28 de diciembre 2025
Los últimos acontecimientos relacionados con presiones y amenazas al juez anticorrupción Carlos Serrano, por parte de un supuesto funcionario del Consejo de la Judicatura en el marco de un proceso penal por lavado de activos en el que participó como defensora de un sindicado, la cónyuge del presidente del Consejo de la Judicatura, evidencian una vez más, hasta donde llegan los tentáculos de las mafias del narcotráfico.
No se trata de un caso aislado, ya que el mismo forma parte de una larga lista de hechos que se vienen sucediendo desde hace muchos años, que revela la penetración sostenida y creciente de las bandas del narcotráfico en las entidades que conforman el sector público.
La reacción de la institucionalidad estatal ha dejado mucho que desear, comenzando por el espíritu de cuerpo de los demás miembros del Consejo de la Judicatura, y la propia actitud del presidente de dicho organismo administrativo, que se ha limitado a pedir licencia para preparar su comparecencia ante la Asamblea Nacional.
El caso reviste suma gravedad en virtud de que, para nadie es desconocido que los gobiernos de turno vienen disputando la subordinación política del Consejo de Participación Ciudadana y del Consejo de la Judicatura, con la pretensión de controlar a jueces, fiscales y más servidores judiciales. En este sentido la “metida de la mano” en la justicia por parte de los gobiernos, se ha institucionalizado lo que implica corresponsabilidad política, porque junto a la metida de la mano política concurre también la metida de la mano mafiosa.
Es de esperar que exista la suficiente entereza de todas las funciones del Estado involucradas en la investigación del caso del juez Carlos Serrano, para que las conductas corruptoras no queden en la impunidad y que se impongan las sanciones que correspondan, pero sobre todo es necesario que se siga dando una reacción enérgica de la ciudadanía, para impedir que extienda el poder de la delincuencia organizada.
