos del INEC encontramos que el 78,4% de las personas trabajadoras ecuatorianas sufren alguna de las condiciones de precariedad aquí consideradas.
Con una mirada más fina el 49% de la PEA en Ecuador corresponde a trabajadores por cuenta propia y trabajadores no remunerados, es decir, por un lado 2.690.000 personas que deben crear su propio trabajo con escasas posibilidades de inversión y por otro 1.300.000 personas que no reciben salario por su trabajo.
El INEC debería contabilizar como desempleados a este alto porcentaje de no remunerados y cuentapropistas por varias razones: uno, porque no tienen acceso al uso de los medios de producción concentrados por los grupos empresariales; dos, porque a pesar del usufructo directo o indirecto de la mano de obra por grupos empresariales, estos no asumen responsabilidad alguna sobre la remuneración y derechos de estos trabajadores: los presentan de forma engañosa como empresarios o emprendedores; tres, porque la inseguridad laboral, la incertidumbre de ingresos y la falta de toda protección laboral los pone en la misma condición social que el desempleado; y cuatro porque en su autorepresentación son desempleados:
“Qué hacemos, si estamos desempleados. No hay trabajo y nos toca salir a trabajar de lo que sea para llevar el pan diario a casa. Yo mantengo a cuatro hijos y esposa” Carlos Zambrano, 38 años, vende ropa de temporada (El Universo, 2018a)
Los cerca de tres millones de cuentapropistas en el Ecuador son en su mayoría personas con escasos recursos económicos que no logran superar las altas barreras de inversión que requieren mercados de carácter monopólico y oligopólico como los ecuatorianos. Es la falta de recursos de inversión y las condiciones desfavorables de mercado las que determinan el rápido fracaso de sus apuestas económicas y los obliga a una rápida rotación de actividad para lograr sostener la vida.
Buena parte de los cuentapropistas, aquellos más expuestos a la mirada pública, tienen solo un bien usufructuable a su alcance que es la calle, pero quieren quitársela. Dicen que dañan la imagen de la ciudad, que delinquen y son un peligro. En realidad, son personas con esperanzas, alegres, luchadoras, con sueños sencillos y legítimos:
Al chiquito le quiero comprar una volqueta (juguete) para Navidad y (para el) más grande quisiera una bicicleta”
Carlos, vende jugos en botella (El Universo, 2017)
No se trata solo de poner el “orden de la ciudad” por encima de las necesidades de las personas. Hay claros intereses comerciales detrás de las invocaciones higiénicas. Supermercados como el Tía han colocado puestos propios a las afueras de sus locales, ocupando el espacio público y desplazando a las personas que se ubicaban en las veredas; los guardias de seguridad del Supermaxi se encargan que estas personas no circulen por el lugar y en algunos locales de la marca Santa María las vendedoras luchadoras desbordan a los guardias y se ganan a pulso un espacio para sus ventas.
El sector turístico quiere zonas libres de vendedores informales para producir un escenario artificial en que los visitantes paseen sin ser importunados por la realidad de un país como el nuestro: quieren que conozcan la sala maquillada, pero no los cuartos ni la cocina de la casa, donde se muestra lo que verdaderamente somos.
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El viernes 16 de marzo de 2018, agentes metropolitanos golpearon en la cara y echaron contra el piso a un comerciante no regularizado en el centro histórico de Quito, luego le secuestraron el costal de zapatos para la venta. Uno de tantos episodios de esta guerra desigual, solo que esta vez produjo la reacción indignada de comerciantes que se enfrentaron con los policías. Las noticias una vez más trataron el hecho como un grupo de violentos que agredió a “las fuerzas del orden”, los acusaron de ser “extranjeros” y se concentraron en las heridas menores de los agentes (El Comercio, 2018a).
Lo que no registran los periodistas es la angustia que implica el secuestro de las mercancías y la persecución cotidiana que desemboca en reacciones desesperadas como la resistencia a la confiscación y el enfrentamiento colectivo contra las fuerzas represivas.
Hay una clara disputa por el territorio. No por cualquier calle, no por un puesto fijo en un mercado, sino por la movilidad y el acceso a los lugares más concurridos. Moverse en la ciudad permite contactar a un mayor número de posibles compradores. La entrada a lugares de concurrencia masiva, aumenta la posibilidad de vender, lo que resulta crítico en el marco de economías de subsistencia como las de los vendedores informales.
Este acceso masivo al público es lo que vuelve viable el negocio, pero dicho factor no es considerado por las autoridades. La alternativa más frecuente que proponen desde los municipios es la compra de puestos en mercados. Sin embargo esta “alternativa” fracasa de forma reiterada; lo prueban las protestas de quienes han invertido y se dan cuenta que no les reporta ganancias suficientes. Ellos acusan a los informales de “quitarles” las ventas (El Comercio, 2018b; El Comercio, 2018c; El Universo, 2016; Teleamazonas, 2018).
Lo que no se ve es que la movilidad del informal le da ventaja sobre el puestero.
Es el caso del Centro Comercial Comité del Pueblo, una inversión de 7 millones de dólare, que permanece vacío según un vídeo promocionado por diario El Comercio el 6 de julio del 2018: cinco pisos con puestos abandonados pues los comerciantes que invirtieron en ellos no logran competir contra al movilidad de los informales, ni contra las cadenas monopólicas del comercio minorista. Ya el 11 de abril se había registrado una manifestación de los comerciantes formales de todos los mercados de Quito pidiendo que se cancelen los permisos para la venta informal, alegaban que mercados y centros comerciales permanecen vacíos (El Comercio, 2018c).
Otras de las soluciones propuestas como los cursos y la regularización se muestran igual de impotentes, quizá porque apuntan a resolver solo los problemas del propio Municipio. Dar capacitación sobre negocios y emprendimiento solucionará, en el mejor de los casos, vacíos de conocimiento entre los comerciantes, pero no es una alternativa efectiva más allá de dar buena prensa a las autoridades. Los trabajadores autónomos saben que deben emprender, lo hacen todos los días para sobrevivir, pero saben también que el emprendimiento sin capital ni mercados es solo una falsa promesa.
Regularizar su actividad soluciona parcialmente para el Municipio el control de los vendedores, pero cada regularización establece cupos limitados para los permisos concedidos, cuando el número de personas con necesidad de trabajar no deja de crecer. Es tal la magnitud del fenómeno que la acción institucional está siempre un paso atrás.
Tan es así que algunas de las soluciones propuestas resultan impracticables como cuando la Agencia Metropolitana de Control en Quito impone multas a los limpiaparabrisas bajo la amenaza de convertirse en coactivas en su contra cuando en su mayoría son personas indocumentadas, que no tienen bienes en el país y apenas logran sobrevivir día a día.
Las soluciones propuestas por las autoridades han generado conflicto entre los comerciantes. A esto se suma la violencia que se registra por el control de determinados espacios o esquinas de la ciudad entre comerciantes nacionales y extranjeros (El Comercio, 2018e). Parece cundir la división cuando es hora de defenderse y estar juntos.
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Los más pobres son combatidos en cualquier modalidad económica que adopten: el comercio informal, la venta ambulante, los limpiadores y cuidadores de autos, los limpiaparabrisas, los “flyeros”. En otro estrato social se persigue a los conductores de tricimotos, a los taxistas informales, incluso a particulares que dan transporte público a sectores alejados en las ciudades o en el sector rural.
Los indigentes llamados de manera eufemística “personas con experiencia de calle” son desalojados del espacio público y sin ninguna alternativa van a ubicarse en otro sector tal vez menos visible, que es lo que importa a la autoridad.
Se les impone normas y multas, sanciones, prohibiciones. Se van quedando sin alternativas. Una mujer o un hombre que necesita vivir y alimentar a su familia seguirán combatiendo y buscará otras opciones, las que estén disponibles, para conseguir su objetivo. La sociedad es responsable de habilitar dichos caminos. Por ahora lo único que ha hecho es cerrarlos.
El más reciente acto de clausura de posibilidades legales de supervivencia es la campaña “Rompe el círculo, no compres en la calle” levantada por la Agencia Metropolitana de Control (AMC) en Quito y replicada en varias ciudades. En ella se pretende responsabilizar de las multas entre $100 y $198 que se impone a los comerciantes informales a las personas que les compran en la calle:
“…comprar o colaborar (con) la informalidad no es una ayuda, pues (…) propicia que quienes desarrollan estas actividades sean sancionadas.”
David Chávez, Supervisor y máxima autoridad
de la AMC (Quito Informa, 2018)
Se invita a no comprar a los comerciantes informales con la esperanza de eliminar o reducir esta actividad vía restricción voluntaria de la demanda. Este enfoque exclusivamente de mercado genera una miopía vergonzosa, la causa del comercio informal sería la demanda y no la situación estructural que expulsa a miles de la economía formal.
“Cuando un ciudadano adquiere productos o servicios en el espacio público a comerciantes no regularizados fomenta que más personas repliquen la labor informal” (Quito Informa, 2018)
Buscan convencernos que al comprar un caramelo a una madre con su bebe en brazos en la calle en realidad le estamos haciendo un daño. Por suerte la inteligencia de la gente sencilla perdura y la compra de productos en la calle se mantiene como muestra de microsolidaridad social. Esa inteligencia es luz que contrasta con la oscuridad obtusa de las autoridades municipales. Son ellos los culpables de las multas y la política punitiva, ellos los ciegos que pretenden enseñarnos a ver.
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El capítulo más devastador de esta guerra apenas ha comenzado. El plan de ajuste fondomonetarista aplicado por los grupos empresariales, con la complicidad servil del presidente Lenín Moreno y sus ministros implica la redistribución negativa de recursos a gran escala, es decir, el traslado de recursos desde los más pobres y la clase media hacia los estratos más altos de la escala social.
Circulan palabras conocidas y temidas: ajuste, reducción del Estado, déficit fiscal, eliminación de subsidios. Importante recordar que lo que viene después de dichas palabras es: inflación, desempleo y crisis, tal como en la década de los noventa.
Los primeros en ser atacados son los más débiles. Ya circulan sesudos análisis sobre la crisis del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que preparan el terreno para una reforma previsional cuyo único fin será reducir las jubilaciones de nuestros viejos. En paralelo, otro golpe es la reforma laboral ya en marcha para reducir los salarios y vulnerar los derechos laborales.
La reforma que liberaliza paulatinamente el comercio de combustibles ya empezó a finales de 2018 y seguirá avanzando. Su principal efecto será licuar los salarios de todas y todos mediante la inflación que es el alza generalizada de precios resultado de un aumento de los costos de transporte de todos los bienes. Le seguirá, como en otros países que aplican la misma receta, la liberalización o aumento simple de las tarifas de agua, electricidad, eliminación del subsidio al gas o su focalización. Otro aporte que suma para el alza de precios de todos los bienes.
Por otro lado, la reducción del Estado “optimización” implica que miles de personas se quedan sin trabajo y pasan a competir con los autónomos y precarios por los pocos espacios que hoy existen.
Tanto los despidos como la reducción del gasto de inversión implicarán un deterioro de la capacidad operativa del Estado que impacta en la calidad de todos sus servicios. Pronto, veremos disminuidas las posibilidades de atención médica y en descenso la calidad de la educación que reciben nuestros niños. La infraestructura pública se deteriora también por falta de mantenimiento y atención afectando los servicios de electricidad, telefonía, agua potable y gas.
Una vez deteriorados se culpa al Estado y se los pone a la venta; privatización: “concesión” en su lenguaje eufemístico que beneficia a los grupos empresariales y traen aparejados nuevos incrementos de todas las tarifas.
En resumen: limitaciones a todo intento de economía popular, ausencia de alternativas, más ajuste estructural. Es el escenario de una guerra económica y colonial contra los pobres y contra todos. Si descartamos la ilegalidad, el único camino es la lucha social contra la persecución, el ajuste y la redistribución negativa.
*Docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador; doctorante en la Universidad Nacional de La Plata.
Referencias bibliográficas
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Valko, M. (2012). Los indios invisibles del Malón de la Paz. De la apoteosis al confinamiento, secuestro y destierro. Buenos Aires: Ediciones Continente.
Muy buena lectura y de conciencia. Se sigue teniendo el peligro de que por falta de empleo sean más y más los informales y talvez se darán cuenta del problema grave que tiene nuestro país.
Tu artículo un inicio una ALERTA y ojalá se replique no solo lo que de votos sino estos análisis para proyectarnos y solucionarlos.
Muy bien Diego siga adelante.