Por Sebastián Ortiz A. 

Nadie quiere que un extraño ingrese a su vivienda a poner las cosas en orden. Tal como en el cuento de Julio Cortázar, Casa Tomada, si dejamos que fuerzas hostiles accedan a nuestro espacio, poco a poco pueden apoderarse de lo que alguna vez nos perteneció. Mostrarnos débiles ante el mundo y recurrir a la intervención externa para resolver asuntos particulares, es el reconocimiento tácito de la propia ineptitud.

La debilidad se mide de diferentes maneras: existe la debilidad física, mental, económica, argumentativa y podemos seguir con una larga lista de debilidades. El actual gobierno ecuatoriano ha demostrado padecer varias de ellas.

Pedir cooperación internacional para la lucha contra el crimen organizado es una clara muestra de debilidad institucional, incluso poniendo en duda la capacidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador. La improvisación se ha convertido en el proyecto de Gobierno de un presidente al que le quedó alto el cargo, por más plataformas (físicas o virtuales) que utilice para divisar mejor el horizonte devastador que ha generado.

Para el politólogo estadounidense, John Tirman, solicitar una intervención militar extranjera no es buen síntoma del manejo administrativo de un país:

Los teóricos tienden a dar por supuesto que una “mejor coordinación” o un “buen gobierno” bastan para asegurar la marcha de las tareas de postintervención; una mentalidad empresarial (e imperialista, está uno tentado a decir) que es a menudo el preludio del fracaso. Cualquier intervención (sea militar o no) tiene un poderoso impacto social y político. (Tirman, op.cit., 2004, p.14)

El 25 de febrero del año en curso, la Asamblea Nacional votó a favor de la propuesta presidencial de solicitar cooperación internacional para luchar contra la delincuencia; sin embargo, en un artículo publicado por Swissinfo aclaran que, al amparo de la Constitución, no es necesario pedir una aprobación de la asamblea para solicitar cooperación militar internacional: “Paúl Córdoba y Miguel Molina, juristas académicos, recordaron que el artículo 419 de la Constitución establece con claridad ocho causales en la que los tratados de cooperación internacional requieren la ratificación o denuncia de parte de la Asamblea Nacional. “La cooperación militar extranjera no es una de ellas”, señaló Molina”. De todas maneras, el asambleísta oficialista (ADN), Ferdinán Álvarez, alega que la votación fue para demostrar “apoyo político” a la decisión del presidente.

El viejo truco de la cooperación militar

Existe un historial, a escala mundial, de cooperaciones y misiones de ayuda internacional en países que han atravesado crisis de violencia. El factor común de estos pedidos de ayuda es que provienen de países con una institucionalidad débil con síntomas de acefalía. Colocar al Ecuador en un escenario como estos implica aceptar que la capacidad gubernamental es mínima y el manejo del país se les escapó de las manos.

En la actualidad, países como Haití, India, Pakistán, Malí y República Democrática del Congo, entre otros, solicitan ayuda internacional para contener sus complejos frentes internos en materia de seguridad. Esto deja en claro que sus autoridades no son capaces de resolver los conflictos que aquejan a sus pueblos, y da a entender que los miembros de sus fuerzas del orden no tienen la preparación adecuada para enfrentarlos. Aspecto que, de todas maneras, tampoco se garantiza mediante la incursión momentánea o permanente de tropas foráneas.

“Las bases militares extranjeras no son instrumentos de paz ni desarrollo, sino de subordinación política y económica. La historia nos ha demostrado que la solución a los problemas internos de un país no pasa por la injerencia externa, sino por el fortalecimiento de nuestras propias instituciones y capacidades”, asevera Yumac Ortiz, presidenta de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia (CPAZ). Firme opositora a este tipo de políticas, Ortiz recuerda que, en el Ecuador, la instalación de la base de Manta (1999-2009) es “un claro ejemplo de los riesgos que conlleva la presencia militar extranjera”: “Durante esos años, nuestra soberanía se vio vulnerada, los resultados en el combate al narcotráfico fueron nulos y la falta de transparencia marcó una etapa de retroceso en nuestra independencia”, enumera.

En América, el país que más veces ha requerido la cooperación militar internacional es Haití. La nación caribeña sufre una prolongada ola de violencia que se agravó desde 2021, año en el que fue asesinado el entonces presidente Jovenel Moïse. Sin embargo, el historial de estas cooperaciones militares no ha dejado buenas sensaciones en el país: sólo en 2018, la ONU recibió 259 denuncias de abusos y explotación sexual por parte de miembros de estas ayudas internacionales. Los militares extranjeros solicitaban favores sexuales a cambio de comida u otras dádivas a las mujeres haitianas, quienes, por causa del hambre y la pobreza, se veían forzadas a aceptar. En algunos casos, los uniformados se aprovecharon de esa desesperación para no cumplir con lo ofrecido. Muchas denuncias pasaron desapercibidas. Las tropas humanitarias utilizaron su posición de poder, y, en lugar de proporcionar la asistencia por la cual fueron llevadas hasta allí, violentaron los derechos de la población local.

Esto ha dejado al pueblo haitiano con más dudas que certezas sobre la utilidad real de esta cooperación militar para frenar la ola de violencia. Sumado a eso, como si fuera poco, según el portal digital de la agencia Prensa Latina, “(los) ciudadanos que sufren el castigo de las bandas armadas, acusaron a los soldados kenianos de cobardes, pues no son muy dados a acompañar a la Policía Nacional de Haití en las operaciones urbanas en modo infantería”. A la par, los pandilleros, a modo de burla, instan a las fuerzas extranjeras a combatir cuerpo a cuerpo, ya que estas prefieren no abandonar los vehículos blindados provistos por el gobierno de los Estados Unidos.

Cascos azules, intenciones oscuras

Los Cascos Azules son el personal militar de las Naciones Unidas (ONU) encargado de intervenir en los Estados que afrontan conflictos de diferente índole. A estas intervenciones se las conoce como “misiones de paz”.

Haití no es el único país en el que sus mujeres han presentado denuncias de abuso sexual y violaciones de los derechos humanos por parte de los Cascos Azules. Algunas otras actuaciones internacionales de este cuerpo militar, como las desarrolladas en Bosnia, Pakistán y Gabón, han estado repletas de acusaciones semejantes.

En otro artículo publicado por Swissinfo se afirma que “En numerosas ocasiones, ‘cascos azules’ han sido acusados de ofrecer comida o protección a cambio de sexo a personas en una situación vulnerable, muchas veces en medio de conflictos armados”. Hay que recordar que, en el Ecuador, se encuentra activo un conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa el 9 de enero de 2024: luego de más de un año sin resultados positivos, el régimen noboísta comenzó a coquetear con la idea de buscar socorro fuera de fronteras.

Pero esta pretensión, si incluye la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional, no puede concretarse sin el requisito de una reforma constitucional, tal como lo indicó Yumac Ortiz en una intervención el 19 de diciembre del 2024 ante la Asamblea Nacional. “La Constitución del Ecuador, en su artículo 5, establece de manera categórica que “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares”. (…) cualquier reforma que altere este artículo debería pasar necesariamente por una Asamblea Constituyente, pues implica cambios que afectan los derechos fundamentales de los ecuatorianos y los principios que rigen nuestra nación”, sostuvo entonces la presidenta de CPAZ.

En diálogo con La Línea de Fuego, Ortiz considera que el anuncio presidencial no sólo atenta contra las disposiciones de la Carta Magna, sino también contra la soberanía, la autodeterminación y la Carta de Naciones Unidas, de la cual Ecuador es Estado firmante. Pero, a la vez que considera este hecho una “traición a la Patria”, sitúa la nueva avanzada militarista de Noboa en el contexto de la actual dinámica geopolítica global: “Este no es un proceso aislado, es un plan macabro de las hegemonías mundiales y, simplemente, el Ecuador con sus gobiernos neoliberales ha sido un comodín perfecto”, advierte, al tiempo que señala como disparador del fenómeno el ataque de 2018 en la frontera norte, en el que fueron secuestrados y luego asesinados varios periodistas y trabajadores del diario El Comercio.

Vale reiterar, por otra parte, que las intervenciones militares extranjeras no son, en modo alguno, garantía de solución a los problemas estructurales de violencia dentro del país afectado. Para reducir los índices de conflictividad armada no sólo basta con combatir frente a frente con las pandillas y el narcotráfico, sino que debe haber un cambio radical dentro de los mecanismos de gobierno. Resetear al sistema, tal como lo entiende el politólogo John Tirman. 

“La concepción occidental de intervención humanitaria está tan sesgada ideológicamente que el ‘genocidio silencioso’ causado por la pobreza y la desnutrición, acaba percibiéndose como algo natural e inevitable”. Pero en la medida en que la intervención humanitaria es percibida como una intervención militar, y rara vez se apela a los militares para prevenir o paliar hambrunas y otras privaciones (si es que pudieran hacerlo), tal cuestionamiento resulta marginal en los planteamientos de los teóricos. (Tirman, op.cit., 2004, p.15)

Si el presidente Noboa solicita apoyo militar extranjero, bastará ver quiénes o cuáles son los ejércitos que responden a ese llamado de auxilio, ya que detrás de estas supuestas cooperaciones se esconden intereses nada humanitarios. Generalmente, los países que envían apoyo son de mayor y mejor estructura económica y lo que buscan es apoderarse de los recursos del país en desgracia (en especial los naturales, en casos como el de Ecuador), generar control territorial y ejercer explotación laboral sin mayor oposición del gobierno local. Esto se resume en más hambre y en más desempleo.

¿Quién paga los cascos rotos?

Para el Ecuador, no está claro si la cooperación militar extranjera será financiada por el Estado local, por el gobierno interventor o se dividirá por porcentajes entre los actores involucrados. No obstante, con los problemas en la gestión de Noboa en la actualidad, no cabe duda de que la Nación no puede darse el lujo de financiar una intervención extranjera. Sobre todo, cuando hay déficit de empleos, de medicamentos, incumplimientos en tratamientos para las personas afectadas por enfermedades catastróficas y reducción del presupuesto a la educación, entre otras carencias fundamentales. Quizá la solución, tan repetida y nunca cuestionada por la derecha, sea solicitar un nuevo préstamo al FMI o al Banco Mundial.

¿Acaso los militares extranjeros se sentirán seguros, equipados con los cascos de plástico y los chalecos de cartón que el gobierno ecuatoriano provee a sus propias fuerzas del orden? “Desde una perspectiva económica, la militarización del territorio implica un aumento en el gasto público en seguridad, a menudo en detrimento de sectores prioritarios como la salud, la educación y el desarrollo social. Esto no sólo afecta el bienestar de la población, sino que perpetúa un modelo de dependencia y subordinación económica que limita nuestras posibilidades de crecimiento soberano”, puntualiza Yumac Ortiz.

En medio de los debates ocasionados por la llegada al país de tropas extranjeras regulares, el presidente Daniel Noboa redobló su apuesta al presentar como “alianza estratégica” su acuerdo con el cofundador de la fuerza privada Blackwater, Erik Prince, para el combate contra el narcotráfico y la delincuencia. Acusada de mercenarismo, violaciones a los derechos humanos y un largo historial de negocios turbios, esta organización representa un elevado costo económico, político y humano para todos los Estados que fueron testigos de sus operaciones. Esto sin contar con que el propio Prince reveló, en 2024, su convicción de que Estados Unidos debía ponerse el “sombrero imperialista” y gobernar a aquellos países incapaces de gobernarse a sí mismos, entre los que mencionó –vaya casualidad– a los de América Latina y África.

Otro elemento sustancial, en los vínculos con empresas de seguridad como Blackwater, pasa por establecer con claridad cuáles serán las carteras públicas responsables de monitorear sus actividades. ¿Serán los mismos ministerios que no han podido controlar a la policía y los militares ecuatorianos los encargados de que una firma sospechada de múltiples crímenes no cometa irregularidades en el territorio nacional? “Me parece una vergüenza pedir apoyo a otros países para que vengan a liberarnos de los delincuentes y el narcotráfico; es una vergüenza que a las Fuerzas Armadas se les ponga en esa situación cuando están para otras funciones, como resguardar y defender la soberanía de nuestro territorio, en todo el sentido de lo que representa soberanía”, enfatiza Ortiz.

Los resultados

Las cifras también demuestran que, durante las intervenciones militares foráneas, los perjuicios han resultado más numerosos que los beneficios que podrían generar; es más: si existen saldos positivos en algunas de ellas, los negativos siempre los van a superar. Así lo explica John Tirman:

Las consecuencias de éstas continúan inmersas en una maraña de incertidumbres, y algunas intervenciones han sido mucho menos claras que la experiencia de Kosovo. Se puede decir que las de Somalia, Afganistán (1980-92) y el oeste de África han dejado la situación peor de lo que estaba, y los resultados de muchas otras siguen siendo más que dudosos. (Tirman, op.cit., 2004, p.15)

El futuro no es alentador para el Ecuador. La realidad actual, con cifras de más de 700 homicidios intencionados en enero de 2025, es preocupante y demanda acciones inteligentes. Poner sobre la mesa todo el ingenio político que esté al alcance, algo que no caracteriza precisamente al gobierno de Daniel Noboa. En consecuencia, de producirse una intervención militar extranjera, el historial a escala mundial, tal como lo hemos demostrado, no es el más favorable; y los casos citados son apenas un pequeño indicio de lo que puede llegar a suceder en nuestro país.

En Ecuador ya se está concretando una intervención extranjera en alianza con Blackwater. Esto, a puertas de unas elecciones que no sólo definirán quién se hará cargo del gobierno los próximos cuatro años, sino que ponen en juego la soberanía del país. Quizá la jugada de Noboa sea captar votos con demagogia, pero si la votación de segunda vuelta llegase a favorecerlo, no le quedaría más alternativa que continuar el proceso de pedido de auxilio, subirse a sus plataformas para visualizar bien el panorama y asumir las consecuencias. Que siempre serán más dramáticas para el pueblo que para su presidente.

El futuro no es alentador para el Ecuador. La realidad actual, con cifras de más de 700 homicidios intencionados en enero de 2025, es preocupante y demanda acciones inteligentes.

Edición: Jorge Basilago, Carlos Villacís, Gerard Coffey

Imágenes: Tomadas de la web

Imagen de portada: Foto de Filip Andrejevic en Unsplash