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El poder arbitrario es una tentación natural para un príncipe
A puertas de la convocatoria a elecciones planteada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 18 de octubre, surgió un nuevo show protagonizado por el órgano rector del sufragio, en el cual se inició la verificación de las firmas de partidos y movimientos políticos que ya se encontraban inscritos ante este organismo en el Registro de Organizaciones Políticas.
Para esta revisión, el CNE reformuló las reglas y normas de calificación sin dar a conocer a movimientos y partidos políticos. Además que el personal contratado por el CNE, es decir los ubicados como digitadores y grafólogos, no fueron capacitados (ni 4 horas) y no tienen la calificación para realizar este trabajo, llegando incluso a eliminar firmas en apenas 10 segundos de
constatación. Aun los peritos enviados por la Fiscalía se demoraron solamente 5 segundos para verificar las firmas.
Ante estos atropellos e irregularidades, el Bloque Parlamentario del MPD planteó iniciar un enjuiciamiento en contra de los vocales del CNE, por no haber cumplido con sus tareas constitucionales y legales. Denunciaron también que existe la intención de sacar de los comicios a la izquierda unida en la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas, la cual ya se encuentra
recorriendo el país con sus precandidatos, pues ¿por qué esperaron hasta julio para iniciar la recalificación, cuando ya sabían de las inconsistencias desde febrero?.
Dato
El anterior CNE emitió una reglamentación en donde se determina que las firmas deben tener por lo menos un 40% de similitud; sin embargo los peritos de la Fiscalía, de forma arbitraria, no acatan esta normativa y señalan que deben tener un 100% de similitud.
Domingo Paredes, director del CNE, en diario El Comercio dijo que “aquí hay un enemigo en casa y a este sistema hay que darlo de baja”, refiriéndose a la manipulación del sistema informático del CNE Por su parte , Enrique Mafla, Phd, experto en Informática, manifestó en entrevista a Ecuavisa que el CNE “No tiene un sistema formal de gestión de tecnología y en particular un sistema de gestión de seguridad en la información. Eso es lo que ha colapsado, ha fracasado”.
Esta manipulación se evidencia en la afiliación de varios militantes del Movimiento Popular Democrático a País, pero también ocurre que dirigentes del MPD, incluso miembros de la Directiva Nacional, no se encuentran en el registro de afiliados, como: Luis Villacís Maldonado, Linder Altafuya Loor, Jorge Escala Zambrano, Mery Zamora, entre otros afiliados por voluntad propia.
Dato
Correa declaró que las irregularidades ya las conocían desde enero, además dijo que solo Alianza País tenía la menor cantidad de firmas y afiliaciones falsas, pero hasta el cierre de esta edición cuenta con el 49.8%. La pregunta que se genera es ¿por qué esperaron 8 meses?
Según Correa, todos los partidos y movimientos deberán ser sancionados, desviando así la verdadera responsabilidad que le corresponde al CNE Anabel Guerrero, asesora de Linder Altafuya, asambleista del MPD por Esmeraldas, señaló que la primera acusación para el juicio al CNE es porque “Los señores miembros del Consejo Nacional Electoral han atentado contra el derecho de los ciudadanos afiliados a partidos y movimientos políticos establecido en el Art. 61, numeral 8, de la Constitución de la República que garantiza el derecho a conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten”.
Las funciones del CNE, según la Constitución son, luego de las que le obliga la ley, “mantener el registro permanente de las organizaciones políticas y de sus directivas, y verificar los procesos de inscripción”; además de “vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley, sus reglamentos y estatutos”. El CNE también debe recibir, tramitar y resolver la admisión o rechazo de las solicitudes de inscripción en el Registro Nacional Permanente de organizaciones políticas que presenten los ciudadanos/ as autorizados de acuerdo con la presente ley.
La resolución adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral viola preceptos constitucionales así como tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre lo que señalamos: viola la Constitución de la República, en sus artículos 61, literal 8; Art. 219, literales del 1 al 13. Quebranta el Código de la Democracia en sus artículos 25, literal 1; Art. 305 y 330; y Art. 328.
Este proceso ha hecho que la credibilidad del CNE baje aún más, pues ya no solo que no ha dejado de ser una institución a órdenes de Correa, sino también un órgano rector incapaz de llevar a cabo un proceso electoral tan importante como el que, se espera, se realice sin manipulación, con transparencia y autonomía.
Frente a esto, la reunión del Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas, convocada por el Consejo Nacional Electoral, se desarrolló en medio de los cuestionamientos planteados por los partidos y movimientos políticos que acudieron al evento. De manera particular el MPD demostró que no existe base legal para el proceso de re-verificación manual de las firmas y que además esto pone en evidencia el plan macabro del presidente Correa para eliminar a organizaciones políticas que le representan un obstáculo para su reelección pues se pretende escoger quienes serán sus rivales para el proceso electoral del 2013.
En esta reunión además los delegados de Sociedad Patriótica, entre ellos: Gilmar Gutiérrez y del Partido Social Cristiano Alfredo Serrano, defendieron los atropellos que realiza el Consejo Nacional Electoral, a esta postura se sumó el dirigente John Argudo del movimiento Avanza, aliado del gobierno. En la intervención de Alfredo Serrano, miembro del Partido Social Cristiano,planteó que todos los partidos pidan disculpas al país, idea que fue refutada por Luis Villacís y Ciro Guzmán.
Así, y a sabiendas de que el Consejo Consultivo solo es un órgano de consulta y no resolutivo en medio se plantearon algunas recomendaciones para que el Pleno del Consejo Electoral las analice y las recoja como:
Derogatoria a la Resolución PLECNE? 2?5?8?2012 del 5 de agosto de 2012 del
Consejo Nacional Electoral.
En virtud del principio de Seguridad Jurídica y el ejercicio de
competencias de los organismos del Estado, se ratifica la vigencia legal de
las organizaciones políticas ya inscritas; y por inscribirse.
Habilitar a todas las organizaciones políticas que han manifestado su
interés de participar en el proceso electoral de febrero de 2013 y han
solicitado y presentado los requisitos para su inscripción hasta el 18 de
julio de 2012.
Las organizaciones políticas en proceso de inscripción o reinscripción,
terminarán sus procesos en las mismas condiciones de las ya registradas, hasta
el 17 de agosto de 2012.
Apoyar la verificación de la totalidad de las firmas presentadas por las
organizaciones políticas.
Desarrollar un nuevo sistema de verificación de firmas que garantice la
voluntad ciudadana de participación política, a partir de la conformación de
una nueva base de datos alternativa a la base de datos utilizada por el
Consejo Nacional Electoral, fortalecida con la información proporcionada por
el Registro Civil, INEC, Dirección Nacional de Extranjería, Agencia Nacional
de Tránsito y sistema financiero.
Canalizar los resultados del proceso de verificación a la Fiscalía para su
análisis y establecimiento de responsabilidades.
Nombrar auditores informáticos por parte de los partidos y movimientos
políticos, para participar en todo el proceso de verificación implementado por
el Consejo Nacional Electoral.
Participar en el proceso de verificación de firmas mediante observadores
nominados por las propias organizaciones políticas, los cuales trabajen con
personal especializado en el verificación grafológica, en un proceso intensivo
implementado por el Consejo Nacional Electoral.
Disponer la revisión urgente de la normativa existente con respecto a las
inscripciones de organizaciones políticas con énfasis en la condición de
afiliaciones o adherencias en diferentes niveles territoriales, analizando la
posibilidad de otorgar el derecho de doble adhesión de los ciudadanos.
Disponer la preparación urgente de una reunión de trabajo con las
organizaciones políticas de carácter provincial, local y del exterior en la
cual se consolide la participación política de los ciudadanos y ciudadanas en
los territorios.
Garantizar el cumplimiento irrestricto del calendario electoral que
culminará el día 17 de febrero de 2013.
Impulsar la depuración del padrón electoral de los ciudadanos y ciudadanas
en el exterior.
